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    2018-05-11 CONDENAN A LA NACIN POR MUERTE DE MADRE EN TRABAJO DE PARTO La Subseccin B de la Seccin Tercera, modific la sentencia de reparacin directa proferida el 31 de julio de 2009 por el Tribunal Administrativo del Cauca, que conden al Hospital Universitario San Jos de Popayn al pago de perjuicios por la muerte de una madre a la que no se le brind la atencin necesaria de ginecoobstetricia y las consecuentes lesiones permanentes que sufri su beb. La Sala consider que los elementos de prueba obrantes en el expediente llevan a la conviccin de que el deceso de la mujer y la afectacin permanente de su hija se produjeron como consecuencia de la deficiente atencin brindada a la paciente con ocasin del parto, pues, a pesar de contar con una remisin de un Hospital de segundo a uno de tercer nivel, con impresin diagnstica por macrosoma fetal y parto prolongado que lo valoraba como de alto riesgo, el Hospital Universitario de San Jos de Popayn seal que no eran causas para una atencin en dicha institucin y que no contaba con camas disponibles. Una vez revisada la indemnizacin de perjuicios que concedi el tribunal de primera instancia, atendiendo criterios de unificacin, dispuso la aplicacin de medidas de reparacin integral por tratarse de un caso en que se echa de menos el trato que la mujer requiere por su propia condicin, lo que evidencia la discriminacin gnero, razn por la cual la entidad condenada deber ofrecer excusas a los demandantes en una ceremonia privada que deber efectuarse dentro de los tres meses siguientes a la fecha de ejecutoria del fallo, siempre que los mismos as lo consientan. Asimismo, deber disponer de un link en su pgina web con un encabezado apropiado en el que se pueda acceder al contenido magntico de esta providencia. De otro lado, ordena la adopcin de polticas pblicas por parte del Hospital Universitario San Jos de Popayn, tendientes a generar conciencia sobre la necesidad de garantizar la atencin mdica especializada y oportuna a la mujer embarazada y a los nios recin nacidos. Finalmente, dispuso el envo de una copia de la providencia a Alta Consejera para la Equidad de la Mujer con el fin de que promueva polticas que optimicen la prestacin de la atencin en gineco-obstetricia y minimicen los eventos de muerte materna y a la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura-Comisin Nacional de Gnero de la Rama Judicial, para que la incluya en el observatorio de poltica de igualdad y no discriminacin con enfoque diferencial y de gnero.
    2018-05-11 POR EJECUCIN EXTRAJUDICIAL DE ADOLESCENTE, CONDENAN A LA NACIN La Subseccin B de la Seccin Tercera, en sede de grado jurisdiccional de consulta, modific la sentencia del 22 de octubre de 2015, proferida por el Tribunal Administrativo de Boyac que conden al Ejrcito Nacional por la ejecucin extrajudicial de un adolescente de 15 aos de edad, de quien se acredit era un conocido trabajador, desde temprana edad, en las labores de campo de los municipios de Chita y La Uvita, en el departamento de Boyac. Los medios de prueba analizados por la Sala dan cuenta de que el menor de edad fue vctima de un montaje llevado a cabo por miembros del Ejrcito Nacional quienes lo presentaron como una falsa baja de combate. La decisin se adopta luego de advertir varias irreguliradidades en el desarrollo de la operacin militar y a partir del anlisis forense que se practic en el cadver del adolescente, vctima del afn de presentar resultados de guerra, producto de una desafortunada y reprochable poltica de incentivos que se otorgaban dentro de la institucin castrense. Adems de la reparacin econmica que se otorg a los familiares del adolescente, se adoptaron medidas que aseguren la satisfaccin de los derechos de las vctimas del conflicto armado, relacionados con la memoria histrica, el esclarecimiento de la verdad y las garantas de no repeticin. En ese sentido, se orden la realizacin de un acto pblico de disculpas en el que se sembrar un rbol de tamao considerable en un lugar central del municipio de Chita, de una especie nativa de la regin, la cual se determinar con ayuda de la Universidad Pedaggica y Tecnolgica de Colombia y cuyo cuidado estar a cargo de la entidad demandada. Dado que se conden por la ejecucin extrajudicial de un menor de edad, en el evento participarn los nios de las escuelas aledaas, de los grados tercero a quinto de primaria, quienes pintarn un mural alusivo a los hechos de esta sentencia, en donde predomine un mensaje de reconciliacin y no repeticin de hechos vulneratorios de los derechos humanos y la relevancia convencional y constitucional de los derechos de los nios y adolescentes. Lo anterior, con la finalidad de que las nuevas generaciones conozcan y aprehendan la importancia del respeto y garanta de los mismos. Adems, exhort a la Unidad de Investigacin y Acusacin de la JEP para que estudie la posibilidad de avocar el conocimiento del asunto, asimismo se orden la remisin de copias de la providencia al Centro de Memoria Histrica y a la Comisin de Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repeticin.
    2018-05-11 DETIENEN CIERRE DE AULA ETNOEDUCATIVA WAYU EN LA GUAJIRA La Seccin Quinta del Consejo de Estado determin que las autoridades no pueden limitar el desarrollo de un programa etnoeducativo del que son beneficiarios nios y otros integrantes del pueblo wayu KOUSATCHON Tokomana sin haber agotado el mecanismo de la consulta previa. Con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermdez Bermdez, la sala dej sin efectos una resolucin por medio de la cual el Ministerio de Educacin Nacional, la Secretara de Educacin Distrital y la Administracin Temporal de la Educacin en el Distrito de Riohacha (Guajira) declararon ilegal esa iniciativa y decretaron el cierre del aula. El organismo judicial determin que antes de emitir un veredicto sobre la supuesta falta de requisitos mnimos para poner en funcionamiento el establecimiento etnoeducativo, se debe convocar a consulta previa a los integrantes de esta comunidad indgena. Para estos fines, la Seccin Quinta orden a la Administradora Temporal del Servicio Educativo del Distrito de Riohacha poner en marcha el procedimiento, con el fin de examinar, conjuntamente con la comunidad, los impactos positivos y negativos del eventual cierre de la sede educativa. Una vez se decida sobre la legalizacin del aula, se podr resolver el nombramiento de los docentes y directivos, concluy el fallo. ver
    2018-05-10 CONDENAN A LA NACIN POR SECUESTRO EXTORSIVO DE LAS FARC A MENOR La Nacin Ministerio de Defensa Ejrcito y Polica Nacional debern pagar ms de 500 millones de pesos a una familia vctima de secuestro extorsivo, toma de rehenes y violacin de los derechos de los nios atribuido a las FARC, luego de que el Consejo de Estado se pronunciara por primera vez sobre un caso de esta magnitud y ordenara reparar econmica e integralmente a este grupo de personas. Los hechos que motivaron esta decisin judicial se produjeron el 28 de noviembre de 2001, cuando el padre, la madre y la hija integrantes de una misma familia de Calarc (Quindo) y su empleada domstica fueron secuestrados por presuntos integrantes de las FARC. Aun cuando las dos ciudadanas fueron liberadas al da siguiente, el padre y su pequea de 12 aos se mantuvieron cautivos durante siete meses. Segn testimonios de familiares y allegados, fueron dejados en libertad a cambio de pagar un alta suma de dinero. El Estado no atendi las obligaciones de garanta, prevencin y proteccin de los civiles, pese a tener conocimiento de la grave situacin de riesgo de la familia. La alta corte pidi al Gobierno y al Congreso, en respeto a los derechos de las vctimas y como parte de la lucha contra la impunidad, atender la obligacin de establecer mecanismos jurdicos a travs de los cuales la exguerrilla, cumpla los compromisos de verdad, justicia y reparacin de las vctimas de violaciones a los Derechos Humanos y de infracciones al Derecho Internacional Humanitario, como lo fue este caso, dado que a la fecha no existen herramientas legales, administrativas y judiciales, que garanticen el cumplimiento de esas obligaciones. El Consejo de Estado lleg a esa conclusin luego de advertir que en el Acuerdo Final las partes reconocieron su plena responsabilidad frente a las vctimas del conflicto, lo que se ajusta a los estndares convencionales relativos a los derechos de las vctimas, y de tomar en cuenta que las violaciones perpetradas por las FARC obedecieron a planes fijados por los mandos medios y altos para el logro de cometidos comunes por la va del alzamiento en armas; resulta poco menos que desafortunado considerar que la justiciabilidad de los derechos de las vctimas del conflicto armado se extingan con la muerte de quienes se dicen son los presuntos responsables de tales violaciones () esa situacin no impide que se imparta justicia a la organizacin dentro de la cual se consinti, plane y ejecut el acto violatorio, sostuvo la Corporacin. OTRAS DECISIONES DEL FALLO Ante la necesidad de esclarecer la probable responsabilidad penal de las personas involucradas en el secuestro, la Fiscala y la Sala de Definicin de Situaciones Jurdicas de la Jurisdiccin Especial para la Paz recibirn copia de esta decisin. Con el fin de conocer el resultado de estas investigaciones, el Consejo de Estado exhort a la Defensora del Pueblo a que en un plazo mximo de un mes haga pblico un informe sobre el estado de las investigaciones en curso por estos hechos. Adems del deber de difusin de la sentencia durante un ao que recae sobre el Ministerio de Defensa, la Polica y el Ejrcito Nacional, quienes encabezan esas instituciones debern organizar un acto pblico de reconocimiento de responsabilidad y peticin de disculpas a las vctimas. Frente a esta decisin de la Seccin Tercera los magistrados Jaime Enrique Rodrguez Navas y Guillermo Snchez Luque aclararon el voto. ver
    2018-05-08 CONDICIONAN REGLAS DE VERIFICACIN DE FIRMAS EN REVOCATORIA DE MANDATO La Seccin Quinta del Consejo de Estado, en el marco de la demanda de nulidad formulada por el Partido Liberal Colombiano en contra de la Resolucin por medio de la cual el Consejo Nacional Electoral reglament el procedimiento de verificacin de apoyos ciudadanos para iniciativas de revocatoria del mandato, declar la legalidad condicionada de los artculos 2 y 3 numeral 10 de la Resolucin. El fallo de la Sala Electoral, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermdez Bermdez, seala que las decisiones que se adopten en la verificacin de apoyos ciudadanos que sustentan la iniciativa, se le deben comunicar al alcalde o gobernador cuyo mandato se pretende revocar, pues as se garantiza el debido proceso que debe imperar en las actuaciones administrativas y jurisdiccionales. Por lo anterior, la Sala condicion la legalidad de dichos artculos, al cumplimiento del deber de informar al burgomaestre con el propsito de que ejerza sus derechos de defensa y contradiccin al interior del trmite verificatorio de firmas. ver
    2018-05-08 FALLO EXPLICA NATURALEZA DEL 'SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO' El Consejo de Estado determin que la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot (EAAB) s respondi adecuadamente y dentro de los plazos legales las solicitudes que la Industria Nacional de Gaseosas S.A. (Indega S.A.) elev ante la prestadora de servicios pblicos para que se reliquidara, de acuerdo a la cantidad de vertimientos realizados, el servicio de alcantarillado. Indega S. A. consideraba que la EAAB estaba obligada a reliquidar el valor de las facturas, teniendo en cuenta que la ley le impone a las empresas de servicios pblicos acceder a las peticiones, quejas o reclamos de sus usuarios cuando se tardan ms de 15 das hbiles en resolverlas, una figura que se conoce como el silencio administrativo positivo. La empresa de gaseosas le solicit a la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios que declarara la existencia del silencio administrativo positivo, pero ante la respuesta negativa de esta autoridad, interpuso una demanda ante la jurisdiccin contencioso administrativa. La Seccin Quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Roco Arajo Oate, consider que la EAAB se pronunci de manera adecuada y dentro de los trminos de ley, por lo que declar legal la decisin de la Superservicios. Segn el fallo, el trmino de 15 das para resolver peticiones en materia de servicios pblicos, so pena de la configuracin del silencio administrativo positivo, es para que la empresa prestadora dicte la respuesta correspondiente, pues con posterioridad debe surtirse el proceso de notificacin. ver
    2018-05-08 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO El Consejo de Estado neg la solicitud de suspensin de la eleccin del ciudadano Csar Augusto Ortiz Zorro como representante a la Cmara por Casanare (Ver). En la misma decisin, la Seccin Quinta de la corporacin admiti la demanda de nulidad contra dicho acto de eleccin, que se cuestiona porque el accionado supuestamente no renunci de manera oportuna al cargo de concejal de Yopal. Para negar la solicitud de suspensin, el Consejo de Estado advirti que el reglamento del Congreso no establece como inhabilidad la concurrencia de periodos entre el cargo al cual se renuncia y el que se aspira a ejercer. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin y un enlace que lo conduce directamente a la providencia. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2018-05-07 EN FIRME SANCIN A EMPRESA RECOLECTORA DE BASURAS EN QUINDO El Consejo de Estado confirm la competencia de la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios para imponer una multa de 24 millones de pesos a la Empresa Multipropsito de Calarc S.A. E.S.P., encargada de la disposicin final de las basuras recolectadas en el municipio de Armenia, por haber cobrado una tarifa superior a la autorizada por la Comisin de Regulacin de Agua Potable. La empresa demand las resoluciones por medio de las cuales se le impuso la sancin y la orden de devolucin. La Seccin Quinta de la corporacin aval la sancin y dej sin efectos la orden dada a la sociedad prestadora del servicio, de devolver los dineros cobrados en exceso al usuario encargado de la recoleccin domiciliaria e industrial, al concluir que a la firma se le restringi el derecho a defenderse. Segn el fallo, en el pliego de cargos no fueron citadas las normas que aparentemente obligaban a la prestadora del servicio de aseo a devolver los dineros y se omiti motivar la decisin. Adems afirm, que la Superservicios interpret equivocadamente estos mandatos, que imponan que el infractor abonara los montos que cobr en exceso a la siguiente factura y no su devolucin. ver
    2018-05-07 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA El Consejo de Estado levant una sancin econmica contra la directora de la Unidad para la Atencin y Reparacin Integral a las Vctimas, Yolanda Pinto, que haba sido emitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca por supuesto desacato a un fallo de tutela (https://bit.ly/2rrnLFL ) Segn la alta corte, la funcionaria y la entidad vinculadas a la accin ya cumplieron con la orden que dio lugar la apertura de este incidente. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin y un enlace que lo conduce directamente a la providencia. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2018-05-07 FALLO QUE REVOCA CONSULTA MINERA Consulte el fallo de tutela que revoca la consulta minera de El Pen (Santander).
    2018-05-07 C E AMPARA DERECHO DE PETICIN SOBRE EXONERACIN TRIBUTARIA La Seccin Quinta del Consejo de Estado ampar el derecho de peticin de la Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehov y orden que los municipios de la jurisdiccin de la Corporacin Autnoma Regional de las Cuencas de los Ros Negro y Nar Cornare, resuelvan la solicitud de exoneracin tributaria respecto de la sobretasa-ambiental. La sala, reiter los criterios expuestos por la Corte Constitucional en relacin con la obligatoriedad de otorgar el mismo tratamiento a todos los cultos religiosos en igualdad de condiciones que la iglesia catlica, siempre que cumplan con los requisitos legales para dicha exencin. En este caso, la Cornare no haba accedido a la solicitud presentada por la Iglesia Iglesia Cristiana de los Testigos de Jehov, argumentando que careca de competencia sobre el particular, debido a que las exoneraciones tributarias son una facultad exclusiva del Legislador. Con ponencia de la magistrada Roco Arajo Oate, la Corporacin determin que para materializar la igualdad tributaria de los diferentes cultos religiosos, y hasta tanto el Legislador no regule el tema, sern los municipios los encargados de resolver las peticiones sobre exoneracin de la sobre-tasa ambiental, debido a que son los encargados de liquidar y recaudar el porcentaje destinado a dicho tributo. La Sala de decisin inst a la Cornare para que, en lo sucesivo, una vez advertida su falta de competencia para resolver una peticin similar, acte de conformidad con el artculo 21 de la Ley 1437 de 2011. ver
    2018-05-07 AVISO A MEDIOS DE COMUNICACIN Entrese de la manera como puede consultar los rdenes del da, tablas de resultados y comunicados de prensa de la Seccin Quinta del Consejo de Estado.
    2018-05-03 RBITROS DEBEN DEFINIR SI BCO DEL ESTADO ASUME DEUDA POR $600 MILLONES La controversia por una supuesta deuda que mantiene el liquidado Banco del Estado con el Fideicomiso ADM Capital Center II por casi 600 millones de pesos debe ser resuelta por un tribunal de arbitramento, por decisin del Consejo de Estado. Con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, la Seccin Quinta determin que el contrato privado al que est sujeta esta obligacin fiduciaria establece que toda controversia entre las partes debe ser sometida a la justicia arbitral. Dado que la clusula vincula a una entidad estatal, el juez administrativo no tiene competencia para resolver el litigio, sentenci la alta corte. El Banco Uconal haca parte de un fideicomiso conformado para la creacin de la Alianza Fiduciaria S. A., que inclua la titularidad de un lote con miras al desarrollo de un proyecto inmobiliario en `Ciudad Salitre, en Bogot, frente al cual cada una de las partes estaba comprometida a aportar 530 millones de pesos. Teniendo en cuenta que Uconal haba sido absorbido por el Banco del Estado en liquidacin, el Fideicomiso ADM Capital Center II le exigi a esta entidad el pago de los intereses del aporte. Debido a que la liquidadora del banco expidi dos resoluciones en las que neg la existencia de la deuda, el Fideicomiso interpuso una demanda ante la justicia administrativa, pero el Consejo de Estado determin que el caso deba ser resuelto por un tribunal de arbitramento. ver
    2018-04-30 URBANIZACIN ENTRE ROS DEBE RESTITUIR TERRENO AL DISTRITO El Consejo de Estado declar legal la decisin del Distrito de ordenar la restitucin de un rea de 698 metros cuadrados de espacio pblico ubicada dentro de la Urbanizacin Entre Ros, en Bogot. Con ponencia de la presidenta de la Seccin Quinta, Roco Arajo Oate, la sala ratific la decisin por medio de la cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca neg la solicitud de dejar sin efectos los actos administrativos que obligan al complejo habitacional a restituir el espacio pblico. Segn el fallo, la zona fue entregada al Distrito y escriturada a travs de actuaciones que no fueron tachadas de ilegales al momento de interponer la demanda. Debido a que los actos mediante los cuales se dispuso y formaliz la cesin del terreno al Distrito slo fueron objeto de reproche cuando el demandante interpuso la apelacin al fallo de primera instancia, el Consejo de Estado no puede pronunciarse sobre ese argumento. ver
    2018-04-27 JUSTICIA ABIERTA LLEGA A CCUTA Maana viernes 27 de abril contina en Ccuta, Norte de Santander el programa Justicia Abierta: Dilogos con la Comunidad, un espacio para ampliar el conocimiento de las sentencias del Consejo de Estado en las regiones de Colombia. En representacin del Consejo de Estado, asistir el presidente de la corporacin Germn Bula Escobar, la presidenta de la Seccin Quinta, Roco Arajo Oate, y el magistrado de la Seccin Tercera Jaime Orlando Santofimio Gamboa. Tambin asistir el presidente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, Hernando Aldana. La jornada acadmica contar con conferencias de tica, transparencia y rendicin de cuentas, deberes de las autoridades frente a la preservacin del medio ambiente y la accin de nulidad electoral. Esta iniciativa hace parte de los programas de fortalecimiento de los procesos de rendicin de cuentas que el Consejo de Estado ha venido apoyando para que se extienda en toda la jurisdiccin. El evento iniciar a las 8 de la maana, en el aula mxima de la Universidad Libre Seccional Ccuta, ubicada en la Calle 19 No. 11 64 de la capital Nortesantandereana.
    2018-04-27 DECISIONES SECCIN QUINTA El Consejo de Estado revoc una sancin de 9 millones de pesos que el Distrito le impuso al propietario de una vivienda en el barrio Teusaquillo, por adelantar reformas estructurales al inmueble sin contar con el visto bueno de la Curadura Urbana. Segn la corporacin judicial, las autoridades violaron el derecho al debido proceso a este ciudadano, debido a que no le permitieron defenderse dentro del proceso administrativo. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin y un enlace que lo conduce directamente a la providencia. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2018-04-26 CONSEJO DE ESTADO MANTIENE INVESTIDURA A SENADORA CLAUDIA LPEZ La parlamentaria haba sido demandada por supuestas inasistencias a seis sesiones plenarias en las que se discutieron proyectos de ley, de actos legislativos o mociones de censura Con ponencia del magistrado Oswaldo Girado Lpez, la corporacin determin que la congresista no incurri en la causal, porque no se demostr que hubiese acumulado las ausencias que la Constitucin sanciona con la prdida de la investidura Al examinar cuatro periodos de sesiones, el Consejo de Estado determin que en ninguno de ellos la parlamentaria acumul el nmero de inasistencias que la hubieren hecho merecedora a la prdida de investidura, al concluir que no puede equipararse la palabra asistencia con permanencia sino con presencia. ver
    2018-04-26 CONSEJO DE ESTADO NIEGA PRDIDA DE INVESTIDURA DEL EXSENADOR DUQUE El Consejo de Estado neg la solicitud de prdida de investidura en contra del exsenador Ivn Duque Mrquez porque no encontr configurados los elementos de la causal invocada. El artculo 183.2 de la Constitucin castiga la conducta individual, aislada o negligente del congresista individualmente considerado, traducida en la inasistencia o la no votacin, segn se trate, y no una conducta colectiva de trascendencia poltica ejercida por decisin de bancada, como ocurri en este caso. El fallo se fundament en que result probado que el exsenador Duque Mrquez asisti a las sesiones plenarias relacionadas en la demanda, y que en ejercicio del derecho de oposicin y en cumplimiento de la decisin de la bancada del Centro Democrtico, se abstuvo de votar proyectos de ley o de actos legislativo tramitados bajo el procedimiento legislativo especial para la paz, relacionados con la solicitud de prdida de investidura concretamente invocada. ver
    2018-04-24 SUSPENDEN EFECTOS DE CONSULTA MINERA DE UNE (CUNDINAMARCA) La Seccin Quinta del Consejo de Estado dej sin efectos una sentencia que declar constitucional la realizacin de una consulta popular minera en Une (Cundinamarca). Lo hizo al conceder una accin de tutela que interpusieron trabajadores del sector minero contra el fallo por medio del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca declar constitucional la pregunta en virtud de la cual los ciudadanos deban sealar si estaban de acuerdo o no con la renovacin de las concesiones mineras vigentes en ese territorio. Con ponencia de la magistrada Roco Arajo Oate, la sala determin que las autoridades locales no pueden convocar consultas de esta naturaleza en sus territorios sin antes haber concertado con las autoridades nacionales el desarrollo de una poltica minero energtica. Adems, determin que el desarrollo o no de este tipo de actividad econmica no puede ser objeto de consulta popular, debido a que la Constitucin ordena que solo el legislador es competente para tomar determinaciones relativas a la explotacin del subsuelo. Adicionalmente, seal que las autoridades de Une no podan consultarle a sus ciudadanos si estaban de acuerdo o no con extender los plazos de las concesiones mineras, dado que el Cdigo de Minas le permite a los concesionarios solicitar la prrroga del respectivo contrato hasta por 30 aos. La corporacin advirti que si los entes territoriales aspiran a que los ciudadanos manifiesten en las urnas si aprueban o no el desarrollo de la minera en sus respectivas regiones debe existir una concertacin previa con las autoridades nacionales, proceso que, segn el fallo de la Seccin Quinta, debe ser regulado por el Congreso. Esta decisin obliga al tribunal a dictar un nuevo fallo de constitucionalidad en un periodo no superior a los 30 das contados a partir de la notificacin de esta sentencia. La providencia cont con voto favorable del magistrado Alberto Yepes Barreiro y del conjuez Jess Vall de Rutn Ruiz y con los salvamentos de voto de los magistrados Lucy Jeannette Bermdez Bermdez y Carlos Enrique Moreno Rubio. ver
    2018-04-19 NIEGAN REPARACIN A ACUSADO DE ATENTAR CONTRA LIBERTAD SEXUAL DE MENOR El Consejo de Estado revoc un fallo de reparacin directa que concedi el Tribunal Administrativo del Quindo a un hombre que se vio involucrado en un caso de acto sexual abusivo con menor de 14 aos del que habra sido vctima una nia de cinco aos de edad. El hombre haba sido denunciado por la madre de la pequea, quien dijo haber sido tocada por l en sus partes genitales, mientras descansaba en casa de su ta, sin que los dems habitantes del inmueble se percataran de los hechos. El sujeto haba sido condenado en primera instancia por un juzgado penal de Armenia, pero fue absuelto en segunda instancia por el Tribunal Superior de la capital quindiana, lo que lo llev a exigir una reparacin superior a los 630 millones de pesos. Aun cuando el Tribunal Administrativo del Quindo conden a la Nacin por haber privado de su libertad al demandante sin poder demostrar su responsabilidad en el delito, la Seccin Tercera del Consejo de Estado dej sin efectos la decisin. Lo hizo al concluir que la Fiscala tena fundadas razones para considerarlo sospechoso de haber atentado contra la libertad sexual de la menor, pues entre los indicios en su contra se cuenta el que, previo a estos acontecimientos, haba sido denunciado por la madre de otra menor de edad que aparentemente fue vctima de similares agresiones. Adems, dado que el defensor del acusado no rebati que su cliente hubiera tocado a la menor, sino que centr su alegatos en tratar de desvirtuar que esa conducta hubiera afectado la libertad sexual de la vctima, la Sala consider que ese y otros elementos permiten establecer que fue el demandante quien, con su proceder, llev a las autoridades penales a inferir que hubiera incurrido en actuaciones que ameritaban su detencin y juzgamiento. Frente a esta decisin el magistrado Guillermo Snchez Luque aclar el voto.
    2018-04-18 JUSTICIA ABIERTA: DILOGOS CON LA COMUNIDAD EN TUNJA El jueves 19 de abril contina en Tunja (Boyac) el programa Justicia abierta: dilogos con la comunidad, que busca ampliar el conocimiento de las sentencias del Consejo de Estado en las regiones de Colombia. El evento, que se iniciar a las 7:30 de la maana, se desarrollar en la Universidad Santo Toms Seccional Tunja, en la Calle 19 No. 11 64 de la capital boyacense. En representacin del Consejo de Estado, asistirn su presidente Germn Bula Escobar, la magistrada de la Seccin Quinta Lucy Jeannette Bermdez Bermdez y el presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil, Oscar Dario Amaya. Adems, asistirn los magistrados del Tribunal Administrativo de Boyac, encabezados por su presidente, scar Alfonso Granados Naranjo, as como el decano de la facultad de derecho de la Universidad Santo Toms Seccional Tunja, Martn Hernndez Snchez. La agenda acadmica abordar temas como los principios de precaucin y prevencin -a propsito de la polmica generada por decisiones judiciales que buscan proteger ciertos ecosistemas-, la naturaleza de la accin de la prdida de investidura y el rol del juez administrativo frente a la preservacin de la democracia. Esta iniciativa da continuidad a los programas `Cultura de legalidad y Dilogos con las regiones, que fueron la piedra angular de estos encuentros del Consejo de Estado con la jurisdiccin en el mbito regional. ver
    2018-04-18 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO El Consejo de Estado neg las solicitudes de aclaracin y adicin a la sentencia por medio de la cual se confirm la nulidad de la eleccin como concejal de Barranquilla del ciudadano Jos Antonio Cadena Bonfanti. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin y un enlace que lo conduce directamente a la providencia. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2018-04-17 RECORDANDO LA HISTORIA El pasado 15 de abril se cumplieron 25 aos del ataque terrorista con un carro bomba al Centro Comercial 93, ubicado en la ciudad de Bogot. Consulte fallo en el que el Consejo de Estado ordena reparar a las vctimas ver
    2018-04-17 CONSEJO DE ESTADO NOMBR 21 MAGISTRADOS DE TRIBUNAL EN PROPIEDAD La Sala Plena del Consejo de Estado nombr a 21 aspirantes al cargo de magistrado que hacan parte de la listas de elegibles en 14 tribunales administrativos del pas. En cada uno de los tribunales administrativos de Antioquia, Caquet y Valle fueron elegidos tres magistrados, mientras que para los tribunales de Casanare, Cauca, Cesar, Huila, Guajira, Magdalena, Nario, Norte de Santander, Sucre, Tolima y Bolvar fue designado uno en cada uno de ellos. Los nombramientos se hicieron de conformidad con el registro de elegibles producto del concurso de mritos adelantado por la Rama Judicial. De los 176 cargos de magistrado de tribunal que hay en todo el pas 144 pertenecen a la carrera judicial, a la que ingresaron con base en criterios de mrito, es decir 81,8 % del total de la planta de magistrados de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa. En los prximos das, una vez el Consejo Superior de la Judicatura remita la lista correspondiente, se designarn las plazas que faltan, que son el 18, 2 % del total. ver
    2018-04-13 JURISPRUDENCIA ELECTORAL La Seccin Quinta del Consejo de Estado dio a conocer los ltimos avances de su jurisprudencia, mediante un boletn que contiene las providencias que emiti durante los meses de enero y febrero del siguiente ao. Este material fue remitido a los presidentes de los tribunales administrativos de todo el pas, a fin de que esas corporaciones y los juzgados administrativos estn al tanto de los ltimos avances en materia de precedentes y jurisprudencia en el campo electoral. La sala cumple as con su compromiso para que la jurisdiccin contencioso administrativa aplique los estndares ms actualizados en materia de derecho electoral. ver
    2018-04-13 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA El Consejo de Estado neg las solicitudes de aclaracin y adicin a la sentencia por medio de la cual se confirm la nulidad de la eleccin como concejal de Barranquilla del ciudadano Jos Antonio Cadena Bonfanti. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin y un enlace que lo conduce directamente a la providencia. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2018-04-12 NIEGAN REPARACIN A HOMBRE QUE PEDA FAVORES SEXUALES EN SU TRABAJO El Consejo de Estado neg una demanda de reparacin a un hombre que fue injustamente acusado de acceso carnal violento contra una mujer, pero a quien se le comprob que exiga favores sexuales a quienes aspiraban a emplearse en la empresa de seguridad donde laboraba. El demandante permaneci detenido durante 10 meses en Ccuta (Norte de Santander), antes de que un juez penal de esa ciudad lo declarara inocente del cargo, por lo que decidi demandar a la Nacin para que esta reparara el dao que, a su juicio, haban sufrido l y sus hijos por haber sido privado de su libertad sin que la Justicia lograra probarle que incurri en una conducta criminal. En primera instancia, el Tribunal Administrativo de Norte de Santander neg las pretensiones, al concluir que el propio demandante dio lugar a que se abriera la investigacin penal de la fue objeto, dado que admiti que, siendo responsable de entrevistar a las mujeres que aspiraban a emplearse en la empresa donde trabajaba, lleg a solicitarles favores sexuales a algunas de ellas. El hombre apel el fallo, pero la Seccin Tercera del Consejo de Estado mantuvo la decisin del Tribunal, al sostener que si bien no est demostrado que haya forzado a nadie a tener relaciones con l, es evidente que ejerci un tipo de coercin sobre estas mujeres al proponerles los encuentros ntimos, pues de por medio estaba la necesidad de las entrevistadas de obtener un empleo. Para el Consejo de Estado, esta manera de actuar por parte del accionante demuestra que fue l mismo quien propici que la Fiscala infiriera que era razonable pensar que s haba cometido el delito de acceso carnal violento por el que fue denunciado y permaneci preso durante 10 meses. Frente a esta decisin el magistrado Guillermo Snchez Luque present aclaracin de voto. ver
    2018-04-12 COMPETENCIA DE MUNICIPIOS FRENTE A USO DEL SUELO Y CONSULTAS MINERAS Al negar una accin de tutela que cuestionaba la validez de una consulta minera en el municipio de Jess Mara (Santander), el Consejo de Estado ratific la competencia que tienen las autoridades locales para regular el uso del suelo en su territorio, la facultad de restringir la minera y de consultarle a sus ciudadanos si estn de acuerdo o no con la realizacin de ese tipo de actividades. Con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramrez Ramrez, la Seccin Cuarta neg una accin de tutela que present el Ministerio de Minas y Energa, con la intencin de que se dejara sin efectos el fallo por medio del cual el Tribunal Administrativo de Santander declar constitucional la pregunta que aprob el Concejo Municipal para convocar la consulta. Segn el fallo, en virtud de la autonoma territorial, la competencia de los entes territoriales para regular el uso del suelo y consultar a los ciudadanos sobre la prctica de la minera en sus territorios no puede ser limitada por el Gobierno nacional, sin perjuicio de la concertacin de las polticas generales mediante los mecanismos que ha previsto la ley. Para la Seccin Cuarta, la propiedad de los recursos naturales no renovables no corresponde exclusivamente al orden nacional, por lo que facultad que tienen los entes territoriales para restringir la actividad minera puede implicar la prohibicin de esas actividades en virtud de las competencias de regulacin de la ordenacin del territorio. Asimismo, ratific que los resultados de la consulta son vinculantes, lo que implica que las autoridades competentes estn obligadas a emprender las actuaciones administrativas y legales necesarias para hacer cumplir la voluntad de la ciudadana frente a la realizacin o no de actividades mineras, cuando estas han sido sometidas a la aludida consulta. ver
    2018-04-12 JUSTICIA ABIERTA: DILOGOS CON LA COMUNIDAD EN BARRANCABERMEJA El viernes 13 de abril contina en Barrancabermeja (Santander) el programa Justicia abierta: dilogos con la comunidad, que busca ampliar el conocimiento de las sentencias del Consejo de Estado en las regiones de Colombia. El evento, que se iniciar a las 8:00 de la maana la Universidad Cooperativa de Colombia con sede en ese municipio. En representacin del Consejo de Estado, asistirn su vicepresidente Ramiro Pazos Guerrero y el magistrado de la Seccin Tercera Carlos Alberto Zambrano Barrera, quienes abrirn el debate sobre la jurisprudencia de la corporacin frente a reparaciones directas originadas por responsabilidad estatal por dao causado por atentados terroristas de grupos al margen de la Ley. Tambin harn parte de la mesa principal el gobernador de Santander, Didier Tavera Amado; el alcalde de Barrancabermeja, Daro Echeverri Serrano; y el presidente del Tribunal Administrativo de Santander, Melciades Rodrguez Quintero Esta iniciativa da continuidad a los programas `Cultura de legalidad y Dilogos con las regiones, que fueron la piedra angular de estos encuentros del Consejo de Estado con la jurisdiccin en el mbito regional.
    2018-04-11 EXCONTRALOR OSSA DEBER REINTEGRAR A LA NACIN $1.800 MILLONES El Consejo de Estado ratific la decisin judicial que obliga al excontralor Carlos Ossa Escobar a reintegrar a ese ente de control fiscal ms de 1.800 millones de pesos. Esto obedece a que en el 2016 la Seccin Tercera haba declarado al exfuncionario patrimonialmente responsable de una condena que sufri la Nacin por el despido irregular de una empleada de la Contralora. Ossa Escobar, que estaba obligado a cubrir los gastos en los que incurri el ente de control fiscal por cuenta de esa condena, present un recurso extraordinario de revisin. Una Sala especial de Revisin de la Sala Plena neg las pretensiones del excontralor, al sealar que las pruebas que se allegaron al proceso daban cuenta de que el funcionario actu influenciado por una causa contraria al cumplimiento efectivo de los deberes pblicos. ver
    2018-04-09 C E RECONOCE OBLIGACIONES DE CONJUNTOS RESIDENCIALES CON POBLACIN DIS A raz de una accin popular en la que se determin que los derechos colectivos de personas con discapacidad visual haban sido desconocidos por los responsables de un proyecto urbanstico en Floridablanca (Santander), el Consejo de Estado concluy que los conjuntos residenciales estn obligados a derribar las barreras de acceso para esa poblacin Lo hizo, al conceder una tutela en la que el accionante haba sido favorecido por un Juzgado de Bucaramanga, que en agosto del 2015 orden que se instalaran losetas texturizadas con las guas de alerta y orientacin en la edificacin que haba sido objeto de la controversia. En mayo del 2017 la decisin fue revocada por el Tribunal Administrativo de Santander, pero una accin de tutela emitida por la Seccin Cuarta del Consejo de Estado dej sin efectos el fallo de segunda instancia de la accin de amparo a los derechos colectivos. La constructora demandada impugn la accin de tutela, argumentando que las normas de accesibilidad a las personas en condicin de discapacidad no pueden hacerse exigibles por medio de acciones populares cuando se trata de edificaciones que no estn abiertas al pblico. La Seccin Quinta desestim ese argumento y ratific el fallo de tutela emitido por la Seccin Cuarta. Sostuvo que las normas que ordenan eliminar barreras de accesibilidad para esta poblacin tambin aplican para las edificaciones de carcter privado y que s pueden hacerse exigibles a travs de acciones constitucionales que, como la mencionada, defienden los derechos colectivos de los ciudadanos. La decisin obliga al Tribunal que haba revocado el fallo popular a dictar una nueva sentencia, teniendo en cuenta la interpretacin expuesta en la providencia que acaba de emitir la Seccin Quinta, en relacin con las normas que establecen la obligacin de los conjuntos residenciales frente a la accesibilidad para este tipo de personas. ver
    2018-04-09 PRECISAN REGLAS PARA PROCESOS EJECUTIVOS ANTE ESTA JURISDICCIN El Consejo de Estado consider que la competencia para tramitar los procesos ejecutivos en los cuales se pretende el cumplimiento de una sentencia condenatoria en la jurisdiccin contenciosa administrativa es del juez que conoci el proceso en primera instancia. La Corporacin explic que el cumplimiento de la sentencia condenatoria podra iniciarse a escogencia del acreedor, mediante un escrito allegado al mismo proceso, el cual deber cumplir con las formalidades correspondientes o a travs de demanda separada que deber cumplir con los requisitos exigidos en el artculo 162 del Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, la Seccin Quinta reiter la postura asumida por la Seccin Segunda de esta Corporacin frente a las exigencias procesales y a la competencia para adelantar los procesos ejecutivos, cuando se trata del cumplimiento de las sentencias condenatorias de competencia de la jurisdiccin contenciosa administrativa. En la providencia proferida el 5 de abril de 2018, se ampar el derecho fundamental al acceso a la administracin de justicia de un ciudadano que pretenda, mediante un proceso ejecutivo, obtener el pago de los intereses moratorios por la tardanza en el cumplimiento de una sentencia en la que se conden a la UGPP a la reliquidacin de su pensin. La vulneracin del derecho fundamental mencionado se present con la expedicin de las providencias proferidas por el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito Judicial de Barranquilla y por el Tribunal Administrativo del Atlntico, a travs de las cuales dichos despachos se abstuvieron de librar el mandamiento de pago solicitado por el demandante bajo el argumento de que este deba presentar una demanda aparte, la cual deba estar sometida a las reglas del reparto. ver
    2018-04-04 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA El Consejo de Estado neg las pretensiones invocadas en una accin de tutela por medio de la cual se pretenda suspender los efectos del fallo que orden indemnizar a las vctimas de un derrumbe que se produjo en el relleno sanitario Doa Juana en 1997. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin y un enlace que lo conduce directamente a la providencia. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2018-04-04 JUSTICIA ABIERTA: DILOGOS CON LA COMUNIDAD EN IBAGU Este jueves se inicia en Ibagu (Tolima) el programa Justicia abierta: dilogos con la comunidad, que busca ampliar el conocimiento de las sentencias del Consejo de Estado en las regiones de Colombia. El evento, que se iniciar a las 8:00 de la maana en el auditorio central de la Universidad de Ibagu, tambin servir para que los magistrados del Tribunal Administrativo del Tolima rindan cuentas de su gestin. En representacin del Consejo de Estado, asistirn su presidente Germn Bula Escobar, el vicepresidente Ramiro Pazos Guerrero y el magistrado de la Seccin Tercera Carlos Alberto Zambrano Barrera. Tambin harn parte de la mesa principal el rector de la Universidad de Ibagu, Hans Peter Knudsen; el presidente del Tribunal Administrativo del Tolima, Belisario Beltrn Bastidas; el gobernador del Tolima, scar Barreto Quiroga; y el alcalde de Ibagu, Guillermo Alfonso Jaramillo Martnez. Esta iniciativa da continuidad a los programas `Cultura de legalidad y Dilogos con las regiones, que fueron la piedra angular de estos encuentros del Consejo de Estado con la jurisdiccin en el mbito regional.
    2018-04-03 OPININ DE AUTORIDADES AMBIENTALES FRENTE AL POT ES IMPRESCINDIBLE La Seccin Quinta del Consejo de Estado confirm la sentencia que declar la nulidad del acto por medio del cual el municipio de La Ceja del Tambo (Antioquia) pretendi sanear la ilegalidad en la que incurri al aprobar un Plan de Ordenamiento Territorial (POT) que no haba sido puesto a consideracin previa de la Corporacin Autnoma Regional o autoridad ambiental respectiva. As las cosas, la Sala ratific que el Acuerdo 013 del 6 de septiembre de 2006, por medio del cual se revis y ajust el Acuerdo 031 de 2000, que contena el POT del municipio para la poca no era adecuado como mecanismo de convalidacin de la actuacin del ente territorial demandado. Segn el fallo, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, frente al cumplimiento de los requisitos previos exigidos por la ley para la aprobacin del Plan de Ordenamiento Territorial, no opera la convalidacin de los actos administrativos. La providencia seala que el cumplimiento de una formalidad sustancial para la produccin del acto administrativo implica el sometimiento al ordenamiento jurdico por parte de la administracin, por lo que su ausencia afecta la validez del mismo. En esta sentencia emitida el 22 de marzo de 2018 se resalt que la convalidacin se pretende sanear, depurar, corregir un acto que tiene vocacin de anulabilidad, la cual puede acontecer por un cambio en sentido positivo de la legalidad sobreviniente, mas no cuando se trata de un acto ilegal que no se ajusta a las normas jurdicas vigentes por el incumplimiento de la concertacin interinstitucional, como requisito previo para la conformacin del acto demandado. ver
    2018-03-23 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA El Consejo de Estado ratific la accin de tutela por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Atlntico orden incluir a una menor de Barranquilla en la lista de probables beneficiarios del programa Ser Pilo Paga. El fallo sostena que, contrario a lo afirmado por el Ministerio de Educacin Nacional, la menor haba obtenido el puntaje requerido en las Pruebas Saber 11, as como la calificacin del Sisbn exigida por el programa de estmulo a la educacin superior. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin y un enlace que lo conduce directamente a la providencia. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2018-03-21 RATIFICAN MULTA POR VIOLACIN A RGIMEN CAMBIARIO El Consejo de Estado ratific una multa de ms de 623 millones de pesos que la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) le impuso a la Sociedad Combustibles y Transportes S.A. por cometer infracciones propias del rgimen cambiario. Lo hizo al negar la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso la mencionada sociedad contra dos resoluciones por medio de las cuales la citada autoridad cambiaria le sancion, debido a que efectu transacciones diferentes a las autorizadas por el rgimen cambiario para las cuentas corrientes de compensacin especial. La Seccin Quinta del Consejo de Estado advirti que las cuentas de compensacin especial nicamente pueden ser utilizadas para efectuar operaciones obligatoriamente canalizables a travs del mercado cambiario y sus titulares, como lo era la firma demandante, estn obligados a registrarlas ante el Banco de la Repblica y cumplir los requisitos y condiciones fijados en esos casos. En relacin con la proporcionalidad de la sancin impuesta, la Seccin advirti que no resulta procedente examinar el dao causado al orden pblico y econmico, como lo aleg la sociedad recurrente, toda vez que la misma obedece estrictamente a la sealada por el legislador, que contiene los extremos mximo y mnimo y en este caso la sociedad omiti alegar en el recurso de apelacin que el tope de la sancin estaba determinado por la cantidad de 200 salarios mnimos legales mensuales, por lo que se aplic el principio de limitacin del juez de segunda instancia. El precepto que contiene la sancin establece el monto correspondiente, en los siguientes trminos: r) Por utilizar las cuentas corrientes de compensacin especiales para operaciones diferentes a las autorizadas por el Rgimen Cambiario, se impondr una multa del veinte por ciento (20%) del valor de la operacin respectiva, sin exceder de doscientos (200) salarios mnimos legales mensuales, extremos sobre los cuales la sociedad recurrente no se pronunci. La decisin se produjo en sesin de sala de la Seccin Quinta del 15 de marzo del ao en curso, con fundamento en la competencia asignada en el numeral 1 del Acuerdo nmero 357 del 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta. ver
    2018-03-21 IMPUESTO DECLARADO INCONSTITUCIONAL EN 2001 NO DA LUGAR A REPARACIN La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado neg las pretensiones de las empresas Mercedes Benz Colombia S. A. y Glaxosmithkline Colombia S. A. de ser indemnizadas por el pago de la Tasa Especial de Servicios Aduaneros (TESA), canceladas a la DIAN durante el 2001. Las empresas demandantes aspiraban a ser reparadas, debido a que la norma que las obligaba a asumir esta carga tributaria haba sido declarada inexequible por la Corte Constitucional en el 2001. Aun cuando la Sala ratific que existe la posibilidad de reparar el dao causado con ocasin de la expedicin de leyes que posteriormente son declaradas inconstitucionales, concluy que en el caso concreto no se haba producido un dao antijurdico. Entre otros argumentos, la Sala tuvo en cuenta que el fallo por medio del cual la Corte Constitucional declar inexequible el pago de la TESA tena efectos a futuro. En 2001, cuando la Corte declar inconstitucional la norma que estableci el pago de esta obligacin tributaria, ya muchas empresas haban hecho los pagos correspondientes, lo que dio lugar a que varias de ellas interpusieran demandas de reparacin directa, por considerar que pagaron un impuesto sin estar obligadas a hacerlo. Dado que en el Consejo de Estado se produjeron sentencias de distinta naturaleza, unas ordenando la devolucin de los dineros y otras negando tales pretensiones, la Sala Plena Contenciosa unific el criterio en el sentido de negar este tipo de reclamaciones, por considerar que no haba dao en los trminos del artculo 90 de la Constitucin. Frente a esta decisin salvaron el voto ocho consejeros.
    2018-03-20 FALLO DEL CONSEJO DE ESTADO IMPIDE CONSTRUCCIN EN LA CONEJERA El Consejo de Estado ratific las decisiones por medio de las cuales la Curadura Urbana No. 4 de Bogot y el Departamento Administrativo de Planeacin Distrital impidieron el desarrollo de una construccin en el cerro de La Conejera, en la sabana de la capital colombiana. La Seccin Quinta de la corporacin mantuvo la decisin del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que neg las pretensiones de nulidad de los actos a travs de los cuales la administracin neg una licencia de construccin en la modalidad de obra nueva en ese sector de la ciudad. El mximo rgano de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, explic que aun cuando en dichos predios se legalizaron los usos del suelo de vivienda y el desarrollo urbanstico existente (mediante Resolucin 367 de 1992), el Concejo de Bogot declar al cerro de La Conejera como reserva natural, ambiental y paisajstica y prohibi los usos complementarios del suelo en esta zona de la Capital (a travs del Acuerdo 27 de 1995 del cabildo). Advirti que no es cierto que la administracin distrital estuviera obligada a conceder la licencia de construccin bajo los supuestos de legalizacin de aquellos predios, pues el lugar donde se pretenda desarrollar la obra es de inters ecolgico Nacional. As se declar por el Distrito (en virtud de la Ley 99 de 1993) mucho antes de que se solicitara la licencia de construccin en la modalidad de obra nueva y demolicin total de lo ya existente, segn dice el fallo. En consecuencia, como las normas sobre uso del suelo son de orden pblico y de efecto general inmediato, no es posible a sus destinatarios aducir derechos adquiridos para obviar su aplicacin. ver
    2018-03-13 CONSEJO DE ESTADO DENUNCIA SUPLANTACIN El Consejo de Estado aclara a la ciudadana que la informacin que ha circulado por redes sociales sobre una supuesta orden judicial proferida por esta Corporacin para remover de su cargo al actual alcalde de Pereira (Risaralda), seor Juan Pablo Gallo Maya, es falsa. As las cosas, los apartes de la providencia que se han dado a conocer a los cibernautas no son ciertos y las firmas que aparecen en ese documento no corresponden a las de los magistrados del organismo. Frente a este acto, los seores magistrados suplantados han decidido interponer una denuncia penal ante la Fiscala General de la Nacin para que se investigue la conducta y se identifique a los responsables de la sealada falsedad. Finalmente se aclara que, contrario a lo anunciado en ese documento, la Seccin Primera del Consejo de Estado revoc el fallo por medio del cual el Tribunal Administrativo de Risaralda haba declarado la prdida de investidura del seor Juan Pablo Gallo Maya. En efecto, la Seccin Primera se declar inhibida para fallar el fondo del asunto al concluir que se configur el fenmeno de la caducidad. ver
    2018-03-12 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA El Consejo de Estado ratific la nulidad del acto de nombramiento provisional de la ciudadana Martha Ins Galindo Pea como ministra plenipotenciaria adscrita a la Embajada de Colombia ante el Gobierno de Azerbaiyn. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin y un enlace que lo conduce directamente a la providencia. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php ver
    2018-03-09 DECLARAN LEGAL DECOMISO QUE IMPUSO LA DIAN A COMPAAS AREAS El Consejo de Estado neg la nulidad de los actos administrativos por medio de los cuales la DIAN decidi decomisar la aeronave ANTONOV AN- 32- B- SERIE 3007 con Matrcula YN- CGA perteneciente a las sociedades Latinoamericana de Aviacin y Aerolnea del Caribe LTDA Aerocaribe LTDA., en la cual se Segn la Seccin Quinta, para que una aeronave pueda ser considerada medio de transporte aduanero es necesario que se encuentre ejecutando una operacin de transporte de mercaderas o de pasajeros. De lo contrario, no es aplicable el rgimen jurdico especial, consistente en atribuirle a la aeronave el carcter de importada temporalmente durante el tiempo que dure el desembarque y el embarque, segn sea el caso. Para la Seccin, una aeronave puede ser considerada mercanca cuando ingresa al territorio aduanero nacional, sin que est transportando pasajeros o mercaderas. La Sala advirti adems que frente a tales eventualidades el procedimiento debe someterse a alguna de las modalidades de importacin sealadas por el Estatuto Aduanero. La accin de nulidad y restablecimiento del derecho, que fue resuelta en segunda instancia, fue fallada con fundamento en la competencia asignada en el numeral 1 del Acuerdo nmero 357 del 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta. ver
    2018-03-09 NIEGAN DEMANDA CONTRA INTERVENCIN A COMGIRARDOT El Consejo de Estado declar legal la decisin de la Superintendencia de Subsidio Familiar de intervenir a la Caja de Compensacin Familiar de Girardot (Comgirardot). Segn el fallo proferido por la Seccin Quinta, las competencias atribuidas a la Superintendencia para sancionar a las entidades o a sus directivos, adoptar medidas cautelares para lograr el correcto funcionamiento de las cajas e intervenirlas administrativamente para liquidarlas son potestades autnomas de dicha autoridad que se ejercen con finalidades especficas. Frente al procedimiento de intervencin de una caja de compensacin para ser liquidada, explic cmo se debe adelantar el trmite de las visitas ordinarias y especiales en ejercicio del control de la actividad social, as como el procedimiento que se debe surtir para ordenar su liquidacin. La decisin de segunda instancia, se tom en ejercicio de la competencia asignada por el numeral 1 del Acuerdo nmero 357 del 5 de diciembre de 2017, suscrito entre las Secciones Primera y Quinta. ver
    2018-03-09 PROCURADURA DEBE RECOMPONER LISTAS DE CONCURSOS EN TRMINO RAZONABLE En los concursos de mritos, la Procuradura General de la Nacin debe recomponer las listas de elegibles para los cargos disponibles, as la ley no haya sealado un trmino especfico para esta actuacin. El Consejo de Estado fij este criterio al resolver la impugnacin en un proceso de accin de cumplimiento en el cual analiz los alcances del artculo 216 del Decreto Ley 262 de 2000, que regula el manejo de las listas de elegibles en las convocatorias para el acceso a los cargos del organismo de control. Con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, la Seccin Quinta reiter que aunque la citada disposicin no haya fijado un plazo para la reintegracin de la lista de elegibles, esta obligacin debe cumplirse en un trmino razonable porque en el ordenamiento jurdico colombiano la ley es obligatoria desde su promulgacin. En el caso resuelto en la accin de cumplimiento, la corporacin estim como plazo razonable un ao siguiente a la publicacin de la lista de elegibles, dado que en dicho lapso la entidad tiene la posibilidad de resolver las situaciones administrativas surgidas despus de los nombramientos hechos en las primeras vacantes ofertadas en la convocatoria para el cargo de sustanciador tcnico. A pesar de que el organismo todava est dentro de dicho trmino, la Seccin Quinta del Consejo de Estado exhort al procurador general para que una vez vencido el trmino sealado, proceda de inmediato a la recomposicin de la lista para que pueda hacer los nombramientos respectivos en el orden descendente de la lista de elegibles vigente, como lo establece el artculo 216 del Decreto Ley 262 de 2000 para los concursos de mritos. ver
    2018-03-07 AUTO QUE DECRETA MEDIDAS CAUTELARES Consulte el auto que decreta medidas cautelares en relacin con las funciones de la Comisin de Seguimiento, Impulso y Verificacin a la implementacin del Acuerdo Final (CSIVI)
    2018-03-07 AVISO SECCIN QUINTA La presidenta de la Seccin Quinta se permite informar a los medios de comunicacin y dems interesados que los siguientes documentos los pueden consultar en la pgina de la corporacin, de la siguiente manera: a. El aviso de sala (relaciona los asuntos que se someten a discusin en la sala de decisin) en http://www.consejodeestado.gov.co/actuaciones especficas/orden del da/Seccin Quinta y seleccionan la fecha de su interes. b. El aviso con resultados (que informa el resultado de la discusin, indicando si el proyecto sometido a estudio fue aprobado, derrotado o retirado) en http://www.consejodeestado.gov.co/actuaciones especficas/orden del da/Seccin Quinta y seleccionan la fecha de su interes. c. El tablero de resultado (que muestra de forma resumida, la decisin adoptada en aquellos asuntos en los que proyecto fue aprobado) en http://www.consejodeestado.gov.co/actuaciones especficas/decisiones/ Seccin Quinta y seleccionan la fecha de su interes. d. El historial de noticias se consulta en http://www.consejodeestado.gov.co/ prensa/historial de noticias. (Original firmado) ROCO ARAJO OATE Presidenta LEA EL DOCUMENTO COMPLETO EN EL ARCHIVO ADJUNTO ver
    2018-03-07 DIAN NO PUEDE DESCONOCER REGISTRO SANITARIO DE INVIMA A MEDICINAS El Consejo de Estado advirti que la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) no puede desconocer el registro sanitario que otorga el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) a las medicinas en procesos de importacin. Este criterio fue reiterado por la Seccin Quinta del Consejo de Estado, al confirmar un fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca en el que se concedieron las pretensiones de la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho presentada por una agencia de intermediacin aduanera con ocasin de una liquidacin oficial de correccin expedida por la Dian en contra de la sociedad. La Sala comprob que los productos importados por la demandante s tenan la naturaleza de medicamentos que le haba reconocido el Invima y no de alimentos, como equivocadamente lo seal la autoridad aduanera demandada. Adems, el fallo seal que la partida arancelaria por la cual la agencia clasific los productos, describe las propiedades teraputicas y profilcticas que deben acreditar dichos productos que, para el caso concreto, se reputan de la mercanca importada. El mximo rgano de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, explic adems que el Sistema Armonizado de Designacin y Codificacin de Mercancas de la Organizacin Mundial de Aduanas (incorporado en su momento mediante el Decreto 2800 de 2001) sugiere como primera regla de interpretacin el texto legal de cada partida. Lo anterior indica que la DIAN no goza de autonoma a la hora de definir la clasificacin e identificacin de cara a la codificacin en materia de comercio internacional y, por lo tanto, los mismos deben conservar la homogeneidad que brindan los estndares internacionales a los que el Estado se ha adherido, en cuanto se est refiriendo a la misma temtica y persigan el mismo fin de identificacin. ver
    2018-03-07 INCORPORAN ACTA DE ESCRUTINIO A DEMANDA CONTRA ELECCIN DE EDILES La Seccin Quinta del Consejo de Estado incorpor al expediente seguido contra la eleccin de los ediles de Barranquilla el Acta General de Escrutinios de la Comisin Escrutadora Auxiliar, que se encontraba disponible en la pgina web de la Registradura Nacional del Estado Civil. Como fundamento de su decisin, la Sala explic que dicho documento es parte de los antecedentes del acto electoral y, por consiguiente, hace parte integral del expediente judicial. Segn la corporacin, cuando los antecedentes estn disponibles en Internet estos deben ser considerados como verdaderos documentos pblicos electrnicos, ya que as lo disponen las normas sobre tecnologa y transparencia. En este orden de ideas, la Seccin precis que los jueces electorales deben incorporar tales documentos al expediente cuando quiera que no consten en el mismo y sean necesarios para la resolucin del caso concreto. Lo anterior no exime al demandante de su deber de individualizar tanto la censura, como el objeto de la misma (municipio, zona, puesto, mesa), cargas con las que cumpli la parte actora en el proceso objeto de estudio, lo que habilit a la incorporacin del citado documento. ver
    2018-03-07 PRIMERA PRDIDA DE INVESTIDURA EN VIGENCIA DE DOBLE INSTANCIA El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernndez, decret la prdida de investidura de la representante a la Cmara Luz Adriana Moreno Marmolejo, quien fue elegida congresista por el partido de la U para el perodo constitucional 2014-2018. El fallo de primera instancia, proferido por la Sala Novena Especial de Decisin de Prdida de Investidura, encontr probado que la congresista incurri en la causal prevista en numeral 2 del artculo 183 de la Constitucin, al dejar de asistir a seis sesiones plenarias en las que se votaron proyectos de acto legislativo o de ley durante el mismo periodo de sesiones. La corporacin consider que el slo hecho de haber contestado el llamado a lista no prueba la asistencia de la congresista a las sesiones y encontr probado que, despus de registrar su asistencia no estuvo presente en las sesiones plenarias realizadas por la Cmara de Representantes los das 4, 11, 18 y 25 de agosto, 15 de septiembre y 6 de octubre de 2015. Contra esta sentencia de primera instancia procede el recurso de apelacin ante la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, que deber interponerse y sustentarse dentro de los 10 das siguientes a su notificacin. ver
    2018-03-06 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA El Consejo de Estado neg las pretensiones de la demanda de nulidad de la eleccin del director Ejecutivo de Administracin Judicial, Mauricio Cuesta Gmez. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin y un enlace que lo conduce directamente a la providencia. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2018-03-06 ANULAN SANCIN CONTRA FIDUCIARIA El Consejo de Estado declar la nulidad de una sancin que el Departamento Tcnico Administrativo del Medio Ambiente (Dama) le impuso a una sociedad fiduciaria en calidad de enajenante de uno de los bienes inmuebles de un patrimonio autnomo que administraba. La Seccin Quinta, con ponencia de la magistrada Roco Arajo Oate, consider que la entidad demandada se equivoc al imputarle responsabilidad directa a la sociedad demandante como enajenante, pues pas por alto que la fiduciaria actuaba como vocera de un patrimonio autnomo al momento de la enajenacin. En la providencia, se recuerda que el patrimonio autnomo conformado en desarrollo del contrato de fiducia mercantil, no es persona natural ni jurdica, por lo cual debe actuar por conducto del fiduciario quien, a su vez, acta como vocero y administrador del patrimonio autnomo y en tal carcter acta comprometiendo al patrimonio autnomo dentro de los trminos sealados en el acto constitutivo de la fiducia. Finalmente, respecto del restablecimiento del derecho se defini que el dictamen pericial rendido en primera instancia no tena el mrito suficiente para probar los perjuicios reclamados, habida cuenta que no cumpla fielmente las exigencias de firmeza, precisin y calidad de sus fundamentos, situacin por la cual se dispuso desestimar la pretensin indemnizatoria respectiva, por falta de sustento probatorio de los perjuicios reclamados. ver
    2018-03-06 RATIFICAN MULTA A AGENCIA DE INTERMEDIACIN ADUANERA POR $229 MILLONES El Consejo de Estado ratific una sancin de multa de ms de $229 millones de pesos que la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) le impuso a una agencia de intermediacin aduanera, por haberse comprobado que en la declaracin de importacin de un vehculo automotor se adjunt una factura de venta falsa. Por medio de esta determinacin, la Seccin Quinta de la corporacin confirm la decisin del Tribunal Administrativo de Bolvar, que neg la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso la agencia contra los actos sancionatorios emitidos por la autoridad tributaria. El mximo rgano de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, explic que se configura la sancin de multa prevista en el artculo 503 del Decreto 2685 de 1999 cuando se compruebe que las agencias de aduanas incumplen los deberes de diligencia y cuidado dirigidos a establecer la veracidad de los documentos que sirven de soporte para el ingreso de mercancas al territorio aduanero nacional, tal como lo establece el artculo 22 ibdem. A su juicio, las agencias de aduanas deben verificar la exactitud de los documentos que soportan la importacin de mercancas en razn de la actividad que desarrollan como auxiliares de la funcin pblica aduanera, y por el conocimiento especializado que tienen en los trmites de comercio exterior. En la sentencia se indic, igualmente que, cuando haya imposibilidad en la aprehensin de la mercanca, la sancin de multa, equivalente al 200% del valor en aduana de la mercanca, puede ser impuesta individualmente al importador o declarante, pues lo que se pretende es la dosificacin de la pena y reprimir la evasin y el contrabando. ver
    2018-03-05 C E RECOMIENDA PARMETROS PARA QUE JEP INVESTIGUE CASO DE DESAPARICIN El Consejo de Estado solicit a la Fiscala y a la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP) que examinen la posibilidad de investigar un caso de desaparicin forzada atribuido a las Autodefensas Campesinas del Casanare (ACC), para que, eventualmente, se individualice y se juzgue a los responsables de la conducta de la que fue vctima un integrante de una misin mdica atacada por ese grupo paramilitar en agosto del 2003. Adems, la corporacin sugiri parmetros para las posibles indagaciones. As lo determin la Seccin Tercera Subseccin B del alto tribunal, al condenar a la Nacin- Ministerio de Defensa Ejrcito Nacional Polica Nacional por la desaparicin y muerte del seor Henry Calixto Rey, quien integraba el grupo que cay a manos del grupo armado dirigido por Hctor Germn Buitrago Parada, alias Martn Llanos. El hecho que motiva esta decisin, con ponencia del consejero Ramiro Pazos Guerrero, se produjo cuando integrantes de las ACC atacaron una misin mdica que se dispona a atender un accidente de trnsito ocurrido en la carretera que conduce de Monterrey a Villanueva (Casanare). Gracias a las versiones libres de los desmovilizados de las ACC en Justicia y Paz, desde el 2009 la justicia penal (La Unidad Nacional de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario de la Fiscala General de la Nacin y posteriormente el Juzgado Promiscuo del Circuito en Descongestin de Monterrey) comprob que la desaparicin y muerte de la vctima y sus compaeros fue propiciada por integrantes de este grupo paramilitar, quienes adems desmembraron los cuerpos del personal mdico para evitar que fueran encontrados por las autoridades. Los familiares del seor Henry Calixto Rey interpusieron una demanda de reparacin directa que fue negada en primera instancia por el Tribunal Administrativo del Casanare el 7 de febrero del 2013, por considerar que el dao originado en estos acontecimientos era atribuible exclusivamente al grupo armado ilegal y no a agentes de seguridad del Estado. La Seccin Tercera del Consejo de Estado revoc la determinacin, al considerar que las autoridades demandadas son responsables de la ocurrencia del perjuicio por no tomar medidas de seguridad, pese a la sistemtica ocurrencia de casos de desaparicin forzada y ataque generalizado a misiones mdicas que se venan presentando en el Casanare en la poca de los acontecimientos, como consecuencia de una guerra sangrienta entre el Bloque Centauros y las A.C.C.... ver
    2018-03-05 EXAMEN DE CULPA EN P. DE INVESTIDURA, PARA CASOS POSTERIORES A 2016 Tras mantener la declaratoria de prdida de investidura del congresista Issa Eljadue Gutirrez, el Consejo de Estado determin que la tesis jurdica que obliga a probar el dolo o la culpa grave (elementos subjetivos) para emitir ese tipo de sanciones contra los legisladores, no aplica para las sentencias dictadas antes del 2016. As lo decidi la Sala Plena, al resolver negativamente el primer recurso extraordinario de revisin interpuesto por un exparlamentario, con base en la citada tesis adoptada por la Corte Constitucional en la sentencia SU-424 del 2016. Con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, la Corporacin advirti que la postura asumida por la Corte sobre la posibilidad de estudiar el aspecto subjetivo de la responsabilidad de los congresistas, tiene aplicacin concreta respecto de las sentencias de prdida de investidura posteriores al ao 2016, cuando surti efectos la decisin que fij la nueva tesis para estos procesos. El fallo objeto de revisin, emitido en julio 17 del 2012, decret la prdida de la investidura del dirigente Eljadue Gutirrez, dado que estaba inhabilitado para ser elegido congresista porque en la fecha de la eleccin su hermano era alcalde del municipio de Pijio del Carmen (Magdalena), es decir que uno de sus familiares ejerca autoridad en la misma circunscripcin electoral que el demandado aspiraba a representar. La corporacin resalt que el recurso extraordinario de revisin contemplado en la Ley 144 de 1994 no es procedente para reabrir el debate jurdico concluido en la sentencia con fuerza de cosa juzgada que decreta la prdida de investidura, al tiempo que descart la violacin del debido proceso alegada por el excongresista, pues en el fallo del 2012 la Sala Plena abord el anlisis de aquellos aspectos que buscaban justificar la posible inexistencia de inhabilidad para el cargo. Frente a esta decisin un consejero salv el voto y cinco ms lo aclararon. ver
    2018-03-01 TERMINAN ANTICIPADAMENTE ESTUDIO DE ACCIN DE CUMPLIMIENTO El Consejo de Estado orden la terminacin anticipada del proceso en relacin con la accin de cumplimiento que buscaba que el Presidente de la Repblica designara como alcalde encargado de Rohacha (Guajira) a alguno de los integrantes de la terna enviada por el partido Cambio Radical, para reemplazar a Fabio Velsquez Rivadeniera, quien fue suspendido del cargo. El 27 de enero del 2017 Velsquez Rivadeneira haba sido cobijado con medida de aseguramiento y el 19 de abril del mismo ao la Presidencia decret su suspensin. En la misma decisin, el Ejecutivo nombr como alcaldesa encargada a Isseth Tatiana Barros Brito, mientras se conoca la terna que el Partido Cambio Radical deba enviar al presidente para que este nombrara al nuevo gobernante encargado de esa municipalidad. Los demandantes interpusieron una accin de cumplimiento con el objetivo de que el presidente de la Repblica designara al nuevo alcalde encargado del municipio de Rohacha de terna enviada por el varias veces citado partido poltico (como lo ordena el artculo 32 de la Ley 1617 del 2013). Inicialmente el Tribunal Administrativo de La Guajira rechaz la accin por improcedente y, en segunda instancia, la Seccin Quinta del Consejo de Estado declar la terminacin anticipada del proceso, ante la evidencia de que el seor Miguel Enrique Plugiese Chassaigne fue nombrado como alcalde encargado de Rohacha, dando cumplimiento al mandato que se consideraba ignorado ver
    2018-02-28 AUTO NIEGA ACLARACIN En sesin desarrollada el martes 20 de febrero del 2018, la Sala Plena del Consejo de Estado decidi no aclarar la sentencia que declar nulos los actos administrativos por medio de los cuales la Procuradura impuso sancin de destitucin e inhabilidad general por el trmino de 15 aos al seor Gustavo Francisco Petro Urrego. En lo que respecta a las motivaciones que se tuvieron en cuenta para tomar la decisin, estas podrn ser consultadas directamente en la respectiva providencia, que cont con tres salvamento y una aclaracin de voto. ver
    2018-02-28 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA Consulte las decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta, que a partir de ahora cuenta con un link para consultar la providencia respectiva. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2018-02-27 CONFIRMAN RESPONSABILIDAD CIVIL DE ASEGURADORA EN DAO PATRIMONIAL El Consejo de Estado ratific la decisin por medio de la cual la Contralora declar a la compaa La Previsora S.A. como tercera civilmente responsable del dao patrimonial causado por servidores pblicos de la Gobernacin del Atlntico que autorizaron pagar intereses moratorios sobre cuotas pensionales por 5.800 millones de pesos sin contar con el sustento legal para hacerlo. El fallo, proferido por la Seccin Quinta, ratific la sentencia del 28 de marzo del 2012, en la que el Tribunal Administrativo del Atlntico neg las pretensiones de nulidad de las resoluciones a travs de las cuales el ente de control fiscal estableci la responsabilidad civil de la firma aseguradora en el dao patrimonial, en virtud de la existencia de una pliza global de manejo por 496 millones de pesos. La demandante aseguraba que, contrario a lo concluido por la Contralora, el pago realizado por los servidores pblicos de la Gobernacin s tena sustento legal, de un lado, en la Circular Conjunta N 069 de noviembre de 2008 y, de otro, en el Concepto 732 de 1995, proferido por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. En el expediente se prob que el pago se efectu sobre cuotas pensionales causadas a 30 de octubre de 2005, de forma que la liquidacin y pago de los intereses moratorios que causaron el dao patrimonial tuvieron lugar en el ao 2006, es decir, mucho antes de la expedicin de la circular que data del ao 2008. Adems, se corrobor que la Sala de Consulta, en el concepto invocado por la parte actora, conceptu sobre cul era el inters moratorio que aplicaba en los procesos de jurisdiccin coactiva que tena a su cargo las contraloras, asunto que en nada tocaba con el tema analizado en el caso concreto, y por ende, no poda de servir de sustento al pago de los intereses moratorios de las cuotas pensionales. Finalmente, la Sala precis que aunque, eventualmente, pudieran existir otras normas que sustentaren el pago de intereses moratorios del caso concreto, lo cierto es que esas presuntas normas no fueron objeto de la Litis ni en la demanda, ni en el recurso de apelacin, razn por las que la Seccin no poda emitir pronunciamiento alguno al respecto. ver
    2018-02-26 PATRIMONIO CULTURAL SUMERGIDO EN GALEN SAN JOS ES DE LA NACIN Las piezas provenientes del presunto hallazgo del galen San Jos que sean declaradas patrimonio cultural sumergido, pertenecen a la Nacin. As lo concluy el Consejo de Estado en un fallo por medio del cual neg las pretensiones de una accin popular. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sentencia de unificacin de jurisprudencia del 13 de febrero de 2018 proferida en el marco del mecanismo eventual de revisin, decidi en forma definitiva la accin popular presentada por el ciudadano Antonio Jos Rengifo, en contra de la Nacin, Ministerio de Defensa Nacional, Direccin General Martima y Portuaria de Colombia, la sociedad norteamericana Sea Search Armada y del abogado Danilo Devis Pereira. Antecedentes. La accin popular se origin en la peticin de amparo de los derechos e intereses colectivos a la moralidad administrativa, a la defensa del patrimonio cultural de la Nacin y al patrimonio pblico, supuestamente vulnerados por la Direccin General Martima y Portuaria (DIMAR) al expedir una resolucin en el ao 1982 por la cual se reconoce como denunciante de tesoros o especies nufragas a la Sociedad Glocca Morra Company , en relacin con el presunto hallazgo del galen San Jos, uno de los naufragios ms importantes de la historia que se encuentra en aguas de la jurisdiccin de Colombia, cerca de Cartagena de Indias, Distrito Turstico y Cultural. El accionante solicitaba, entre otros, que se declarara la nulidad del acto administrativo. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca neg las pretensiones en segunda instancia en el ao 2011. El Consejo de Estado asumi el asunto para su eventual revisin, con el fin de definir (i) la procedencia de la accin popular para proteger derechos colectivos vulnerados con anterioridad a la Constitucin de 1991; y (ii) la posibilidad de anular un acto administrativo mediante la accin popular cuando este es la causa directa de violacin o amenaza de un derecho colectivo... ver
    2018-02-26 REDUCEN SANCIN A GAS NATURAL La Seccin Quinta del Consejo de Estado, dentro del proceso de descongestin de la Seccin Primera de la misma corporacin, modific el valor de la sancin que la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios Delegada para Energa y Gas le impuso a Gas Natural S. A. E. S. P. por prestar el servicio de manera insegura a algunos de sus usuarios en el 2006 y por no haber realizado la revisin quinquenal a las instalaciones internas de otros de sus clientes, como se lo impona una resolucin expedida en 1995 por la CREG. Gas Natural, que haba sido sancionado por la administracin en ms de 182 millones de pesos, ahora se enfrenta a una multa en su contra por valor cercano a los 101 millones de pesos. La sancin se materializ a travs de dos resoluciones expedidas por la Superintendencia en el 2009, que fueron objeto de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso la empresa de servicios pblicos. Aunque en primera instancia el Tribunal Administrativo de Cundinamarca neg las pretensiones, la Seccin Quinta del Consejo de Estado declar la nulidad parcial de la sancin. La corporacin concluy que una de las conductas relacionadas con la prestacin del servicio de manera insegura por parte de Gas Natural ya haba caducado y que lo propio haba ocurrido frente a 23 de las que se le imputaron en relacin con la falta de revisin de las instalaciones de los usuarios o el haberlas efectuado sin entregar la respectiva certificacin. De ah que en el fallo de la Seccin Quinta se redujera el valor de la multa, utilizando la potestad de modificar el acto administrativo. ver
    2018-02-22 AVISO SECCIN QUINTA La presidenta de la Seccin Quinta se permite informar a los medios de comunicacin y dems interesados que los siguientes documentos los pueden consultar en la pgina de la corporacin, de la siguiente manera: a. El aviso de sala (relaciona los asuntos que se someten a discusin en la sala de decisin) en http://www.consejodeestado.gov.co/actuaciones especficas/orden del da/Seccin Quinta y seleccionan la fecha de su interes. b. El aviso con resultados (que informa el resultado de la discusin, indicando si el proyecto sometido a estudio fue aprobado, derrotado o retirado) en http://www.consejodeestado.gov.co/actuaciones especficas/orden del da/Seccin Quinta y seleccionan la fecha de su interes. c. El tablero de resultado (que muestra de forma resumida, la decisin adoptada en aquellos asuntos en los que proyecto fue aprobado) en http://www.consejodeestado.gov.co/actuaciones especficas/decisiones/ Seccin Quinta y seleccionan la fecha de su interes. d. El historial de noticias se consulta en http://www.consejodeestado.gov.co/ prensa/historial de noticias. (Original firmado) ROCO ARAJO OATE Presidenta ver
    2018-02-15 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA El Consejo de Estado neg una accin de tutela por medio de la cual cinco ciudadanos pretendan atacar el fallo a travs del cual les fue negada una accin de reparacin directa por supuesta omisin de entidades estatales frente a las captadoras ilegales de dinero. Consulte esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2018-02-13 IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY EN RGIMEN DE IMPORTACIONES El Consejo de Estado concluy que la importacin temporal de mercancas debe culminar con la normatividad vigente al momento de la operacin. Lo hizo al declarar la nulidad de unos actos administrativos por medio de los cuales la Direccin de Impuestos y Aduana Nacionales (Dian) determin que una sociedad aduanera incurri en un incumplimiento, dentro de una operacin de importacin temporal a largo plazo en arrendamiento, que coincidi con un cambio en las normas de importacin. La operacin inici en 1995, en vigencia del rgimen establecido en el Decreto 2666 de 1984, pero termin cuando ya haba empezado a operar el Decreto 2685 de 1999, pues el trmino de la importacin era de cinco aos. El 29 de agosto del 2001 la Dian declar el incumplimiento de la obligacin aduanera de demostrar la finalizacin del rgimen de importacin temporal a largo plazo bajo la modalidad de leasing, como lo exiga el Decreto 2685 de 1999. La sociedad importadora demand la nulidad de los actos administrativos y obtuvo un pronunciamiento favorable por parte del Tribunal Administrativo de Bolvar el 27 de junio del 2013. La Dian interpuso recurso de apelacin que fue resuelto por la Seccin Quinta del Consejo de Estado. La sentencia, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, ratific la nulidad de los actos proferidos por la Dian, al considerar que a la operacin de importacin no le era aplicable el Decreto 2685 de 1999. Para la corporacin, dicha norma contempla aspectos sustanciales relacionados con el trmite de importacin, razn por la que no tiene efectos de aplicacin inmediata, como s ocurre con las normas que regulan asuntos procesales, sino hacia el futuro. Esto quiere decir que se aplica a las situaciones que ocurran con posterioridad a su entrada en vigencia. De esta manera, concluy que, en aplicacin de los principios de irretroactividad de la ley y de seguridad jurdica, carece de soporte vlido la exigencia de requisitos que no se encontraban expresamente consagrados en la legislacin bajo la cual se inici la operacin aduanera. En la sentencia se explic que la DIAN realiz una interpretacin equivocada del Decreto 2685 de 1999, por cuanto le otorg el carcter procedimental, cuando lo cierto es que la norma contiene aspectos que definen situaciones jurdicas, y por consiguiente, surte efectos para las situaciones que ocurran con posterioridad a la entrada en vigencia y no a las que se encontraran en trmite al amparo de la legislacin anterior. ver
    2018-02-12 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIN DEL CONTRALOR DEL QUINDO La Seccin Quinta del Consejo de Estado neg las pretensiones de la demanda que buscaba que se declarara nula la eleccin como contralor departamental del Quindo del ciudadano Germn Barco Lpez. La decisin, unnimemente respaldada por los integrantes de la Sala, ratifica la decisin del 19 de octubre del 2017, por medio de la cual el Tribunal Administrativo del Quindo neg las pretensiones formuladas por el demandante. El cargo principal al que apuntaba el actor en favor de la declaratoria de nulidad de este acto de eleccin indicaba que la forma en la que fue planteada la entrevista de la convocatoria para ocupar el cargo de control fiscal estaba permeada por aspectos subjetivos. El demandante alegaba, adems, que la calificacin asignada en esa etapa no tena justificacin alguna. La Seccin Quinta encontr que no haba lugar a declarar la nulidad del acto acusado, al concluir que cuando en el marco de una designacin se realiza una entrevista esta es, por su naturaleza, discrecional. En este sentido, la Sala explic que lo que se debe garantizar en esa fase (entrevista) es que el entrevistador formule preguntas que no tengan ningn sesgo poltico, racial o de gnero; que estn relacionadas con el cargo a proveer y que no estn basadas en criterios como amistad o enemistad con el participante. ver
    2018-02-09 CONSEJO DE ESTADO DECLARA LA ELECCIN DE TRES SENADORES Los ciudadanos que ocuparon los primeros tres lugares de la lista inscrita por le Movimiento Mira a la contienda electoral de Senado 2014 - 2018 debern recibir la credencial que los acredite como senadores de la Repblica, luego de que la Seccin Quinta de Consejo de Estado declarara su eleccin. Los dirigentes polticos ocuparn la curul nmero 20 del Partido Centro Democrtico, la nmero 17 del Partido Liberal y la nmero 5 de Opcin Ciudadana, luego de que la Sala declarara la nulidad de los actos por medio de los cuales se declar dicha eleccin. La decisin se produjo tras el estudio de dos demandas de nulidad de la eleccin de los senadores de la Repblica elegidos para el perodo 2014 2018 que fueron acumuladas. Para la sala, el estudio de estas acciones puso en evidencia la impropiedad de los sistemas informticos con los que cuenta la organizacin electoral y las evidentes dificultades a las que se enfrenta el juez especializado en el rea para examinar el material probatorio en este tipo de procesos. El estudio del expediente implic la revisin de ms de 370.000 formularios y actas de escrutinio, lo que, a juicio de la sala, demuestra la necesidad de impulsar cambios en la organizacin electoral. De ah que se exhorte al Gobierno y a la organizacin electoral para que se tomen medidas que permitan hacer ms eficiente el control judicial a estos actos de eleccin. La primera de ellas busca que el Ministerio de Justicia, a travs de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla o de la entidad que este determine, disee y realice los cursos necesarios para sensibilizar a los jueces de la Repblica en temas electorales. Adicionalmente, se insta a la Registradura Nacional del Estado Civil para que conserve y custodie los documentos electorales y se le conmina a que adquiera el software de escrutinios desde y para el Estado y a incorporar al personal idneo que garantice una adecuada utilizacin y mantenimiento de los equipos.
    2018-02-07 DECLARAN NULA ELECCIN DEL DIRECTOR DE CARDER La Seccin Quinta del Consejo de Estado declar la nulidad de la eleccin del seor Jairo Leandro Jaramillo Rivera como director general de la Corporacin Autnoma Regional de Risaralda (Carder), en sentencia de nica instancia con ponencia de la magistrada Roco Arajo Oate. La Sala de Decisin consider que, si bien el demandado cumpli con los requisitos legales para acceder al cargo (consagrados en el artculo 2.2.8.4.1.21 del Decreto 1076 de 2015), no ocurri lo mismo con respecto del procedimiento adelantado por el consejo directivo de dicho ente autnomo en el curso de su eleccin. Para el Consejo de Estado, la expedicin del acto de eleccin del doctor Jaramillo Rivera fue irregular, dado que en la sesin en la que result elegido se afect el qurum deliberatorio, al permitirse que dos de los miembros del consejo directivo que haban sido recusados participaran de la misma sin que antes se resolviera si deban apartarse o no del caso. Segn la providencia, la eleccin debi suspenderse hasta tanto se hubiese examinado si existan o no causales de recusacin (artculo 12 del CPACA) que impidiesen su participacin, pero ello no ocurri. Adems, se comprob que un suplente de este rgano directivo vot sin que estuviera habilitado para hacerlo, pues la ausencia del titular a quien aquel sustituy en la sesin en la que fue elegido el director general de Carder no se enmarcaba en ninguna de las causales previstas como falta temporal o absoluta en la Resolucin 128 del 2000, expedida por el Ministerio del Medio Ambiente, que regula la convocatoria para la eleccin de los representantes y los suplentes de las comunidades indgenas o etnias ante el consejo directivo de las corporaciones autnomas regionales. La Seccin Quinta concluy que, ante este escenario, no era posible que el consejo directivo adoptara una decisin, situacin que en todo sentido forz al juez electoral a acceder a las pretensiones de la demanda por expedicin irregular del acto. Frente a esta determinacin, el consejero de Estado Alberto Yepes Barreiro salv su voto. ver
    2018-02-07 CONCEJOS NO PUEDEN LIMITAR AUTORIZACIN PARA CONCURSO DE PERSONEROS Las plenarias de los concejos municipales no pueden establecer lmite temporal para que la mesa directiva suscriba el acto por medio del cual convocan a concurso de mritos para personero. As lo concluy la Seccin Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, al confirmar de forma unnime un fallo proferido por el Tribunal Administrativo de Santander, por medio del cual neg la nulidad de la eleccin del ciudadano Luis Jos Escamilla Moreno como personero del municipio de Floridablanca. El mximo rgano de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo, con ponencia del consejero Carlos Enrique Moreno Rubio, al estudiar el contenido del artculo 2 del Decreto 2485 del 2 de diciembre de 2014, recogido por el artculo 2.2.27.2 del Decreto 1083 de 26 de mayo de 2015, determin que la ley nicamente permite a la plenaria de los concejos municipales autorizar a sus mesas directivas para suscribir el acto de convocatoria, por ello cualquier autorizacin en la que se indique que debe ejercerse en un plazo determinado, desconoce el principio de legalidad. La sentencia explic que el concejo de Floridablanca legalmente no poda establecer que la convocatoria a concurso de personero deba hacerse dentro de los 5 das siguientes a la sancin y publicacin de la autorizacin, en consecuencia, aunque la mesa directiva de la Corporacin convoc a concurso cuando ya se encontraba vencido el plazo, tal circunstancia no afectaba la eleccin del seor Escamilla Moreno como personero de esa entidad territorial. ver
    2018-02-06 COMUNICADO DE PRENSA La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo se pronunci sobre las demandas formuladas contra el acuerdo PSAA1610548, de la Sala Administrativa del Consejo de la Judicatura, expedido una vez la Corte Constitucional emiti su veredicto sobre la reforma del equilibrio de poderes (sentencia C-285 de 2016). Se busc reglamentar la convocatoria pblica para integrar la terna de candidatos a magistrados de la Comisin Nacional de Disciplina Judicial. Entre los aspectos importantes del contexto normativo que dio origen al acto demandado, cabe destacar los siguientes: i) Por Acto legislativo 02 de 2015 se adopt la denominada reforma del equilibrio de poderes y reajuste institucional, con el objeto de hacer ms eficientes los controles a la administracin de justicia, mejorar la prestacin del servicio y fortalecer la democracia. Con tal propsito, se elimin el Consejo Superior de la Judicatura y se cre el Consejo de Gobierno Judicial, la Gerencia de la Rama y la Comisin Nacional de Disciplina Judicial. Adicionalmente, se sujet el nombramiento, postulacin y designacin de servidores a cargo de corporaciones pblicas a un conjunto de exigencias dirigidas a garantizar el ingreso por mritos y equidad de gnero, al tiempo que frenar el nepotismo y la devolucin de favores artculo 126 C.P.. ii) En sentencia C-285 de 2016, la Corte Constitucional declar inexequibles las normas que crearon el Consejo de Gobierno Judicial y la Gerencia de la Rama, dejando vigente el artculo 257 A. Las consideraciones de la Corte en el mencionado fallo, junto a la disposicin aludida, sirvieron de fundamento para expedir el acuerdo demandado. Disposicin que si bien consider el nmero de magistrados que integran la Comisin Nacional de Disciplina Judicial guard silencio sobre el rgano que deba asumir la reglamentacin, de la convocatoria pblica reglada. Ahora bien, tratndose de una accin de nulidad por inconstitucionalidad, el acto censurado proferido por autoridad administrativa del orden nacional, con efectos generales, sin fuerza de ley, debi ser confrontado directamente con la Constitucin, por desconocimiento de los artculos 152, 257 y 126 C.P. De entrada, la Sala descart que se tratara de un reglamento constitucional autnomo, por cuanto si el Acto legislativo 02 de 2015 confiri al Consejo de Gobierno Judicial facultades transitorias para regular la convocatoria pblica a efectos de la conformacin de las ternas, el artculo 18 transitorio fue declarado inexequible y restablecido el artculo 257 A, que sujeta a la ley el ejercicio de las facultades conferidas por la Constitucin al Consejo Superior de la Judicatura. A la luz de las anteriores precisiones, el problema jurdico que la Sala Plena Contenciosa debi resolver consisti en determinar si el Consejo Superior de la Judicatura expidi el acto censurado en ejercicio de una competencia directa o si resultaba indispensable una ley que regulara la convocatoria. Para efectos del anlisis del artculo 257 A, la Sala consider indispensable aplicar un criterio de interpretacin restrictiva, por cuanto constat que la Corte Constitucional confiri competencia a un rgano que careca de la misma, esto es, en ejercicio del control abstracto de constitucionalidad, retorn a la vida jurdica y fortaleci un rgano que el constituyente pretendi abolir el Consejo Superior de la Judicatura, de donde la competencia prevista en la norma censurada no fue el resultado del querer del constituyente. Bajo ese enfoque, la Sala analiz dos interpretaciones posibles. Una primera, segn la cual el artculo 257 A, tras la decisin de la Corte en la sentencia C-285 de 2016, es una norma completa que habilita directamente al Consejo Superior de la Judicatura para regular la convocatoria pblica y, una segunda acogida por la Sala, acorde con la cual se trata de una norma incompleta, pues por s misma no atribuye competencia para reglamentar la convocatoria pblica. Con el fin de sustentar esta ltima interpretacin, la Sala abord dos aspectos: i) la fuerza vinculante de la Constitucin y ii) la ausencia en el ordenamiento de competencias reguladoras implcitas. Tras una lectura sistemtica, coherente y armnica de los artculos 6, 121, 256 y 257, la Sala concluy que todas las facultades que ejerce el Consejo Superior de la Judicatura tienen que desarrollarse de acuerdo con la ley segn las siguientes premisas: a) la clusula de reserva de ley es una de las manifestaciones ms importantes del principio democrtico y de separacin de poderes de ah que corresponda al legislador configurar los poderes pblicos y desarrollar la Constitucin; b) en el caso concreto, la reserva de ley implica asegurar que las ternas que sern presentadas al Congreso de la Repblica, a efectos de elegir a los magistrados de la Comisin Nacional de Disciplina Judicial, sern conformadas bajo estricto respeto por los principios de publicidad, transparencia, participacin ciudadana... ver
    2018-02-01 RECHAZO A PROYECTO APP ES LEGAL, PUES NO CUMPLI PLANEACIN Ante la Seccin Tercera del Consejo de Estado, la sociedad Minfeper S.A.S. demand, en nica instancia, nulidad y restablecimiento del derecho contra dos resoluciones por medio de las cuales la ANI rechaz la propuesta de APP para desarrollar el corredor ferroviario Orinoco - Pacfico. El Consejo de Estado concluy que fue legal la decisin de la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) de no dar continuidad al proceso de estructuracin del proyecto de Alianza Pblico Privada (APP) presentado para desarrollar el corredor frreo Orinoco - Pacfico. Lo hizo al negar las pretensiones de una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que instaur la sociedad Minfeper S.A.S. ante la Seccin Tercera de la corporacin, con la pretensin de que se declararan nulas las resoluciones por medio de las cuales la ANI rechaz la propuesta, debido a que el inversionista no present informacin suficientemente detallada del proyecto, en cuanto a su alcance y a la demanda de carga del corredor vial, en momentos en los que se estudiaba su prefactibilidad. La decisin subraya que los particulares interesados en el desarrollo de este tipo de iniciativas no pueden pretender que el papel de la Agencia se limite a verificar si se trata o no de un proyecto de inters en materia vial. Para la Sala, era necesario que la ANI, adems, examinara minuciosamente la delimitacin, como efectivamente lo hizo, aunque se encontrara en la etapa de perfectibilidad. En este caso, la ANI consider que la propuesta no cumpla con las mnimas exigencias previstas para la etapa de prefactibilidad, pues la sociedad privada interesada en desarrollarla no entreg la informacin suficiente para verificar la idoneidad con la que contaba la aportante del capital privado para poner en marcha el corredor, al no contar con un diseo conceptual en materia operativa. La providencia seala que en estos casos tambin son aplicables principios de la funcin administrativa, como el deber de planeacin, pues as si al Estado se le exige contar con modelos de contratacin sustentados en estudios previos, al originador de una iniciativa privada tambin se le debe instar a ejercer un esfuerzo similar. Al arribar a estas conclusiones, la Seccin Tercera determin que la decisin de la ANI era legal, por lo que neg las pretensiones de la sociedad demandante y la conden en costas, en cumplimiento de los principios que en la materia dicta el Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA Ley 1437 del 2011), aplicando un test de proporcionalidad. Dos de los magistrados que integraron la sala responsable de la determinacin presentaron sus respectivas aclaraciones de voto. ver
    2018-01-31 C E CRE SALAS ESPECIALES PARA RESOLVER PRDIDA DE INVESTIDURA En cumplimiento inmediato de lo ordenado por la Ley 1881 de 2018, expedida el pasado 15 de enero, la Sala Plena del Consejo de Estado conform las salas especiales de decisin de prdida de investidura, integradas por cinco magistrados, uno por cada seccin de la Sala de lo Contencioso Administrativo, que asumirn el conocimiento, en primera instancia, de los procesos de prdida de investidura de los congresistas. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo, con exclusin de los integrantes de la sala especial de decisin que profiri la sentencia impugnada, conocer del recurso de apelacin que se interponga contra la sentencia que resuelva en primera instancia la solicitud de prdida de investidura de los parlamentarios. Se destaca que la Sala Plena dispuso que el reparto de las solicitudes de prdida de investidura ser pblico, reiterndose as el compromiso del Consejo de Estado con la transparencia y publicidad de sus actuaciones. Las modificaciones sobre el trmite de los procesos de prdida de investidura de congresistas fueron incorporadas al reglamento de la corporacin, mediante acuerdo aprobado por la Sala Plena en sus sesiones del 30 y 31 de enero. ver
    2018-01-30 NIEGAN MILLONARIA DEMANDA DE REPARACIN POR CASO INTERBOLSA El Consejo de Estado neg las pretensiones de una demanda instaurada por cuatro comisionistas de bolsa que laboraron para la extinta firma Interbolsa y que pretendan que la Superintendencia Financiera (Superfinanciera) asumiera una reparacin econmica a su favor superior a los 4.000 millones de pesos. Los demandantes alegaban que los actos administrativos que materializaron la intervencin y posterior liquidacin forzosa de la firma comisionista de bolsa por parte de la Superfinanciera les haba ocasionado un dao consistente en la afectacin de su estabilidad laboral y prdida patrimonial, generada por la terminacin de sus contratos y por no tener la oportunidad de cobrar bonificaciones previamente pactadas, as como los intereses que se generaban sobre estas. La Sala encontr demostrada la ocurrencia del dao, dado que la liquidacin forzosa administrativa a la que fue sometida Intrerbolsa, por mandato legal, exiga la terminacin de todos los contratos, entre ellos los de los comisionistas, que eran contratos a trmino indefinido, quedando condicionado el pago de los salarios, prestaciones sociales y bonificaciones al posterior reconocimiento en la masa de liquidacin, tal como est acreditado en la resolucin 003 del 2015, en donde a los demandantes les han reconocido total o parcialmente el valor de sus acreencias laborales y bonificaciones. Sin embargo, la Seccin Tercera no accedi a las pretensiones exigidas por los demandantes, al determinar que la ocurrencia del dao antijurdico no era atribuible a la Superfinanciera sino a los propios comisionistas, quienes por su experticia profesional tenan razonablemente acceso a la informacin de la firma, en cuanto a los manejos de las operaciones de mercado que realizaban y debieron ser capaces de prever la materializacin de los riesgos de liquidez que los podan afectar y que llevaron a la quiebra a la comisionista. La Sala entendi que si bien est probada la ocurrencia del dao, la culpa era atribuible exclusivamente a las propias vctimas. Su responsabilidad en la ocurrencia de los hechos daosos recae en no haber advertido sobre la posible crisis de liquidez en la que poda caer la firma, como se evidenci el 1 noviembre del 2012, cuando el representante legal de la extinta sociedad le comunic a la Superintendencia sobre su incapacidad para cubrir un crdito bancario por 20.000 millones de pesos. En vista de que a la Superfinanciera no se le inform por directivas, funcionarios o comisionistas empleados de la firma (como los demandantes) de los riesgos que se desprendan del modelo de negociacin de las operaciones repo de la accin de Fabricato, que fue el origen de la debacle de Interbolsa, y existiendo la obligacin legal y autorregulatoria de informar irregularidades por todo operador del mercado, entre ellos los demandantes, pero como no lo hicieron, no pueden pretender trasladar los riesgos que ellos mismos asumieron, por lo que el dao determinante es atribuible nica y exclusivamente a los demandantes. Adems, se los conden en costas por ms de 400 millones de pesos, que equivale al 10% de la totalidad de las pretensiones de la demanda, aplicando lo consagrado en el CPACA, y el test de proporcionalidad. Pese a estar de acuerdo con la decisin de fondo, el magistrado Guillermo Snchez Luque aclar el voto, al considerar que el dao no haba sido demostrado y por objeciones frente a la frmula liquidatoria de la condena en costas. ver
    2018-01-30 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA El Consejo de Estado ratific la sancin de cinco salarios mnimos mensuales vigentes que el Tribunal Administrativo del Casanare le impuso por desacato al director y representante legal de la Agencia Nacional de Tierras. Lo hizo la Seccin Quinta, al comprobar que transcurrieron ms de nueve meses sin que se notificara el acto por medio del cual se resolvi una peticin para la adjudicacin de un baldo. Consulte esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php ver
    2018-01-29 C E PROTEGE DERECHOS DE LAS MUJERES FRENTE A VIOLENCIA SEXUAL El Consejo de Estado, con ponencia del consejero de la Seccin Quinta Alberto Yepes Barreiro, advirti que el Estado colombiano est en la obligacin de adoptar todas las medidas necesarias para investigar y sancionar la violencia contra la mujer, as como a garantizar la compensacin efectiva del dao padecido por las vctimas de ese flagelo en nuestro pas. Con base en esta obligacin (asumida por Colombia mediante la suscripcin de la Convencin Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la Mujer), la Seccin Quinta de la mxima instancia contenciosa protegi los derechos fundamentales de una mujer que haba sido abusada sexualmente cuando apenas tena 15 aos de edad. La vctima buscaba ser reparada luego de que el hospital en el que fue tratada con posterioridad a la ocurrencia de los hechos no cumpliera con su deber de garantizar la conservacin de las muestras biolgicas que le permitieran probar judicialmente lo vejmenes de los que haba sido objeto. En su favor, la entidad adujo que no contaba con el equipamiento y protocolos necesarios para efectuar los procedimientos, y de ah su argumento para no estar obligada a resarcir el dao. El tribunal que conoci de la demanda absolvi de responsabilidad a la entidad de salud, al considerar que nadie est obligado a lo imposible, lo que para la Seccin Quinta del Consejo de Estado constituy un defecto fctico, pues el juzgador no tuvo en cuenta que para la poca de los hechos los responsables de atender servicios en salud estaban obligados a disponer de las exigencias necesarias para recopilar y almacenar evidencia cientfica indispensable para la eventual investigacin y juzgamiento de episodios de violencia sexual (obligacin contenida en el artculo 9 de la Ley 1146 del 2007). Por otra parte, atendiendo a la observancia de otras obligaciones del Estado colombiano en materia de prevencin de violencia sexual contra las mujeres, la Sala resolvi una accin de cumplimiento que obliga al Ministerio de Educacin a cumplir con el compromiso que asumi vigilar la implementacin del enfoque de gnero en instituciones de educacin preescolar, bsica y primaria. En la misma decisin, la Seccin Quinta le orden a la cartera entregarle al Congreso de la Repblica (Comisin Legal para la Equidad de la Mujer) los resultados del proceso de monitoreo y vigilancia a la incorporacin del enfoque de gnero en los proyectos institucionales de las instituciones educativas. ver
    2018-01-23 ELIGEN NUEVOS PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE DEL CONSEJO DE ESTADO La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a los doctores Germn Bula Escobar y Ramiro Pazos Guerrero como nuevos presidente y vicepresidente del Consejo de Estado, respectivamente. El nuevo presidente de la corporacin, quien integra la Sala de Consulta y Servicio Civil, es abogado de la Universidad del Rosario con maestra en ciencias econmicas de la Universidad Nacional de Colombia y maestra en ciencia poltica y liderazgo democrtico del Instituto de Altos Estudios Europeos de Madrid (Espaa). Fue conjuez del Consejo de Estado; consultor en derecho administrativo, civil y comercial; director de la Agencia Colombiana de Cooperacin Internacional de la Presidencia de la Repblica, ministro de Educacin Nacional, rbitro de conciliacin de la Cmara de Comercio, vicecontralor general de la Repblica y embajador en Venezuela, entre otros. Como docente se ha desempeado en las universidades de Los Andes, Nuestra Seora del Rosario, Libre, Jorge Tadeo Lozano, Javeriana y en la Escuela Superior de Guerra. Por su parte, el nuevo vicepresidente, doctor Ramiro Pazos Guerrero, hace parte de la Seccin Tercera. Obtuvo su ttulo de abogado en la Universidad de Nario, es especialista en derecho pblico de la Unidad Nacional, magster en estudios avanzados y doctor en derecho de la Universidad Carlos III de Madrid (Espaa), con mencin Cum Laude. En el campo profesional ha estado vinculado a la Rama Judicial, desempendose como juez promiscuo municipal, civil municipal, civil del circuito, magistrado auxiliar del Consejo de Estado y magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca entre el 2001 y el 2012. El doctor Bula reemplaza en la Presidencia al doctor Jorge Octavio Ramrez Ramrez, mientras que el doctor Pazos asume el cargo de vicepresidente, que hasta la fecha ocup quien hoy funge como presidente de la corporacin.
    2018-01-23 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA El Consejo de Estado orden al Concejo de Villavicencio (Meta) adelantar una nueva convocatoria para elegir al contralor de esa ciudad. Consulte esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2018-01-22 FALTA DE LEGITIMACIN EN LA CAUSA POR ACTIVA PARA PROMOVER DESACATO El Consejo de Estado declar la falta de legitimacin del seor Cesar Augusto Gonzlez Garca para proponer incidente de desacato en contra del alcalde mayor de Bogot, el Ministro de Hacienda y Crdito Pblico, el Registrador Nacional del Estado Civil y el Consejo Nacional Electoral, autoridades que a juicio del solicitante deben cumplir con la orden impartida por la Corte Constitucional en la sentencia T-121 de 2017 relativa a la realizacin de la consulta popular anti-taurina. Lo anterior porque una vez verificado el proceso de tutela que origin la expedicin de la sentencia T-121 de 2017, se evidenci que el solicitante no actu dentro del primigenio trmite constitucional, por ello, carece de legitimacin en la causa para promover el trmite incidental, mxime si se tiene en cuenta que no manifest, ni demostr que le asiste un inters jurdico en el asunto. El Magistrado destac que aun cuando el juez de tutela de primera instancia del proceso de amparo constitucional es el encargado de verificar el cumplimiento de la sentencia en el marco de un trmite incidental de desacato, para que pueda darse apertura al incidente es necesario que medie una solicitud por parte de alguno de los legitimados en promover el desacato, esto es, quien haya actuado en el trmite de tutela por ser el titular de los derechos fundamentales en cuestin, la autoridad demandada o un tercero con inters legtimo en la resultas del proceso. ver
    2018-01-15 DECISIONES SECCIN QUINTA DIC.11 Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver--
    2018-01-15 DECISIONES SECCIN QUINTA DIC.12 - I Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2018-01-15 DECISIONES SECCIN QUINTA DIC.12 - II Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2018-01-15 DECISIONES SECCIN QUINTA DIC.18 Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2018-01-12 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA El Consejo de Estado concedi una tutela a un soldado exsecuestrado que pretenda que una junta mdica valorara si su situacin mdica se haba agravado desde el momento en el que se le diagnostic una prdida de la capacidad laboral que, si bien estaba originada en el plagio del que fue vctima, no era suficiente para concederle una asignacin de retiro. Tambin concedi el amparo constitucional contra un fallo que se negaba a conceder una reparacin a una vctima de violencia sexual que no pudo recaudar evidencia cientfica de esos hechos, debido a que el hospital en el que haba sido tratada no contaba con los protocolos exigidos para esos procedimientos. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2018-01-11 DESIGNACIN DE CONJUEZ El Consejo de Estado designar a un conjuez dentro de tutela que busca establecer la manera como se debe calcular el ingreso base de liquidacin (IBL) propia del rgimen de transicin de la Ley 100 de 1993. Dicha designacin se efectuar el viernes 12 de enero a las 10:00 de la maana en la Secretara de la Seccin Quinta del Consejo de Estado, ubicada en el primer piso del Palacio de Justicia de Bogot. Los pormenores de la actuacin pueden ser consultados en la providencia adjunta a este comunicado, dentro del proceso 20170289800. ver
    2018-01-11 SORTEARN CONSEJERO PONENTE EN DEMANDA CONTRA ELECCIN DE MAGISTRADA El Consejo de Estado sortear un consejero ponente que continuar la sustanciacin de la demanda acumulada de nulidad de la eleccin de la doctora Diana Constanza Fajardo Rivera como magistrada de la Corte Constitucional. Este sorteo tendr lugar el viernes 12 de enero a las 10:00 de la maana en la Secretara de la Seccin Quinta del Consejo de Estado, ubicada en el primer piso del Palacio de Justicia de Bogot. Los pormenores de la actuacin pueden ser consultados en la providencia adjunta a este comunicado, dentro del proceso 20170002400. ver
    2017-12-19 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA La Seccin Quinta concedi una tutela contra el Tribunal Administrativo de Casanare que neg una demanda de reparacin contra el Hospital Susana Lpez de Valencia E.S.E. de Popayn por no practicarle los exmenes que necesitaba una menor de edad que fue violada. El Hospital seal que no tena el kit que se exige para atender victimas de agresin sexual y recoger las pruebas que se necesitan para iniciar la investigacin en estos casos. Adems, en el documento tambin encontrar resmenes de otras decisiones tomadas por la Seccin Quinta del Consejo de Estado. En el archivo se describe el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php.
    2017-12-18 CONDENAN AL ESTADO POR PRIVACIN INJUSTA DE CAMPESINO El Consejo de Estado conden a la Rama Judicial a reparar con el pago de ms de 44 millones de pesos a la familia de un campesino que fue condenado por la jurisdiccin especial indgena en Coyaima (Tolima), pese a que no perteneca a ninguna comunidad de esas caractersticas. El demandante fue detenido en el 2006, en cumplimiento de una orden emitida por los gobernadores del cabildo del resguardo indgena Santa Marta Palmar y el de la comunidad indgena Palmar Bocas de Bab, tras haber sido sentenciado a tres meses de crcel. Antes de cumplirse la pena, este ciudadano sali en libertad, gracias a una accin de tutela que interpuso el personero municipal de Coyaima. El Juzgado Segundo Municipal de esa misma poblacin concedi el amparo, por considerar que la jurisdiccin indgena no tena competencia para juzgar a esta persona. Posteriormente, el campesino interpuso una accin de reparacin directa ante la jurisdiccin contencioso administrativa, por considerar que se le haba ocasionado un dao antijurdico, al ser privado de su libertad por una autoridad distinta a la que oficia como su juez natural. Tras conocer el asunto, la Seccin Tercera del Consejo de Estado reconoci la ocurrencia del perjuicio y declar a la Nacin Rama Judicial responsable del dao por privacin injusta de la libertad que sufri este ciudadano, pues el hecho de vivir en el territorio en el que opera el cabildo responsable del fallo condenatorio no era suficiente para activar la actuacin de la jurisdiccin especial indgena. () En el sub judice no concurren los elementos que activan la jurisdiccin especial indgena, habida consideracin que el seor Tique no es indgena y no pertenece a la comunidad indgena Palmar Bocas de Bab, dice la sentencia, frente a la cual se present aclaracin de voto por parte del magistrado Guillermo Snchez Luque. ver
    2017-12-14 RECONOCEN BENEFICIOS A PENSIONADOS ANTES DE LA LEY 100 Las personas que se pensionaron con el Acuerdo 049 de 1990 tienen derecho a los beneficios que consagra esta norma en materia de incrementos en la pensin de invalidez o de vejez, siempre y cuando renan los requisitos para ello. As lo determin el Consejo de Estado al negar la nulidad de los artculos 21 y 22 del Acuerdo 049 de 1990, propuesta por el antiguo Instituto de Seguros Sociales, el cual alegaba que los incrementos de las pensiones de vejez y de invalidez que contemplan dichas normas no forman parte de las prestaciones que reconoce la actual Ley 100 de 1993. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernndez, explic que a quienes les asiste el derecho al reconocimiento de la pensin de jubilacin o de invalidez antes de la vigencia de la Ley 100, tienen derecho al incremento de las mismas si sus familiares, es decir hijos, cnyuge, compaero o compaera permanente, cumplen las condiciones del Acuerdo 049 de 1990. Esto es, que se trate de hijos menores de 16 aos, o de hijos de 18 aos que se encuentren estudiando, o hijos de cualquier edad en condicin de invalidez y que dependan econmicamente del beneficiario de la pensin, o cnyuge o compaero o compaera permanente que dependa econmicamente del jubilado y que adems no disfrute de ninguna pensin, indica la sentencia. La Sala tambin aclar que es a Colpensiones, entidad que en la actualidad hace las veces del extinto Instituto de Seguros Sociales, a la que le asiste la obligacin de reconocer los incrementos pensionales a favor de quienes cumplan con las condiciones requeridas para acceder a ellos. Los incrementos correspondern al 7 %, en el caso de los hijos, y al 14 %, si se trata de cnyuge o compaero o compaera permanente del beneficiario de la pensin de vejez o invalidez, con derecho a percibirlos, tal como lo seal el mencionado acuerdo, mientras esas especiales condiciones de dependencia de sus familiares perduren, explica el fallo. ver
    2017-12-14 CONSEJO DE ESTADO RECUERDA NATURALEZA DE LA ACCIN DE HABEAS CORPUS El Consejo de Estado neg un habeas corpus interpuesto por tres uniformados de la Polica que desde hace cerca de seis meses se encuentran detenidos en la Unidad de Reaccin Inmediata de Puente Aranda en Bogot, y que pretendan ser trasladados a una penitenciara. Los uniformados presentaron el recurso para reclamar su traslado a la crcel de Facatativ de la Polica Nacional, con el fin de dar cumplimiento a la medida de aseguramiento de detencin preventiva que les fue impuesta por un juez penal de control de garantas. El ponente de la decisin, magistrado Danilo Rojas Betancourth, de la Seccin Tercera, seal que el recurso de habeas corpus busca garantizar el derecho a la libertad de las personas cuando son detenidas violando las normas constitucionales o legales, o cuando su detencin inicialmente legal se prolonga de manera irregular, hechos que en el caso particular no se presentan. Seal que este tipo de accin, la cual es excepcional y expedita, no es la idnea para concretar el traslado al lugar de reclusin al que aspiraban los detenidos, pues se trata de un recurso que propende por dejar en libertad a quien se encuentra ilegalmente detenido y por lo tanto, no es procedente para propiciar trmites administrativos como el cambio en el lugar de detencin. De otra parte, indic que a los accionantes no se les viol ninguna de las garantas que realmente protege este recurso y por ende neg las pretensiones por improcedentes. La pretensin de los accionantes al ejercer el mecanismo de hbeas corpus es completamente ajena al objeto y a la finalidad de la accin y el derecho constitucional ejercidos y no se observa que su restriccin a su derecho a la libertad se hubiese dado de manera ilegal o arbitraria. Adicionalmente, explic que para acceder a ese tipo pretensiones existen otros mecanismos, como las peticiones que se pueden elevar en el curso del proceso penal ante el juez natural, y la accin de tutela, la cual se ha intentado y ha sido resuelta en casos similares. Ahora bien, sin perjuicio de no haber accedido a las peticiones de la demanda, la providencia hace un llamado al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), a la Coordinacin de Establecimientos Carcelarios de la Polica Nacional, al Juzgado Coordinador del Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal Acusatorio y al juzgado que actualmente se encuentre a cargo del proceso de los uniformados para que cumplan de manera coordinada sus funciones y estas personas sean trasladas al centro de reclusin ordenado. Igualmente, la presente decisin le ser comunicada la Procuradura General de la Nacin, para que en el despliegue de su funciones preventiva y de vigilancia del cumplimiento de la Constitucin, colabore con los entes referenciados o con los rganos que resulten pertinentes para la adecuada realizacin de sus tareas, de cara a quienes como los actores, se encuentren transitoriamente retenidos en circunstancias que puedan llevar a la vulneracin de sus derechos humanos y fundamentales, precisa la decisin. Finalmente, el magistrado ponente le hace un llamado a la Defensora del Pueblo para que revise las situaciones actuales de las salas de detencin transitoria de Bogot, en especial la de los demandantes, para evitar que se vulneren los derechos fundamentales de estos y de la poblacin detenida en tales centros de reclusin. ver
    2017-12-13 COMUNICADO Al terminar el ao judicial, el Consejo de Estado expresa a la ciudadana y a la comunidad jurdica sus deseos de una navidad feliz y un venturoso ao nuevo. Las medidas adoptadas en el 2017 en los rdenes administrativo y reglamentario, apuntaron siempre a la realizacin de valores y principios como la publicidad, la transparencia y la rendicin de cuentas, bajo la idea de que la confianza de la ciudadana en sus jueces es pilar fundamental del orden jurdico. Dentro de esos mismos propsitos el de mejorar los ndices de evacuacin de procesos, se mantendr como principal en el ao 2018. Se reitera que el respeto por la ley, por las decisiones de los jueces y en general por los actos de las autoridades pblicas, se inscribe dentro del principio de separacin de poderes. Por eso su acatamiento y la posibilidad de impugnarlas por las vas legales, constituye una fortaleza del sistema institucional y una obligacin de todos los servidores pblicos.
    2017-12-13 C E ORDENA TOMAR MEDIDAS PARA PROTEGER DDHH EN PREDIO LAS PAVAS El Consejo de Estado le orden a la Presidencia de la Repblica, a las autoridades locales y a la Polica adelantar las acciones que sean necesarias para impedir la ocurrencia de acciones que perturben el ejercicio de la posesin y la afectacin de los derechos humanos (DDHH) en el predio Las Pavas, en la vereda Buenos Aires, jurisdiccin del departamento de Bolvar. Lo hizo al conocer un memorial en el que la Defensora del Pueblo denunci la ocurrencia de actos intimidatorios y de ocupacin de hecho de estos terrenos, ubicados entre los municipios de El Pen y Regidor. En marzo del 2016 fueron decretadas medidas cautelares tendientes a impedir que la titularidad, posesin y situacin jurdica del predio pudieran ser afectadas, contrariando los intereses de la empresa Aportes San Isidro S.A.S y los de la Asociacin de Campesinos de Buenos Aires (Asocab), que han sido reconocidos en al menos tres sentencias de la Corte Constitucional como desplazados. Sin embargo, la Defensora del Pueblo inform sobre la ocurrencia de irregularidades como la descrita que, a su juicio, han impedido que se cumplan las medidas precautelativas que buscaban que las partes enfrentadas pudieran seguir ocupando y explotando el predio, mientras se dicta un fallo que despeje las dudas sobre la titularidad de los terrenos en disputa. As las cosas, el despacho que conoce del litigio en el Consejo de Estado emiti una nueva medida cautelar que obliga al Gobierno Nacional, a la Gobernacin de Bolvar, a las alcaldas e inspecciones de Polica de El Pen y Regidor, a la fuerza pblica, a la Fiscala, a la Procuradura y a la Defensora del Pueblo a tomar las medidas que impidan afectar los derechos de los ocupantes y, especialmente, que se evite que la posesin, titularidad o naturaleza jurdica del bien pueda sufrir alguna modificacin. ver
    2017-12-12 EJEMPLAR CONDENA POR DETENCIN INJUSTA DE 29 PERSONAS El Consejo de Estado conden a la Fiscala a reparar a las familias de 29 personas que fueron detenidas en Quincha (Risaralda) por supuestos nexos con la subversin que nunca pudieron ser probados. Por la privacin injusta de la libertad de esos ciudadanos, la entidad deber pagar ms de 7.300 millones de pesos. En septiembre del 2003 se desarroll la Operacin Libertad, que deriv en la captura y posterior imposicin de medida de aseguramiento de estas personas, que meses despus terminaron siendo acusadas de rebelin, terrorismo, concierto para delinquir y algunas de ellas de secuestro extorsivo. En julio del 2005 un fiscal Delegado ante el Tribunal Superior de Risaralda revoc la medida de aseguramiento y precluy la investigacin por falta de elementos materiales probatorios que sustentaran la tesis de la parte acusadora en torno a los supuestos nexos de estas personas con grupos guerrilleros. Los otrora investigados interpusieron una accin de reparacin directa a la que parcialmente accedi el Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda en el 2011. Esa corporacin concluy que la actuacin de la Fiscala fue desproporcionada, pues emiti una serie de decisiones que privaron a los demandantes de su libertad, con base en testimonios no contrastados de exmilitantes de la guerrilla del EPL. Tras la apelacin al fallo de reparacin directa, el Consejo de Estado ratific la responsabilidad del ente investigador. A su juicio, la demandada no prob que los acusados hubieran cometido los delitos por los cuales los acus y no acredit que su presunto aporte a la subversin no fuera producto de la coaccin a la que podra haber estado sometida gran parte de la poblacin de Quincha en la poca de los hechos. Para la corporacin, testimonios de odas en torno a la supuesta colaboracin de los investigados con la insurgencia no eran suficientes para probar su accionar delictivo, pues el accionar de la fuerza insurreccional y los rumores que se propagaban sigilosamente, sustituan a las fuerzas del orden. El magistrado Guillermo Snchez Luque present aclaracin de voto frente a la decisin. ver
    2017-12-12 COMUNICADO A LA OPININ PBLICA COMISIN DE POLTICA CRIMINAL ELECTORAL Y SEGUIMIENTO A LOS DELITOS ELECTORALES La Comisin de Poltica Criminal y Seguimiento a los Delitos Electorales en sesin realizada el da de hoy, y ante la inquietud manifestada por la Fiscala General de la Nacin a propsito de la interpretacin que se ha querido hacer del ejercicio de su funcin judicial dndole tintes polticos a la misma, se permite informar que: 1. Expresa todo su respaldo a la funcin de la Fiscala General de la Nacin y de los jueces en su labor de investigacin y juzgamiento en materia penal y contencioso administrativa, as como a la labor disciplinaria y de control fiscal de la Procuradura General de la Nacin y la Contralora General de la Repblica. As como la labor del Consejo Nacional Electoral. 2. Las decisiones que les fueron encargadas por la Constitucin y la ley a las entidades con funciones jurisdiccionales o administrativas sancionatorias no tienen otro propsito que garantizar la vigencia del Estado de Derecho. Toda persona que infrinja las normas est sujeta a los resultados de la labor de las autoridades y ninguna de ellas est llamada a renunciar al ejercicio de su funcin por razones, pareceres o preferencias polticas. 3. Las decisiones administrativas o judiciales adoptadas por cualquiera de las entidades que tengan dicha competencia, se basan y se justifican en las pruebas y evidencias recaudadas en el interior de cada proceso. No son producto de una persecucin poltica o del capricho de las autoridades. 4. Las decisiones judiciales y administrativas no son oportunas ni inoportunas, son las que se deben tomar al interior de un proceso en los tiempos en que la dinmica del mismo determine. La Ley 1864 de 2017 ha ordenado al Estado colombiano adelantar una urgente, decidida y profunda pedagoga electoral con el fin de movilizar a la ciudadana a exigir que se respeten sus derechos a elegir a sus representantes y a ser elegidos. Es necesario garantizar un proceso electoral transparente, alejado de cualquier prctica corrupta... ver
    2017-12-12 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA El Consejo de Estado ratific una sancin por desacato que se le impuso al presidente de Medims por no cumplir con un fallo de tutela. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-12-07 CNE DEBE PRONUNCIARSE SOBRE REGLAS PARA SER CANDIDATO LIBERAL El Consejo de Estado le orden al Consejo Nacional Electoral que en el plazo mximo de un da determine si la senadora Sofa Gaviria Correa puede o no recibir el aval como candidata del Partido Liberal a las elecciones del 2018. Lo hizo al fallar una accin de tutela por medio de la cual la parlamentaria aleg que, con la decisin del Partido Liberal de exigir a los precandidatos presidenciales de esa colectividad firmar un manifiesto ideolgico que obliga a apoyar el acuerdo de paz de La Habana (Cuba), se le violaron sus derechos fundamentales. La legisladora aspiraba a que, por medio de la accin, se le permitiera inscribirse como precandidata a la Presidencia de la Repblica y se decretara la nulidad del numeral 8 del Manifiesto del Partido Liberal Colombiano, en el cual se establece el citado compromiso con el acuerdo de paz. A juicio de la dirigente poltica, esa directriz no solo truncara su anhelo de perseguir la jefatura del Estado sino el de recibir el aval para la candidatura a otros cargos por el Partido Liberal. Frente a la primera exigencia, dado que el candidato presidencial del partido ya fue elegido, la Sala la declar improcedente por carencia actual de objeto. Ante el segundo de los requerimientos, la corporacin determin que si bien es en el CNE en quien recae la competencia para vigilar las actuaciones de los partidos y que es esa entidad la que debe pronunciarse por la validez de ese aparte del manifiesto, era necesario que el Consejo de Estado interviniera para evitar que a la senadora Gaviria se le violara su derecho a la participacin poltica. As las cosas, teniendo en cuenta que el 11 de diciembre vencen los trminos para inscribir las candidaturas a las elecciones del 2018, la corporacin judicial determin que, antes de cumplirse la fecha lmite, la autoridad electoral ya debe haber tomado una decisin que permita determinar si la firma del manifiesto era exigible o no y si la demandante puede ser candidata del Partido Liberal. En concreto, la Sala decidi ordenar al CNE que, en el trmino de un da, contado a partir de la notificacin de este fallo, si an no lo hecho, se pronuncie de fondo sobre la solicitud presentada el 20 de octubre de 2017 por la senadora Sofa Alejandra Gaviria Correa, respecto de las reglas fijadas por el Partido Liberal para elegir al candidato presidencial, en los trminos expuestos en esta providencia. ver
    2017-12-07 SILLA VACA MODIFICA QUORUM Y MAYORAS EN EL CONGRESO DE LA REPBLIC La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptu que el quorum y las mayoras de una comisin o corporacin, llmese Senado, Cmara o Congreso en pleno, est determinado por el nmero de miembros que integren el cuerpo colegiado al momento de tomar una decisin. El pronunciamiento fue hecho al resolver una consulta presentada por el Ministerio del Interior que preguntaba sobre el quorum y la mayora necesarios para la aprobacin del proyecto de acto legislativo que crea 16 circunscripciones transitorias especiales de paz para la Cmara de Representantes en los periodos 2018 2022 y 2022 2026. Segn el ministro del Interior, Guillermo Rivera, el Senado de la Repblica est conformado por 102 miembros, pero como tres de ellos fueron afectados con la figura de la silla vaca, en este momento la corporacin estara integrada por 99 miembros. El concepto de la Sala de Consulta, con ponencia del consejero Germn Bula Escobar, precisa que cuando se aplica la sancin consagrada en el artculo 134 de la Carta Poltica conocida como silla vaca se genera forzosamente la reduccin del nmero de integrantes de la respectiva comisin o corporacin. Para el caso concreto de la consulta y debido a la denominada silla vaca que afecta a tres senadores, baj el nmero de senadores de 102 a 99, de manera que el Senado de la Repblica qued integrado por 99 senadores, y este es el nmero que determina el quorum decisorio y la mayora absoluta requerida, indica el concepto. La Sala de Consulta tambin resolvi otra pregunta formulada por el Ministerio del Interior sobre lo que debe interpretarse por mayora absoluta aclarando que esta es el nmero entero inmediatamente superior a la mitad de los votos de los integrantes de la respectiva corporacin. Para el caso concreto de la consulta, la mayora absoluta de 99 es 50, concluye el concepto. ver
    2017-12-06 APRUEBAN PLAN PARA DESCONGESTIONAR LA SECCIN PRIMERA 400 procesos que estaban a cargo de la Seccin Primera del Consejo de Estado pasarn a manos de la Seccin Quinta, luego que la Sala Plena aprobara un plan para descongestionar a la primera de estas dos salas. Lo hizo poniendo en marcha los instrumentos que fueron incorporados recientemente en el reglamento, uno de los cuales permite que las secciones con menos expedientes a su cargo puedan ayudar a evacuar los de las salas que presenten el mayor grado de congestin. La reforma, que ya ha empezado a dar sus primeros frutos en aras de la eficiencia de la labor jurisdiccional, pretende que, a partir de los recursos disponibles, se puedan hacer ms eficientes los procedimientos de competencia del Consejo de Estado.
    2017-12-05 DECLARAN NULAS REGLAS PARA ASPIRAR A C. DE DISCIPLINA JUDICIAL El Consejo de Estado declar la nulidad por inconstitucionalidad del Decreto 1189 del 2016, por medio del cual la Presidencia de la Repblica reglament la convocatoria para aspirar a las ternas a partir de las cuales se integrara la Comisin Nacional de Disciplina Judicial. Para la Sala Plena la norma de la reforma al equilibrio de poderes que le otorga al jefe del Estado la competencia para elegir las ternas a partir de las cuales el Congreso debe elegir a tres de los integrantes de dicha Comisin (artculo 257 A de la Constitucin) no establece un mandato claro, expreso e inequvoco para que el presidente pueda reglamentar la mencionada convocatoria. La corporacin concluy que el Congreso era la autoridad facultada para expedir la citada regulacin, por aplicacin del artculo 126 constitucional, que establece que debe estar reglamentada por ley la eleccin de servidores a cargo de las corporaciones pblicas que no deben estar precedidas por concurso. Adems, el Consejo de Estado exhort al legislativo a que en el plazo mximo de un ao expida la norma que reglamente este proceso de convocatoria. La decisin se tom por 14 votos a 10.
    2017-12-04 EN FIRME CONDENA AL INVAS POR CONSTRUCCIN DEL TNEL DE LA LNEA El Consejo de Estado confirm la condena de 42.000 millones de pesos que le impuso un tribunal de arbitramento al Instituto Nacional de Vas Invas (Invas) a favor de la Unin Temporal Segundo Centenario (UTSC), responsable de la construccin del tnel de La Lnea. En diciembre del 2008 la UTSC fue escogida para elaborar los estudios, diseos, construccin y operacin del Proyecto Cruce de la Cordillera Central, Tneles del II Centenario Tnel de la Lnea y Segunda Calzada Calarc Cajamarca, a travs de un contrato que superaba los 600.000 millones de pesos. Durante la ejecucin de la obra, un cambio de materiales para el revestimiento del tnel, que fue ordenado por el Invas atendiendo a la sugerencia del interventor, gener que la constructora incurriera en costos adicionales a los inicialmente pactados. Para la Unin Temporal, el Invas debi asumir ese sobrecosto y por eso convoc a un tribunal de arbitramento que, en marzo del 2017, conden a esta ltima entidad a pagarle a la constructora ms de 42.000 millones de pesos. El Ministerio Pblico y la autoridad convocada presentaron recurso extraordinario de anulacin del laudo arbitral ante al Consejo de Estado, argumentando que el Tribunal decidi ms all de lo pedido por la UTSC y que incurri en algunas incongruencias al momento de resolver el caso. La Seccin Tercera Subseccin C declar infundadas las alegaciones, al desestimar que los rbitros responsables del laudo hubieran incurrido en los errores que les endilgaban, lo cual ratifica la condena en contra del Invas. La decisin estuvo sujeta a aclaraciones de voto de dos de los consejeros que integraron la Sala que defini el caso. ver
    2017-11-30 POR 'FALSO POSITIVO', CONDENAN A LA NACIN POR MS DE $2.500 MILLONES El Consejo de Estado conden a la Nacin a pagar ms de 2.500 millones de pesos a los familiares de tres jvenes de Cali (Valle) vctimas de un caso de los denominados como falsos positivos que ocurri en la vereda Potrerillos, jurisdiccin de Ibagu (Tolima). La Seccin Tercera Subseccin C del alto tribunal estableci que la Nacin Ministerio de Defensa Ejrcito Nacional era responsable del dao por falla en el servicio causado por la muerte violenta de estos tres ciudadano, ocurrida el 28 de febrero del 2008. En el expediente se prob que los jvenes fueron conducidos al lugar de los hechos por medio de engaos de un desmovilizado de la guerrilla del ELN, quien los contact en un barrio de la capital vallecaucana, invitndoles a desenterrar una guaca en la que el dueo de una finca supuestamente esconda un dinero bajo la promesa de compartir el botn. Los jvenes asistieron al lugar en zona rural de Ibagu, donde se encontraba la hacienda Los Mangos y que desde haca dos das estaba ocupada por uniformados del Batalln CR. Jaime Rooke del Ejrcito Nacional, quienes los atacaron con armas de fuego, les dieron muerte y los presentaron como integrantes de grupos del crimen organizado sospechosos de preparar un plan para secuestrar al dueo del inmueble. A pesar de que los militares adujeron que en el lugar de los hechos se haba presentado un enfrentamiento con estos jvenes, el Consejo de Estado concluy que ese escenario era improbable y que las vctimas haban muerto por disparos producidos a muy corta distancia. Para la Sala, tampoco quedaba demostrado que las personas muertas hubieran estado tras el secuestro del dueo de la finca, ni que pertenecieran a grupos armados ilegales. Por todo lo anterior, la Seccin Tercera Subseccin C orden reparar moral y materialmente a los familiares de los muertos e imparti una serie de medidas de resarcimiento no monetarias, que van desde cursos de formacin en derechos humanos a las unidades militares hasta un acto pblico de reconocimiento de responsabilidad, en el cual el ministro de la Defensa y los comandantes de las Fuerzas Militares y el Batalln de Infantera No 18 CR Jaime Rooke del Tolima debern ofrecer excusas a la comunidad del barrio Los Chorros en Cali, donde residan estas tres personas. Adems, se enviar copia de la sentencia a la Fiscala, la Procuradura y la Justicia Penal Militar para que, si encuentran mrito, adelanten las actuaciones a las que haya lugar o sigan dando curso a las que ya se hayan iniciado. Finalmente, se oficiar a la Seccin Tercera para que, por medio del Ministerio de Relaciones Exteriores y la Agencia Nacional de Defensa Jurdica del Estado, esta decisin judicial sea conocida por el relator especial para las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de las Naciones Unidas, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y la Fiscala de la Corte Penal Internacional. ver
    2017-11-30 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA El Consejo de Estado declar la nulidad de la eleccin de dgar Ivn Balcazar Mayorga como contralor de Villavicencio (Meta). Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-11-29 RECONOCEN DERECHO A PENSIN A VIUDA DE POLICA DESAPARECIDO El Consejo de Estado conden a la Polica Nacional a reconocer la pensin de sobreviviente a la viuda de un agente que desapareci en 1990, sin haber completado los requisitos para ese beneficio. Joseln Losada Cubillos llevaba vinculado a la Polica 14 aos, ocho meses y 11 das en el momento en que un juez declar su muerte presunta luego de desaparecer en el municipio de Villavieja, Huila, donde resida con su familia. El Tribunal Administrativo del Huila le neg la pensin a la viuda al considerar que la ley establece que para que la familia de un uniformado obtenga la pensin de sobreviviente, ste debi estar vinculado mnimo 15 aos a la institucin; adems porque no fue demostrado que su desaparicin se produjo por actos del servicio. La Seccin Segunda del mximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, amparada en el criterio de equidad consagrado en la Constitucin Poltica, determin que a pesar de que al agente Joseln Losada le faltaban tres meses y 19 das para completar el requisito de pensin, la administracin de justicia no puede incurrir en una arbitrariedad por la aplicacin formal de la ley. Es claro que si del 100% de la exigencia legal aplicable para este caso el cnyuge de la demandante alcanz a cumplir el 97.98%, no existe justificacin en equidad que invalide el derecho a otorgarle el reconocimiento pensional () mxime si el tiempo de servicio restante no lo alcanz a cumplir por el acaecimiento de una fuerza mayor como es el desaparecimiento y posterior declaratoria judicial de la muerte presunta, estableci la sentencia. Agreg la providencia con ponencia del consejero William Hernndez Gmez, que en razn a que est acreditado que la demandante y cnyuge suprstite del causante en la actualidad cuenta con 62 aos de edad, es merecedora de una proteccin especial por ser una persona de la tercera edad, de ah que al negarle la pensin de sobrevivientes, sera exponerla a condiciones de indignidad por una lectura literal y exegtica de la norma, lo cual compromete su derecho a la seguridad social y a su mnimo vital. ver
    2017-11-29 C E ADOPTA REGLAS DE TICA, TRANSPARENCIA Y RENDICIN DE CUENTAS La Sala Plena del Consejo de Estado incorpor en su reglamento interno un captulo denominado tica, transparencia y rendicin de cuentas que prohbe a sus integrantes, magistrados auxiliares y empleados en general propiciar o atender reuniones particulares o privadas en donde se traten asuntos relacionados con los procesos que se tramitan en esta Corporacin. Con la reforma adoptada se elev a rango de reglamento la Comisin de Transparencia y Rendicin de Cuentas y se transform en la Comisin de tica, Transparencia y Rendicin de Cuentas instancia que se encargar de promover polticas claras en dichas materias, as como de presentar, informes anuales de gestin y de resultados. En cuanto a los procesos de eleccin, designacin o conformacin de ternas se modific la regla en el sentido de que si dentro de los tres meses siguientes a la primera sesin convocada no se logra la eleccin, designacin o conformacin de ternas, se disminuir la mayora exigida actualmente en el reglamento, a efectos de hacer de tales procedimientos mucho ms giles y expeditos. As mismo, se publicarn en el sitio web del Consejo de Estado las vacantes que deban proveerse por la Sala Plena o de Gobierno, en donde se indicarn los requisitos y los plazos en que se surtirn dichos procesos. Entre otras normas de conducta a seguir por parte de funcionarios y empleados de esta Corporacin, se estableci igualmente la prohibicin de recibir donaciones, objetos, agasajos o sucesin testamentaria en favor suyo o de sus familiares cuando estos provengan de personas interesadas en procesos a cargo del Consejo de Estado o de quienes aspiren a ser designados o postulados por la Sala Plena. ver
    2017-11-28 NIEGAN NULIDAD DE DESTITUCIN DE EXMINISTRO FERNANDO LONDOO El Consejo de Estado neg las pretensiones de la demanda que present el exministro del Interior y de Justicia Fernando Londoo Hoyos contra el fallo por medio del cual la Procuradura lo destituy y lo inhabilit para el ejercicio de funciones pblicas durante 15 aos. Para la Sala Plena de la alta corporacin, la decisin del Ministerio Pblico se encontr ajustada a la ley, toda vez que se prob que el exfuncionario s incurri en el conflicto de intereses y abuso de autoridad que se le endilg en el curso del proceso disciplinario. A juicio de la Sala, el doctor Londoo incurri en la falta al no declararse impedido para interceder ante las autoridades colombianas, en favor de un consorcio responsable de la ejecucin de una obra en la va Bogot Villavicencio, a pesar de que haba sido su apoderado. El exministro haba sido contratado por el consorcio italiano Recchi Grandi Lavori Fincosit para que lo representara en el curso de las reclamaciones surgidas en torno contrato celebrado con el Instituto Nacional de Vas (Invas) para el desarrollo de esa trascendental obra vial. Producto del litigio, el Invas fue condenado a pagarle al consorcio ms de 25.000 millones de pesos en el 2001. Dado que esa entidad no haba cumplido la condena en el 2003, el entonces embajador de Italia en Colombia Francesco Peano se dirigi a Londoo, quien ya ostentaba el cargo de jefe de la cartera del Interior y de Justicia, para que conminara a las autoridades responsables a la cancelacin de la deuda. El ex alto funcionario se comunic con la entidad condenada y con el Ministerio de Transporte, como se lo haba solicitado el diplomtico, a fin de que procedieran al pago. Para la Procuradura, el exfuncionario debi declararse impedido, dado que haba sido apoderado por Recchi Grandi Lavori Fincosit para representarlo en ese mismo litigio. Al no hacerlo, el Ministerio pblico le impuso la sancin. Frente a la decisin que adopt la Sala Plena, tres consejeros se apartaron de la posicin mayoritaria.
    2017-11-22 DECISIONES SECCIN QUINTA NOV. 15 El Consejo de Estado ratific la nulidad de la eleccin del doctor Nelson Eduardo Crdoba como primer vicepresidente del Concejo Municipal de Pasto, por considerar que el cargo debe ocuparlo el movimiento que se declare en oposicin y no uno representante de minoras. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-11-22 DECISIONES SECCIN QUINTA NOV. 8 El Consejo de Estado explic cules eran las responsabilidades de un ciudadano venezolano con visa de residente en Colombia para extender la validacin de su estatus migratorio. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-11-15 ANULAN SANCIN A EXALCALDE GUSTAVO PETRO El Consejo de Estado declar la nulidad de la sancin de destitucin e inhabilidad que le impuso la Procuradura General de la Nacin al exalcalde de Bogot, Gustavo Petro Urrego. La decisin fue adoptada por la Sala Plena despus de acoger las recomendaciones que la Comisin Interamericana de Derechos Humanos le hizo al Estado colombiano en el caso del exmandatario de la capital, en el sentido de que la sancin de destitucin e inhabilidad impuesta no la puede adoptar un organismo de tipo administrativo. En este sentido, la Sala Plena exhort al Gobierno Nacional y al Congreso de la Repblica para que en un trmino de dos aos adecen la legislacin interna a la Convencin Interamericana de Derechos Humanos. As mismo, para la Sala no se configuraron las supuestas faltas disciplinarias que llevaron a la Procuradura General a sancionar e inhabilitar al exalcalde de Bogot en enero de 2014, por lo que se ordena pagar los salarios y prestaciones que dej de percibir Petro Urrego con la decisin del Ministerio Pblico. El exmandatario fue destituido e inhabilitado para ejercer cargos pblicos por 15 aos, debido a que la Procuradura lo encontr responsable de cometer tres supuestas faltas catalogadas como gravsimas despus de ordenar el cambio en el modelo de recoleccin de basuras del Distrito Capital en el 2013.
    2017-11-10 SUSPENDEN CONSULTA MINERA DE UNE (CUNDINAMARCA) El despacho de la magistrada del Consejo de Estado Roco Arajo Oate decret la suspensin provisional de la consulta minera que iba a efectuarse el domingo 12 de noviembre en el municipio de Une, Cundinamarca. Lo hizo al acceder a las medidas cautelares que fueron solicitadas por varios operarios de una empresa minera, coadyuvados por la propia firma, en el curso de una accin de tutela que busca dejar sin efectos el fallo del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declar constitucional la pregunta prevista para la mencionada consulta. Dado que el ente territorial busca establecer si los habitantes de la poblacin estn de acuerdo o no con la con la ampliacin de los plazos de explotacin, renovacin, de licencias y otorgamiento de nuevos ttulos, el despacho concluy que esta contienda podra estar llamada a dejar sin efectos normas de alcance nacional, como aquellas que le permiten a los concesionarios mineros solicitar la prrroga de sus respectivos contratos (artculo 77 de la Ley 685 de 2001 y artculo 53 de la Ley 1753 de 2015). Segn la providencia, este mecanismo de participacin popular no fue diseado para derogar tcita o expresamente leyes expedidas por el Congreso de la Repblica, mucho menos los asuntos sometidos a reserva de ley, como lo son aquellos relacionados con la explotacin de recursos naturales no renovables. Adems, para el despacho de la consejera Arajo Oate, el examen constitucional efectuado por el Tribunal frente a la competencia o no del municipio para efectuar esta consulta no tuvo en cuenta normas constitucionales relacionados con la distribucin de competencias entre la Nacin y los entes territoriales en materia econmica. Para el despacho, el Tribunal tampoco aplic, como criterio evaluativo, los precedentes de establecidos por la Corte Constitucional frente a la aplicacin de los principios de concurrencia, subsidiaridad y coordinacin que deben existir entre entes territoriales y la Nacin en torno a la realizacin de actividades de extraccin minera. Tras arribar a estas conclusiones, la ponente encontr fundadas las razones para decretar la medida de suspensin provisional de todos los actos que posibilitaban la celebracin de los comicios el domingo 12 de noviembre en Une (Cundinamarca). ver
    2017-11-09 NIEGAN TUTELA CONTRA CONSULTA MINERA DE EL PEN (SANTANDER) El Consejo de Estado neg la tutela por medio de la cual el Ministerio de Minas y Energa pretenda que se dejara sin efectos el fallo que declar constitucional la consulta que busca indagar a los habitantes de El Pen (Santander) si estn de acuerdo o no con la realizacin de actividades de extraccin minera y petrolera en esa poblacin. Con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, la Seccin Cuarta del alto tribunal determin que la concertacin entre autoridades nacionales y locales no era prerrequisito para la realizacin de la consulta y explic que los alcaldes no estn privados de acudir a este tipo de mecanismos de particin para decidir sobre la realizacin o no de actividades mineras o de extraccin de hidrocarburos en sus municipios. Adems, la Sala considera que, al adelantar el respectivo examen de constitucionalidad, el Tribunal Administrativo de Santander s efectu un anlisis formal y material de la pregunta y no pas por alto el hecho que la consulta tambin pretende indagar sobre la realizacin de actividades hidrocarburferas, contrario a lo expresado por los demandantes en la accin de tutela. Al referirse a los efectos de la decisin que tomen los electores en las urnas, la corporacin ratific que son vinculantes y que, por lo tanto, obligan al gobernante a expedir leyes, reglamentos o actos administrativos de carcter particular y concreto, segn sea el caso, que permitan materializar la voluntad de los votantes. As mismo, aclar que si el resultado de la consulta da lugar a la expedicin de este tipo de actos posteriores, los efectos de la decisin sern hacia el futuro, es decir, empiezan a regir desde el momento en que se profiere y publica. Solo desde la publicacin en el medio autorizado tendrn efectos vinculantes y siempre hacia futuro. En tal virtud, se deben respetar las situaciones jurdicas particulares consolidadas de quienes obtuvieron licencias, concesiones, permisos y autorizaciones para desarrollar actividades mineras y de hidrocarburos, lo que con base en los principios de buena fe y confianza legtima conlleva garantizar seguridad jurdica, concluye el fallo. ver
    2017-11-07 DECISIONES SECCIN QUINTA OCT. 31 El Consejo de Estado declar la falta de legitimacin en la causa de la Asociacin Colombiana Ingenieros de Petrleos dentro de la accin de tutela contra el fallo que declar constitucional la pregunta de la consulta minera del municipio de Pasca (Cundinamarca). Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-11-07 DECISIONES SECCIN QUINTA NOV. 3 El Consejo de Estado revoc la sentencia por medio de la cual en Tribunal Administrativo del Cesar haba anulado el llamamiento del que fue objeto el ciudadano Jairo Rafael Gmez Cervantes a ocupar el cargo de diputado que dej vacante el seor Julio Csar Casadiegos. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-11-03 NIEGAN ACLARACIN Y ADICIN EN CASO DE CONCEJAL DE BOGOT El Consejo de Estado neg la solicitud de aclaracin y adicin a la sentencia por medio de la cual revoc la nulidad de la eleccin del seor Nelson Castro Rodrguez como concejal de Bogot. La eleccin del cabildante haba sido demandada debido a que los accionantes consideraban que la vinculacin del funcionario a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogot (EAAB ESP SA) entre julio de 1989 y diciembre del 2015 lo obligaban a acogerse a la prohibicin constitucional que le impide a los funcionarios estatales participar en poltica. La Seccin Quinta de nuestra corporacin neg las pretensiones de los accionantes, al concluir que el cargo que estaba ejerciendo el cabildante no se encuentra sujeto a una limitacin como la descrita. Con posterioridad a la emisin del fallo, se interpuso una solicitud de aclaracin y adicin a la sentencia, por la supuesta omisin del anlisis a un cargo relacionado con una presunta inhabilidad por gestin de negocios. La Sala neg esa pretensin, dado que la sentencia de primer grado se centr en la supuesta violacin de la prohibicin de participacin en poltica y teniendo en cuenta que ese aspecto tampoco fue objeto de la apelacin. ver
    2017-11-03 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO El Consejo de Estado admiti una demanda contra el llamado de Vannesa Alexandra Mendoza a ocupar una curul como representante a la Cmara por la Circunscripcin Especial de las Comunidades Afrodescendientes. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-10-30 CONFIRMAN SANCIN A EXGOBERNADOR DEL VALLE JUAN CARLOS ABADA El Consejo de Estado ratific la sancin de destitucin e inhabilidad general por 10 aos para ejercer funciones pblicas, impuesta por la Procuradura al exgobernador del Valle del Cauca, Juan Carlos Abada Campo. La Subseccin A de la Seccin Segunda del Mximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo determin que el exmandatario seccional incurri en una falta gravsima por su participacin en poltica, al haber organizado una reunin con 21 alcaldes del departamento y el entonces precandidato presidencial Andrs Felipe Arias Leyva, lo que vulner el derecho de igualdad de los partidos polticos y desconoci los principios que inspiran la funcin administrativa consagrados en el artculo 209 de la Constitucin Poltica, especialmente el de imparcialidad. En efecto, la conducta del sancionado configur un ejercicio abusivo del derecho a participar en poltica, en la medida que en uso de sus competencias como gobernador, program una reunin con los alcaldes de su departamento, a fin de tratar temas que aquejaban a los municipios y estando en poca electoral, invit a la misma a un precandidato presidencial, permitindole nutrirse de la informacin que all se presentara, para que con esta elaborara su proyecto presidencial y plan de gobierno, precis la providencia. Para la Alta Corporacin, con ponencia del consejero William Hernndez Gmez, la restriccin indirectamente constitucional al derecho de participacin en poltica prevista en la Ley 996 de 2005 y sancionada en el numeral 39 del artculo 48 de la Ley 734 de 2002 no limita el ncleo esencial de tal derecho, como quiera que la misma permite el ejercicio del derecho al sufragio activo y pasivo, su afiliacin como miembro de un partido y la posibilidad de intervenir en deliberaciones o discusiones sobre temas pblicos de inters general ajenas a los debates electorales o a las disputas partidistas de partidos o movimientos polticos, tal como lo seal la Corte Constitucional en sentencia C-794 de 2014. En tal sentencia se indic que la falta disciplinaria tipificada en el numeral 39 del artculo 48 de la Ley 734 de 2002 depende para su configuracin de la clase de servidor pblico que se investiga (sujeto activo cualificado), a quien se le aplicarn distintas reglas en virtud de lo preceptuado por el artculo 127 de la Constitucin Poltica modificado por el Acto Legislativo 2. de 2004 y la Ley 996 de 2005, por lo cual: 1. A los servidores que se desempeen en la Rama Judicial, en los rganos electorales, de control y de seguridad les est prohibido tomar parte en las actividades de los partidos y movimientos polticos y en las controversias polticas. 2. A los miembros de la Fuerza Pblica en servicio activo, les est prohibido ejercer el derecho al sufragio as como intervenir en actividades o debates de partidos o movimientos polticos. 3. Los dems servidores solo podrn participar en las actividades de partidos y movimientos polticos y en las controversias polticas en los trminos definidos en la Ley Estatutaria, esto es, en la Ley 996 de 2005. Agreg que el hecho de que en la jornada electoral no hubiese salido ganador el seor Arias Leyva, no despoja del carcter poltico a la reunin que se examina, pues para que se estructure la falta disciplinaria por participacin en poltica, no se exige un determinado resultado electoral o que la conducta del servidor pblico sea efectiva para lograr el xito o la derrota del movimiento o partido poltico que se beneficia o perjudica con su intervencin. ver
    2017-10-30 ENCUENTRO DEL BICENTENARIO Bajo el lema Paz, tica, instituciones y justicia en la era digital, se realizar el XXIII Encuentro de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo denominado Encuentro del Bicentenario en el Centro Empresarial y Recreativo el Cubo de Colsubsidio de Bogot, del 31 de octubre al 2 de noviembre de 2017. Este ao el Encuentro tiene un significado especial porque el Consejo de Estado cumple 200 aos de haber sido creado por el libertador Simn Bolvar en la localidad de Angostura en 1817. El propsito del evento es analizar tpicos que interesan a la labor misional de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo, abordar perspectivas institucionales en tiempos de construccin de paz, as como reflexionar sobre el significado que para la sociedad colombiana ha tenido la Corporacin en sus 200 aos de existencia. El evento contar con destacados conferenciantes nacionales e internacionales como el el vicepresidente del Consejo de Estado Francs, Jean-Marc Sauv; el consejero permanente del Consejo de Estado de Espaa, Miguel Herrero y Rodrguez de Min; el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Augusto Ibez; el rector de la Universidad Colegio Mayor del Rosario, Jos Manuel Restrepo Abondano; consejeros y exconsejeros de Estado; el exmagistrado de la Corte Constitucional de Surfrica, Richard J. Goldstone; y el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana, Jos Mara Tojeira Pelayo, entre otros. ver
    2017-10-25 DECLARAN NULO ACUERDO QUE REGLAMENT CONVOCATORIA A C. DE DISCIPLINA J La Sala Plena del Consejo de Estado declar la nulidad del Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que reglament el trmite de convocatoria pblica para integrar las ternas de candidatos a la Comisin Nacional de Disciplina Judicial. La decisin fue adoptada considerndose que la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, al reglamentar la convocatoria, no tuvo en cuenta el artculo 126 de la Constitucin Poltica, el cual afirma que la seleccin de servidores pblicos atribuida a corporaciones pblicas debe estar presidida de una convocatoria pblica reglada por la ley. Segn el fallo, el Consejo Superior careca de competencia para establecer el trmite de la convocatoria que pretenda integrar la Comisin Nacional de Disciplina Judicial, puesto que su regulacin debe ser adoptada mediante Ley Estatutaria. La Sala consider indispensable restablecer la constitucionalidad quebrantada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en cuanto realiz su propia convocatoria y fij sus propias reglas dejando a un lado las previstas en el artculo 126. Al paso se propuso materializar el querer del Constituyente en el sentido de que el nombramiento de los magistrados de la Comisin Nacional de Disciplina Judicial, cumpla con las exigencias all previstas, indica la sentencia. La Comisin Nacional de Disciplina Judicial deber estar conformada por siete magistrados, cuatro de los cuales sern elegidos por el Congreso en pleno, de ternas enviadas por el Consejo Superior de la Judicatura, previa convocatoria pblica reglada.
    2017-10-24 NIEGAN DEMANDA POR FALLO DE TUTELA DE LA CORTE CONSTITUCIONAL El Consejo de Estado neg la demanda interpuesta por Empresas Varias de Medelln en contra de una sentencia de la Corte Constitucional, que en 1999 le orden reintegrar a varios trabajadores sindicalizados que haban sido despedidos. En 1993 Empresas Varias de Medelln orden el despido masivo de ms de 209 empleados que haban participado en la huelga convocada por el sindicato de dicha empresa en enero de ese ao, con base en la decisin del Ministerio de Trabajo que declar ilegal la huelga. El sindicato de Empresas Varias de Medelln llev el caso a la Organizacin Internacional del Trabajo (OIT), la cual se pronunci en marzo de 1999 recomendndole al Gobierno reintegrar los trabajadores despedidos porque la declaratoria de ilegalidad de la huelga deba hacerla un organismo judicial y no el Ministerio de Trabajo. Ante dicho pronunciamiento, el Sindicato de la empresa interpuso una tutela ante la Corte Constitucional que orden el reintegro de los trabajadores despedidos, orden que cumpli la demandada. Sin embargo, Empresas Varias de Medelln consider que dicha Corte haba incurrido en error judicial que le ocasion perjuicios, por lo que demand al Estado. La Seccin Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Daz del Castillo, encontr que la Corte Constitucional emiti rdenes fundada en normas constitucionales, legales y jurisprudenciales El fallo considera que dicha decisin obedeci, entre otras cosas, al cumplimiento de mandatos emitidos por organismos como el Comit de Libertad Sindical de la OIT que custodia la efectiva aplicacin del derecho internacional de los derechos humanos en los Estados que forman parte de los pactos, incluida Colombia. No obstante encontrarse de acuerdo con la decisin, los magistrados Conto Daz del Castillo y Rojas Betancourth presentarn aclaraciones de voto. La primera, para subrayar que en su anlisis la sentencia mayoritaria no hizo nfasis en el dao antijurdico, centrndose, principalmente, en el error judicial y, el segundo, para manifestar su desacuerdo con la estructura formal del proyecto. El conjuez Csar Negret Mosquera se apart de la decisin mayoritaria en cuanto consider que la decisin adoptada por la Sala Cuarta de Revisin de Tutelas produjo un dao que las Empresas Varias de Medelln no estaban en el deber de soportar, pues actuaron conforme a derecho circunstancia que patrocin la misma Rama Judicial a travs de decisiones pronunciadas tanto por la Jurisdiccin Ordinaria como por la Contencioso Administrativa. ver
    2017-10-24 DECISIONES SECCIN QUINTA El Consejo de Estado admiti la demanda contra la eleccin de Mauricio Cuesta Gmez como director Ejecutivo de Administracin Judicial y neg la suspensin provisional del acto de eleccin. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-10-24 ELIGEN A MARA ADRIANA MARN COMO NUEVA MAGISTRADA DEL C. E. La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Mara Adriana Marn como nueva magistrada de la Seccin Tercera, en remplazo del doctor Hernn Andrade Rincn, quien se retir de la corporacin el pasado mes de junio. La doctora Marn es abogada de la Universidad de Antioquia con especializacin en Instituciones Jurdico Polticas y Derecho Pblico de la Universidad Nacional de Colombia y en Ciencias Forenses y Criminologa de la Universidad de Antioquia. Trabaj durante varios aos en la Defensora del Pueblo, donde se desempe como Defensora Pblica Regional de Antioquia. Tambin fue abogada sustanciadora de la Corte Constitucional y desde 1997 es magistrada auxiliar del Consejo de Estado. Recibi la distincin Jos Ignacio de Mrquez al mrito judicial en el 2016, en la categora bronce.
    2017-10-23 CONVERSATORIO DEL BICENTENARIO Desde hace 200 aos el Consejo de Estado es cuerpo consultivo del Gobierno en las decisiones trascendentales que debe adoptar, actuando siempre como una gua que vela porque dichas decisiones respeten la Constitucin y la ley. As lo concibi en 1817 el libertador Simn Bolvar que con una mirada visionaria entendi que era necesario controlar el poder para proteger los derechos de las personas y el orden jurdico. 200 aos despus el Consejo de Estado no solo sigue siendo el supremo rgano consultivo del Gobierno sino que tambin es el mximo tribunal de lo contencioso administrativo que dirime los conflictos que se presentan entre la administracin y los ciudadanos. El 30 de octubre de 2017 se cumplen 200 aos de esta institucin cuyo logro ms importante ha sido impartir justicia con independencia, autonoma y objetividad. Por ello, para conmemorar tan importante fecha, la Presidencia de la Repblica y el Consejo de Estado preparan un conversatorio que tendr lugar el prximo 23 de octubre en el Teatro Coln de Bogot, a las 6 de la tarde. En el conversatorio participarn el presidente de la Repblica, Juan Manuel Santos Caldern, y el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramrez Ramrez, quienes harn un intercambio de ideas sobre la institucionalidad en Colombia y la historia de la Corporacin.
    2017-10-18 DECISIONES SECCIN QUINTA OCT. 11 El Consejo de Estado explic qu efectos tiene el denominado fallo de las megapensiones sobre el rgimen pensional del sector pblico que se consagra en la Ley 33 de 1985. Consulte los detalles ms sobresalientes de esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-10-09 DECISIONES SECCIN QUINTA La Seccin Quinta del Consejo de Estado neg la demanda presentada contra el acto del Concejo de Bucaramanga que eligi a Jorge Elicer Gmez Villamizar como contralor municipal para el periodo 2016-2019. Con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, la decisin confirm el fallo del Tribunal Administrativo de Santander que neg las pretensiones de la demanda al considerar que el Concejo no estaba obligado a adelantar un concurso de mritos para elegir al contralor, sino que tambin poda hacer una convocatoria. La Sala consider que no hubo desviacin de poder porque las pruebas aportadas al proceso, como los testimonios y algunas publicaciones periodsticas, no demostraron que el Concejo haya tenido el propsito de favorecer los intereses del Partido Liberal en el cual milit el seor Gmez Villamizar. Esta y otras decisiones pueden ser consultadas en el tablero de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta del Consejo de Estado. ver
    2017-10-06 DERECHOS A LA REPARACIN DE VCTIMAS DE LA UP ESTN VIGENTES El Consejo de Estado orden al Tribunal Administrativo de Antioquia estudiar la demanda interpuesta contra la Nacin por los familiares de un integrante de la Unin Patritica, U.P., asesinado en febrero de 1990. El referido Tribunal rechaz la accin de reparacin directa presentada en diciembre de 2016, al considerar que no fue interpuesta de manera oportuna, teniendo en cuenta que la norma procesal establece un trmino de dos aos para reclamar la responsabilidad de la Nacin, contados desde la ocurrencia del hecho y la muerte del lder de la U.P. se produjo en 1990. Un Auto del consejero Danilo Rojas Betancourth, de la Seccin Tercera, determin que se encuentra plenamente establecido que los crmenes cometidos contra militantes de la U.P. fueron actos de lesa humanidad por la persecucin que tuvo ese grupo poltico, por lo tanto no opera en estos casos el lmite en el tiempo para reclamar la afectacin de los derechos, en busca de garantizar el acceso a la administracin de justicia. El seor Dmaso Antonio Daz Tapias era concejal del municipio de Mutat (Antioquia), para el periodo de 1988 a 1990. El 22 de febrero de 1990 en una de las calles de esa poblacin, desconocidos lo asesinaron con un arma de fuego. Este crimen, por ser objetivo militar de las autodefensas que operaban en la zona de Urab, provoc el desplazamiento forzado de varios de los miembros de su familia, quienes figuran como demandantes en la actual accin de reparacin directa. La condicin de vctimas de desplazamiento forzado permita que hasta tanto no se restablecieran los derechos, estara suspendida la contabilizacin de la caducidad para el reclamo de los perjuicios causados. Igualmente, la muerte de Dmaso Daz como miembro de la U.P. haca parte de los considerados delitos de lesa humanidad, lo que la converta en imprescriptible, enfatiz el Consejo de Estado. ver
    2017-10-05 ESTADO DEBE SALVAGUARDAR DERECHOS DE PERSONAS TRANSEXUALES El Consejo de Estado determin que el Hospital Universitario San Jorge de Pereira no es responsable por los trastornos sexuales de un joven que naci con una enfermedad congnita, que siendo mujer, su desarrollo fsico y sicolgico es de un hombre. El ahora demandante naci en febrero de 1985 en el Hospital San Vicente de Pal de Santa Rosa de Cabal (Risaralda). En la primera valoracin, el mdico advirti que tena rganos genitales de nio demasiado pequeos y lo remiti al Hospital San Jorge de Pereira. Luego de varias valoraciones, los mdicos establecieron que se trataba de una nia con genitales externos anmalos por lo cual fue sometida a una ciruga de correccin de rganos a travs de una vaginoplastia; sin embargo cuando empez a crecer, el desarrollo de su cuerpo se pareca al de un hombre. Cuando cumpli quince aos de edad decidi cambiarse de nombre y se registr como una persona de sexo masculino y posteriormente, tras un estudio sicolgico, se concluy que la conducta, las tendencias y las actitudes del joven son ciento por ciento masculinas. Para la Seccin Tercera del Consejo de Estado est probado en el proceso que el desorden en su desarrollo sexual se produjo como una consecuencia natural de un trastorno en el metabolismo y sus hormonas. No es posible establecer que el Hospital Universitario San Jorge de Pereira hubiere incurrido en falla alguna del servicio o, incluso, que hubiere restado probabilidades u oportunidades de curacin al paciente. A partir de las pruebas aportadas se puede establecer que el demandante desde el momento de su nacimiento present ambigedad en su anatoma externa genital, pues segn el dictamen pericial realizado en septiembre de 2014, presentaba una enfermedad que llevaba a la anormal virilizacin de sus genitales femeninos, determin la decisin. A pesar de considerar que no hubo responsabilidad mdica en este caso, el Consejo de Estado hizo nfasis en el respeto por la autodeterminacin sexual de las personas y la proteccin de los derechos de quienes acuden a procedimientos de reafirmacin sexual quirrgica. La Sala hace suyas consideraciones expuestas por la Corte Constitucional frente a la proteccin de los derechos fundamentales de personas trans y reitera la necesidad de que se salvaguarden sus derechos a travs de los mecanismos legales y constitucionales procedentes, concluy la Seccin Tercera en su providencia. ver
    2017-10-05 DESICIONES SECCIN QUINTA SEP 26 En la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta, encontrar detalles del fallo por medio del el Consejo de Estado revoc la nulidad de la eleccin del concejal de Bogot Nelson Castro Rodrguez. A juicio de la corporacin, la prohibicin de participacin en las actividades y controversias polticas solo debe aplicar para los empleados pblicos expresamente sealados en el inciso 2 del artculo 127 de la Constitucin. En el documento encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-10-05 DECISIONES SECCIN QUINTA SEP 28 El Consejo de Estado orden reintegrar a un funcionario en provisionalidad que haba sido desvinculado de la Procuradura, luego de padecer afecciones severas en su salud que se produjeron tras una incapacidad. Consulte esta y otras decisiones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este archivo encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-09-29 DECISIONES SECCIN QUINTA La Seccin Quinta neg la solicitud de suspensin provisional de la dra. Blanca Cruz Gonzlez en su condicin de contralora del municipio de Ccuta. Consulte esa y otras determinaciones en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin. En ella encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-09-27 SE ESTRENA RECURSO EXTRAORDINARIO DE UNIFICACIN DE JURISPRUDENCIA Tras adelantar la primera audiencia de solicitud del recurso extraordinario de unificacin de jurisprudencia, la Sala Plena del Consejo de Estado determinar si la nulidad del acto de desvinculacin de funcionarios nombrados en provisionalidad da lugar al descuento de los salarios percibidos en el sector pblico durante el tiempo en el cual el afectado se mantuvo injustamente marginado de su cargo. Segn la sentencia SU-556 del 2014 de la Corte Constitucional, si durante el tiempo en que el afectado se mantuvo injustamente desvinculado de la funcin pblica ocup otro cargo de esa misma naturaleza, se le deben descontar los salarios que percibi como consecuencia de esa reincorporacin al sector estatal Con ponencia del magistrado William Hernndez, la Sala debe decidir si aplica esta tesis de la Corte o si mantiene su propia jurisprudencia que, desde el 2008, ensea que el funcionario debe recibir la totalidad de los salarios que dej de percibir, sin importar que durante el mismo lapso haya logrado ubicarse nuevamente en una plaza laboral de carcter estatal. El recurso fue presentado por una exfuncionaria del municipio de San Gil (Santander), que recurri el fallo en el cual el Tribunal Contencioso Administrativo de Santander, no obstante que anul el acto por medio del cual fue separada del ente territorial, orden descontar los salarios que percibi la servidora durante su vinculacin a otra entidad pblica, en este caso el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Durante la audiencia celebrada este este jueves en la Sala de Audiencias 2 del Consejo de Estado, la Procuradura solicit mantener la tesis de la mxima instancia de lo contencioso administrativo, que obliga a cancelar la totalidad de los salarios.
    2017-09-22 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA En la tabla de resultados de la ltima sesin de la Seccin Quinta del Consejo de Estado encontrar un resumen de la decisin de la sala de admitir la demanda que pretende la nulidad de la eleccin de la magistrada de la Corte Constitucional Diana Constanza Fajardo Rivera, pero neg la medida cautelar que solicitaba su suspensin del cargo. En la demanda se argumenta que algunos congresistas incurrieron en irregularidades para favorecer la eleccin de la magistrada. La ponencia de la consejera Roco Arajo Oate consider que no existen pruebas de las irregularidades y por eso determin no conceder la medida cautelar solicitada. Por otra parte, la Seccin Quinta neg la nulidad del decreto presidencial que nombr en encargo al actual gobernador de La Guajira Weildler Antonio Guerra Curvelo. Segn la demanda, Guerra Curvelo no reuna las calidades y requisitos para ocupar el cargo en nombre de los partidos de la U y Conservador que inscribieron la candidatura del gobernador popularmente elegido. La Sala, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, precis que la falta temporal en el cargo fue originada por la medida de aseguramiento impuesta al gobernador titular, por lo que los encargos temporales motivados en razones de urgencia no pueden estar sujetos a los mismos requisitos y condiciones que debe cumplir el acto electoral posterior y definitivo a travs del cual se suple la falta temporal o absoluta en el cargo. En este caso la sentencia puntualiza que mientras el partido, movimiento o coalicin poltica enva la terna de la cual debe salir el nombramiento que supla la vacancia, la persona designada no necesariamente debe pertenecer a la agrupacin poltica que inscribi a quien ocupaba el cargo. Consulte los principales detalles de este y otros asuntos en la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php ver
    2017-09-21 C E RECUERDA A EMPLEADOS CULES SON SUS DEBERES LEGALES La Presidencia del Consejo de Estado le record a los empleados de la corporacin cules son sus deberes legales en materia de transparencia y rendicin de cuentas, entre ellos el que magistrados auxiliares y otros servidores judiciales encargados de la proyeccin de providencias le manifiesten al superior los impedimentos o probables causales de recusacin que puedan marginarlos de determinados procesos. As, se les recuerda el deber de cumplir ciertos mandatos legales, tales como expresar posibles conflictos de intereses surgidos en el mbito econmico o personal, as esa situacin se haya dado en el pasado o est por producirse en una ocasin futura. Esa y otras directrices hacen parte de la circular No. 12 del 21 de septiembre firmada por la Presidencia de la corporacin y que tiene como propsito cumplir los compromisos de transparencia, publicidad y rendicin de cuentas asumidos por este organismo judicial. Persiguiendo ese mismo objetivo, se le solicita a los secretarios de las secciones publicar las listas de los procesos a cargo de cada uno de los magistrados cuando estos ya se encuentren en sus despachos para ser fallados. Esto con el fin de que la ciudadana pueda conocer gilmente la fecha de ingreso de los procesos y, en su momento, la respectiva decisin. Tambin se publicarn las actas de las sesiones de las Salas y Secciones del Consejo de Estado en las que consten los debates, actuaciones, conceptos y decisiones judiciales, as como las referidas a conceptos de la Sala de Consulta y Servicio Civil no autorizados para su publicacin o casos disciplinarios. Adems, los sorteos de conjueces y los asuntos a ellos asignados se harn de manera pblica y sern difundidos por la pgina web. Finalmente, se pide recordar a todos los servidores judiciales su obligacin de presentar la Declaracin Juramentada de Bienes, Rentas y Actividad Econmica Privada de Servidores Judiciales, con sus respectivas actualizaciones bianuales o antes si se producen cambios significativos del patrimonio o si existe una solicitud especfica de autoridades. Esta medida es un esfuerzo sin precedentes en la Rama Judicial, que busca intensificar los principios de transparencia, publicidad y rendicin de cuentas a los que nos hemos comprometido con la ciudadana. ver
    2017-09-19 ESTADO SE SALVA DE PAGAR MILLONARIA INDEMNIZACIN El Consejo de Estado neg una indemnizacin por ms de $2.300440.000 que pretenda obtener Jess Amado Sarria Agredo y su familia, por la ocupacin e incautacin de una finca cuando fue procesado por enriquecimiento ilcito y narcotrfico. La finca Praga o La Ximena, ubicada cerca al municipio de Dagua (Valle del Cauca), fue incautada por la Fiscala en marzo de 1996 a la entonces esposa de Sarria Agredo, Elizabeth Montoya, y dejada a disposicin de la Direccin de Estupefacientes que a su vez la destin a la Fundacin para la defensa de los animales de Santiago de Cali. Al presentar una accin de reparacin directa por el estado en que fue entregado el inmueble, la familia de Elizabeth Montoya, quien falleci en febrero de 1996, argument que ella adquiri el predio en marzo de 1980, segn consta en el certificado de tradicin, y que lo hizo con recursos propios teniendo en cuenta que el matrimonio con Jess Amado Sarria se celebr en 1982. Sin embargo en la investigacin se determin que de acuerdo con la escritura pblica, el inmueble fue comprado por la seora Montoya en marzo de 1990, cuando estaba vigente su sociedad conyugal. Para la Seccin Tercera del Consejo de Estado, contrario a lo dicho por los demandantes, la Fiscala no realiz una incautacin irregular ni adopt en este caso decisiones sin el cumplimiento de los requisitos legales. La orden consistente en adelantar la correspondiente accin de extincin de dominio contra el predio cumpli a cabalidad el ejercicio de la funcin constitucional y legal dispuesta para el efecto, pues existan serios motivos para inferir que su origen estuvo relacionado con la comisin del delito de enriquecimiento ilcito por actividades provenientes del narcotrfico, precis la Corporacin con ponencia de la consejera Marta Nubia Velsquez Rico. El Consejo de Estado seal igualmente que aunque el seor Sarria Agredo fue absuelto de los delitos de enriquecimiento ilcito y narcotrfico, la accin de extincin de dominio es independiente y autnoma del proceso penal. Se tiene que las diligencias que se adelantaron por parte de la Fiscala respecto del aludido bien inmueble, en las condiciones estudiadas, constituyeron una carga jurdica que la parte actora estaba en la legtima obligacin de soportar, dadas las circunstancias propias del caso, sin olvidar que el ahora demandante -Jess Amado Sarria- con su conducta, fue quien dio origen a la extincin de dominio en su contra, concluy la providencia. ver
    2017-09-19 ELIGEN A CARLOS RODRGUEZ COMO NUEVO AUDITOR GENERAL La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Carlos Hernn Rodrguez Becerra como nuevo Auditor General de la Repblica en remplazo de Carlos Felipe Crdoba Larrarte, quien termin su periodo constitucional el pasado mes de julio. Rodrguez Becerra es abogado de la Universidad Santiago de Cali con maestra en Derecho Constitucional y una especializacin en Derecho Administrativo. El nuevo Auditor General cuenta con ms de veinte aos de experiencia en el sector pblico y privado y ha sido docente de varias universidades en el pas. Actualmente es Director Nacional de Defensora Pblica de la Defensora del Pueblo.
    2017-09-14 DILOGOS REGIONALES EN CCUTA Continuando con su programa Dilogos con las regiones, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Ccuta con un seminario para conmemorar con los distritos judiciales, las autoridades locales y regionales, y la ciudadana, los 200 aos de esta Corporacin que fue creada por el libertador Simn Bolvar en 1817, y que desde entonces ha hecho un aporte invaluable a la justicia, el Estado y la sociedad. El evento tiene como objetivo crear un espacio para que los jueces, abogados, acadmicos, las administraciones locales y departamentales, y la comunidad en general participen en las discusiones sobre transparencia, rendicin de cuentas, tica judicial y derechos de los administrados, temas que en la actualidad son de gran importancia. El seminario tambin es la excusa perfecta para recordar algunos de los ms importantes pronunciamientos de la corporacin, en los que se explica por qu la ciudadana puede contar con nuestra jurisdiccin como una abanderada en la proteccin de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administracin. En Ccuta el programa se realizar el 15 de septiembre, en la Universidad Libre, a partir de las 7:30 de la maana. Ese da se presentarn diferentes conferencias que buscarn abrir el debate sobre todos estos temas. A la instalacin del seminario asistirn el gobernador de Santander, Didier Tavera; el vicepresidente del Consejo de Estado, Germn Bula Escobar; los presidentes de los Tribunales Administrativos de Santander y Norte de Santander, Milcades Rodrguez Quintero y Robiel Vargas Gonzlez, respectivamente; y la rectora de la Universidad Libre, seccional Ccuta, Dbora Guerra Moreno.
    2017-09-13 DECISIONES SECCIN QUINTA La Seccin Quinta del Consejo de Estado revoc la nulidad de la eleccin de Carlos Andrs Garca Castao como personero de Rionegro (Antioquia). Consulte el resumen de esta y otras decisiones en la tabla de resultados. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-09-13 C E CONDENA A CONTRATISTAS POR CADA DE PUENTE EN VA DEL DEL CASANARE El Consejo de Estado conden a las empresas encargadas de la rehabilitacin e interventora del puente sobre el ro Unete, en la va que comunica a Yopal (Casanare) con el municipio de Sogamoso (Boyac), que colaps con el paso de un tracto-camin. El Instituto Nacional de Vas, Invas, contrat en el ao 2000 a Icagel Ltda para rehabilitar y conservar el mencionado puente y a Gel Ingenieros Consultores Ltda, que deba hacer la interventora de la obra. La estructura fue puesta en funcionamiento el 28 de noviembre de 2000 y al da siguiente, cuando cruzaba un vehculo que remolcaba un tanque de agua con un peso de 56 toneladas, cay al lecho del ro. Las entidades pblicas tienen la direccin y responsabilidad de ejercer el control y vigilancia del objeto del contrato; sin embargo, cuando se trata de aspectos tcnicos debe valerse del personal idneo que permita asegurar un correcto seguimiento en los contratos de obra, el interventor es, pues, el representante de la entidad pblica frente al contratista, si el resultado esperado no se cumpli, fue porque el interventor incumpli la obligacin de exigir ese resultado al contratista de la obra, asegur el Consejo de Estado. Los estudios tcnicos sobre las causas del accidente determinaron que el colapso del puente se present por fallas en las uniones, debido a la mala calidad de las soldaduras hechas en la obra de reparacin y no al peso del automotor, pues aunque la estructura tena una capacidad para soportar 30 toneladas, estaba diseada para resistir mucho ms. No fue un exceso de peso lo que ocasion los daos en la obra, sino la inadecuada ejecucin de los trabajos lo que gener que el puente no soportara el paso de un solo vehculo de carga, determin la Seccin Tercera, con ponencia del consejero Carlos Alberto Zambrano Barrera. Por el incumplimiento de los contratos las empresas demandadas deben pagar el 70 por ciento del valor de los perjuicios sufridos por Invas, incluyendo los gastos en que incurri este instituto para subsanar la emergencia surgida con el colapso del puente. ver
    2017-09-12 DEPARTAMENTO DEL CESAR SE SALVA DE PAGAR MS DE $2.300 MILLONES La Gobernacin del Cesar se salv de pagar a un contratista ms de 2.300 millones de pesos, gracias a un fallo del Consejo de Estado. La sentencia, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, ratific la decisin por medio de la cual la Seccin Tercera, Subseccin B, haba declarado nulo un contrato celebrado por el ente territorial que lo obligaba a pagar la cuantiosa suma de dinero. La Gobernacin contrat un servicio de asesora legal en 1999, con el propsito de hacer valer sus derechos patrimoniales por la privatizacin de la empresa Electrocesar S.A. ESP y por el cobro de los dineros derivados de la emisin de la estampilla Universidad de Cartagena siempre a la altura de los tiempos. En octubre del 2000 el ente territorial y el contratista elaboraron un acta de liquidacin del contrato en la cual se estableca que, gracias a las acciones emprendidas por este ltimo, al departamento le reconocieron derechos patrimoniales por ms de 23.000 millones de pesos, lo que obligaba al Cesar a cancelarle unos 2.300 millones, de la poca. Sin embargo, la Procuradura demand el contrato ante la jurisdiccin de lo contencioso administrativo, lo que llev a la Seccin Tercera, Subseccin B del Consejo de Estado, a declarar su nulidad y la del acta liquidatoria y a ordenarle al contratista devolver a la Gobernacin 22 millones de pesos, por el anticipo que esta le haba concedido tras la firma del contrato. El contratista interpuso un recurso extraordinario de revisin ante el Consejo de Estado, alegando la nulidad originada en la sentencia. A su juicio, la Seccin Tercera del Consejo de Estado no tena la competencia para declarar la nulidad del contrato; adems, consideraba que se haba producido la prescripcin extintiva de la accin, pues si bien al momento de la firma del contrato dicho trmino era de 20 aos, una reforma legal posterior lo redujo a 10. Despus de realizar el estudio correspondiente, la Sala Especial de decisin 6 del Consejo de Estado concluy que no exista tal nulidad. Indic que la Seccin Tercera s tena competencia para declarar la nulidad tanto del contrato como del acta de liquidacin y que adems no poda aplicarse la prescripcin de 10 aos contenida en esa reforma, debido a que el contratista no le inform a la Seccin Tercera su decisin de acogerse a ese trmino legal. Esa certeza condujo a la Sala ratificar la nulidad del contrato y reiterar la condena de devolucin del anticipo. ver
    2017-09-05 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones tomadas en dicha sesin. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-09-04 CONSEJO DE ESTADO HACE LLAMADO PARA PROTEGER DEFENSORES DE DDHH El Consejo de Estado le hizo un llamado al Presidente de la Repblica para que se adopte, con carcter urgente, un plan de accin con miras a proteger la vida de quienes se consagran a la promocin y defensa de los derechos humanos, como parte de la implementacin del Acuerdo de Paz suscrito con las FARC. El pronunciamiento fue hecho en una sentencia de la Seccin Tercera Subseccin B de ese alto tribunal, en la cual se manifiesta preocupacin por los 59 lderes sociales que fueron asesinados durante el 2016, 44 fueron vctimas de atentados y 210 fueron amenazados (69 de manera colectiva), segn el informe anual sobre la situacin de los derechos humanos en Colombia de la Organizacin de Naciones Unidas (ONU), motivo por el que tambin se exhorta al Director de la Unidad Nacional de Proteccin para que se adopten medidas especiales de prevencin y proteccin de la seguridad de las organizaciones defensoras de derechos humanos. La sentencia a la que se hace referencia conden al Ministerio de Defensa, a la Polica y al Ejrcito Nacional por las heridas que sufri un dirigente social durante un atentado contra su vida el 10 de octubre de 1999, adems del desplazamiento forzado al que fue sometido por grupos paramilitares al margen de la ley. Los hechos ocurrieron en el municipio de San Pablo, Bolvar, cuando esta persona fue vctima de mltiples heridas con arma corto punzante, por lo que debi ser llevada al hospital San Rafael de Barrancabermeja, donde posteriormente se recuper. En su momento, el personero del municipio de San Pablo seal que dicho atentado contra la vida de este defensor de derechos humanos haba ocurrido por motivos de ndole ideolgico y poltico. En primera instancia el Tribunal Administrativo de Bolvar neg la demanda argumentando que la vctima no haba solicitado proteccin de las autoridades competentes por amenazas contra su vida. Sin embargo, la Seccin Tercera Subseccin B, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, estudi el caso y encontr que en 1998 el Gobierno se haba comprometido a proteger a la poblacin civil y a los lderes sociales que fueron vctimas de torturas, asesinatos y desplazamiento forzado por parte de grupos armados en el sur de Bolvar y en el Magdalena Medio, lo cual qued registrado en un acuerdo firmado entre el Ejecutivo y la Mesa Regional por la Paz integrada por personas de la regin afectada. Lo anterior significa que las entidades condenadas no solo deban tomar medidas para impedir que otras vulneraciones de derechos se concretaran despus de la firma de dicho acuerdo, sino que tambin deba acabar con las estructuras criminales responsables de las amenazas y asesinatos, ms aun si se tiene en cuenta que en estas participaban agentes estatales y actores armados, segn investigaciones de las autoridades competentes. "Existe un deber reforzado de proteccin estatal frente a personas que en razn de sus funciones, la afiliacin a un grupo poltico o el contexto social en que operan, deben ser protegidas de cualquier amenaza o vulneracin de sus derechos por parte de actores violentos, incluso si no han solicitado formalmente proteccin a las autoridades", indica la sentencia. La Sala consider que si bien el Estado colombiano ha avanzado en materia de garantas de proteccin para lderes sociales y defensores de derechos humanos, las estadsticas citadas son alarmantes y demuestran que este flagelo se ha incrementado progresivamente. Teniendo en cuenta lo anterior, la Sala tambin consider indispensable exhortar al Presidente de la Repblica para que, dentro de sus competencias y en coordinacin con el Defensor del Pueblo y el Director de la Unidad Especial de Investigacin, se reglamente de manera urgente el nuevo Sistema de Prevencin y Alertas Tempranas previsto en el Acuerdo para la Paz, el cual se encargue de procesar, verificar y analizar tcnicamente informacin relacionada con situaciones de vulnerabilidad y riesgo, en especial de quienes se consagran a la promocin y defensa de los derechos humanos, instrumento que alertar a las autoridades competentes para que a estas personas se les brinde proteccin oportuna e integral. ver
    2017-09-01 CE ORDENA PONER EN MARCHA PLANTA DE TRATAMIENTO DE BASURA EN S. ANDRS El Consejo de Estado le orden al departamento Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina y a las entidades encargadas del manejo de las basuras en el territorio poner en funcionamiento la planta de generacin de energa que se termin de construir en febrero del 2012, con una millonaria inversin por parte del Estado. La Planta de Generacin de Residuos Slidos Urbanos (RSU), ubicada en el relleno Magic Garden de San Andrs, fue construida como la solucin al problema energtico del archipilago y la salvacin para el manejo de las basuras, que se constituye en un inconveniente mayor teniendo en cuenta que en el departamento se producen en promedio 40 toneladas de residuos slidos al da, adems de las 350.000 toneladas de basura que se encuentran enterradas en el relleno. Adicionalmente, el relleno Magic Garden cumpli su vida til, pues segn la propia gobernacin en el ao 2013 tena dos aos y diez meses ms de operatividad. Ante ese impacto ambiental se construy la planta con capacidad para generar al menos cuatro GWh (Gigavatios) de energa elctrica por ao, a partir de los residuos slidos producidos en la isla. La Planta de Generacin RSU funciona con la incineracin de basuras, los gases producidos en ese proceso son utilizados para obtener vapor con el cual se genera energa elctrica. La mquina necesita para trabajar muchos ms residuos de los producidos diariamente en San Andrs, por eso deben ser utilizados los que se encuentran enterrados, eliminando as otro problema ambiental. El contrato de concesin suscrito para la construccin de la planta estableca que la misma debi iniciar operaciones el primero de febrero de 2011; posteriormente se acord aplazar su apertura para el 15 de agosto de 2011, luego para el 22 de abril de 2012 y finalmente para el 20 de junio del mismo ao, pero la operacin no se efectu. Esa inactividad llev a la Procuradura interponer una accin popular de la que conoci la Seccin Primera del Consejo de Estado. La corporacin declar que la mayor amenaza frente a la falta de operacin de la planta, que denota una administracin ineficiente de los recursos pblicos, es que no est prestando el servicio pblico para la cual fue construida y que se requiere de manera urgente en el departamento. Por eso dio un trmino de siete meses para que inicie la operacin. En el fallo el Consejo de Estado orden a la administracin del Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina y a la Corporacin para el Desarrollo Sostenible del Departamento gestionar, agilizar y priorizar los trmites para obtener la aprobacin de la modificacin del Plan de Manejo Ambiental del relleno sanitario y los permisos ambientales de emisiones atmosfricas, vertimiento de aguas industriales y vertimiento de aguas domsticas. El departamento de San Andrs tambin tendr que adelantar las acciones necesarias para reducir el impacto que genera al medio ambiente de la isla la acumulacin de basuras en el suelo y en el aire sin el tratamiento de los residuos, adems en coordinacin con la empresa de aseo Trash Buster S.A. E.S.P., debe adelantar una campaa de sensibilizacin para la separacin de los residuos slidos que produzcan los usuarios. La corporacin tambin orden realizar mesas de trabajo para la adopcin y verificacin del cumplimiento de las acciones dispuestas en la sentencia mensualmente. En ellas debe haber representacin del Ministerio de Minas y Energa, el Departamento Archipilago de San Andrs, Providencia y Santa Catalina, la Corporacin para el Desarrollo Sostenible del Archipilago (CORALINA) y la Empresa de Energa. ver
    2017-08-31 DILOGOS CON LAS REGIONES Con el objetivo de atraer a jueces, abogados, acadmicos y a la ciudadana en general a las discusiones sobre transparencia, rendicin de cuentas, tica judicial y los derechos de los administrados, el Consejo de Estado realizar el seminario Dilogos con las Regiones en Cartagena (Bolvar) este viernes 1 de septiembre. A travs de esta iniciativa, la corporacin tambin quiere que las regiones y los tribunales de los diferentes distritos judiciales se unan a la conmemoracin del bicentenario que cumple nuestra institucin, fundada por el libertador Simn Bolvar el 30 de octubre de 1817. Esta celebracin nos sirve de excusa para recordar algunos de los ms trascendentes pronunciamientos de la corporacin, en los que se explica por qu la ciudadana puede contar con nuestra jurisdiccin como una abanderada en la proteccin de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administracin. La primera parte del evento se llevar a cabo en la Plaza de la Aduana, cerca de la Alcalda de la capital bolivarense entre las 7:30 y las 8:30 de la maana. All se rendirn honores militares y se realizar una ofrenda floral al libertador Simn Bolvar en conmemoracin del bicentenario del Consejo de Estado. La segunda parte tendr lugar en el Paraninfo Rafael Nez de la Universidad de Cartagena. La actividad comprende el desarrollo de una agenda acadmica que se compone de algunas conferencias y paneles con temas como la tica judicial, la transparencia y la jurisprudencia en materia de pensional. A la instalacin del seminario asistirn el rector de la Universidad de Cartagena, dgar Parra; el comandante del departamento de Polica Bolvar, coronel Vctor Hugo Gmez Arias; el gobernador de Bolvar, Dumek Turbay Paz; al alcalde de Cartagena, Sergio Londoo Surek; la presidenta del Tribunal Administrativo de Bolvar, Claudia Patricia Peuela Arce; el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de San Andrs, Jess Guillermo Guerrero Gonzlez; el procurador general de la Nacin, Fernando Carrillo Flrez; la presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, Martha Olano Guzmn, la magistrada de la Corte Constitucional, Gloria Stella Ortiz Delgado y el vicepresidente del Consejo de Estado, Germn Bula Escobar.
    2017-08-30 POR MUERTE DE DOS CAMPESINOS, CONDENAN AL EJRCITO El Consejo de Estado declar responsable al Ejrcito Nacional por la muerte de dos campesinos en zona rural del municipio de Caicedo, Antioquia, en un hecho calificado como ejecucin extrajudicial u homicidio en persona protegida. En la sentencia la Seccin Tercera del alto tribunal llam la atencin por los reiterados casos de fallas en la prestacin del servicio por parte de miembros de la Fuerza Pblica, reflejados en las numerosas condenas penales en su contra y condenas patrimoniales al Estado colombiano. Esta circunstancia pone de presente una sistemtica y estructural comisin de violaciones graves a derechos humanos y/o al derecho internacional humanitario por parte de la Fuerza Pblica del Estado colombiano, aunada a la ausencia de un riguroso control dentro de la institucin militar, tanto en el proceso de incorporacin a la institucin, como en la permanencia y en el ejercicio de funciones por parte de sus integrantes, seala la decisin. Los hechos que originaron la demanda ocurrieron el 6 de noviembre del 2003 en la vereda La Anocosca, municipio de Caicedo (Antioquia), donde soldados del Ejrcito retuvieron a los hermanos Jorge Humberto y Jos Alberto Urrego Gmez mientras realizaban trabajos de agricultura y horas ms tarde fueron asesinados en el cerro Los Santicos. Los cuerpos fueron trasladados en un helicptero militar a Medelln, vestidos con uniformes camuflados y all se reportaron como guerrilleros de la cuadrilla 34 de las Farc abatidos en combate. El seor Jorge Humberto Urrego Gmez y su hermano Jos Alberto eran campesinos y fueron retenidos por miembros del Ejrcito Nacional y llevados, al parecer con engaos, al Alto de los Santicos, donde les quitaron la vida. Tambin se observa, sin dificultad alguna, que los hermanos no eran guerrilleros y que no existi el combate invocado por la parte demandada, aclar la sentencia. La alta corporacin, con ponencia del consejero Carlos Alberto Zambrano Barrera, enfatiz que en un Estado Social de Derecho no son admisibles las muertes selectivas o extrajudiciales, pues la vida es un derecho fundamental de primer orden y en este caso el uso de la fuerza por parte del Ejrcito fue excesivo, arbitrario, abusivo, premeditado, injustificado y desproporcionado por completo. Adems de la condena a pagar 500 salarios mnimos legales mensuales vigentes como perjuicios morales a favor de la familia de las vctimas, el Ejrcito Nacional tendr que ofrecer disculpas por escrito por haber causado la muerte de los hermanos Urrego Gmez, debe publicar la sentencia condenatoria en la pgina web y divulgarla internamente, como una medida de justicia restaurativa. ver
    2017-08-30 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones incluyendo la que declar la nulidad del acto de nombramiento en provisionalidad de Germn Andrs Espejo Barrios como ministro plenipotenciario adscrito a la Embajada de Colombia ante el gobierno del Reino Unido. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-08-28 MEDIDA CAUTELAR ORDENA PAGO DE PENSIN A PERSONA DE LA TERCERA EDAD El Consejo de Estado le orden al Ministerio de Educacin Nacional, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento del Valle del Cauca que reconozcan y paguen, de manera transitoria, la pensin de sobreviviente a una seora que desde el 2011 est luchando para obtenerla. La decisin fue adoptada por el magistrado de la Seccin Segunda Gabriel Valbuena Hernndez, al conceder una medida cautelar a esta seora para que se le pague un salario mnimo de pensin, mientras se resuelve el proceso en segunda instancia. En junio de 2016 el Tribunal Administrativo del Valle orden el reconocimiento de dicha pensin, pero el fallo fue apelado por la parte demandada y lleg a conocimiento del Consejo de Estado. La seora haba demandado al Ministerio de Educacin Nacional, al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y al Departamento del Valle del Cauca para que le reconocieran la pensin de sustitucin, puesto que en el 2011 muri su hija, de la cual dependa econmicamente. Segn el auto del magistrado Valbuena Hernndez, se cumplen las condiciones para conceder la medida cautelar. Luego de hacer una ponderacin de los intereses en juego, se concluy que no decretar la medida reclamada podra desembocar en la vulneracin de los derechos fundamentales a la seguridad social, mnimo vital y vida digna de la demandante, y consecuencialmente, en la causacin de un perjuicio irremediable para la misma, tal como la disminucin y/o merma de las condiciones de su salud y vida. La providencia tambin deja claro que en este tipo de casos resultara desproporcionado exigir a la demandante el pago de la caucin que contempla el Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA), puesto que est demostrado que carece de los recursos necesarios para gozar de una calidad de vida plena. ver
    2017-08-28 COMUNICADO DE PRENSA COMISIN INTERINSTITUCIONAL DE LA RAMA JUDICIAL Los miembros de la Comisin Interinstitucional integrada por los Presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Corte Constitucional, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura la Fiscala General de la Nacin y el representante de los Funcionarios y Empleados de la Rama Judicial, con la participacin del seor Procurador General de la Nacin, destacan y respaldan la respuesta institucional de los rganos competentes en las investigaciones que se estn llevando a cabo con miras a la depuracin legal y tica de la Rama Judicial y de las entidades del Sector Justicia y de los otros rganos del Estado. Para el logro de este cometido, los exhorta a presentar a la ciudadana en el corto y mediano plazo resultados concretos y categricos, ofreciendo el respaldo y la informacin que sean necesarios, dentro del marco del debido proceso. Los miembros de la Comisin conjuntamente con la Procuradura General de la Nacin definiremos en el curso de los prximos das una agenda de accin por la integridad del poder judicial que ser presentada oportunamente ante el pas, en la cual se revisarn entre otros temas, las medidas anticorrupcin y las buenas prcticas a adoptarse en el sector justicia, una estrategia de control y autorregulacin de los funcionarios y empleados judiciales, al tiempo que se impulsar la gestin del programa Misin Justicia en bsqueda de una reforma que ataque los problemas que afectan la Rama Jurisdiccional.
    2017-08-24 DILOGOS CON LAS REGIONES EN MEDELLN Con el objetivo de atraer a jueces, abogados, acadmicos y a la ciudadana en general a las discusiones sobre transparencia, rendicin de cuentas, tica judicial y los derechos de los administrados, el Consejo de Estado realizar el seminario Dilogos con las Regiones en Medelln (Antioquia) este viernes 25 de agosto. A travs de esta iniciativa, la corporacin tambin quiere que las regiones y los tribunales de los diferentes distritos judiciales se unan a la conmemoracin del Bicentenario de nuestra institucin, fundada por el libertador Simn Bolvar el 30 de octubre de 1817. El evento ser la excusa para recordar algunos de los ms trascendentes pronunciamientos de la corporacin, en los que se explica por qu la ciudadana puede contar con nuestra jurisdiccin como abanderada en la proteccin de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administracin. El evento se llevar a cabo en la Universidad Pontificia Bolivariana en su sede del barrio Laureles de Medelln, a partir de las 7:30 de la maana. Ese da se presentarn diferentes conferencias que buscarn abrir el debate sobre todos estos temas. A la instalacin del seminario asistirn el vicerrector de la Universidad Pontificia Bolivariana, Luis Eduardo Gmez; el gobernador de Antioquia, Luis Prez Gutirrez; el alcalde de Medelln, Federico Gutirrez; el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramrez Ramrez; la presidenta del Tribunal Administrativo de Antioquia, Gloria Mara Montoya; y el presidente del Tribunal Administrativo de Choc, Jos Andrs Rojas Villa. ver
    2017-08-24 MILLONARIA CONDENA A LA AERONUTICA POR ACCIDENTE DE AVIN El Consejo de Estado conden a la Aeronutica Civil y al Departamento del Tolima a pagar una millonaria indemnizacin al sobreviviente de un accidente areo ocurrido el 20 de marzo de 1999 en zona rural del municipio de Chaparral (Tolima). Para ese entonces un avin de la empresa Aerosur, que fue contratado por el Departamento del Tolima, despeg del aeropuerto Perales de Ibagu con destino al aerdromo del municipio de Planadas (Tolima), llevando a bordo al piloto y seis funcionarios de la Oficina del programa Plante para la sustitucin de cultivos ilcitos. La aeronave desapareci luego de reportar condiciones meteorolgicas adversas y dos das despus fue localizada en el Cerro Copete, en Chaparral (Tolima). All fueron encontrados tambin los cuerpos sin vida del tripulante y de cinco pasajeros, adems del demandante, quien padeci heridas y lesiones permanentes severas. Para el momento de los hechos, la empresa Aerosur estaba autorizada para realizar actividades de turismo, pero no tena registro para la prestacin de servicios comerciales de transporte areo. Para la Seccin Tercera, Subseccin C del Consejo de Estado, qued demostrada la falla en el servicio en la que incurri la Unidad Administrativa de la Aeronutica Civil al expedir un certificado de aeronavegabilidad y aprobar un plan de vuelo a una empresa que no contaba con autorizacin para prestar el servicio de transporte comercial, adems de quedar en evidencia que hubo deficiencias en el control del trfico areo. As mismo, se encontr que el aeropuerto Perales de Ibagu, de donde sali la aeronave siniestrada, tena limitada infraestructura ya que solo prestaba el servicio de control areo hasta el municipio de Ortega, lugar en que dicho control deba transferirse al aeropuerto de Santiago Vila de Planadas. Sin embargo, al no contar este con la ms mnima infraestructura aeronutica, no pudo orientar al piloto acerca de las condiciones meteorolgicas, cambio en las reglas del vuelo y alternativas que tena para la ruta, desencadenndose al final el accidente en el que result lesionado el demandante. ver
    2017-08-23 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-08-18 COMISIN INTERINSTITUCIONAL DEPLORA ACTOS DE CORRUPCIN DECLARACIN La Comisin Interinstitucional de la Rama Judicial, Con ocasin de los recientes acontecimientos que han conmocionado a la opinin pblica: 1. Deplora que, en hechos que deben ser objeto de la ms completa investigacin, se haya visto comprometido el nombre de algunos ex -servidores y servidores de la Rama Judicial. Tal circunstancia afecta a la Administracin de Justicia, precisamente en momentos en que se requiere una reafirmacin de la capacidad del aparato judicial para cumplir la delicada misin que le ha sido encomendada a sus integrantes. 2. Expresa que el juez debe ser garanta de transparencia, independencia y legalidad que sus decisiones y su conducta deben regirse por las ms estrictas reglas de probidad, honradez y decoro. 3. Manifiesta que establecer las responsabilidades y adelantar las investigaciones de todos aquellos que real o presuntamente hubieren incurrido en conductas reprochables, en los mbitos tico, disciplinario y penal, es una obligacin de inexorable cumplimiento por parte de las autoridades competentes y una manifestacin de confianza en las instituciones. 4. Hace pblica su disposicin de colaborar en todo aquello que fuere necesario para determinar la verdad de lo ocurrido y para que los procesos se adelanten con prontitud y celeridad. ver
    2017-08-14 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, incluyendo la que da cuenta de la confirmacin de una sancin de multa por desacato que le impuso el Tribunal Administrativo del Valle del Cauca al alcalde de Tumaco (Nario). En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-08-10 DILOGOS CON LAS REGIONES EN PEREIRA Continuando con su programa Dilogos con las regiones, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Pereira con un seminario para conmemorar con los distritos judiciales, las autoridades locales y regionales, y la ciudadana, los 200 aos de esta Corporacin que fue creada por el libertador Simn Bolvar en 1817, y que desde entonces ha hecho un aporte invaluable a la justicia, el Estado y la sociedad. El evento tiene como objetivo crear un espacio para que los jueces, abogados, acadmicos, las administraciones locales y departamentales, y la comunidad en general participen en las discusiones sobre transparencia, rendicin de cuentas, tica judicial y derechos de los administrados, temas que en la actualidad son de gran importancia. El seminario tambin es la excusa perfecta para recordar algunos de los ms importantes pronunciamientos de la corporacin, en los que se explica por qu la ciudadana puede contar con nuestra jurisdiccin como una abanderada en la proteccin de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administracin. En Pereira el programa se realizar el prximo 11 de agosto, en el auditorio Csar Gaviria Trujillo de la Universidad de Pereira, a partir de las 7:30 de la maana. Ese da se presentarn diferentes conferencias que buscarn abrir el debate sobre todos estos temas. A la instalacin del seminario asistirn el gobernador de Risaralda, Sigifredo Salazar Osorio; el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramrez Ramrez; los presidentes de los Tribunales Administrativos de Risaralda, Caldas y Quindo, Juan Carlos Hincapi Meja, Augusto Ramn Chvez Marn y Luis Carlos Alzate Ros, respectivamente; y el presidente de la Universidad Libre, seccional Pereira, Miguel Gonzlez Rodrguez.
    2017-08-10 SOLICITUD DE INFORMACIN SOBRE CASOS VIOLACIONES A DDHH Y DIH La Seccin Tercera del Consejo de Estado se permite informar de la apertura de una actuacin administrativa tendiente a responder el derecho de peticin elevado por la dra. Martha Luca Olano de Noguera, quien en su condicin de presidenta del Consejo Superior de la Judicatura remiti a la Secretara de esta Seccin un oficio suscrito por el dr. Nstor Ral Correa Henao, quien en su condicin de Secretario Ejecutivo de la Jurisdiccin Especial para la Paz, solicit identificacin de los procesos de reparacin directa relacionados con graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, incluyendo los casos resueltos por el Consejo de Estado. Esto con el fin de poner en conocimiento de la apertura de esta actuacin a todas las personas que se sientan con derecho dentro de la misma. Para mayor informacin, consultar el siguiente link: ver
    2017-08-09 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas la que declara la terminacin de la demanda contra el acto que declar los resultados del llamado plebiscito por la paz. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-08-08 DEP. QUINDO DEBER RESTITUIR BIENES CEDIDOS POR MUNICIPIO DE ARMENIA La orden de restituir al municipio de Armenia el valor de los bienes por el uso de la ficha de la que actualmente viene haciendo uso el Deportes Quindo fue ratificada, gracias a un fallo de tutela del Consejo de Estado. La Seccin Primera resolvi una accin de tutela en la que concluye que el Tribunal Administrativo del Quindo, al ordenar dicha restitucin, cumpli con las rdenes judiciales que le fueron impartidas para proteger el derecho colectivo al patrimonio pblico. La actuacin judicial tiene su origen en una accin popular en la cual un ciudadano exigi que se le devolviera al municipio la ficha deportiva de la que hace uso la Corporacin Deportes Quindo S. A., gracias a un contrato de comodato celebrado con el municipio de Armenia en 1985. Dado que ese contrato tuvo varias prrrogas, la ltima de las cuales obligaba al Deportes Quindo a restituir los bienes cedidos en comodato, un ciudadano interpuso la accin objeto de debate con el propsito de obligar al equipo a cumplir los compromisos que asumi con la administracin municipal. Aunque desde un principio el Tribunal Administrativo del Quindo ampar los derechos colectivos invocados en la demanda, la orden concreta para restituir el valor de los bienes eman de un fallo de tutela por medio del cual se le orden dictar un nuevo fallo de accin popular. Sin embargo, una nueva sentencia de tutela haba dejado sin efectos la orden de restitucin. La decisin fue impugnada y la Seccin Primera del Consejo de Estado ratific que las decisiones adoptadas por el Tribunal en el fallo popular s cumplan con las rdenes judiciales que se la haban impartido a ese organismo judicial para resolver el caso, lo que obliga al Club de ftbol a entregarle al municipio el valor de los bienes. ver
    2017-08-03 PROCEDE HABEAS CORPUS CONTRA JEP PARA BENEFICIARIOS DE ACUERDO DE PAZ El Consejo de Estado seal que la Secretara Ejecutiva de la Justicia Especial para la Paz tiene 15 das hbiles para resolver las solicitudes de libertad que se presenten ante dicho organismo, en aplicacin del mandato convencional del plazo razonable y las normas de la Ley 1437 del 2011. La decisin fue adoptada por el magistrado de la mxima instancia de lo contencioso administrativo al conceder un habeas corpus a un militar que se acogi a los beneficios contenidos en el Acuerdo Final de Paz y que, a la fecha, no haba recibido respuesta a su solicitud por parte de la Secretara Ejecutiva de dicha jurisdiccin, en detrimento de sus derechos. El accionante solicit su libertad argumentando haber firmado un acta de compromiso ante la Secretara Ejecutiva Especial de Paz en la cual acepta su sometimiento a esa jurisdiccin. Dado que pasaron ms de cuatro meses sin que dicha Secretara se pronunciara ante la solicitud de libertad, el afectado interpuso una accin de habeas corpus ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Como esa corporacin judicial neg el amparo constitucional, el demandante acudi en segunda instancia al Consejo de Estado. En el curso del proceso la Secretara Ejecutiva justific su tardanza, entre otros motivos, en el hecho de que supuestamente ese tipo de solicitudes no tenan un trmino establecido. Para el ponente del caso la respuesta de la entidad era inadmisible, pues la Convencin Americana sobre Derechos Humanos obliga al Estado colombiano a resolver este tipo de requerimientos en un plazo razonable, como manifestacin de las garantas judiciales, que, para el despacho, es de 15 das hbiles (segn se desprende de la lectura de los artculos 23 constitucional y 14 de la Ley 1437 del 2011 (CPACA)). La libertad transitoria condicionada y anticipada para los actores del conflicto armado fue objeto de regulacin expresa en el acuerdo final de paz. Toda autoridad debe velar porque los efectos del acuerdo final no se vean mermados por la aplicacin de disposiciones contrarias, dice la providencia. ver
    2017-08-03 DILOGOS CON LAS REGIONES EN CALI Con el objetivo de crear un espacio para que los jueces, abogados, acadmicos, las administraciones locales y departamentales, y la comunidad en general participen en las discusiones sobre transparencia, rendicin de cuentas, tica judicial y derechos de los administrados, temas que en la actualidad son de gran importancia, el Consejo de Estado contina con la promocin de su programa Dilogos con las regiones. Esta iniciativa tambin ser la oportunidad para conmemorar con los distritos judiciales, las autoridades locales y regionales, y la ciudadana, los 200 aos de la Corporacin, creada por el libertador Simn Bolvar en 1817, y que desde entonces ha hecho un aporte invaluable a la justicia, el Estado y la sociedad. Ser entonces esta la excusa perfecta para recordar algunos de los ms importantes pronunciamientos de la corporacin, en los que se explica por qu la ciudadana puede contar con nuestra jurisdiccin como una abanderada en la proteccin de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administracin. En Cali el programa se realizar el prximo 4 de agosto, en el auditorio Alfonso Borrero Cabal de la Universidad Javeriana, a partir de las 7:30 de la maana. Ese da se presentarn diferentes conferencias que buscarn abrir el debate sobre todos estos temas. A la instalacin del seminario asistirn el alcalde de Cali, Maurice Armitage; la gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro; el rector de la Universidad Javeriana, Padre Jesuta Luis Felipe Gmez Restrepo; el presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramrez Ramrez; y el presidente del Tribunal Administrativo del Valle, Franklin Prez Camargo; entre otros.
    2017-08-02 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas la que sintetiza la anulacin de un fallo que negaba la reparacin directa a una familia por la muerte de una persona en combates del Ejrcito con la guerrilla. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-08-01 FIJAN CRITERIOS DE PRDIDA DE INVESTIDURA POR AUSENTISMO PARLAMENTARIO El Consejo de Estado determin los criterios para establecer en qu momento el ausentismo parlamentario da lugar a la prdida de investidura. Adems, le pidi a la Procuradura que determine si hay lugar a iniciar un proceso disciplinario contra el gobernador del Amazonas, Manuel Antonio Carebilla Cullar, porque en su condicin de representante a la Cmara por ese mismo departamento falt a varias sesiones plenarias del Congreso en el 2012. Lo hizo al resolver una demanda de prdida de investidura en la que se intentaba demostrar que el dirigente haba faltado a ms de seis sesiones plenarias en las que se debatieron proyectos de actos legislativos, de ley o mociones de censura. Dado que en el proceso solo se demostr la inasistencia del dirigente a cinco de esas sesiones, las Sala Plena del Consejo de Estado neg las pretensiones de la accin, pues la Constitucin contempla la sancin de prdida de investidura nicamente para quienes falten a ms de seis sesiones de ese tipo en el mismo periodo. Sin embargo, el fallo con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth indica que, adems de esas cinco ausencias, el excongresista tampoco estuvo presente en otras plenarias en las que se debatieron asuntos distintos a proyectos de ley, mociones de censura o iniciativas de reforma constitucional. As las cosas, la Sala compuls copias a la Procuradura General de la Nacin para que determine si las inasistencias del dirigente, eventualmente, pueden dar lugar a una investigacin disciplinaria.
    2017-08-01 ELIGEN MAGISTRADO DE LA SECCIN CUARTA La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Julio Roberto Piza Rodrguez como nuevo magistrado de la Seccin Cuarta, en remplazo del doctor Hugo Bastidas Brcenas, quien termin su periodo constitucional el ao pasado. El doctor Piza Rodrguez es abogado de la Universidad Externado de Colombia y doctor en Derecho de la Universidad del Rosario, con especializacin en Instituciones y tcnicas fiscales del Instituto de Estudios Fiscales de Espaa. Se ha desempeado como secretario de Hacienda de la Alcalda de Bogot, director general de la Unidad Administrativa Especial de la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), jefe de la Divisin de Recursos Tributarios de la Administracin de Impuestos de Bogot, director del Departamento de Derecho Fiscal de la Universidad Externado, entre otros. Algunas de sus publicaciones ms destacadas son los libros El impuesto sobre la renta y complementarios: consideraciones tericas y prcticas y El impuesto sobre la renta en Colombia.
    2017-07-27 DILOGOS CON LAS REGIONES EN MONTERA Con el objetivo de atraer a jueces, abogados, acadmicos y a la ciudadana en general a las discusiones sobre transparencia, rendicin de cuentas, tica judicial y los derechos de los administrados, el Consejo de Estado realizar el seminario Dilogos con las Regiones en Montera (Crdoba) este viernes 28 de julio. A travs de esta iniciativa, la corporacin tambin quiere que las regiones y los tribunales de los diferentes distritos judiciales se unan a la conmemoracin del bicentenario que cumple nuestra institucin, fundada por el libertador Simn Bolvar el 30 de octubre de 1817. Esta celebracin nos sirve de excusa para recordar algunos de los ms trascendentes pronunciamientos de la corporacin, en los que se explica por qu la ciudadana puede contar con nuestra jurisdiccin como una abanderada en la proteccin de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administracin. El evento se llevar a cabo en el auditorio de la Corporacin Autnoma de los Valles del Sin y del San Jorge, a partir de las 8:00 de la maana. Ese da se presentarn diferentes conferencias que buscarn abrir el debate sobre todos estos temas. A la instalacin del seminario asistirn el director de la Corporacin Autnoma Regional de los Valles del Sin y el San Jorge, Jos Fernando Tirado Hernndez; el gobernador de Crdoba, Edwin Besaile Fayad; el alcalde de Montera, Marcos Daniel Pineda Garca; el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo de Crdoba, Luis Eduardo Mesa Nieves; as como tambin al doctor Jorge Octavio Ramrez, presidente del Consejo de Estado.
    2017-07-26 SUSPENDEN CONSULTA MINERA EN PASCA, CUNDINAMARCA En el marco de un proceso de tutela, el Consejo de Estado orden, como medida provisional, la suspensin de la celebracin de la consulta popular que se realizara el prximo 6 de agosto de 2017, en el municipio de Pasca (Cundinamarca), y que tena por objeto que los habitantes de dicho municipio respondieran si estaban o no de acuerdo con que se ejecuten actividades exploratorias, ssmicas, perforaciones, explotaciones, produccin y transporte de hidrocarburos en dicho territorio. La decisin fue proferida por el Magistrado Alberto Yepes Barreiro, de la Seccin Quinta de esta Corporacin, al admitir la tutela interpuesta por la Asociacin Colombiana de Ingenieros de Petrleos -ACIPET- contra el fallo de 17 de mayo de 2017, a travs del cual el Tribunal Administrativo de Cundinamarca aprob la pregunta que se pretenda realizar a los pasqueos. La medida provisional se decret, de un lado, por la urgencia que rodeaba las circunstancias del caso en la medida en que la consulta popular estaba programada para el 6 de agosto prximo y, de otro lado, en atencin a que la pregunta que habra de responderse, tal y como haba sido aprobada por el Tribunal de Cundinamarca, poda poner en peligro los intereses del propio municipio. En efecto, se constat que el Tribunal de Cundinamarca se limit a examinar (i) la competencia que tienen los entes territoriales para regular el uso del suelo y el manejo de los recursos naturales con el fin de garantizar un desarrollo sostenible, (ii) la participacin que tienen los habitantes de un municipio sobre aspectos que son de competencia del ente territorial y, (iii) la forma en que debe ser elaborada la pregunta de conformidad con la ley y la jurisprudencia. As pues, no se adelant un anlisis de fondo, entre otros aspectos, (i) en relacin con la actividad del transporte de hidrocarburos y su impacto en las necesidades de movilidad y abastecimiento del ente territorial, como tampoco se consider, (ii) el efecto de este tipo de decisiones en la economa nacional y en la sostenibilidad del pas, aspectos que habrn de desarrollarse en la sentencia de tutela correspondiente. ver
    2017-07-25 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-07-18 ELIGEN A MAGISTRADO DE LA SECCIN PRIMERA La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Oswaldo Giraldo Lpez como nuevo magistrado de la Seccin Primera, en remplazo del doctor Guillermo Vargas Ayala, quien termin su periodo constitucional el ao pasado. El doctor Giraldo Lpez es abogado de la Universidad de los Andes con especializacin en Derecho Comercial y maestra en Derecho de esa misma institucin. Tambin tiene una maestra en Relaciones Internacionales y otra en Derecho Econmico, ambas de la Universidad Javeriana. Se ha desempeado como asesor jurdico del Ministerio del Medio Ambiente, asistente tcnico de la Comunidad Andina de Naciones, asesor de la Superintendencia Financiera, la Empresa de Energa y Alumbrado de Bogot y la Corporacin Abastos de Bogot, entre otras. Entre sus publicaciones se destacan el libro Metodologa y Tcnica de la Investigacin Jurdica, as como algunos artculos especializados en la revista de Derecho Pblico UN, la Universidad Javeriana y la Superintendencia Bancaria. ver
    2017-07-17 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En esta encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas una accin de tutela que reitera que los trminos de caducidad de la accin de reparacin directa no operan cuando el supuesto dao es consecuencia de la probable ejecucin de crmenes de lesa humanidad. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-07-11 REVOCAN SUSPENSIN DE CONVOCATORIA DE COMISIN DISCIPLINA JUDICIAL La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado revoc la suspensin provisional de la convocatoria para la eleccin de miembros de la Comisin Nacional de Disciplina Judicial. La decisin fue adoptada al considerarse que no se necesita de una ley previa para regular este proceso, puesto que la Constitucin Poltica contempla una norma especial para esos efectos. En noviembre del ao pasado, el entonces magistrado de la Seccin Primera Guillermo Vargas Ayala suspendi provisionalmente tanto el Decreto de la Presidencia de la Repblica como el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que reglamentaron el trmite de convocatoria pblica para integrar las ternas de candidatos a la Comisin Nacional de Disciplina Judicial, argumentando que era necesaria una ley para ello. Las mencionadas normas fueron demandadas en procesos separados y ahora continuarn su trmite normal en el Consejo de Estado y ser la Sala Plena de lo Contencioso Administrativo la que determine si decreta o no su nulidad. En el proceso de la demanda contra el Acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura se aceptaron los impedimentos de los magistrados Milton Chaves Garca, Stella Jeannette Carvajal Basto, Hernando Snchez Snchez y Rafael Francisco Surez Vargas, quienes se apartarn de su conocimiento.
    2017-07-11 C E RECIBE CERTIFICACIN DE CALIDAD ICONTEC La Presidencia del Consejo de Estado y la Seccin Quinta fueron certificadas en gestin de calidad por parte del Instituto Colombiano de Normas Tcnicas y Certificacin (Icontec) durante una ceremonia que se realiz en la sala de audiencias de la Corporacin. Con esta certificacin se reconoce que todos los procesos administrativos y jurisdiccionales que estn a cargo de la Presidencia y la Seccin Quinta cuentan con el visto bueno de la autoridad encargada de vigilar la eficiencia y eficacia de los diferentes modelos de gestin. El Presidente del Consejo de Estado, Jorge Octavio Ramrez Ramrez, seal que la corporacin est comprometida con la transparencia y los procesos de gestin de calidad para brindarle un mejor servicio a los usuarios. La certificacin que hoy recibe la Presidencia y la Seccin Quinta es fruto de la labor y el compromiso de quienes trabajan aqu y se esfuerzan para que nuestros usuarios reciban un servicio de calidad, indico el Presidente del Consejo de Estado. A la ceremonia de entrega de la certificacin de calidad asistieron el presidente de la Repblica, Juan Manuel Santos Caldern; el ministro de Justicia, Enrique Gil Botero; y el contralor General de la Repblica, Edgardo Maya Villazn, entre otros.
    2017-07-10 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la Seccin Quinta del Consejo de Estado, en la que encontrar una resea de las ltimas decisiones adoptadas por la Sala, entre ellas la relacionada con la impugnacin de la tutela fallada por la Seccin Cuarta en el caso de la consulta popular de Cumaral (Meta). La Sala, con ponencia de la magistrada Roco Arajo Oate, declar la cesacin de la actuacin, puesto que, para la fecha, ya se realiz la consulta popular cuestionada. En la tabla encontrar el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso fallado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso. ver
    2017-07-07 FALLAN ACCIN POPULAR POR DETRIMENTO PATRIMONIAL El Consejo de Estado le hizo un llamado a la Procuradura General de la Nacin y a la Contralora General de la Repblica para que en casos que involucren afectacin patrimonial de la Nacin, adelanten con celeridad todas las actuaciones que la ley impone para evitar la prescripcin de las acciones disciplinarias y hacer posible el cobro efectivo de las obligaciones impuestas en fallos por responsabilidad fiscal. El pronunciamiento fue hecho por el Alto Tribunal al resolver una accin popular en contra del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima), la Organizacin de Estados Iberoamericanos (OEI), dos empresas privadas y otros dos particulares, entre los que se encuentra un exdirector del Invima. Los hechos que motivaron la accin popular se remontan a diciembre de 2001 cuando el entonces director del Invima suscribi un contrato para la compra de un inmueble donde funcionara la entidad en Bogot, por un valor de 4.000.000.000 de pesos, sin contar con el avalo del inmueble por parte del IGAC o de la Lonja de Propiedad Raz que era obligatorio. Dicho avalo, entregado en febrero de 2002, fij el precio comercial del inmueble en menos de la mitad de lo pactado y, pese a ello, el funcionario se apresur a suscribir la escritura pblica de compraventa y pag lo ya convenido. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, seal que tan graves y patentes desconocimientos de los reglamentos de la gestin pblica, todos en detrimento econmico de la entidad, permiten concluir que se est ante la presencia de un acto de corrupcin, en el que se defraud el patrimonio del Invima en una suma superior a los 2.000.000.000 de pesos de la poca. ver
    2017-07-06 DILOGOS CON LAS REGIONES EN SANTA MARTA Con el objetivo de atraer a jueces, abogados, acadmicos y a la ciudadana en general a las discusiones sobre transparencia, rendicin de cuentas, tica judicial y los derechos de los administrados, el Consejo de Estado realizar el seminario Dilogos con las Regiones en Santa Marta (Magdalena) este viernes 7 de julio. A travs de esta iniciativa, la corporacin tambin quiere que las regiones y los tribunales de los diferentes distritos judiciales se unan a la conmemoracin del bicentenario que cumple nuestra institucin, fundada por el libertador Simn Bolvar el 30 de octubre de 1817. Esta celebracin nos sirve de excusa para recordar algunos de los ms trascendentes pronunciamientos de la corporacin, en los que se explica por qu la ciudadana puede contar con nuestra jurisdiccin como una abanderada en la proteccin de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administracin. El evento se llevar a cabo en el auditorio Rodrigo Noguera Laborde de la Universidad Sergio Arboleda, a partir de las 8:00 de la maana. Ese da se presentarn diferentes conferencias que buscarn abrir el debate sobre todos estos temas. A la instalacin del seminario asistirn la seora gobernadora del Magdalena, Rosa Cotes de Ziga; el Alcalde de Santa Marta, Rafael Alejandro Martnez; la presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena, Maribel Mendoza Jimnez; la presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo de la Guajira, Carmen Dalis Argote Solano; la presidenta del Tribunal Contencioso Administrativo del Cesar, Viviana Mercedes Lpez Ramos, el rector de la Universidad Sergio Arboleda Seccional Santa Marta, Alfredo Mndez Alzamora; la directora del programa de Estado de Derecho para Latinoamrica de la Fundacin Konrad Adenawer, Marie Christine Fuchs; y la Sala Plena del Consejo de Estado, presidida por el doctor Jorge Octavio Ramrez.
    2017-07-06 ANULADA ELECCIN DE CONCEJAL DE SANTA MARTA La Sala Electoral de la Seccin Quinta del Consejo de Estado declar la nulidad de la eleccin del concejal del municipio de Santa Marta para el periodo 2016-2019 por el partido Opcin Ciudadana, seor Milton Isaac Pia Arrieta y en su lugar declar la eleccin del seor Nelson Guillermo Muoz Caballero, perteneciente al mismo partido poltico, como concejal de dicho municipio. El demandante argument que en la jornada electoral del 25 de octubre de 2015 en la que se eligieron autoridades locales para el municipio de Santa Marta, se present un carrusel electoral, pues algunos de los votos contabilizados en favor del concejal Pia Arrieta no fueron depositados en las mesas que correspondan, segn se advierte del consecutivo asignado a cada tarjeta electoral y por las firmas de los jurados de votacin en las tarjetas electorales. Con esta decisin que adopt por unanimidad la Seccin Quinta, se revoc la decisin que en primera instancia emiti el Tribunal Administrativo del Magdalena mediante la cual neg las pretensiones de la demanda, pues presumi la veracidad de las firmas de los jurados de votacin, consider que se habra dado una contaminacin de las pruebas por haber tenido el demandante acceso a los documentos electorales supuestamente sin la presencia de su contraparte y porque no habra demostrado las circunstancias en las cuales se habra dado el llamado carrusel electoral. En segunda instancia la Seccin Quinta revoc la decisin tras revisar las pruebas que obran en el expediente, en las que se pudo comprobar que, contrario a lo considerado por el Tribunal, cuando el demandante revis los documentos electorales cont con la supervisin de un funcionario de la Registradura Delegada de Santa Marta.
    2017-07-05 DECISIONES SECCIN QUINTA (JUN 29) Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas la relacionada con la ratificacin de la eleccin de una diputada de Cundinamarca por doble militancia, consistente en apoyar a un candidato a la Gobernacin que representaba otro partido. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-07-04 DECISIONES SECCIN QUINTA (JUN 22) Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, incluyendo el relacionado con una accin de tutela que niega que se hayan violado derechos fundamentales por la suspensin de un acto administrativo que reglamenta los trmites para acceder a la actividad minera (Decreto 0933 del 2013). En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-06-30 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, incluso la que da cuenta del auto de suspensin provisional del acto de eleccin del primer vicepresidente del Concejo de Pasto (Nario). En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-06-30 SANTA MARTA SE SALVA DE PAGAR $ 2.400 MILLONES El Consejo de Estado dej sin efectos una decisin judicial que ordenaba continuar un proceso ejecutivo contra el Distrito de Santa Marta por ms de 2.400 millones de pesos, dentro de un litigio que mantiene ese ente territorial con la sociedad Recaudos y Tributos (R y T). La decisin se produjo al ponerse en evidencia que los derechos fundamentales de ese ente territorial se vieron afectados por un fallo del Tribunal Contencioso Administrativo del Magdalena en el cual se ordenaba dar mrito ejecutivo a una supuesta deuda que contrajo esa ciudad durante la ejecucin de un contrato para la modernizacin del sistema tributario y la gestin del recaudo. En el 2002, la sociedad R y T firm el contrato con ese Distrito, a partir del cual esperaba obtener, adems de la contraprestacin al cumplimiento de las tareas que le fueron asignadas, el reembolso de los dineros cancelados a la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) por concepto de Impuesto al Valor Agregado (IVA). Dado que entre enero del 2008 y diciembre del 2010 Santa Marta dej de cancelar los valores equivalentes al IVA, la contratista present una demanda ejecutiva en contra del ente territorial, a fin de obtener mandamiento de pago por casi 2.400 millones de pesos ms intereses de mora. Aunque las pretensiones de esta sociedad no se materializaron en primera instancia, el Tribunal Administrativo del Magdalena emiti un fallo en septiembre del 2016 que ordenaba seguir adelante con la ejecucin en contra del Distrito Turstico. Esa decisin fue objeto de una accin de tutela que le correspondi resolver a la Seccin Primera del Consejo de Estado. Con ponencia de la magistrada Mara Elizabeth Garca, la Sala protegi los derechos del ente territorial y dej sin efectos la sentencia del accionado Tribunal. Para la corporacin, no exista un compromiso inequvoco del Distrito de Santa Marta para cancelar las obligaciones contradas por el contratista en materia de IVA, por lo que orden dictar una nueva sentencia dentro del proceso ejecutivo. () En la clusula novena del acuerdo se pact que los impuestos, tasas y contribuciones vigentes al momento del contrato estaran a cargo del contratista, al igual que los tributos o contribuciones que afectaran la renta lquida o gravaran su patrimonio neto, dice la providencia. ver
    2017-06-29 CONSEJO DE ESTADO RINDE CUENTAS A LA COMUNIDAD El Consejo de Estado de Colombia es pionero a nivel mundial, como rgano judicial en adoptar una estrategia de transparencia y rendicin de cuentas siguiendo los lineamientos de la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), iniciativa global y multilateral que tiene como objetivo asegurar compromisos concretos de los Estados para promover la transparencia, el empoderamiento de los ciudadanos y combatir la corrupcin. En la audiencia pblica, donde fue presentado el Informe de Rendicin de Cuentas 2015-2016, el presidente del Consejo de Estado destac el compromiso de la institucin para hacer un anlisis, no solo de su gestin institucional, sino de sus funciones consultiva y judicial, en un ejercicio que le permitir a la ciudadana comprender el papel de esta alta Corte y tener las herramientas para hacerle un seguimiento a su desempeo. Los hechos ms destacables del Consejo de Estado durante este perodo fueron, entre otros, el acercamiento y dilogo con las regiones; la creacin de un programa de transparencia y rendicin de cuentas; el mejoramiento de los procesos de eleccin, designacin o integracin de ternas; y la implementacin del Sistema de Gestin de Calidad en la Seccin Quinta y la Presidencia de la Corporacin. El programa de Cultura de legalidad y seguridad jurdica en las regiones permiti capacitar a las administraciones seccionales de 26 departamentos sobre los errores por los cuales sus jueces los condenan repetidamente. Por otra parte, se propici la creacin de 26 comisiones de transparencia y rendicin de cuentas en los tribunales. El reducir el quorum mnimo de 31 magistrados a los que en el momento se encuentren en ejercicio para votar y elegir a los magistrados y otros altos funcionarios pblicos, as como para decidir qu candidatos conforman las ternas a cargos pblicos, fue decisivo para agilizar estos procesos. Esta modificacin permiti disminuir en 52% el tiempo promedio de eleccin. Sin embargo, todava la Sala Plena se est demorando en promedio 172 das en tomar la decisin, un tiempo que es necesario seguir reduciendo. ver
    2017-06-28 PRDIDA DE INVESTIDURA DE EDGAR ALEXANDER CIPRIANO MORENO Tras comprobar que el ciudadano Edgar Alexander Cipriano Moreno hizo prevalecer su condicin de representante a la Cmara por Guiana para favorecer los nombramientos de distintas personas en entidades estatales, la Sala Plena del Consejo de Estado le decret la prdida de su investidura. Con ponencia del magistrado de la Seccin Quinta Carlos Enrique Moreno Rubio, la corporacin concluy que el legislador incurri en trfico de influencias, al solicitar dinero a cambio de tramitar los nombramientos ante el Departamento para la Prosperidad Social (DPS), el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) e incluso ante el Ministerio de Relaciones Exteriores. Al expediente fueron aportadas pruebas testimoniales y de audio que dan cuenta de una reunin celebrada en septiembre del 2014, en la cual el dirigente se habra comprometido a incluir a un particular en una Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) a cambio del pago de 20 millones de pesos anuales o de 2 millones mensuales. Adems, se habra concretado la entrega de dineros para tramitar otros nombramientos en el DPS Guaina y el ICBF. Bajo la misma contraprestacin, dicen los elementos de prueba, el legislador habra ofrecido su investidura para gestionar el nombramiento de la entonces personera de Landzuri (Guaina) en un cargo diplomtico en Manaos (Brasil) o San Fernando de Atabapo (Venezuela), ofrecimiento que esa funcionaria rechaz. Para la Sala, al margen de que se haya demostrado o no el provecho personal que obtuvo el congresista, la falta se configura con la simple evidencia de que invoc su investidura para interceder ante los titulares de varias entidades estatales con el fin de asegurar tales nombramientos. En este caso qued debidamente probado que el seor Cipriano Moreno no actu conforme con la dignidad de su cargo, al pedir dinero a cambio de gestionar el nombramiento de esas personas en unos cargos pblicos, dice la providencia, en la cual se precisa que la Sala se abstiene de emitir una compulsa de copias ante las autoridades penales, toda vez que la Corte Suprema de Justicia ya est investigando los hechos. ver
    2017-06-21 AO DEL BICENTENARIO En Angostura, el 30 de octubre de 1817, el libertador Simn Bolvar expidi el Decreto de creacin del Consejo de Estado.
    2017-06-20 NIEGAN REPARACIN A DESMOVILIZADO El Consejo de Estado neg una demanda de reparacin directa por la privacin injusta de la libertad que sufri un ganadero que haba sido absuelto por paramilitarismo y aos ms tarde figur como desmovilizado del Bloque Hroes de Granada de las AUC. El hombre fue detenido en 1999 y acusado por concierto para delinquir para la conformacin de grupos de justicia privada. Sin embargo, un juez penal de Medelln (Antioquia) lo absolvi un ao despus por considerar que la Fiscala no recogi evidencias suficientes que demostraran la relacin del procesado con ese tipo de organizacin delictiva. Tras haber enfrentado a la justicia penal sin que esta pudiera desvirtuar la presuncin de su inocencia, el ciudadano interpuso una demanda de reparacin directa ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que conden a la Nacin a indemnizarlo con el pago de casi 130 millones de pesos. El asunto lleg al conocimiento del Consejo de Estado, luego de que la Fiscala impugnara el fallo condenatorio. La Seccin Tercera del alto tribunal, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, revoc la sentencia y deneg las pretensiones de resarcimiento, al concluir que el hecho que motiv la detencin del demandante era de su exclusiva culpa. Segn la providencia, si bien en el proceso penal no se prob la relacin del accionante con los paramilitares, la Agencia Colombiana para la Reintegracin lo identific como desmovilizado del Bloque Hroes de Granada, lo que lo convierte en contraventor de mandatos constitucionales, que prueban la actuacin dolosa en la que incurri, que eximen a la Nacin de su deber de reparar el dao causado por la privacin injusta de su libertad. ver
    2017-06-16 CONDENAN A LA POLICA POR MUERTE DE ESTUDIANTE El Consejo de Estado conden a la Polica Nacional al pago de 700 millones de pesos por la muerte de un estudiante de ingeniera qumica de la Universidad del Valle, en Cali, y por las lesiones causadas a otro joven, durante una protesta que se present en inmediaciones de la institucin educativa, en septiembre de 2005. Los hechos ocurrieron cuando se presentaron enfrentamientos entre los estudiantes y personal del escuadrn antidisturbios de la Polica Nacional -ESMAD-, quienes ingresaron al lugar y se dirigieron hacia donde los jvenes tenan instalado un campamento. All procedieron a agredir y a detener a varias personas. Esto provoc que muchos universitarios salieran corriendo perseguidos por miembros del ESMAD, instante en el cual se escucharon disparos y cay herido el estudiante de ingeniera que fue trasladado a la Fundacin Valle del Lili, a donde lleg sin signos vitales. La Seccin tercera, con ponencia del magistrado Hernn Andrade Rincn, precis que, aunque la actuacin del ESMAD estuvo precedida de un fin legtimo como era evitar que los estudiantes bloquearan la va pblica, desconoci en el operativo los principios de precaucin y proporcionalidad para evitar que se ocasionaran daos a los manifestantes. Solo el hecho de hacer parte de una protesta ciudadana no representa la trasgresin al ordenamiento jurdico, puesto que los habitantes tienen derecho a expresar su disenso frente a las medidas que adopten las autoridades estatales Las autoridades policivas deben estar preparada para mantener el orden pero siempre respetando los derechos ms caros a la persona humana, entre ellos el de su dignidad y el espacio de libertad que requiere la protesta misma, indica la sentencia. ver
    2017-06-15 DILOGOS CON LAS REGIONES EN VILLAVICENCIO Con el objetivo de atraer a jueces, abogados, acadmicos y a la ciudadana en general a las discusiones sobre transparencia, rendicin de cuentas, tica judicial y los derechos de los administrados, el Consejo de Estado realizar el seminario Dilogos con las Regiones en Villavicencio (Meta) el prximo viernes 16 de junio. A travs de esta iniciativa, la corporacin tambin quiere que las regiones y los tribunales de los diferentes distritos judiciales se unan a la conmemoracin del bicentenario que cumple nuestra institucin, fundada por el libertador Simn Bolvar el 30 de octubre de 1817. Esta celebracin nos sirve de excusa para recordar algunos de los ms trascendentes pronunciamientos de la corporacin, en los que se explica por qu la ciudadana puede contar con nuestra jurisdiccin como una abanderada en la proteccin de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administracin. El evento se llevar en el teatro La Vorgine, a partir de las 8:00 de la maana. Ese da se presentarn diferentes conferencias que buscarn abrir el debate sobre todos estos temas. A la instalacin del seminario asistirn la seora gobernadora del Meta, Marcela Amaya Garca; el Gobernador del Casanare, dr Alirio Barrera Rodrguez; el Alcalde de Villavicencio, Wilmar Orlando Barbosa Rozo; la Presidenta del Tribunal Administrativo del Meta, Claudia Patricia Alonso Prez; el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del Casanare, Jos Antonio Figueroa Burbano, y el Vicepresidente del Consejo de Estado, el doctor Germn Bula Escobar.
    2017-06-15 RESUELVEN DEMANDA CONTRA ELECCIN DE REPRESENTANTES DE BOLVAR En Sala del 15 de junio de 2017, la Seccin Quinta del Consejo de Estado, con ponencia de la doctora Roco Arajo Oate, resolvi las demandas acumuladas en contra de la nulidad de la eleccin de los Representantes a la Cmara por el Departamento de Bolvar. En este proceso se cuestion adems del acto declaratorio de la eleccin, el Acuerdo 002 de 2014 proferido por el Consejo Nacional Electoral y las Resoluciones N 019, 028, 029, 030, 022, 023, 024 y 039 de 2014, expedidas todas por la Comisin Escrutadora Departamental de Bolvar y las N 03 y 011 de 2014, dictadas en su orden por la Comisin Zonal N 4 de Cartagena y la Comisin Municipal de Cartagena, respectivamente. La decisin de la Sala consisti en negar la nulidad de la eleccin de los Representantes a la Cmara por el Departamento Bolvar, en razn a que los resultados electorales no sufrieron ninguna modificacin que incidiera en la declaratoria de la eleccin. El seor Pedrito Toms Pereira Caballero, mantiene su credencial de Congresista por cuanto no se afect su eleccin. Se ocup adems de examinar el Acuerdo 002 de 2014 que adopt el Consejo Nacional Electoral frente a unos presuntos desacuerdos que se presentaron entre sus Delegados, antes de la declaratoria de la eleccin. Sobre el particular la Sala consider necesario exhortar al Consejo Nacional Electoral para que en adelante adopte las medidas que garanticen la oportunidad de la declaratoria de las elecciones populares en las instancias electorales previstas por la ley. Se llam la atencin en la debida notificacin del acto de declaratoria de las elecciones para evitar situaciones sui generis como la ocurrida en este proceso electoral. La Sala tambin resolvi lo correspondiente al i) rechazo de unas reclamaciones electorales, ii) al rechazo de unas solicitudes de agotamiento del requisito de procedibilidad, iii) la falta de firmas de los jurados de votacin de una mesa de Cartagena, iv) la presunta violencia acaecida en el Municipio de Montecristo y iv) por ltimo, las diferencias entre formularios E-14 y E-24 que se alegaron presentes en varios municipios del Departamento. Se estableci que los planteamientos respecto de estos cargos no se probaron por las razones que se explican en la providencia.
    2017-06-12 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas la que declara la nulidad de la eleccin de Juan Carlos Echeverri Rodrguez como personero municipal de Jamund (Valle). En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-06-09 PROTEGEN DERECHOS DE JOVEN DISCRIMINADO POR TENER TATUAJE El Consejo de Estado fall una tutela a favor de un joven que se present al concurso de mritos del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) pero fue rechazado por tener un tatuaje en su brazo y otro en una pierna. La Comisin Nacional del Servicio Civil lo declar no apto para aspirar a una vacante como dragoneante argumentando que las cicatrices o tatuajes en sitios visibles pueden permitir la identificacin y sealamiento del personal de la institucin por parte de los internos, lo cual podra ser un riesgo para su seguridad. El joven seal que sus tatuajes no inciden en las funciones que ejercen los dragoneantes al momento de desempear el cargo, puesto que no son visibles con el uniforme que deben vestir. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado Rafael Francisco Surez Vargas, sostuvo que, aunque la medida persigue un objetivo legtimo como es la seguridad de los servidores pblicos, esto no se logra coartando los derechos fundamentales de los guardianes, puesto que la norma que regula este tema es clara en afirmar que la inhabilidad se presenta siempre y cuando el tatuaje, marca o seal est ubicado en un sitio visible. Aplicar esa inhabilidad seria irracional y configurara una situacin de discriminacin para el actor, pues, el tatuaje no est en un lugar visible y su presencia no guarda relacin alguna con las condiciones fsicas y psicolgicas que debe cumplir una persona que aspire a ocupar el cargo de dragoneante, indica la sentencia. La Sala agrega que la norma termina siendo no tan eficaz para evitar que el personal de custodia y vigilancia sea identificado por los reclusos y se preserve su seguridad, puesto que los internos conviven con sus guardias tanto tiempo que podran reconocerlos hasta por sus hbitos y costumbres, por lo que el objetivo de la medida se podra alcanzar recurriendo a otros medios menos lesivos para el disfrute de los derechos fundamentales. ver
    2017-06-06 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas dos acciones de tutela que ordena el reintegro de una mujer polica que haba sido retirada del servicio pese a estar en estado de embarazo. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-06-02 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas dos acciones de tutela que protegen derechos fundamentales de ciudadanos venezolanos hijos de padres colombianos y la admisin de la demanda de nulidad contra la eleccin del gobernador de La Guajira. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-05-31 ORDENAN PLAN DE RECUPERACIN AMBIENTAL EN LA BOQUILLA El Consejo de Estado le orden a la Corporacin Autnoma Regional del Canal del Dique (Cardique) ejecutar un plan de recuperacin ambiental de los terrenos de bajamar ilegalmente ocupados en las veredas de Mirlanda y Villagloria, corregimiento de La Boquilla, (en Cartagena, Bolvar). Con ponencia del magistrado Roberto Augusto Serrato, la Seccin Primera de la mxima instancia de lo contencioso administrativo le dio seis meses a la entidad para adelantar estudios y procesos contractuales que garanticen la reforestacin, estabilizacin y conservacin de los suelos y la fauna de este lugar, afectado por la disminucin del flujo natural de las aguas marinas y de la cinaga de La Virgen. El Consejo de Estado conoci del asunto luego de que fuere impugnada una accin popular en la cual el Tribunal Administrativo de Bolvar orden recuperar los predios ilegalmente ocupados por las comunidades de Mirlanda y Villagloria, en zonas de bajamar. Al mismo tiempo, esa corporacin orden reubicar a las centenares de familias asentadas all hace ms de 20 aos, teniendo en cuenta la condicin de vulnerabilidad a la que se enfrentan por habitar esas tierras que se enfrentan a un alto riesgo de desastre. Al estudiar el expediente, el tribunal supremo de lo contencioso administrativo ratific que, por tratarse de zonas catalogadas como de bajamar, se trataba de bienes de uso pblico, por cuanto no podan ser objeto de apropiacin privada de ninguna ndole, luego era evidente la afectacin de los derechos colectivos al medio ambiente que se haban visto amenazados por estos asentamientos ilegales. De ah su decisin de mantener la orden de reubicacin, que no puede concretarse hasta tanto las familias no cuenten con una nueva vivienda digna que deber proporcionarles la Alcalda de Cartagena. Adicionalmente, el Consejo de Estado comprometi a Cardique para que se ocupe del plan de recuperacin ambiental de los predios a restituir. Adems, esa entidad, la Alcalda y la Direccin General Martima (Dimar) fueron conminadas a ejercer vigilancia en el sector, a fin de impedir nuevas invasiones y prevenir el deterioro ambiental del lugar. El Ministerio de Vivienda recibi un exhorto por parte de la Sala para que preste la asesora tcnica necesaria y eventualmente contribuya a financiar los planes y programas que se requieren para reubicar a las familias en condiciones de dignidad. El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), la Personera de Cartagena y la Defensora del Pueblo tambin debern sumarse a esta tarea que busca garantizar la recuperacin ambiental del lugar, sin afectar los derechos de las comunidades que habitan all en la actualidad. ver
    2017-05-30 DILOGOS CON LAS REGIONES EN BARRANQUILLA Con el objetivo de crear un espacio para que los jueces, abogados, acadmicos, las administraciones locales y departamentales, y la comunidad en general participen en las discusiones sobre transparencia, rendicin de cuentas, tica judicial y derechos de los administrados, temas que en la actualidad son de gran importancia, el Consejo de Estado contina con la promocin de su programa Dilogos con las regiones. Esta iniciativa tambin ser la oportunidad para conmemorar con los distritos judiciales, las autoridades locales y regionales, y la ciudadana, los 200 aos de la Corporacin, creada por el libertador Simn Bolvar en 1817, y que desde entonces ha hecho un aporte invaluable a la justicia, el Estado y la sociedad. Ser entonces esta la excusa perfecta para recordar algunos de los ms importantes pronunciamientos de la corporacin, en los que se explica por qu la ciudadana puede contar con nuestra jurisdiccin como una abanderada en la proteccin de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administracin. En Barranquilla el programa se realizar el prximo 30 de mayo, en el auditorio ubicado en el edificio de Posgrados de la Universidad Autnoma del Caribe, a partir de las 7:30 de la maana. Ese da se presentarn diferentes conferencias que buscarn abrir el debate sobre todos estos temas. Adems, nos unimos a la celebracin de los 50 aos de la Universidad Autnoma del Caribe, institucin que se ha destacado por su compromiso con la regin y excelencia acadmica. A la instalacin del seminario asistirn el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char; el gobernador del Atlntico, Eduardo Verano; el rector de la Universidad Autnoma del Caribe, Ramss Vargas Lamadrid; el vicepresidente del Consejo de Estado, Germn Bula Escobar; y la presidenta del Tribunal Administrativo del departamento, Judith Romero; entre otros.
    2017-05-25 DILOGOS CON LAS REGIONES EN SINCELEJO Con el objetivo de crear un espacio para que los jueces, abogados, acadmicos, las administraciones locales y departamentales, y la comunidad en general participen en las discusiones sobre transparencia, rendicin de cuentas, tica judicial y derechos de los administrados, temas que en la actualidad son de gran importancia, el Consejo de Estado dar inicio a su programa Dilogos con las regiones. Esta iniciativa tambin ser la oportunidad para conmemorar con los distritos judiciales, las autoridades locales y regionales, y la ciudadana, los 200 aos de la Corporacin, creada por el libertador Simn Bolvar en 1817, y que desde entonces ha hecho un aporte invaluable a la justicia, el Estado y la sociedad. Ser entonces esta la excusa perfecta para recordar algunos de los ms importantes pronunciamientos de la corporacin, en los que se explica por qu la ciudadana puede contar con nuestra jurisdiccin como una abanderada en la proteccin de sus derechos, frente a eventuales excesos de la administracin. El lanzamiento del programa Dilogos con las regiones se realizar el prximo viernes 26 de mayo en la ciudad de Sincelejo, en el auditorio Fortunato Chadid de la Gobernacin de Sucre, a partir de las 8:00 de la maana. Ese da se presentarn diferentes conferencias que buscarn abrir el debate sobre todos estos temas.
    2017-05-24 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas la que ratifica la nulidad de la eleccin del personero de Tunja y que ordena recalcular algunos de los puntajes asignados por los concejales que estuvieron a cargo del concurso de mritos que precedi este proceso de eleccin. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-05-23 NIEGAN NULIDAD DE LA ELECCIN DEL GOBERNADOR DE CALDAS El Consejo de Estado neg la nulidad de la eleccin del gobernador de Caldas, Guido Echeverri Piedrahita, en decisin adoptada por la Sala Plena. Los demandantes, seores Miguel Antonio Cuesta Monroy y Rafael Calixto Toncel Gaviria, alegaban que la eleccin del Gobernador para el periodo 2016 2020 estaba viciada de nulidad, puesto que haba sido elegido para ejercer ese mismo cargo durante el periodo inmediatamente anterior. Efectivamente, el mandatario departamental gan los comicios para el cuatrienio 2012 2015, pero el Consejo de Estado decret la nulidad de esa eleccin en sentencia proferida el 6 de mayo de 2013, por lo que el Gobernador solo estuvo en el cargo del 1 de enero de 2012 al 27 de junio de 2013. Segn los demandantes, Guido Echeverri estaba inhabilitado para postularse de nuevo al cargo de gobernador, de acuerdo a lo establecido en el artculo 303 de la Constitucin, cuando seala que, () Los gobernadores sern elegidos popularmente para periodos institucionales de cuatro aos y no podrn ser reelegidos para el periodo siguiente (subrayado fuera de texto). La Sala Plena consider, por mayora, que cuando se declara nula una eleccin, dados los efectos de la sentencia, es como si esta nunca hubiera existido antes, por lo que no puede ser tenida en cuenta para los efectos del artculo 303 de la Constitucin, jurisprudencia que ha sido reiterada tanto por la Sala Plena como por las Secciones durante ms de cien aos. En el proceso, que fue asumido por la Sala Plena de la Corporacin por importancia jurdica, tanto el Ministerio Pblico como el Consejo Nacional Electoral haban solicitado que se desestimaran las pretensiones. La Sala Plena, para emitir su fallo, trajo a colacin sentencias de las diferentes secciones del Consejo de Estado desde 1915 en las que la corporacin ha sealado, de manera constante, esa posicin.
    2017-05-19 CONDENAN A LA NACIN POR NEGLIGENCIA EN PROCESO DE SUCESIN El Consejo de Estado conden a la Rama Judicial a indemnizar a una familia por los perjuicios que le ocasion un juzgado de familia de Ibagu durante un proceso de sucesin de bienes, despus de la muerte del padre. En el 2007 el juzgado nombr un secuestre de los inmuebles que se encontraban en arriendo mientras se fallaba el proceso, debido a que exista desacuerdo entre los herederos para el manejo de los mismos. En noviembre de 2008 el juzgado fall el proceso y la familia solicit que el secuestre o auxiliar judicial, encargado de custodiar los bienes, entregara los dineros de los arriendos para incluirlos en la particin, puesto que nunca fueron consignados en la cuenta de depsitos judiciales como era su deber. Solo hasta enero de 2009 el secuestre entreg un informe con las cuentas, admitiendo que exista un saldo faltante de ms de 50 millones de pesos, dinero que no entreg. Aunque a finales del 2008 el mismo Juzgado le quit la competencia al secuestre para seguir administrando los bienes, la Seccin Tercera del Consejo de Estado encontr que este despacho judicial permaneci indiferente durante todo el tiempo al trabajo del auxiliar judicial, puesto que no existen pruebas de que el Juzgado hubiese requerido a esta persona por iniciativa propia, sin que mediase solicitud de los interesados. Resulta evidente que, con su comportamiento, el Juzgado de Familia de Ibagu omiti el cumplimiento de sus funciones como director del proceso, como quiera que no intervino de ningn modo para verificar si el secuestre estaba llevando a cabo sus obligaciones, pues, no obstante que aqul no le renda cuentas, tampoco lo requiri durante cerca de 18 meses para que lo hiciera, con lo que incumpli las obligaciones y deberes que le impona el Cdigo de Procedimiento Civil, indica la sentencia. ver
    2017-05-17 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas la tutela que mantiene un fallo en el cual se niega reparacin injusta de la libertad a un periodista y se ratifica una sancin por desacato al director de Sanidad del Ejrcito Nacional. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-05-15 CONDENAN AL ISS POR CONTAGIO CON VIH EN TRANSFUSIN DE SANGRE El Consejo de Estado conden al Instituto Nacional de Seguros Sociales (ISS) a pagar ms de 1.300 millones de pesos como mecanismo para resarcir el dao causado a una pareja de esposos que contrajo VIH, tras una transfusin sangunea a la que se someti uno de los integrantes del matrimonio. El fallo de reparacin directa, que fue emitido por la Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, le impuso a la entidad demandada el deber de dar publicidad al contenido de esta providencia durante seis meses, lo que la obliga a incluir en el contenido de los sitios web bajo su dominio el contenido de esta providencia, con reserva de los nombres de las vctimas. Esto como garanta de no repeticin. Los acontecimientos que motivan esta condena se produjeron en abril de 1991, cuando uno de los demandantes fue trasladado de urgencias a un hospital del ISS en Ccuta (Norte de Santander), luego de haber sufrido varias heridas con arma cortopunzante. Gracias a una ciruga y a una transfusin de sangre que se le practic en su momento, el accionante pudo recuperarse de sus dolencias y retomar sus actividades diarias. Ignorando su condicin de VIH positivo, el hombre contrajo nupcias en 1993 con la misma mujer con quien convive en la actualidad y que resultara infectada tambin por virtud de la relacin marital. Los dos descubrieron su grave condicin de salud en 1997, cuando les fue detectada la presencia del virus. Tras un examen alrededor de los hechos que pudieron ocasionarles el contagio, los esposos concluyeron que la transfusin de sangre que se le haba practicado a uno de ellos seis aos atrs poda haber sido la causa del infortunio, lo que los motiv a interponer una demanda de reparacin directa ante el Tribunal Administrativo de Norte de Santander. Luego de que esa corporacin condenara al ISS por el dao causado a la pareja, la accin fue conocida por el Consejo de Estado en grado de consulta. Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano, la mxima instancia contenciosa encontr a la entidad demandada responsable del dao antijurdico por falla en el servicio. La Sala concluy que la sangre que fue utilizada en la transfusin no haba sido sometida a ningn procedimiento cientfico que permitiera descartar la presencia del virus, incurriendo en un comportamiento omisivo y negligente que origin el riesgo de contagio que finalmente se materializ en el paciente y que aos ms tarde se transmitiera a su esposa. ver
    2017-05-09 DECISIONES S QUINTA (MAY 4) Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas una accin de tutela que ampara el derecho a la salud de unos habitantes de calle en el departamento de Antioquia que, entre otras cosas, aspiran a recuperarse de su adiccin a las drogas. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-05-09 DECISIONES S QUINTA (MAY 2) Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas una accin de tutela que niega que se hayan violado derechos de un concejal de Cartagena a quien se le declar nula la eleccin. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-05-03 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas la que revoca una accin de tutela por medio de la cual se haba dejado sin efectos una sentencia de reparacin por reconocimiento del dao causado tras la aprobacin de la Ley 633 del 2000 -que fij una tasa especial de servicios aduaneros- y que posteriormente fue declarada inexequible. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-04-28 C E SE ABSTIENE DE RESOLVER SUSPENSIN Gracias a una decisin del Consejo de Estado, la Agencia Nacional de Tierras podr seguir adelante con el proceso que busca determinar qu parte de los terrenos del predio rural La Gloria (antes denominada Hacienda Bellacruz) podra ser adjudicada a campesinos sin tierra. El despacho del magistrado Danilo Rojas Betancourth emiti un auto en el que se decidi no resolver el recurso de splica que interpuso la sociedad Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., Sucursal Colombia, contra la providencia que neg la suspensin provisional de los actos administrativos que ordenaban la recuperacin de los baldos que integran esa extensin de tierra. EL CASO En el 2011, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural Incoder (hoy Agencia Nacional de Tierras) haba iniciado un procedimiento de recuperacin de baldos en los predios denominados Potos, Cao Negro, Los Bajos, San Simn, Venecia, Mara Isidra y San Miguel, que hacan parte del predio rural hacienda La Bellacruz, ubicada en jurisdiccin de los municipios de La Gloria, Pelaya y Tamalameque (Cesar). Inconforme con esa decisin del Incoder, la sociedad Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., Sucursal Colombia, haba interpuesto una demanda de revisin de esas determinaciones, requiriendo al Consejo de Estado para que decretase su suspensin provisional y, finalmente, decretara la nulidad de las mismas. La accionante alegaba ser vctima de supuestas vas de hecho atribuibles a una asociacin campesina interesada en esas tierras y juzgaba de ilegal el procedimiento iniciado por el Incoder, por no haber sido vinculada al proceso. Segn esa sociedad, la entidad empez la intervencin, ignorando que quien figuraba como propietario de los terrenos en el certificado de tradicin y libertad era la Fiduciaria Davivienda. Tras conocer de la demanda con solicitud de suspensin provisional, el magistrado ponente Ramiro Pazos Guerrero neg la medida cautelar. En esa providencia se indica que el propio Incoder dej sin efectos el procedimiento de recuperacin de baldos, ante la necesidad de establecer inicialmente qu parte del terreno en disputa es de esa naturaleza y puede ser entregado a campesinos sin tierra- y qu parte corresponde a propiedad privada. En desacuerdo ante esa determinacin, la sociedad Grupo Agroindustrial Hacienda La Gloria S.A., Sucursal Colombia, interpuso recurso de splica con la intencin de que el Consejo de Estado accediera a la solicitud de suspensin. Sin embargo, el despacho del magistrado Danilo Rojas Betancourth se abstuvo de resolver la peticin, argumentando que ese recurso solo es vlido cuando el juez ha decretado la medida cautelar, lo que no ocurre en este caso, pues la respuesta a dicho requerimiento por parte del ponente haba sido negativa. ver
    2017-04-28 ORDENAN REPARAR A MUJER QUE QUED EMBARAZADA PESE A ESTAR PLANIFICANDO El Consejo de Estado orden reparar econmicamente a una mujer de Tame (Arauca) que qued embarazada pese a haberse sometido a un tratamiento mdico anticonceptivo y exhort al Ministerio de Salud para que adopte un plan que garantice un gil acceso de los pacientes a informacin de salud sexual y reproductiva. Como consecuencia de esta determinacin, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, la E.S.E Moreno y Clavijo deber pagarle a la vctima casi 37 millones de pesos, como reparacin al dao antijurdico que le caus por haber violado su derecho a la libertad reproductiva. La demandante haba solicitado una cita de planificacin familiar para evitar tener un quinto hijo, pues su situacin econmica de entonces apenas y le permita atender las demandas de los cuatro hijos que para entonces haba tenido son su pareja, con la que haba convivido por 12 aos. La entidad accionada la remiti a un hospital de Tame que la someti a un tratamiento consistente en el suministro mensual del anticonceptivo denominado Nofertyl. Pese a continuar el procedimiento con la misma frecuencia, la mujer qued embarazada y dio a luz a su quinto hijo meses despus de iniciar este tratamiento. Insatisfecha por los inesperados resultados del mtodo de anticoncepcin, la paciente interpuso una demanda de reparacin directa ante el Tribunal Administrativo de Arauca, pero esa corporacin neg las pretensiones resarcitorias. As las cosas, la mujer impugn la decisin ante la Seccin Tercera del Consejo de Estado. En esta instancia, vio satisfechas sus intenciones, dado que la corporacin encontr que la E. S. E. accionada s le caus un dao antijurdico por no haberle informado detalladamente acerca de los riesgos y efectividad de los diferentes mtodos anticonceptivos, impidindole elegir el que ms se adecuara a sus necesidades. Para la Sala, se produjo un perjuicio derivado de la violacin del derecho a la libertad reproductiva que se adeca al balance de la Comisin Interamericana de Derechos Humanos entorno a las barreras a las que se enfrentan los usuarios de servicios de salud en Colombia para hacer valer esta garanta de manera informada. De ah que se exhorte al Ministerio de Salud para que tome cartas en el asunto. ver
    2017-04-26 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas una sancin por desacato impuesta a los directores de Sanidad Militar y Sanidad del Ejrcito por no cumplir con un fallo de tutela que ordenaba el suministro de medicamentos a un paciente. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-04-19 DECISIONES SECCIN QUINTA Consulte la tabla de resultados de la ltima sala de la Seccin Quinta. En ella encontrar resmenes de las decisiones, entre ellas una accin de tutela que ordena proteccin especial a nios Ember, salvaguardando sus derechos a la salud, alimentacin, educacin y agua potable. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-04-07 C E DECLARA QUE NO OPERA CADUCIDAD EN CASO DE LA UP El Consejo de Estado estableci que quienes se consideren vctimas de la produccin de un dao antijurdico, derivado de la eventual comisin de delitos de lesa humanidad contra miembros de la Unin Patritica (UP), podrn exigir reparacin, independientemente del tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los hechos. Esto significa que los jueces que eventualmente estudien tales acciones no podrn negarse a admitirlas con el argumento de que los hechos fueron cobijados por el fenmeno de la caducidad, pues la decisin implica que frente a este tipo de acciones no corren trminos de dos aos, como lo exige la regla general. En septiembre del 2014 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca conoci una demanda de accin de grupo por medio de la cual se buscaba que los casos de asesinato, desaparicin forzada y otros probables delitos contra miembros de la UP fueran enmarcados en un caso de genocidio poltico y fuesen declarados como delito de lesa humanidad. En la accin se pretenda adems que los grupos familiares de las vctimas y sus copartidarios sobrevivientes recibieran una reparacin integral, que no se limitara a una condena econmica contra los estamentos oficiales que eventualmente pudieran ser vistos como responsables del dao. Aun cuando no se describieron en la accin circunstancias detalladas de modo tiempo y lugar, los accionantes aspiran a que la jurisdiccin de lo contencioso administrativo reconozca un patrn de sistematicidad que pruebe un tipo de persecucin en contra de los miembros de este grupo poltico, equiparable a los casos de imprescriptible juzgamiento de los que habla el Estatuto de Roma. Dado que el Tribunal rechaz la accin por considerar que esta ya haba caducado, el Consejo de Estado asumi el estudio de la apelacin. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, concluy que el caso de la UP podra encajar dentro de la comisin de un delito de lesa humanidad, lo que implicara que el examen en torno a la produccin del dao no est sujeto a trminos. En consecuencia, la Sala revoc la decisin del Tribunal y orden la admisin de la demanda sin que pueda oponerse la caducidad del medio de control. ver
    2017-04-06 CONDENAN A HOSPITAL POR SUICIDIO DE PACIENTE CON PROBLEMAS MENTALES Por orden del Consejo de Estado, el Hospital Universitario de Santander E. S. E. deber adoptar un protocolo para evitar que pacientes siquitricos catalogados como peligrosos o sus acompaantes puedan atentar contra la vida o integridad de personas presentes en la institucin. Esto como consecuencia de la condena de reparacin directa que se le impuso por la muerte de un paciente con problemas mentales que se suicid all hace 10 aos. Por medio de un fallo con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano, la Seccin Tercera del alto tribunal le orden a la entidad demandada pagarle a la familia del muerto ms de 73 millones de pesos mas los gastos de sus exequias- como resarcimiento del dao moral y material causado por este acontecimiento. En la demanda se narra que el 30 de marzo del 2007 el paciente quien padeca una enfermedad mental- condujo el vehculo de su hermano en contrava, cerca de unas instalaciones militares. El expediente explica que all recibi dos disparos, aparentemente, fruto de la accin de agentes castrenses que intentaban detener la marcha del automotor. Segn el escrito de la demanda, dos agentes de Polica trasladaron al hombre a la unidad de urgencias del Hospital Universitario de Santander, donde los mdicos intentaron curarlo de las heridas que sufri en el crneo y la espalda. El paciente permaneci interno hasta su dcimo octavo da de convalecencia, cuando se lanz por la ventana de su habitacin, ubicada en el noveno piso del hospital, en medio de un cuadro de esquizofrenia paranoide y sndrome de abstinencia que, minutos antes, haba obligado a otros pacientes y al personal mdico a atarlo. Tras la muerte del hombre, su madre interpuso una demanda de reparacin directa ante el Tribunal Administrativo de Santander. Luego de conocerse el fallo condenatorio que emiti la corporacin en contra del Hospital, dicha entidad interpuso recurso de apelacin ante la Seccin Tercera del Consejo de Estado. Al responder la impugnacin, la mxima instancia de la jurisdiccin de lo contencioso administrativo ratific que la accionada era responsable del dao antijurdico, porque pese a su posicin de garante no cumpli con sus deberes de seguridad y custodia, ni siquiera frente a la evidencia de los problemas mentales y episodios suicidas de los que haba sido protagonista el paciente en el pasado. El Consejo de Estado determin que cualquier hospital, sin importar que su especialidad no sea la siquiatra, debe mantener estndares de seguridad y prevencin, para evitar que los pacientes o sus acompaantes que padezcan de afecciones como estas pongan en peligro la vida o integridad fsica de las personas. Por eso, exhort al Hospital Universitario de Santander E. S. E. a que adopte un protocolo preventivo que lo garantice. ver
    2017-04-05 SUSPENDEN PROCESO PARA PROVEER 806 CARGOS EN EL DISTRITO La magistrada de la Seccin Segunda del Consejo de Estado Sandra Lisset Ibarra Vlez le orden a la Secretara Distrital de Hacienda abstenerse de conformar la lista de elegibles del concurso que convoc la Comisin Nacional de Servicio Civil (CNSC) para proveer 806 cargos de carrera de la entidad del Distrito Capital. En consecuencia, orden suspender cualquier actuacin administrativa relacionada con el concurso de mritos, dado que el acto administrativo convocante no fue suscrito por el organismo beneficiario, es decir, la Secretara de Hacienda. La medida cautelar obedece a que el artculo 31 de la Ley 909 del 2004 ordena que este tipo de actuaciones deben ser suscritas tanto por la entidad que las convoca, en este caso la CNSC, como por aquella que se beneficia del proceso. La irregularidad en la expedicin del acto se da cuando se omiten formalidades sustanciales en la produccin del mismo. En la expedicin irregular del acto, la autoridad administrativa que lo expide tiene plena facultad para proferirlo. El vicio que genera la nulidad est, en que se transgreden los requisitos de procedimiento para expedirlo, los cuales son condicin esencial para su validez, dice la providencia. Aunque la demandante exiga que se suspendiera el acto que convoc al concurso, el despacho se abstuvo de hacerlo, pues encontr que la entidad distrital particip en la planeacin y elaboracin de las diversas etapas del concurso, por lo que anot que no cualquier irregularidad en la expedicin del acto administrativo puede dar lugar a su nulidad. Dado que el acto de convocatoria solo fue suscrito por el presidente de la CNSC, la consejera ponente orden a la Secretara de Hacienda que indique si aprueba o no los aspectos de la convocatoria, especialmente los relacionados con requisitos y funciones de los empleos y si se adhiere o no a la convocatoria. Mientras tanto, el proceso se mantendr suspendido provisionalmente, hasta tanto no se resuelva de fondo la demanda. ver
    2017-04-03 CONSEJO DE ESTADO PROTEGE DERECHOS DE MADRES GESTANTES El Consejo de Estado fall a favor de una madre la demanda que present para que la empresa donde trabajaba le reconociera el salario y las prestaciones dejadas de percibir por la terminacin de su contrato, pese a que acababa de tener un beb. La madre trabaj en el Centro de Salud del municipio de Consac, Nario, como auxiliar de farmacia y facturacin, mediante contratos de prestacin de servicios. La ltima vinculacin se dio entre el 1 de febrero de 2007 hasta el 7 de septiembre de 2008, fecha en que el contrato termin, aunque un da antes haba dado a luz a su hijo. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernndez, estudi el caso y encontr que, si bien su contrato haba sido nominado como de prestacin de servicios, existi en realidad una relacin laboral continua, de subordinacin y dependencia respecto del empleador. La demandante desempe sus funciones en un horario determinado y en la sede de la entidad demandada, elementos que por s solos no son suficientes para demostrar el aspecto sustancial de la subordinacin continuada, pero por la naturaleza de las funciones que desempeaba como auxiliar de facturacin, funciones claramente operativas y que se ejecutaban de manera continua, llevan a la Sala a vislumbrar que se est en presencia de una relacin laboral, indica la sentencia. La Sala tambin record que la Constitucin Poltica protege a la mujer durante el embarazo y despus del parto, puesto que goza de la especial asistencia y proteccin del Estado. El fuero de maternidad no solo involucra prerrogativas de ndole econmico sino de estabilidad laboral, situacin que fue vulnerada en este caso, adems de que no existi una motivacin para tal despido, el cual fue realizado al da siguiente de que naciera el hijo de la demandante., explica el fallo. La entidad accionada deber pagar a la demandante las prestaciones sociales correspondientes al lapso reconocido como vinculacin laboral, as como una indemnizacin por maternidad que deber cubrir el valor de la remuneracin que dej de percibir entre la fecha del retiro efectivo del cargo y los 60 das posteriores al parto, adems de las 14 semanas de descanso remunerado que contempla la Ley 1468 de 2011. ver
    2017-04-03 DECISIONES SECCIN QUINTA En su ltima Sala, la Seccin Quinta del Consejo de Estado neg la nulidad de la eleccin de Carlos Alfonso Negret Mosquera como defensor del Pueblo, al considerar que el proceso no requera de convocatoria pblica. Adems, decret la cesacin de la actuacin en una accin de tutela por medio de la cual la ANI pretenda que se revocaran las medidas cautelares que impuso el Tribunal de Arbitramento de la concesionaria Ruta del Sol, por carencia actual de objeto, dado que tales medidas ya haban sido levantadas. El resumen de estas y otras decisiones puede ser consultado en un Tablero de Resultados detallado con informacin puntual de cada una de las decisiones tomadas. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-03-30 COMUNICADO SALA PLENA La Sala Plena, en relacin con la creacin de un Organismo Jurisdiccional Electoral en los trminos planteados por la Misin Electoral Especial, manifiesta: 1. En Colombia existe control especializado de los actos electorales a cargo de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa. Dicha competencia se reforz con la Constitucin de 1991, con garanta de separacin de poderes y un sistema de pesos y contrapesos que atiende la especialidad y la divisin del trabajo. 2. El punto dos del Acuerdo para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera habla de una reforma al Sistema Electoral en procura de garantas para la actividad proselitista y la pureza del sufragio, pero no de reformas a la Rama Judicial y al control judicial electoral, para asignar su ejercicio a un rgano externo a la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo, por la va del fast track, que puede resultar inconstitucional, adems de inconveniente y constituirse en un resquebrajamiento del orden institucional. 3. Inconstitucional porque las normas expedidas por esa va deben tener relacin directa y necesaria con lo pactado en el Acuerdo, y la jurisdiccin electoral no es uno de esos aspectos. El Acuerdo, en lo que hace a la Rama Judicial, solo se refiere a la justicia especial para la paz, como mecanismo transitorio y excepcional, y a la justicia agraria. 4. Inconveniente, porque dado su origen partidista no garantizara la neutralidad, objetividad, independencia e imparcialidad, que, en cambio, son consustanciales al rgano judicial. 5. La funcin de control judicial electoral es cumplida hoy por los jueces de la Repblica. No requiere partida presupuestal adicional y exclusiva para la creacin de un nuevo rgano burocrtico, permanente pero destinado a actuar solo en los ciclos electorales, ms aun cuando se pretende un modelo que resulta formalmente idntico al existente: un Consejo Electoral y una jurisdiccin especializada. La Seccin Quinta del Consejo de Estado tiene un ndice de cumplimiento de trminos del 95% y, en lo que resta, superar la mora depende de cambios en normas legales y no de crear nuevos organismos o de falta de diligencia. ver
    2017-03-29 FALTAS MENORES DE POLICAS NO PUEDEN IR A SUS HOJAS DE VIDA El Consejo de Estado determin que las faltas menores que cometan los policas y que ameriten un llamado de atencin de parte de sus superiores -pero que no den lugar a la apertura de investigaciones disciplinarias- no tienen porqu ser inmediatamente consignadas en el formulario de seguimiento o en la hoja de vida del presunto infractor. Con esos argumentos, la Seccin Segunda del alto tribunal ampar los derechos de un uniformado que apareca reseado en el formulario de seguimiento que se encuentra en el portal de servicios internos de la Polica, debido a un llamado de atencin menor que le haba hecho uno de sus superiores. El uniformado haba hecho parte de una videoconferencia que convoc el Departamento de Polica del Magdalena Medio para coordinar el trabajo de la fuerza pblica durante la jornada electoral de octubre del ao pasado. Al finalizar la reunin, fue consignada una anotacin en el formulario de servicios a nombre del agente con un llamado de atencin en su contra por haberse ausentado de la reunin sin verificar si las instrucciones impartidas a los asistentes haban sido comprendidas. La Polica del Magdalena Medio sostuvo que esta consigna no tena consecuencias disciplinarias en contra del infractor y que se trataba de una medida preventiva para encauzar la disciplina, amparada por el Rgimen Disciplinario de la Polica (artculo 27 de la Ley 1015 del 2006). Por su parte, el agente afectado con esta determinacin consider que la entidad vulner sus derechos fundamentales a la presuncin de inocencia, buen nombre y honra, por lo que interpuso una accin de tutela, que fue conocida en primera instancia por el Tribunal Administrativo de Santander. Tanto el Tribunal -en el fallo de primera instancia-, como el Consejo de Estado en la segunda, le dieron la razn al demandante. Segn la Seccin Segunda de la mxima instancia contenciosa, si la falta no da lugar a la apertura de investigacin, el Rgimen Disciplinario de la Polica contempla el llamado de atencin verbal y no las anotaciones en el formulario de seguimiento o en las hojas de vida. A juicio de la Sala, la amonestacin escrita le restara puntos al presunto infractor en su evaluacin de desempeo, lo que, por ejemplo, podra frustrarle eventuales aspiraciones de ascenso mediante una actuacin irregular, pues corresponde a una amonestacin escrita que no surti el debido proceso, as mismo no respet el derecho a la defensa o de contradiccin antes de que quedara plasmada en el sistema informtico. ver
    2017-03-29 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado y en ejercicio del principio de transparencia, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un Tablero de Resultados detallado con informacin puntual de cada una de las decisiones tomadas. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php. ver
    2017-03-28 COLOMBIANOS DEBEN SABER EN QU SE SUSTENTA EL ALZA SALARIAL El Consejo de Estado exhort al Gobierno Nacional a que cada vez que se vea obligado a decretar el aumento anual del salario mnimo lo haga explicando con suficiencia y precisin cules fueron los motivos que lo llevaron a calcular el respectivo incremento. La Seccin Segunda del alto tribunal declar nulo el decreto por medio del cual el Ejecutivo fij el incremento del 7 % para el 2016, aun cuando aclar que su decisin no afecta los salarios, tributos, multas y dems pagos que fueron efectuados con base en dicha norma. Para la corporacin, la decisin del Gobierno no cont con la motivacin adecuada, pues no explica, como es debido, la incidencia de factores como la inflacin, ndices de productividad, la contribucin de los salarios al ingreso nacional y dems elementos que fueron referentes para el clculo del aumento. La sentencia explica que, por ejemplo, frente al ndice de precios al consumidor (IPC) proyectado para el ao pasado, el Gobierno se limit a explicar que la meta de inflacin para ese ao era del 3 %. En este, como en otros casos, no se explic la influencia de las cifras en el clculo del aumento y frente a otros aspectos los datos fueron incompletos, dice la Sala. Esas falencias en la expedicin del acto administrativo llevaron a la Sala a decretar su anulacin. Aun cuando el fallo, se repite, no afecta los pagos efectuados con base en la disposicin, dado que la providencia tiene efectos nicamente hacia el futuro, se exhort al Gobierno para que una situacin como esta no se vuelva a repetir. () La motivacin del acto administrativo mediante el cual se fija el salario mnimo deber explicitar con la mayor claridad y precisin, los fundamentos econmicos, sociales, tcnicos y financieros que llevan al Gobierno Nacional a fijar el salario mnimo en una cuanta determinada, de tal suerte que los ciudadanos puedan conocer las razones objetivas de su determinacin, explic la Sala. Los consejeros Sandra Lisset Ibarra Vlez, William Hernndez Gmez y Csar Palomino Corts salvaron el voto frente a esa decisin, proyectada por el despacho del magistrado Gabriel Valbuena Hernndez. ver
    2017-03-28 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado y en ejercicio del principio de transparencia, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un Tablero de Resultados detallado con informacin puntual de cada una de las decisiones tomadas. En este documento encontrarn el nmero del proceso, el sentido de la decisin y un resumen del caso abordado, as como los nombres del demandante, el demandado y el ponente, informacin que le permitir al usuario consultar todos los documentos del proceso en http://consejodeestado.gov.co/consultasexternas.php
    2017-03-28 DECRETAN PRDIDA DE INVESTIDURA DE SENADOR CARLOS SOTO El Consejo de Estado decret la prdida de investidura del senador Carlos Enrique Soto Jaramillo al encontrarse que incurri en indebida destinacin de recursos pblicos. Segn el fallo proyectado por el magistrado de la Seccin Segunda Rafael Francisco Surez Vargas, uno de los asesores de su Unidad de Trabajo Legislativo (UTL) recibi la totalidad de su salario por das durante los cuales no labor. En el curso del proceso se comprob que en junio del 2012 recibi su sueldo completo, pese a que en esa poca se ausent varios das, por haber viajado a Panam, lo mismo ocurri en noviembre del 2013, cuando estuvo en Canad. Sin embargo, el congresista certific que haba laborado los 30 das del mes. La Sala Plena determin que, con su conducta, el congresista hizo que se le reconociera a su subalterno el pago de un dinero al que no tena derecho, por lo que se configura una destinacin indebida de recursos pblicos. La Ley 5 de 1992, artculo 388, es clara en advertir que a los legisladores les corresponde emitir una certificacin del cumplimiento de las labores de los empleados de su UTL y, con base en esta, se paga el salario de los servidores.
    2017-03-24 EXPROCURADORA Y MAGISTRADOS CONDENADOS EN REPARACIN El Consejo de Estado conden en accin de repeticin a la exviceprocuradora Martha Isabel Castaeda Curvelo y a otros dos magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena por haber violado los derechos de una funcionaria de la Rama Judicial que fue apartada de su cargo de manera indebida. Los hechos que motivaron esta actuacin tuvieron su origen en la decisin de dicho Tribunal Administrativo de declarar el abandono injustificado del cargo de una escribiente que trabajaba en esa corporacin, en octubre de 2001. El acto administrativo de insubsistencia fue firmado en ese entonces por los abogados Martha Isabel Castaeda Curvelo, Jos Manuel Dazgranados Dazgranados y Adonai Ferrari Padilla, quienes para la fecha de los hechos se desempeaban como magistrados del Tribunal Administrativo del Magdalena. La afectada interpuso una accin de nulidad y restablecimiento del derecho, que termin siendo resuelta a su favor por la Seccin Segunda del Consejo de Estado, en mayo de 2011. La decisin conden a la Rama Judicial al pago de los salarios y prestaciones que haba dejado de percibir la servidora desde el momento en que fue desvinculada de su puesto de trabajo, adems de tener que reintegrarla a su cargo. En cumplimiento del fallo, la Direccin Ejecutiva de Administracin Judicial se vio obligada a cancelarle a la demandante ms de 400 millones de pesos en febrero de 2013, por lo que esta, a su vez, interpuso una demanda de repeticin contra los responsables de la decisin. Las personas condenadas en repeticin tendrn que devolverle a la Nacin cerca de 400 millones de pesos por haber violado el debido proceso de la afectada, puesto que no tuvieron en cuenta los motivos que la obligaron a ausentarse de su puesto de trabajo. ver
    2017-03-22 TRIBUNAL ANDINO TIENE LA PALABRA EN LITIGIO DE CLARO Y ETB El Consejo de Estado ratific que el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina (TJCA) debe pronunciarse antes de que los jueces nacionales decidan si Claro debe reintegrarle o no a la ETB los dineros por el servicio de interconexin que tienen enfrentadas a ambas empresas desde hace ms de 12 aos. Eso significa que ese organismo multilateral de justicia debe decidir, entre otras cosas, si son aplicables al caso las normas de la Comunidad Andina de Naciones en torno a servicios de interconexin y si, eventualmente, la Comisin de Regulacin de Telecomunicaciones (CREG) debe tener la ltima palabra en el caso. Lo anterior debido a que la Seccin Tercera de la mxima instancia contencioso administrativa decidi no reponer su determinacin del 2 de diciembre del 2015, en la cual concluy que el TJCA debe rendir consulta prejudicial antes de que la justicia colombiana emita un veredicto. EL CASO En el 2006 un tribunal de arbitramento le impuso una condena de 17.000 millones de pesos a la ETB porque, a su juicio, la empresa no le haba cancelado a su enfrentada todo el dinero que le deba por el uso de sus redes en llamadas de larga distancia, como lo haban convenido en el contrato que mantenan desde 1998. La decisin haba sido ratificada en el 2008, luego de que el Consejo de Estado negara un recurso de anulacin que interpuso la ETB contra el laudo arbitral. Sin embargo, tras una demanda que interpuso la empresa capitalina, el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina conden a Colombia en el 2011, debido a que los jueces arbitrales que decidieron el diferendo contractual incumplieron su deber de efectuar la consulta prejudicial ante ese mismo organismo multilateral. Esa condena internacional oblig a la mxima instancia de lo contencioso administrativo a dejar sin efectos esas determinaciones. Con base en lo fallado nuevamente por el contencioso administrativo (fallo emitido el 9 de agosto del 2012), la ETB interpuso una demanda ejecutiva, con el anhelo de que Claro se viera obligada a reintegrarle los dineros causados por el diferendo contractual y posterior litigio. Aun cuando el Tribunal Administrativo de Cundinamarca acept estudiar la demanda, el 2 de diciembre del 2015 el Consejo de Estado determin que ese proceso no poda seguir adelante hasta tanto el TJCA no se hubiese pronunciado previamente. Aunque la ETB present un recurso contra esa decisin, la Seccin Tercera la ratific, lo que implica que mientras el organismo judicial multilateral no emita la consulta prejudicial la demanda ejecutiva no puede seguir adelante. ver
    2017-03-21 NIEGAN OTRA DEMANDA POR VENTA DE ISAGEN El Consejo de Estado neg la demanda presentada por un particular en contra de la venta de las acciones que la Nacin posea en la empresa de energa elctrica ISAGEN S.A., operacin que se realiz en enero del 2016. El demandante sealaba que la subasta no se poda realizar con un solo oferente, puesto que la misma jurisprudencia del Consejo de Estado, en el caso del Tercer Canal de Televisin, impone la pluralidad de participantes, con el fin de optimizar los beneficios econmicos que debe percibir la Nacin en la venta. Adems, la demanda planteaba la violacin de la Constitucin al limitar la concurrencia de varios oferentes en el proceso de venta, lo cual no garantiza la libre competencia ni respeta los principios de democratizacin y proteccin del patrimonio pblico. La Seccin Cuarta, con ponencia del magistrado Jorge Octavio Ramrez Ramrez, seal que en el caso de ISAGEN no era necesario la presentacin de varias ofertas, puesto que la obligacin de la administracin es garantizar la libre participacin de los interesados pero no su efectiva concurrencia porque no se puede obligar a los entes pblicos o privados a participar en un proceso determinado, ya que esto vulnerara la libertad de empresa y de competencia. Ante la concurrencia de un oferente nico, siempre que se garanticen las condiciones dichas, es factible su seleccin, cuando su oferta es la ms favorable para la administracin por cumplir con los requisitos y condiciones objetivas dispuestas en el acto que regula el proceso, indica la sentencia. ver
    2017-03-17 SUSPENDEN NORMAS RELACIONADAS CON LA TERCERIZACIN LABORAL El Consejo de Estado, Seccin Segunda, en providencia de 15 de marzo de 2017, suspendi provisionalmente los numerales 4. y 6. del artculo 2.2.3.2.1. del Decreto Reglamentario 1072 de 2015, el cual fue adicionado por el artculo 1. del tambin Decreto Reglamentario 583 de 2016; en atencin a que el Gobierno Nacional rebas el lmite material que le impona el artculo 63 de la Ley 1429 de 2010 de formalizacin y generacin de empleo. Segn el alto tribunal, las normas demandadas desbordan materialmente el contenido esencial del artculo 63 de la Ley 1429 del 2010, el cual hace referencia a la prohibicin de contratar personal a travs de cooperativas de trabajo asociado o bajo alguna forma de vinculacin de intermediacin laboral, para desarrollar actividades misionales permanentes, mientras que la norma reglamentaria suspendida provisionalmente regula aspectos relacionados con la tercerizacin laboral, dentro de la cual ubica todos los mecanismos legales de intermediacin laboral, aspectos estos que no estn comprendidos en la referida ley. La mxima instancia de lo contencioso administrativo record que la Ley 1429 de 2010 se expidi con el propsito de reglar los procedimientos de establecimiento de incentivos para formalizar el empleo en Colombia y generar ms oportunidades para los jvenes, por lo que en ella se contemplaron varios beneficios a favor de las pequeas empresas durante las etapas iniciales de su constitucin, tales como el fortalecimiento de programas de desarrollo empresarial, la instauracin de descuentos en materia de impuestos, la simplificacin de trmites y la creacin del Sistema Nacional de Informacin de Demanda Laboral. Una lectura sistemtica y de conjunto de la Ley 1429 de 2010 tampoco permite encontrar en el resto de su articulado, enunciado normativo alguno referido al tema de la tercerizacin laboral que permitiera al Gobierno su reglamentacin en el Decreto Reglamentario 583 de 2016. ver
    2017-03-16 MUNICIPIO DE CALI DEBE ADMINISTRAR PLAZAS DE MERCADO DE LA CIUDAD El Consejo de Estado le orden a la empresa en liquidacin Emsirva E.S.P. que de manera inmediata y gratuita traslade la propiedad que ostenta sobre las plazas de mercado de La Alameda, Porvenir, Alfonso Lpez, Floresta, Santa Elena y Silo al municipio de Cali. La decisin fue adoptada al resolver una accin popular en contra de la ciudad y de la Empresa de Servicio Pblico de Aseo de Cali, Emsirva E.S.P., instaurada por particulares que reclamaban el cumplimiento de la Ley 142 de 1994, que le orden a dicha empresa entregar el manejo de las plazas de mercado al municipio. Por disposicin de la referida Ley y mediante acuerdo del Concejo de Cali de 1996, Emsirva fue transformada en empresa industrial y comercial del municipio, prestadora exclusivamente del servicio de aseo, por lo que no poda continuar administrando el servicio pblico de las plazas de mercado. Pese a esto, la orden no se cumpli, lo cual, segn el demandante, produjo un detrimento al patrimonio pblico por el incumplimiento del municipio de recuperar las plazas de mercado para su administracin, sumado a que Emsirva entreg a concesionarios su manejo. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, estudi el caso y encontr que Emsirva estaba en el deber de entregar los bienes que correspondieran a los dems servicios que vena atendiendo cuando su objeto cambi y se convirti en una empresa prestadora exclusivamente del servicio domiciliario de aseo. La defensa del patrimonio pblico no se predica solamente frente a la posibilidad de actuaciones inmersas en conductas de corrupcin y desvo fraudulento de recursos, sino que tambin procede en aquellos eventos en los cuales se pone en riesgo el cumplimiento de los fines para los cuales estn constitucional y legalmente destinados los derechos, bienes y recursos estatales, por destinarse a objetivos diversos de aquellos que les corresponde cumplir, indica la sentencia. La Sala advierte que estas plazas de mercado se encuentran en riesgo de ser rematadas en subasta pblica, puesto que la Superintendencia de Servicios Pblicos Domiciliarios orden la toma de posesin con fines liquidatorios de todos los bienes y negocios de la Empresa de Servicio Pblico de Aseo de Cali, (Emsirva). Sin embargo, el fallo aclara que si bien estos lugares pueden figurar a nombre de Emsirva, no pueden ser objeto de libre disposicin, puesto que se trata de bienes de uso pblico. El municipio de Cali debe hacerse cargo de la prestacin del servicio de mercado y de la administracin de los bienes de uso pblico destinados al mismo, esto es, las plazas de mercado de La Alameda, El Porvenir, La Floresta, Cristbal Coln o Santa Elena, Silo y Alfonso Lpez Pumarejo, puntualiz la sentencia. La Sala tambin le orden al municipio de Cali realizar un estudio para analizar las necesidades de la poblacin de los barrios en los que se hallan ubicadas las plazas de mercado, con el fin de que se tomen las medidas necesarias para la preservacin y administracin de los referidos bienes de uso pblico destinados a plazas de mercado. ver
    2017-03-16 SUSPENDEN EVALUACIN DE DESEMPEO EN CONCURSO DE LA PROCURADURA El Consejo de Estado le orden a la Procuradura General de la Nacin que se abstenga de realizar la evaluacin del desempeo laboral a quienes participaron y ganaron el concurso para proveer cargos en esa entidad y se encuentran en periodo de prueba. La decisin fue adoptada por la Seccin Segunda, Subseccin A, con ponencia del magistrado Gabriel Valbuena Hernndez, al resolver la solicitud de medida cautelar presentada por un particular, la cual pretenda suspender el proceso de calificacin o evaluacin de desempeo de las personas que pasaron el concurso para proveer los cargos de carrera de procuradores judiciales I y II. Segn el demandante, en la actualidad no existe una reglamentacin en la entidad que establezca cules son los aspectos que deben ser calificados, cul debe ser el mtodo de evaluacin y con cules recursos cuentan las personas para controvertir la calificacin que se le d al desempeo de sus funciones. La Sala estudi el caso y encontr procedente suspender la evaluacin de desempeo laboral mientras se falla de fondo la demanda de nulidad que cursa contra la Resolucin 040 de 2015, que reglament la convocatoria del proceso de seleccin para proveer cargos de carrera de procuradores judiciales. El auto de la decisin explica que si no se decreta la medida cautelar y posteriormente se declara la nulidad de dicha resolucin, las personas que hayan superado la evaluacin e ingresen al sistema de carrera administrativa no podran verse afectados con la decisin porque ya tendran consolidada su situacin jurdica. "Est situacin pone en evidencia la necesidad de suspender dicho trmite administrativo (evaluacin del desempeo laboral) a fin de conjurar la situacin expuesta y asegurar el cumplimiento de la sentencia", indica el auto de decisin. En los prximos das la Corporacin se pronunciar sobre la acumulacin de todas las demandas que cursan en distintos despachos contra la Resolucin 040 de 2015, para luego definir fecha y hora de la audiencia inicial. Cabe precisar que esta decisin no afecta la continuidad de las personas que estn en proceso de calificacin de su desempeo laboral. ver
    2017-03-15 POLICA DEBER REPARAR A VCTIMAS DE ATENTADO EN NARIO La Nacin Ministerio de Defensa Polica Nacional fue condenada a reparar los daos sufridos por una familia que perdi su vivienda y un local comercial durante un enfrentamiento de guerrilleros de las FARC y agentes de la fuerza pblica que se produjo en Leiva (Nario) hace 17 aos. As lo determin el Consejo de Estado. Aun cuando los demandantes exigan un resarcimiento equivalente a los 600 millones de pesos, la Seccin Tercera del alto tribunal orden adelantar estudios periciales que permitan establecer acertadamente el valor de los muebles y enseres que perdieron los accionantes. El atentado guerrillero se produjo el 25 de marzo del 2000, cuando los insurgentes emprendieron un ataque generalizado en el poblado, principalmente dirigido a la estacin de Polica. Los agentes que resistieron la envestida protagonizaron una confrontacin con los rebeldes, que caus heridos y daos en las edificaciones de la poblacin de Leiva, entre ellos la vivienda en la que residan los accionantes y un billar del que derivaban su sustento. Por eso, los afectados interpusieron una demanda de reparacin directa ante la jurisdiccin de lo contencioso administrativo. Y aunque en primera instancia el Tribunal Administrativo de Nario les neg las pretensiones, el Consejo de Estado fall a su favor al reconocer la responsabilidad del Estado a ttulo de dao especial. A su juicio, aun cuando no pueda probarse que los agentes estatales fueran causantes del dao, hechos como este, acaecidos en el marco del conflicto armado, no pueden dejar a las vctimas sin una debida compensacin. ver
    2017-03-14 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2017-03-13 NACIN SE SALVA DE PAGAR CONCILIACIN POR MS DE $23.000 MILLONES El Consejo de Estado decidi no aprobar un acuerdo conciliatorio que haba celebrado la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) con la Sociedad Davimed S. A. por 23.900 millones de pesos por el supuesto incumplimiento de un compromiso de pago por una obra de infraestructura de los Juegos Suramericanos Medelln 2010. El acuerdo estuvo precedido por una condena de 21.200 millones de pesos que el Tribunal Administrativo de Antioquia le haba impuesto a la ANI el 29 de octubre del 2014, lo que pone en evidencia que el monto por el cual este organismo pretenda conciliar superaba en ms de 2.000 millones de pesos el valor de la condena. El litigio se inici porque la sociedad accionante, al no recibir remuneracin en contraprestacin a la terminacin y posterior entrega del proyecto de la doble calzada va 'San Juan de Dios' interpuso una demanda ante el Tribunal Administrativo de Antioquia, que concedi la reparacin. Para evitar que el caso llegara a una segunda instancia, las partes fijaron a un acuerdo conciliatorio que fue sometido a examen de la Seccin Tercera del Consejo de Estado. Adems de que la suma pactada era superior al monto de la condena, la mxima instancia contenciosa evidenci numerosas contradicciones en el proceso, como por ejemplo, el que el estudio pericial haya arrojado un costo total del proyecto de 33.700 millones de pesos, a pesar de que la pruebas demuestran que la suma de las ofertas presentadas por las subcontratistas de la obra no superan los 13.500 millones de pesos. Adicionalmente, en el expediente obra una comunicacin en la que el accionante admite estar ejecutando el proyecto sin que mediase la firma de un contrato. En otro documento aportado como prueba el INCO inform que careca de recursos para adicionar este contrato de obra a la concesin. Esos dos elementos demostraran que la accionante adelant una tarea para la cual no habra sido contratada, por su propia cuenta y riesgo. A ello se suma que no hay prueba que certifique la fecha de terminacin de las obras, lo que pone en duda que la accin se haya presentado dentro de los trminos legales de dos aos que tena la supuesta afectada para exigir ser reparada. Por si fuera poco, la Sala estableci que el INCO no poda hacerse responsable del presunto dao infligido al concesionario, pues de haberse producido el perjuicio, este no sera imputable a esa entidad sino a un tercero, que podra ser el municipio de Rionegro. Eso sin contar que la sociedad Davimed pretende someter a examen un convenio interadministrativo en el que no tiene parte, como el celebrado por el INCO y la administracin municipal con el propsito de asegurar la financiacin del proyecto. Ante las numerosas inconsistencias y la incertidumbre frente a cules eran realmente los compromisos de las partes, y con el fin de evitar una lesin tan cuantiosa para el patrimonio pblico, la Sala decidi no aprobar el acuerdo conciliatorio por 23.900 millones de pesos, lo que lleva el caso a una segunda instancia que deber ser resuelta por el propio Consejo de Estado prximamente. ver
    2017-03-06 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL NO PUEDEN ESTAR SOMETIDOS A RESERVA La Seccin Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Stella Jeannette Carvajal Basto, decidi acceder a la tutela del derecho fundamental a la informacin, vulnerado por el Tribunal Administrativo de Antioquia, que decidi no autorizar el acceso a los estudios de impacto ambiental de un proyecto que una ciudadana le haba solicitado a la Corporacin Autnoma Regional de las Cuencas de los ros Negro y Nare (Cornare). A juicio del Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, as la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin permita mantener en reserva ciertos documentos y actuaciones, en procura de la proteccin de secretos industriales, comerciales y profesionales, no existe ninguna restriccin expresa para que la ciudadana conozca las conclusiones de los estudios previos al desarrollo de proyectos con probable impacto en el medio ambiente. Esta decisin se apoy en el estndar del derecho internacional, en el que se indica que ante la ausencia de norma expresa que establezca una reserva determinada, se debe privilegiar su acceso. La decisin de tutela se dio en el marco de una peticin dirigida a la Corporacin Regional de las Cuencas de los ros Negro y Nare (Cornare), quien se neg a suministrar copia del estudio de impacto ambiental aportado por la empresa Suministros de Colombia (Sumicol SAS), en el trmite de expedicin de la licencia ambiental para adelantar la construccin de la planta productora de cementos Paraje Ro Claro. En fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado concluy que si bien la Ley de Transparencia y Acceso a la Informacin (artculos 16 y 18 literal c- y pargrafo de la Ley 1712 del 2014), permite mantener en reserva algunos documentos y actuaciones propias del licenciamiento en materia de medio ambiente, no seala expresamente que el estudio de impacto ambiental sea uno de esos documentos a los que la ciudadana no pueda tener acceso. Por lo anterior, esta Corporacin orden al Tribunal Administrativo de Antioquia dictar una nueva sentencia en la que tenga en cuenta que el estudio de impacto ambiental no puede ser sometido a reserva y que es posible acceder a l libremente. ver
    2017-03-02 REVOCAN CONDENA DE REPARACIN QUE FAVORECI A EXSENADOR Tras la reparacin de ms de 160 millones de pesos que el Tribunal Administrativo de Antioquia le concedi al exsenador scar Surez Mira hace siete aos, el Consejo de Estado revoc esa determinacin y absolvi a la Nacin Fiscala General del dao por privacin injusta de la libertad que se le haba imputado. El ente investigador haba sido condenado en el 2010 por haber impuesto una medida de aseguramiento al exparlamentario, en un proceso penal que termin siendo archivado en favor del dirigente y que se origin por supuestas irregularidades en dos contratos que el municipio celebr con la Corporacin Bello Ftbol Club, cuando Surez Mira era alcalde de esa poblacin. La Fiscala le impuso una medida de aseguramiento al exburgomaestre entre el 7 de enero y el 31 de marzo del 2000, por considerar que los contratos celebrados entre el municipio a su cargo y este club deportivo, para la promocin del ftbol aficionado en 1995, haban dado lugar a la comisin de los delitos de peculado por apropiacin a favor de terceros y falsedad ideolgica en documento pblico. Sin embargo, la investigacin fue archivada a favor de Surez Mira un ao despus, porque si bien este lleg a tener la doble condicin de alcalde de Bello y socio del club bellanita, no se comprob que hubiera cometido un ilcito porque deleg a la Secretara de Educacin y a la Junta Municipal de Deportes para vigilar el cumplimiento de los contratos. Dado que la Fiscala no logr comprobar la responsabilidad penal del poltico, este interpuso una demanda de reparacin directa, que le fue concedida por el Tribunal Administrativo de Antioquia en el 2010. En fallo de segunda instancia, el Consejo de Estado revoc esta condena de reparacin directa, porque si bien el demandante fue privado de su libertad sin que se le desvirtuara la presuncin de inocencia, las decisiones que la Fiscala tom en su contra en su momento estuvieron fundadas en la culpa grave con la que actu Surez Mira. ver
    2017-03-02 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2017-03-01 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2017-02-28 NUEVA CONDENA A LA NACIN POR TOMA DE GUACA (SANTANDER) Nuevamente la Nacin Ministerio de Defensa Polica Nacional fue condenada a reparar el dao ocasionado a las vctimas del conflicto armado, luego de que el Consejo de Estado le ordenara reparar los daos morales y materiales causados a las familias de cuatro civiles que resultaron heridos en una toma guerrillera en Guaca (Santander). La accin armada se produjo el 11 de diciembre de 1997, cuando hombres de las FARC atacaron la estacin de Polica del municipio, provocando la muerte de dos uniformados y heridas a las cuatro personas ajenas a la confrontacin que presentaron la demanda. Medios regionales sealan incluso que al da siguiente perdieron la vida otros cuatro policas provenientes de Bucaramanga, quienes fueron emboscados a 20 kilmetros de la cabecera municipal de Guaca, en hechos que tambin dejaron heridos a 19 uniformados ms. Tras la ocurrencia del atentado, los civiles lesionados y sus familias presentaron una demanda de reparacin directa, en busca de ser resarcidos por la afectacin que les produjo el enfrentamiento entre agentes de la fuerza pblica e insurgentes. Si bien en primera instancia el Tribunal Administrativo de Santander neg las pretensiones, en segunda instancia, el Consejo de Estado accedi a ellas y orden a la Nacin Ministerio de Defensa Polica Nacional reparar a las vctimas y sus familias con el pago de ms de 118 millones de pesos. Para la Seccin Tercera del alto tribunal, est probada la falla en el servicio en la que incurri la fuerza pblica, pues no tom medidas efectivas para garantizar la seguridad de la poblacin de la Guaca, a pesar de que era previsible la ocurrencia de un atentado de esa magnitud por parte de la guerrilla de las FARC. ver
    2017-02-24 CONDENAN A LA NACIN POR DETENCIN INJUSTA DE LDER SOCIAL El Consejo de Estado conden a la Fiscala General de la Nacin a pagarle ms de 555 millones de pesos a un reconocido lder social de Saravena (Arauca), que fue injustamente acusado de participar en un atentado terrorista contra el oleoducto Cao Limn Coveas. En fallo proyectado por el magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, la Seccin Tercera del alto tribunal le concedi a l y a su familia la accin de reparacin directa que instauraron en contra de la Fiscala por privacin injusta de la libertad. El 8 de marzo de 2001 Ecopetrol denunci que haba sido vctima del accionar delictivo de un grupo subversivo, responsable del ataque al oleoducto Cao Limn Coveas, en el sector conocido como La Pava. El 15 de marzo de 2004 el ahora accionante fue llamado a indagatoria por estos hechos y 11 das ms tarde fue detenido por hombres del Grupo de Caballera Mecanizado 18 Reveiz Pizarro del Ejrcito, quienes lo pusieron a rdenes de la Fiscala. Tras permanecer detenido durante poco menos de dos aos, acusado de terrorismo, un juez especializado de Arauca lo absolvi de todo cargo, sentencia que fue ratificada por el Tribunal Superior de esa capital en mayo de 2007. El otrora procesado y sus familiares acudieron a la jurisdiccin contencioso administrativa, en procura de una reparacin directa que les acaba de ser concedida, luego de que el Consejo de Estado considerara probado el dao antijurdico provocado por una acusacin carente de elementos que demostraran que el inculpado haba cometido el ilcito. ver
    2017-02-21 EMPRESAS DE TV DEBERN DEVOLVERLE A LA DIMAYOR MS DE $24.000 MILLONES El Consejo de Estado le orden a Telmex Colombia S.A y UNE EPM Telecomunicaciones S.A. restituirle a la Dimayor ms de 24.000 millones de pesos, tras conceder una adicin a un fallo por medio del cual anul un multimillonario laudo arbitral que, en su momento, haba sido desfavorable a la autoridad futbolera. En consecuencia, las empresas de servicios de televisin debern devolverle a la rectora del ftbol profesional colombiano los dineros que esta les cancel cuando la justicia arbitral se pronunci para condenarla. En diciembre del 2015 un tribunal de arbitramento determin que ese rgano del balompi criollo haba incumplido el compromiso asumido con Telmex Colombia S.A y UNE EPM Telecomunicaciones S.A. para tenerlos en cuenta como primera opcin, a la hora de comercializar los derechos de transmisin de la liga profesional del ftbol en Colombia. Por eso, los rbitros condenaron a la entidad a pagarle a su contraparte 12.323 millones de pesos y 12.330 millones de pesos que fueron pagados por esa institucin los das 20 y 21 de enero del 2016. La decisin fue objeto de demanda por parte de la Dimayor ante la jurisdiccin contenciosa que, a travs de un fallo proyectado en diciembre del ao pasado, declar nulo lo actuado por el tribunal de arbitramento, debido a que este no adelant la consulta prejudicial, que lo obligaba a pedir concepto previo del caso ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Tras la sentencia que dej sin efectos la citada condena arbitral, las partes presentaron solicitudes de aclaracin y adicin. As las cosas, el propio Consejo de Estado accedi a al recurso, en el sentido de ordenarle a Telmex Colombia S.A y UNE EPM Telecomunicaciones S.A. devolverle a la Dimayor los dineros que esta ltima les haba pagado en enero del 2016. Adems, la Seccin Tercera aclar que las pruebas practicadas por el tribunal arbitral seguirn teniendo vigencia, en caso de que este sea convocado para emitir un nuevo juicio respecto a este litigio. ver
    2017-02-21 CONDENAN A EPM POR INUNDACIONES EN MUNICIPIO DE SAN RAFAEL, ANTIOQUIA El Consejo de Estado conden a las Empresas Pblicas de Medelln (EPM) a indemnizar a ms de 100 habitantes del municipio de San Rafael (Antioquia) por los perjuicios que les ocasion la construccin y puesta en marcha de la central hidroelctrica de Guatap. La central de Guatap descarga sus aguas sobre el ro del mismo nombre, en la parte de arriba del casco urbano del municipio de San Rafael, ocasionando el aumento de su caudal. Como consecuencia, en varias oportunidades el ro se ha desbordado, afectando a los habitantes del municipio, que decidieron presentar una accin de grupo para reclamar de EPM el reconocimiento de los perjuicios ocasionados (108 grupos familiares). La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, estudi el caso y encontr probados los perjuicios a los pobladores por los procesos de socavacin y erosin generados en el ro Guatap con ocasin de la instalacin y puesta en funcionamiento de la represa del mismo nombre, lo cual caus graves inundaciones entre agosto de 1999 y julio de 2000, fecha en la que fue presentada la demanda. La Sala considera que las magnitudes en que el caudal del ro aumenta en altura y metros cbicos con los vertimientos de agua de la central Guatap, causaron la desestabilizacin de las orillas por la generacin de procesos erosivos aguas debajo de la descarga de la central Guatap y la desestabilizacin del suelo por las fluctuaciones del nivel del embalse debido a la operacin de las centrales Guatap y Playas, indica la sentencia. El fallo hace un llamado a la Alcalda del municipio de San Rafael, a la gobernacin de Antioquia y a la Corporacin Autnoma Regional de las cuencas de los ros Negro y Nare-CORNARE, para que adopten las medidas necesarias que permitan solucionar de manera definitiva la situacin de aquellos habitantes que no hayan hecho parte de la accin de grupo ya resuelta y que puedan resultar damnificados por tener predios e inmuebles en zonas de alto riesgo por inundacin. ver
    2017-02-21 NIEGAN PRDIDA DE INVESTIDURA DEL CONGRESISTA EFRAN ANTONIO TORRES M. El Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Brcenas, ratific la tesis de que el uso abusivo de tiquetes areos s configura un episodio de indebida destinacin de dineros pblicos, que da origen a la sancin de prdida de investidura de congresistas y dems miembros de las corporaciones pblicas. Sin embargo, en el caso de Martha Mireya Pabn Pez y Jorge Alberto Mndez Garca versus Efran Antonio Torres Monsalvo, representante a la Cmara por Bogot, la Sala absolvi al acusado de haber incurrido en indebido uso de pasajes areos y, por tanto, se abstuvo de imponerle la sancin de prdida de investidura. Fueron dos las razones fundamentales que tuvo en cuenta la Sala para desechar la solicitud de prdida de investidura. En primer lugar, porque la expedicin de 113 tiquetes al congresista Torres Monsalvo (en el periodo 2010 2014) se hizo conforme con el artculo 4 del Decreto 870 de 1989, que es el reglamento para la ordenacin de los pasajes areos de los congresistas. En segundo lugar, porque la parte denunciante no prob que el seor Torres Monsalvo hubiera utilizado esos tiquetes para atender asuntos ajenos a lo que le impone la investidura como representante a la Cmara por Bogot. Por lo tanto, se consider que los 113 tiquetes se utilizaron para facilitar el cumplimiento de la funcin legislativa, mas no con fines distintos, no autorizados o prohibidos. De modo que, segn la Sala Plena, no se logr desvirtuar la presuncin de inocencia que ampara al acusado en este tipo de procesos sancionatorios. La decisin tuvo 15 votos a favor y cinco en contra. Salvaron el voto, entre otros, la doctora Stella Conto Daz del Castillo argumentando que la decisin se apart de las especificidades del juicio de prdida de investidura que fue diseado por el constituyente para restablecer de una manera disuasiva, preventiva y represiva la dignidad, transparencia y legitimidad del Congreso de la Repblica, poniendo en riesgo la naturaleza, finalidades y efectividad de la misma medida y confirindole primaca a los derechos del elegido, que rompi el lazo de confianza con sus electores y y desvirtu la presuncin de dignidad que acompaa el acceso y permanencia en el cargo. Adems, la consejera adujo que se desconoci el principio de legalidad del gasto y la jurisprudencia de las secciones Primera y Segunda sobre la naturaleza de los tiquetes areos.
    2017-02-21 ELIGEN COMO MAGISTRADO DE LA SECCIN CUARTA AL ABOGADO MILTON CHAVES La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Milton Fernando Chaves Garca como nuevo magistrado de la Seccin Cuarta, en remplazo de la doctora Martha Teresa Briceo de Valencia, quien termin su periodo constitucional el ao pasado. El doctor Chaves es abogado de la Universidad Libre de Bogot con especializacin en Derecho Tributario de la Universidad Nuestra Seora del Rosario. El recin nombrado magistrado trabaj durante varios aos en la Direccin de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como abogado redactor en Legis, abogado litigante e independiente y magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Tambin ha sido docente en diferentes universidades del pas como la Santo Toms y la Central. Entre sus publicaciones se destacan Actualizacin del Rgimen de Procedimiento Tributario, Manual de Retencin en la Fuente y Doctrina Tributaria y Contable.
    2017-02-17 CONCEDEN HABEAS CORPUS A ECUATORIANA DETENIDA EN BOGOT El pasado 10 de febrero de 2017, la Sala Unitaria del Consejo de Estado, por conducto del magistrado Hugo Fernando Bastidas Brcenas, en segunda instancia, concedi el beneficio de hbeas corpus en favor de Mara Beln Moreno Chavarra. Ocurre que, el 29 de enero de 2017, la seora Moreno Chavarra, ciudadana ecuatoriana, fue detenida en territorio colombiano, con fines de extradicin, en virtud de la circular roja de Interpol, librada por el delito de homicidio culposo en accidente de trnsito, ocurrido en Ecuador, el 3 de septiembre de 2016. La Sala Unitaria encontr probado que la Fiscala General de la Nacin de Colombia decret la captura de la seora Moreno Chavarra, en cumplimiento del artculo 509 de la Ley 906 de 2004, lo que indica que es legal la privacin de la libertad. Empero, la Sala Unitaria estim que el hbeas corpus proceda como mecanismo excepcional para evitar que se cause un perjuicio irremediable, pues no hay solicitud formal de extradicin del Estado ecuatoriano y, por tanto, el proceso podra tardar 6 meses, aproximadamente, tiempo que se ve desproporcionado frente a delitos culposos, y que, en todo caso, por regla general, pueden juzgarse en libertad. Es ms, segn la providencia del 10 de febrero, existe duda razonable de si el delito de homicidio culposo en accidente de trnsito est amparado por el Acuerdo Sobre Extradicin (Congreso Bolivariano de Caracas), suscrito el 18 de julio de 1911, esto es, antes de la vigencia Constitucin Poltica colombiana de 1991. Adicionalmente, se concluy que la seora se encuentra en estado de indefensin, generado por el temor que dice sentir de no ser juzgada imparcialmente por el Estado ecuatoriano, por cuanto la muerte en el accidente de trnsito ocurri en un pariente de un alto dignatario de ese Estado. Todo eso oblig a la Sala Unitaria a dictar una providencia con enfoque y perspectiva de gnero para proteger no solo el derecho a libertad personal, sino el derecho al debido proceso (que incluye la garanta del juez imparcial) de una mujer que se declara en estado de indefensin. Finalmente, la providencia del 10 de febrero exhort al Ministerio de Relaciones Exteriores para que intervenga diligentemente en el trmite de extradicin e indague sobre la situacin que denuncia la seora Moreno Chavarra. ver
    2017-02-17 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2017-02-15 CONSEJO DE ESTADO INTERVIENE EN DEBATE SOBRE JEP En su intervencin ante la Comisin Primera del Senado de la Repblica, el Consejo de Estado seal qu tipo de ajustes y precisiones debe contener la reforma constitucional de la Jurisdiccin Especial para la Paz (JEP), a fin de que su aplicacin no ria con los pilares del derecho internacional, convencional, constitucional y la jurisdiccin de lo contencioso administrativo. Tras recordar que la corporacin es partidaria de que la Justicia Especial para la Paz (JEP) haga parte de la estructura constitucional de la Rama Judicial, subray que su funcionamiento no puede mermar ni desconocer la competencia de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo (JCA) frente al control de legalidad de las instituciones y el juzgamiento de responsabilidad de agentes del Estado por la produccin de dao antijurdico. A juicio del alto tribunal, ese esquema de justicia transicional no puede sustituir al juez contencioso, dado que la JEP es para el juzgamiento de personas y no del Estado. Aadi que si bien ve en la tutela contra las decisiones de la JEP una salida a los llamados choques de trenes que pudieren originarse por el funcionamiento paralelo de otros rganos jurisdiccionales alternos a los creados por la Constitucin de 1991, deben precisarse los casos en los que esta procede. Para el rgano jurisdiccional, esa misma frmula debera poner fin a las posiciones encontradas que en ocasiones adoptan las altas cortes. Lo mismo opina el Consejo de Estado frente a la extincin de la accin de repeticin y el llamamiento en garanta, que juzga de inconstitucional en tanto afecta el deber del Estado de reparar el dao causado por su accionar y el principio de reparacin integral. Para esta alta corte, la claridad en torno a las incidencias de la absolucin o condena de los agentes del Estado es un asunto de la mayor trascendencia frente a los compromisos de verdad justicia y reparacin. En su sentir, estos principios se deben aplicar, garantizando en todo caso la inmutabilidad e independencia de las sentencias de la JCA al desligar la responsabilidad del Estado de la de sus agentes . A juicio de la mxima instancia contenciosa, la escogencia de los responsables del funcionamiento de la JEP debe seguir los principios adoptados por la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU) en 1985, que persiguen los principios de independencia, imparcialidad y autonoma. De ah que se sugiera examinar la trayectoria profesional y preparacin acadmica de los aspirantes a magistrados y fiscales y que se aconseje incluir como criterio definitorio y preponderante la perspectiva de gnero. La corporacin resalt que el enfoque de gnero debe tener una operatividad transversal en el funcionamiento de la JEP, a fin de que se ubique a la mujer como un sujeto especialmente violentado y martirizado a lo largo del conflicto, que, por lo mismo, merece un reconocimiento privilegiado, que le permita acceder a un enfoque diferencial de justicia y a la participacin activa en la seleccin y operacin del sistema de justicia transicional.
    2017-02-15 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2017-02-15 ACLARAN APLICACIN DE LEY SOBRE EDAD DE RETIRO FORZOSO El Consejo de Estado conceptu que quienes cumplieron los 65 aos de edad antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 no podrn permanecer en sus cargos, pese a que la edad de retiro forzoso fue extendida hasta los 70 aos de edad por dicha Ley. El pronunciamiento de la Sala de Consulta y Servicio Civil resuelve una solicitud del Ministerio de Justicia que le pidi a la Corporacin conceptuar sobre la aplicacin de la Ley 1821 en cuanto a la situacin de las personas que alcanzaron la edad de retiro forzoso antes de la entrada en vigencia de la nueva ley, pero que, por diferentes razones, continan ejerciendo funciones pblicas. Adems, tambin pregunt por la aplicacin de ese mandato al caso de los notarios pblicos. Segn el concepto, los efectos de esta Ley son inmediatos y no retroactivos, por lo que no podrn permanecer en sus cargos, hasta cumplir los 70 aos de edad, las personas que cumplieron 65 aos antes del 30 de diciembre de 2016, fecha de la entrada en vigencia de la nueva norma. Dichas personas deben retirarse efectivamente de sus cargos y/o cesar en el ejercicio de las funciones pblicas dentro del plazo y en las condiciones que establecan (o establecen) las normas legales y reglamentarias anteriores a la Ley 1821 que les sean aplicables, sin desconocer, en todo caso, lo previsto en la jurisprudencia constitucional para amparar los derechos fundamentales de las personas de la tercera edad y otras que requieren proteccin en condiciones especiales, indica el concepto. Frente al tema de los notarios pblicos, la Sala de Consulta seal que, a partir de la vigencia de la Ley 1821 de 2016, tambin ellos quedan sujetos a la nueva edad de retiro forzoso, por lo que no se genera vacancia en la notara cuando su titular llega a los 65 aos, ni estn obligados a retirarse del cargo antes de cumplir la nueva edad de retiro forzoso. Sin embargo, la Sala es enftica en afirmar que no pueden permanecer voluntariamente en sus cargos los notarios que antes de la entrada en vigencia de la Ley 1821 de 2016 cumplieron la edad de 65 aos, pero continan ejerciendo sus funciones por razones de necesidades del servicio hasta la posesin de su reemplazo. ver
    2017-02-14 ELIGEN A HERNANDO SNCHEZ COMO NUEVO MAGISTRADO DEL C E La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Hernando Snchez Snchez como nuevo magistrado de la Seccin Primera, en remplazo de la doctora Mara Claudia Rojas Lasso, quien termin su periodo constitucional el ao pasado. El doctor Snchez es abogado de la Universidad del Rosario con especializacin en Derecho Internacional Privado y Derecho Comunitario de la Universidad de Pars Pantheon Assas. Tambin tiene una maestra en Derecho Comparado de la misma universidad en Francia. Se ha desempeado como conjuez de la Seccin Primera del Consejo de Estado, rbitro especializado de la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya, asesor del Ministerio de Ambiente y rbitro y conciliador de la Cmara de Comercio de Bogot. Tambin ha sido docente de la Universidad del Rosario. Entre sus publicaciones se destacan Derecho Internacional Contemporneo, Cdigo de Derecho Internacional Ambiental, Cdigo de Derecho Penal Internacional y Cdigo de Derecho Internacional Pblico.
    2017-02-13 CONDENAN AL INVAS POR ACCIDENTE EN CARRETERA El Consejo de Estado conden al Instituto Nacional de Vas (Invas) a pagarle ms de 2.400 millones de pesos a los familiares de siete personas que murieron por la cada de un rbol en la va que de Chinchin conduce a Manizales (Caldas). Los hechos materia del proceso ocurrieron el 12 de junio del 2002, cuando un rbol de al menos 25 metros de altura cay sobre la va, en el sector El Pescador, provocando el aplastamiento de un vehculo pblico y otro particular que transitaban por el lugar. La cada del rbol provoc la muerte instantnea de seis personas y la de una sptima vctima ocho das ms tarde, lo que llev a todos los grupos familiares afectados a acudir a la jurisdiccin de lo contencioso administrativo, en procura de una indemnizacin que resarciera el dao moral y material causado por la prdida de sus seres queridos. El Consejo de Estado concluy que el Instituto Nacional de Vas (Invas) era el responsable de reparar las afectaciones causadas en el seno de estos siete hogares, dado que la contratista encargada de prever y evitar accidentes causados por la presencia peligrosa de rboles en el lugar no tom medidas a tiempo para impedir el lamentable accidente. Estudios periciales aportados al proceso demostraron que era frecuente la ocurrencia de derrumbes y la cada de rboles en ese mismo paraje; de ah que el Invas hubiere contratado a un particular que se ocupara de tomar las medidas a las que hubiera lugar para mantener la va segura. As, dado que era previsible este desenlace y no se tomaron los correctivos necesarios, el Consejo de Estado consider probado el dao antijurdico a ttulo de falla en el servicio y orden reparar econmicamente a las familias de las siete personas fallecidas. ver
    2017-02-09 MANTIENEN ELECCIN DE REPRESENTANTES A LA CMARA La Seccin Quinta del Consejo de Estado neg la nulidad del acto de eleccin de los representantes a la Cmara por la Circunscripcin Internacional Ana Paola Agudelo Garca y Jaime Buenahora Febres para el periodo 2014-2018. Segn el demandante, en el proceso de eleccin de los hoy legisladores se registr trashumancia internacional, suplantacin e irregularidades en un formulario electoral y en las actas de escrutinio de las comisiones escrutadoras creadas por el Consejo Nacional Electoral, entre otros equvocos. Al analizar el cargo de suplantacin, se prob que, de 1.420 cdulas de ciudadana censuradas por el accionante, 1.245 corresponden a votos fraudulentos. Sin embargo, sumado este guarismo al de afectacin por trashumancia (521), su total descontado conforme a la distribucin porcentual no tiene la virtualidad de variar el resultado porque sigue existiendo una diferencia de 808 votos entre el candidato elegido por el Partido de la U (Jaime Buenahora Febres) y quien le sigui en votacin (Zoilo Csar Nieto Daz). Por otro lado, la Sala encontr que de los titulares de los 2.648 nmeros de cdulas demandados por el cargo de trashumancia, 2.127 no son trashumantes, mientras que los 521 restantes s lo son. Los primeros, por cuanto no se les desvirtu la presuncin de residencia electoral y los segundos, por tratarse de personas que no hicieron parte del censo de ciudadanos en el extranjero conformado para las elecciones del 2014. En ltimas, si bien la Sala, a partir de los cargos de suplantacin y trashumancia planteados por el actor, encontr evidenciadas de algunas irregularidades en el proceso, estas, en su conjunto, no tuvieron el potencial de afectar el resultado definitivo de la eleccin, por lo que se negaron las pretensiones de la demanda y se mantuvo en firme la eleccin como representantes a la Cmara por la Circunscripcin Internacional de los ciudadanos Ana Paola Agudelo Garca y Jaime Buenahora Febres. Los consejeros Roco Arajo Oate y Carlos Enrique Moreno Rubio aclararon su voto respecto de algunas de las consideraciones plasmadas en el fallo.
    2017-02-07 RATIFICAN NULIDAD DE ELECCIN DE CONGRESISTA La Seccin Primera del Consejo de Estado deneg las pretensiones invocadas en una accin de tutela por medio de la cual el ciudadano Moiss Orozco pretenda recuperar su condicin de representante a la Cmara por la Circunscripcin Especial de Afrodescendientes para el perodo 2014 2018. Lo hizo a travs de un fallo proyectado por el despacho del magistrado Roberto Augusto Serrato Valds, en el cual se establece que la decisin de la Seccin Quinta de dejar sin efectos su eleccin como parlamentario en ningn momento desconoci sus derechos polticos, ni otras garantas fundamentales como la igualdad y el trabajo. La eleccin de Orozco como legislador fue declarada nula, luego de que la sala electoral de la mxima instancia contenciosa estableciera que el aval que le otorg la Fundacin bano de Colombia (Funeco) tuvo lugar en un momento en el que se haba visto afectada la vigencia de la inscripcin de esa organizacin ante la Direccin de Asuntos de Comunidades Negras del Ministerio del Interior. Dado que el reconocimiento legal de Funeco como comunidad de base no tena aplicabilidad cuando el congresista recibi dicho aval, la Seccin Quinta declar nula su eleccin. Uno de los argumentos del tutelante se fundaba en que dicha comunidad haba recuperado el reconocimiento legal como organizacin de base gracias a una accin de tutela fallada por la Corte Constitucional en el ao 2014. Sin embargo, la Seccin Primera del Consejo de Estado encontr que esa providencia es posterior a la fecha en la cual Funeco le otorg el aval y, dado que los efectos de la sentencia son a futuro, no puede pretenderse que el pronunciamiento del tribunal constitucional validara su condicin de candidato por la Circunscripcin Especial Afrodescendiente. ver
    2017-02-07 DENUNCIAN POSIBLE USO INDEBIDO DE DINEROS EN CUENTA DEL C E El Consejo de Estado, por conducto del presidente de la Seccin Tercera Jaime Orlando Santofimio Gamboa, denunci ante la Fiscala General de la Nacin irregularidades en el manejo de una cuenta de ahorros del Banco Agrario, que est a cargo de la Secretara de dicha seccin. Segn la denuncia, se detect que la entidad financiera autoriz, entre el 2015 y el 2016, el dbito de los dineros depositados por concepto de tres embargos, que suman ms de 71 millones de pesos. Los dineros depositados en dicha cuenta de ahorros tienen como destinacin especfica atender los gastos de los procesos que conoce la Seccin Tercera del Consejo de Estado. Aparentemente, el hecho obedece a que autoridades judiciales habran ordenado el embargo de la cuenta de ahorros para cobrar ttulos judiciales, ignorando que las cuentas de ttulos judiciales son independientes a las de ahorros. Para la corporacin, podra haberse configurado un uso indebido de los bienes estatales o una omisin en el cumplimiento de funciones pblicas que conllevara al posible extravo, prdida o daos de bienes del Estado que tengan un uso especfico. El Consejo de Estado tambin considera que podra tratarse de decisiones sin justificacin legal o del abuso por parte del Banco, que aplica indiscriminadamente el embargo judicial. Por ltimo, los hechos denunciados tambin podran equivaler a una posible apropiacin o retencin de bienes del Estado en beneficio propio o de un tercero, por lo que la corporacin pide la urgente intervencin de la Fiscala General de la Nacin.
    2017-02-06 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2017-02-01 SUSPENDEN MODIFICACIONES AL CGP El magistrado de la Seccin Primera del Consejo de Estado Roberto Augusto Serrato Valds orden suspender provisionalmente la aplicacin de ocho artculos del Decreto 1736 del 2012, por medio del cual el Gobierno Nacional corrigi el mismo nmero de apartes normativos del Cdigo General del Proceso. Ello significa que los cambios a normas relativas a la competencia de los jueces civiles municipales por presuntas violaciones a los derechos del consumidor, as como la referente a la reanudacin de los procesos suspendidos por prejudicialidad, el desistimiento tcito de las partes interesadas en un litigio o la relacionada con el inters para recurrir en las acciones de contenido econmico dejarn de tener efectos temporalmente. Lo anterior, en virtud a una demanda que interpuso el abogado Ramiro Bejarano contra varios apartes del mencionado decreto, por medio del cual se pretendi corregir algunos equvocos de forma del Cdigo General del Proceso (Ley 1564 del 2012), que fue sancionado ese mismo ao. Para el despacho, si bien el Gobierno tiene la potestad de corregir los errores tipogrficos o caligrficos presentes en las leyes expedidas por el Congreso (por aplicacin del artculo 45 de la Ley 4 de 1913), no puede utilizar dicha facultad para modificarlas sustancialmente, como lo hizo frente a algunas de las disposiciones demandadas. As las cosas, se decret la suspensin provisional de los artculos 3, 5, 6, 8, 9, 14, 16 y 18 del acto administrativo expedido por el Gobierno Nacional, mientras se resuelve de fondo el caso. ver
    2017-01-31 ELIGEN NUEVO PRESIDENTE DEL C E La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Jorge Octavio Ramrez Ramrez, magistrado de la Seccin Cuarta, como nuevo presidente de la Corporacin, en remplazo del doctor Danilo Rojas Betancourth. El doctor Ramrez Ramrez es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de la misma institucin y magister en Derecho Procesal de la Universidad de Medelln. Durante el ejercicio de su profesin ha desempeado varios cargos como juez promiscuo municipal, abogado litigante, coordinador de procesos judiciales en las Empresas Pblicas de Medelln (EPM) y magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia durante ms de 25 aos. Adems es docente en diferentes universidades del pas.
    2017-01-30 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2017-01-20 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIN DE GOBERNADOR DEL CESAR La Seccin Quinta del Consejo de Estado neg la nulidad de la eleccin del Gobernador del departamento del Cesar por el Partido de La U, Francisco Fernando Ovalle Angarita, al desvirtuar las acusaciones que lo sealaban de haber incurrido en doble militancia La Sala Electoral, por unanimidad y tras haber sido derrotada la ponencia de la doctora Roco Arajo Oate, consider que no est probada la doble militancia, teniendo en cuenta las pruebas arrimadas al proceso y especialmente el anlisis detenido de los estatutos del Partido Cambio Radical. La demanda se fundamentaba en una inexistente doble militancia por varios motivos: en primer lugar, la labor desarrollada en su condicin de coordinador de dicha colectividad en el departamento del Cesar del hoy gobernador Ovalle Angarita. Sin embargo, en concepto de la Sala, la coordinacin no puede homologarse con un cargo de direccin, por lo que el sealamiento no prosper. Adems, los accionantes aseguraron que haba sido precandidato a la Alcalda de Valledupar por Cambio Radical, no obstante que las pruebas permitieron establecer que este partido no adelant ningn proceso de consulta para definir su candidatura al cargo de burgomaestre en la capital del Cesar. Finalmente, los demandantes trataron de fundamentar la supuesta doble militancia en que el funcionario haba sido elegido gobernador en representacin de La U pese a haber sido militante activo de Cambio Radical, pero en desarrollo del proceso la Sala Electoral encontr que el seor Ovalle Angarita haba renunciado oportunamente a su militancia en dicho partido.
    2017-01-18 ORDENAN INDEMNIZAR A COMERCIANTE POR PRIVACIN INJUSTA DE LA LIBERTAD El Consejo de Estado conden a la Nacin al pago de ms de 575 millones pesos por haber privado injustamente de su libertad a un comerciante que fue capturado en una operacin policial que buscaba desmantelar a un grupo narcotraficante al que el Departamento Antidrogas de los Estados Unidos (DEA) le segua los pasos desde 1999. Este hombre fue una de las 14 personas capturadas por la Polica en la llamada Operacin Nevado, que permiti el desmantelamiento de una banda que enviaba cocana a los Estados Unidos y que tena enlaces en Manizales (Caldas), Medelln (Antioquia) y Bogot, gracias a la informacin suministrada por la DEA. El comerciante permaneci detenido entre los aos 2001 y 2002, luego de que las autoridades interceptaran una conversacin telefnica que este mantuvo con una de las personas aparentemente implicadas en estas operaciones de trfico de narcticos hacia los Estados Unidos. Varios meses despus de que el accionante hubiera sido recluido en la crcel, la Fiscala precluy la investigacin y lo dej en libertad, archivando el caso a su favor, al concluir que los dilogos entre estas dos personas no probaban en modo alguno la relacin del comerciante con las actividades ilcitas cometidas en territorio norteamericano y por las cuales su interlocutor tambin estaba siendo investigado. Tras haber salido de prisin, este ciudadano interpuso una accin de reparacin directa por privacin injusta de la libertad. El Tribunal Administrativo de Cundinamarca en primera instancia y ahora el Consejo de Estado -como rgano de cierre- accedieron a sus pretensiones y ordenaron a la Nacin Rama Judicial indemnizar al demandante y a sus familiares. ver
    2017-01-17 LMITES EN ESQUEMAS DE SEGURIDAD El Consejo de Estado indic que retirar el auxilio de transporte a personas que cuentan con esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Proteccin (UNP) no pone en riesgo su vida ni su integridad. Ello a raz de una accin de tutela por medio de la cual una vctima del conflicto armado y activista de los derechos de la comunidad LGBTI buscaba que la UNP le asignara un vehculo para su proteccin en remplazo del auxilio de transporte que se le haba quitado. Con ponencia del magistrado Hugo Bastidas Brcenas, la mxima instancia de lo contencioso administrativo neg la tutela por considerar que la decisin de la entidad demandada de retirarle el auxilio de transporte no era caprichosa y que tampoco lo pona en riesgo, como l trataba de sustentarlo. El Consejo de Estado explic que la determinacin de la UNP obedeci a un cambio en la reglamentacin de los esquemas, el cual elimin este auxilio de transporte para todos los que enfrentan el mismo nivel de riesgo del actor. Adems, segn la corporacin, el simple retiro de la medida no genera la vulnerabilidad que pretende poner en evidencia el tutelante, pues este cuenta con otras medidas de seguridad, como un medio de comunicacin, un chaleco blindado y un hombre de proteccin. Finalmente, la providencia indica que si la inconformidad de la persona protegida va dirigida exclusivamente a la eliminacin del auxilio de transporte como medida de proteccin, este cuenta con mecanismos como la accin de nulidad y restablecimiento del derecho. ver
    2017-01-13 PROTEGEN DERECHO A CONSULTA PREVIA DE COMUNIDAD WAYU El Consejo de Estado ratific la suspensin provisional de la licencia ambiental otorgada a la sociedad Carbones del Cerrejn Limited para desviar el cauce del Arroyo Bruno, en Albania, Guajira, y orden al Gobierno Nacional y a la empresa adelantar un proceso de consulta previa con la comunidad Wayu La Horqueta 2. En consecuencia, la Direccin de Consulta Previa del Ministerio del Interior, la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) y la empresa minera debern concertar con el grupo indgena antes seguir adelante con este proyecto, a 500 metros del tajo La Puente, que hace parte de la mina de carbn que esta firma opera en este departamento del Caribe. La sociedad Carbones del Cerrejn Limited haba obtenido la licencia ambiental para adelantar los trabajos, luego de que la Direccin de Consulta Previa del Ministerio del Interior estableciera que, segn visitas en terreno y material flmico y de audio, el desvo del cauce del arroyo no afectara a la comunidad aborigen que interpuso la accin de tutela, por lo que no era necesaria la consulta. Sin embargo, en mayo del 2016 una accin de tutela fallada por el Tribunal Administrativo de la Guajira orden suspender provisionalmente los efectos jurdicos de dicha autorizacin, hasta que no se revisara nuevamente y de manera exhaustiva la probable afectacin de los derechos de la comunidad La Horqueta 2. Tanto el tutelante como los accionados impugnaron la decisin, lo que llev al Consejo de Estado a pronunciarse. As las cosas, la Seccin Cuarta de la corporacin estableci que no solo era necesario ratificar la suspensin de los efectos jurdicos de la licencia ambiental, sino que adems orden adelantar el proceso de consulta previa, al encontrar probado que los aborgenes s se veran eventualmente afectados por el desvo del cauce del arroyo Bruno. Para la Sala, la posible afectacin de los intereses de esta comunidad Wayu no podan descartarse por el simple hecho de que esta esta se encontrara asentada fuera del rea de influencia del proyecto. A juicio de la corporacin, las autoridades y empresa demandas debieron valorar el posible impacto de acuerdo al significado ancestral de los terrenos en controversia, la contaminacin ambiental que genera la explotacin de carbn a cielo abierto y la crisis que vive La Guajira por falta de agua. ver
    2016-12-19 ADMITEN DEMANDA CONTRA PLEBISCITO POR LA PAZ La Seccin Quinta del Consejo de Estado, estableci que el hecho de que ganara el NO en el plebiscito Para la refrendacin del acuerdo final para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera fue el producto de la violencia por engao a que fueron sometidos los colombianos por parte de quienes impulsaron dicha campaa. Mediante auto de ponente, la Magistrada Lucy Jeannette Bermdez Bermdez, admiti la demanda de nulidad electoral y decret medidas cautelares de urgencia: orden al Congreso de la Repblica y al Presidente de la Repblica, Avanzar con la implementacin del actual Acuerdo final para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera disponiendo para ello an en sesiones extraordinarias convocadas para tal fin de los mecanismos especiales de creacin normativa establecidos en el Acto Legislativo 01 de 2016 (Fast Track) (). Adicionalmente exhort a la Corte Constitucional para que priorice la resolucin de las demandas de constitucionalidad en las que deba pronunciarse expresamente sobre la vigencia del acto legislativo 01 de 2016 y en especial sobre el artculo 5 de dicha preceptiva. La Consejera estudi cada uno de los hechos que precedieron dicha jornada electoral y algunos conocidos con posterioridad, y dio pleno valor probatorio a la entrevista dada al diario la Repblica por el seor Juan Carlos Vlez Uribe, en su condicin de Gerente de la Campaa del NO del Centro Democrtico, en la que dio cuenta de cmo crearon y divulgaron mensajes alejados de la realidad, con los que ejercieron violencia por engao contra el electorado, lo que produjo el resultado conocido. ver
    2016-12-16 DECLARAN INCONSTITUCIONAL PREGUNTA PARA CONSULTA POPULAR Por carecer de neutralidad y lesionar la libertad del votante, la Seccin Quinta del Consejo de Estado orden revocar el aval dado a la pregunta con la que se pretenda consultar a los ciudadanos de Cajamarca Tolima, sobre la continuidad de la actividad minera en la regin. El texto de la pregunta que haba sido avalado constitucionalmente por el Tribunal Administrativo del Tolima, en concepto de la Sala de Seccin, resulta manifiestamente caprichosa y sugestiva. El texto sealaba Est usted de acuerdo SI o NO con que en el Municipio de Cajamarca se ejecuten actividades que impliquen contaminacin del suelo, prdida o contaminacin de las aguas o afectacin de la vocacin tradicional agropecuaria del municipio, con motivos de proyectos de naturaleza minera? La Sala, al amparar el derecho al debido proceso de la ciudadana en general y en particular de los interesados en la actividad minera, consider que la interpretacin dada por el Tribunal al avalar dicho texto () es inconstitucional, toda vez que desconoce la importancia de garantizar la neutralidad de las preguntas de los mecanismos de participacin ciudadana, por cuanto, en los trminos expuestos por la Corte Constitucional, la falta de neutralidad lesiona la libertad del votante. Record que dicha Corporacin construy unas subreglas que permiten formular preguntas para los referendos y consultas populares para garantizar el principio de libertad del votante, excluir notas introductorias que induzcan a una respuesta y cumplir con la exigencia de lealtad. ver
    2016-12-15 VA LIBRE A CONSULTA MINERA EN IBAGU El Consejo de Estado le dio va libre a la consulta popular sobre asuntos mineros que pretende convocar el alcalde de Ibagu Guillermo Alfonso Jaramillo para que los ciudadanos expresen si estn de acuerdo con la ejecucin de proyectos mineros en ese municipio. Sin embargo, la Seccin Cuarta, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Brcenas, encontr problemas en la pregunta que inicialmente fue propuesta por el Alcalde: Est usted de acuerdo S o NO que en el municipio de Ibagu se ejecuten proyectos y actividades mineras que impliquen contaminacin del suelo, prdida o contaminacin de las aguas o afectacin de la vocacin agropecuaria y turstica del municipio?. La Sala declar inconstitucional la ltima parte de la pregunta (que impliquen contaminacin del suelo, prdida o contaminacin de las aguas o afectacin de la vocacin agropecuaria y turstica del municipio) al encontrar que no cumple con los requisitos de claridad, imparcialidad y objetividad y determin que la pregunta que puede someterse a consulta popular es la siguiente: Est usted de acuerdo S o NO que en el municipio de Ibagu se ejecuten proyectos y actividades mineras? La decisin fue adoptada al resolver varias tutelas que interpusieron ciudadanos en contra del fallo proferido por el Tribunal Administrativo del Tolima que haba declarado constitucional la pregunta del Alcalde. El fallo seala que las consultas populares se enmarcan en el mbito de las competencias de los municipios (autonoma poltica), es decir que el Alcalde de Ibagu puede promover dicha iniciativa popular, pero debe cumplir con el requisito de concertacin con la Nacin. ver
    2016-12-06 MILLONARIA CONDENA CONTRA LA NACIN POR SECUESTRO DE HOMBRE El Consejo de Estado conden a la Nacin a pagar ms de 1.300 millones de pesos a favor de un hombre que fue secuestrado por la guerrilla de las Farc, el 24 de febrero de 2004, en Neiva. Los hechos ocurrieron a la media noche de ese da, cuando varios hombres armados, vestidos con prendas militares, llegaron a los puestos de vigilancia del edificio Altos de Manzanillo y del condominio Casa Blanca para realizar un supuesto allanamiento, pero los porteros no autorizaron su ingreso, lo cual hizo que los guerrilleros utilizaran explosivos para abrir las cerraduras. Posteriormente, con lista en mano, sacaron a tres personas que vivan en el lugar y las secuestraron. El demandante en este caso, y una de las vctimas, permaneci en cautiverio cerca de 18 meses en condiciones infrahumanas, hasta que el 26 de agosto de 2005 fue liberado luego de haber llegado a un acuerdo econmico para obtener su rescate entre sus familiares y la columna mvil Tefilo Forero de las Farc, por la suma de 400.000.000 de pesos. Segn las pruebas aportadas al proceso, pocos das antes del secuestro, en los conjuntos residenciales donde ocurrieron los hechos se realiz una reunin con varios empresarios de la regin y miembros de la fuerza pblica en la que se informaba del riesgo de un nuevo secuestro masivo como el ocurrido en el ao 2001, en el edificio Miraflores de Neiva, pese a lo cual no se adoptaron medidas eficaces para contrarrestarlo. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Hernn Andrade Rincn, seal que el hecho de que la Nacin hubiera conocido la situacin de riesgo en que se encontraban los habitantes de esa zona residencial, impona a la fuerza pblica el deber de garantizar su seguridad, pero las medidas que se adoptaron, como la realizacin de patrullajes espordicos en motocicleta, resultaron insuficientes frente a la gravedad de la amenaza. ver
    2016-12-06 NIEGAN INDEMNIZACIN A PADRASTRO DE VCTIMA DE ABUSO SEXUAL El Consejo de Estado le orden a la Fiscala adoptar un protocolo unificado de entrevistas para recibir los testimonios de nios y adolescentes que hayan sido vctimas o testigos de agresin o abuso sexual. As mismo, de manera gradual y progresiva, el organismo investigador deber implementar en todas sus direcciones seccionales la cmara de Gessel, un lugar acondicionado especialmente para recibir los testimonios de menores de edad que han sido blanco de ese tipo de abusos. La decisin fue adoptada a propsito de la determinacin del Consejo de Estado de revocar una condena que le impuso el Tribunal Administrativo del Cesar a la Nacin por la privacin injusta de la libertad de un hombre que haba sido procesado judicialmente por el acceso carnal abusivo de una menor de 13 aos de edad. El hombre fue detenido el 13 de agosto del 2005 en El Copey (Cesar), luego de que la ta de la nia denunciara los hechos. Pese a haber permanecido preso durante un ao y dos meses, un juez penal de Valledupar lo absolvi debido a que el organismo acusador no logr desvirtuar su presuncin de inocencia. Si bien el hombre admiti que incurri en la prctica de otro tipo de actos (como besos y caricias) de tipo ertico con su hijastra, bajo la justificacin que la menor lo buscaba para divertirse, el juez no encontr pruebas suficientes para condenarlo. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, determin que aun cuando la Fiscala no prob la responsabilidad penal de este hombre, su detencin no puede dar lugar a una reparacin econmica, pues actu sin atender, proteger y preservar la libertad sexual y el derecho al libre desarrollo de la personalidad de la nia, incluso si dichos actos hubieran sido consentidos por ella. ver
    2016-12-05 CONDENAN A LA NACIN POR PRIVACIN INJUSTA DE LA LIBERTAD El Consejo de Estado conden a la Rama Judicial y a la Fiscala por la privacin injusta de la libertad que sufri un ciudadano que termin siendo sindicado de pertenecer a una banda de asaltantes, tras haberle prestado su vehculo a uno de sus vecinos, sin saber que este haca parte del grupo delincuencial. Segn la Seccin Tercera del alto tribunal, las entidades demandadas debern cancelarle a la vctima y a sus familiares ms de 423 millones de pesos como reparacin del dao causado al accionante, quien permaneci preso por ms de dos aos, sealado de cometer un hurto del cual no era responsable. El demandante haba sido detenido en 1990, cuando las autoridades presuman su complicidad en un atraco ocurrido das antes en Albn, Cundinamarca., pues los asaltantes cometieron el ilcito utilizando un vehculo de su propiedad. El ciudadano que interpuso la accin logr demostrar que haba sido asaltado en su buena fe por un vecino, a quien le haba cedido temporalmente el uso de su vehculo para que transportara a unos empleados de Ecopetrol, sin siquiera sospechar que este se dedicaba a actividades delincuenciales y mucho menos que utilizara el carro para cometer el asalto. Con ponencia de la consejera Stella Conto Daz del Castillo, la Seccin Tercera revoc la determinacin y conden a las entidades accionadas, al concluir que la vctima no tena por qu presumir la mala fe de su vecino. () Detrs de la premisa de que los particulares deben asegurar que las personas con quienes contratan no han de delinquir, yace la asuncin de que las personas habitualmente obran de mala fe () Por ello no es de extraar que aquellos Estados en los que los ciudadanos estn constantemente llamados a vigilar a sus conciudadanos, sean, justamente, de carcter totalitario, dice la providencia. ver
    2016-12-02 MEDIDAS PARA QUE SE RECONOZCAN CESANTAS A DOCENTES El Consejo de Estado le hizo un llamado de atencin a la ministra de Educacin Nacional, al director del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio y al gerente de la Fiduprevisora S.A. para que adopten los correctivos necesarios frente a las irregularidades que se vienen presentando en el reconocimiento y pago de las cesantas de los docentes estatales. El alto tribunal record que los titulares de estas entidades, como sujetos garantes del pago de las prestaciones sociales de los educadores, deben identificar las causas que originan el incumplimiento de los plazos previstos en las normas que regulan el reconocimiento de las cesantas de los docentes, y elaborar un plan de mejoramiento, con el fin de evitar las millonarias sanciones por mora. El pronunciamiento fue hecho por la Seccin Segunda en un fallo que le ordena al Ministerio de Educacin Nacional y al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio el pago de la sancin moratoria, a un docente de Pereira, debido a que estas entidades no cumplieron la ley que establece unos plazos para el reconocimiento de las cesantas. El magistrado William Hernndez, ponente de la decisin, tambin orden compulsar copias del expediente a la Procuradura, la Contralora, la Fiscala y a la Agencia Nacional de Defensa Jurdica del Estado para que investiguen, dentro de su competencia, las posibles conductas disciplinarias, de detrimento patrimonial o fiscal y penales, en las que pudieron incurrir los funcionarios del Ministerio de Educacin Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, la Fiduprevisora S.A. y la Secretara de Educacin de Pereira, por el incumplimiento en el pago oportuno de las cesantas a dicho profesor de la capital de Risaralda, que para este caso asciende aproximadamente a ms de 32 millones de pesos. El envo de copias encuentra fundamento en las innumerables y reiterativas condenas proferidas por el Consejo de Estado, los Tribunales Administrativos y los Juzgados Administrativos del pas, en casos anlogos al presente, en los cuales se ha condenado a la Nacin - Ministerio de Educacin - Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio por la sancin moratoria debido al pago extemporneo de las cesantas parciales o definitivas de los docentes estatales, indica la sentencia. ver
    2016-12-01 CONDENAN A EMPRESA POR ACCIDENTE DE MENOR El Consejo de Estado conden a la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayn S.A. E.S.P. por el accidente que sufri un menor de 7 aos de edad cuando jugaba ftbol en un parque de Popayn, el 14 de julio de 2001. El nio se encontraba en la cancha del barrio Toms Cipriano de Mosquera cuando un tubo de concreto rod sobre el pequeo. Este elemento era utilizado por la empresa para la construccin de un tramo del alcantarillado en esa zona. En su defensa la Sociedad Acueducto y Alcantarillado de Popayn S.A. E.S.P. sostuvo que los tubos de cemento no se haban abandonado, sino que eran utilizados para la ejecucin de la obra que beneficiara a la comunidad, por lo que estaba obligada a soportar la incomodidad mientras esta se terminaba. Adems seal que el padre tiene responsabilidad en los hechos por no ejercer la vigilancia debida sobre el menor. La Seccin Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Daz del Castillo, estudi el caso y encontr que era obligacin de la empresa procurar que los materiales de construccin no crearan un riesgo para los moradores de la zona y en particular para los nios que frecuentaban la cancha. Tal como seal la parte demandada, los moradores de la zona se beneficiaran con el mantenimiento de la tubera pluvial, mejorndose su calidad de vida, pero de eso no se sigue que el menor, sus padres y hermanos tengan que soportar un dao evitable, pues las lesiones del menor nada tenan que ver con la realizacin de la obra, indica la sentencia. La Sala tambin seal que ninguna responsabilidad le cabe al padre, pues estaban en un lugar apropiado para el menor, compartiendo una actividad que no representaba ningn peligro, por lo que no tena la obligacin de suponer que los elementos dejados atentaban contra la seguridad de su hijo. ver
    2016-11-29 ANULAN LAUDO QUE IMPONA MILLONARIA CONDENA A LA ETB El Consejo de Estado anul un laudo arbitral que obligaba a la ETB a pagarle a Comcel S. A. ms de 54.400 millones de pesos por cargos de interconexin derivados de la operacin del servicio de llamadas de larga distancia. Para la Seccin Tercera, el tribunal de arbitramento que emiti la condena el 21 de octubre del 2014 no tena competencia para decidir el asunto, ya que la autoridad investida para resolver esta controversia era la Comisin de Regulacin de Comunicaciones (CRC). Segn la providencia, la autoridad arbitral responsable de la decisin no aplic la interpretacin del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina segn la cual la competencia para resolver todos los diferendos en los que se pregone violacin a principios de cargos por interconexin o libre competencia recae exclusiva y excluyentemente sobre la autoridad nacional encargada de vigilar el rea de las telecomunicaciones. As las cosas, dado que la Ley le otorga a la CRC dichas atribuciones es ese organismo el que debe decidir si ETB debe cancelar o no la supuesta diferencia entre los valores que cancel por interconexin y lo que, segn Comcel S. A., ha debido pagarle. ver
    2016-11-29 CONGRESO DE LA REPBLICA PUEDE REFRENDAR NUEVO ACUERDO DE PAZ La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado conceptu que el Congreso de la Repblica puede refrendar el nuevo Acuerdo final para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera, que fue suscrito por el Gobierno Nacional y las Farc, el pasado 24 de noviembre de 2016. En respuesta a una consulta elevada por el Gobierno Nacional a travs del Ministerio del Interior, organismo que pregunt si el Congreso de la Repblica tena la competencia para refrendar el nuevo Acuerdo de Paz, la Sala de Consulta, con ponencia del magistrado Germn Bula Escobar, seal que desde el punto de vista de la naturaleza, fines y alcance del control poltico que el Congreso de la Repblica ejerce sobre el Gobierno Nacional, resulta conforme con la Constitucin y con la ley orgnica del reglamento del Congreso que ese cuerpo legislativo pueda hacer una manifestacin poltica, a ttulo de refrendacin, de los acuerdos de paz suscritos por el Presidente de la Repblica. De acuerdo con el artculo 133 C.P. que consagra la representacin popular en cabeza de los miembros de cuerpos colegiados de eleccin directa- y en ejercicio de la funcin constitucional de control poltico, la refrendacin por parte del Congreso debe entenderse como un voto de confianza respecto de la poltica al mando en el manejo de la paz, con el fin de que la accin pblica y estatal en la materia tenga el mayor grado de legitimacin democrtica posible, producto de la seria discusin y deliberacin acerca de los problemas cuya solucin reclama con insistencia la sociedad, por manera que las iniciativas, planes y compromisos asumidos por el Estado en el acuerdo suscrito con las Farc cuenten con una base slida de estabilidad poltica, indica el concepto. La Sala subray que la paz es derecho, deber y fin constitucional esencial, que vincula a todos los rganos del Estado, por lo que no cabe una visin reduccionista de la legitimidad democrtica del Congreso de la Repblica y de sus funciones de control poltico, que lleve a negar la posibilidad de refrendacin de los acuerdos de paz a travs de ese cuerpo de representacin popular. Agrega el concepto que la refrendacin es diferente a la implementacin del Acuerdo Final, razn por la cual las reformas constitucionales y legales que este ltimo demande debern agotar los procedimientos previstos en el ordenamiento jurdico para el efecto. ver
    2016-11-28 ORDENAN INDEMNIZAR A PACIENTE QUE PERDI UN OJO El municipio de Itag (Antioquia) fue condenado a pagarle ms de 381 millones de pesos a la familia de un paciente que perdi el ojo derecho cuando tena 7 aos de edad, luego de haberse sometido a un tratamiento mdico que se inici de manera tarda. Con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, la Seccin Tercera consider probada la responsabilidad estatal por falla mdica, teniendo en cuenta que el galeno que atendi a la vctima le orden volver a casa para tratar el caso al da siguiente. Los hechos materia de esta condena tuvieron lugar el 18 de junio de 1997, cuando en el servicio de urgencias del Hospital Santamara de Itag (Antioquia) se report el caso de este menor, quien reclamaba la atencin por haberse clavado la aguja de una jeringa en su ojo derecho. El mdico que conoci de la emergencia indic que el paciente deba trasladarse nuevamente a su casa para retornar al da siguiente. 24 horas despus, lo remiti al especialista en oftalmologa, quien se percat de la presencia de una infeccin en el ojo del nio que, casi un mes despus, sufri la prdida de su rgano visual derecho. El Consejo de Estado concluy que aunque no se pueda probar que de haberse iniciado el tratamiento de manera ms temprana el paciente no hubiese perdido el ojo, procede declarar la falla mdica, pues la accionada incurri en una omisin al no haber remitido al paciente inmediatamente al especialista. A juicio de la corporacin, est probado el dao, independientemente de que la decisin del mdico tratante de no atender el caso de inmediato haya sido la que ocasion o no el triste desenlace. Segn la Sala, se trata de una nueva perspectiva respecto a este tipo de conductas, pues no es necesario probar el nexo causal entre el dao y el hecho daino como presupuesto del juicio de responsabilidad para que la vctima pueda acceder al dbito resarcitorio. ver
    2016-11-28 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas (Vea el resumen de decisiones de las salas del 17 y 24 de noviembre). En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-11-28 CARENCIA DE OBJETO EN DEMANDA CONTRA RESULTADOS DEL PLEBISCITO El magistrado de la Seccin Quinta del Consejo de Estado Alberto Yepes Barreiro termin anticipadamente el proceso de nulidad electoral que se inici contra el acto electoral que declar los resultados del plebiscito que buscaba refrendar el Acuerdo final para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera, por carencia actual de objeto. En la providencia se indica que, ante la suscripcin de un nuevo acuerdo poltico con las FARC EP para la terminacin del conflicto armado, era inocuo examinar la legalidad del acto por medio del cual se declar el resultado de los comicios. El pronunciamiento obedece a una demanda que interpuso el ciudadano Hermann Garrido contra el acto electoral que declar el resultado del plebiscito del 2 de octubre. A juicio del accionante, ese acto era nulo, porque, segn l, gran parte de los votantes de la Regin Caribe no pudieron ejercer su derecho al voto en razn al impacto que tuvo el huracn Matthew en dicha zona. Segn la providencia, es un hecho notorio que el pasado 24 de noviembre se produjo la firma de un nuevo acuerdo, lo que genera que los resultados del mecanismo de refrendacin del anterior pacto celebrado entre la insurgencia y el Gobierno carezcan de inters judicial. Lo anterior implica, que los resultados de la votacin del plebiscito que se cuestionan, son respecto de un texto anterior, que fue modificado y, por este motivo, las decisiones que sobre ese inicial acuerdo se adoptaron, han perdido su fuerza ejecutoria, hecho que torna en innecesario adelantar este proceso, por carencia actual de objeto, dice la providencia. ver
    2016-11-23 ESTUDIAN SI ANTV CUMPLI CONDICIONES PARA LICITACIN DE TV El Consejo de Estado admiti en el efecto suspensivo la apelacin de un Auto proferido por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declaraba cumplida una sentencia de la primera Corporacin. En mayo de 2016 el Tribunal Administrativo de Cundinamarca seal que las rdenes dadas por el Consejo de Estado en el 2014 al resolver una accin popular que le hizo un llamado de atencin a la Autoridad Nacional de Televisin (ANTV) para adjudicar un tercer canal de televisin, haban sido cumplidas por esta ltima. En esa decisin del 2014, el Consejo de Estado seal que la ANTV deba abstenerse de adelantar licitaciones para la concesin de nuevos canales de operacin privada hasta que no se expidieran las normas que regulen el acceso al mercado y la prestacin del servicio en condiciones de libre competencia y de igualdad. As mismo, se orden conformar un comit de vigilancia para verificar el cumplimiento de dicha sentencia integrado, entre otros, por un magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el demandante, el Ministerio de las Tecnologas de la Informacin y de las Comunicaciones, la Procuradura General de la Nacin, Control Ciudadano TV y RedPaPaz, estas ltimas entidades de carcter no gubernamental. Este ao el Tribunal Administrativo de Cundinamarca determin que ya se haban cumplido todas las rdenes del Consejo de Estado y expidi un Auto dando cuenta de ello. Sin embargo, uno de los integrantes de ese comit de verificacin no estuvo de acuerdo con la decisin y apel la misma pero el recurso fue rechazado por ese tribunal. El demandante entonces present una queja ante el Consejo de Estado manifestando su desacuerdo. La magistrada Stella Conto Daz del Castillo, de la Seccin Tercera, estudi el caso y decidi admitir la apelacin en el efecto suspensivo al considerar que el recurso s era procedente.
    2016-11-23 SUSPENDEN CONVOCATORIA A MAGISTRADO DE COMISIN DE DISCIPLINA JUDICIAL El Consejo de Estado suspendi provisionalmente los efectos del acuerdo del Consejo Superior de la Judicatura que reglamentaba la convocatoria pblica para integrar las ternas de candidatos a magistrados de la Comisin Nacional de Disciplina Judicial. La Seccin Primera, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, adopt la decisin al resolver la solicitud de medida cautelar presentada por Germn Caldern Espaa en ejercicio del medio de control de nulidad por inconstitucionalidad. La decisin se adopt al estimar que por disposicin constitucional la regulacin de la convocatoria para la conformacin de ternas a magistrados de la Comisin Nacional de Disciplina Judicial, as como su eleccin, corresponde al Congreso de la Repblica. A su vez, la postulacin de las ternas para eleccin de magistrados corresponde tambin, por disposicin constitucional, al Consejo Superior de la Judicatura, que debe hacerlo de acuerdo con la regulacin previamente expedida por el Congreso de la Repblica, de conformidad con el artculo 126 de la carta. Lo que aqu se aprecia es que el Consejo Superior de la Judicatura, sin que se hubiera expedido la ley a que se refiere el artculo 126, directamente expidi un reglamento para conformar la terna de candidatos a magistrado de la Comisin Nacional de Disciplina Judicial, indica el auto de la decisin.
    2016-11-22 CONDENAN A LA NACIN POR MUERTE DE TCNICO ELECTRICISTA El Consejo de Estado conden al Ministerio de Defensa a pagar ms de 600 millones de pesos por la muerte de un hombre que fue presentado como guerrillero de las Farc por parte de la fuerza pblica. El seor se desempeaba como tcnico electricista en el municipio de Santander de Quilichao, Cauca, pero se desplazaba a otros municipios cercanos con el fin de ofrecer sus servicios. El 17 de diciembre de 2007, la vctima sali de su casa con destino al corregimiento la Ventura, de Timba, Cauca, a donde deba ir para reparar unos electrodomsticos. En el camino, le prest ayuda a un amigo que encontr varado en la va, y los dos se dirigieron al lugar del servicio, donde pasaron la noche. Al da siguiente los hombres salieron a las 4 de la maana del lugar donde haban dormido y minutos despus fueron dados de baja. Segn los informes militares, los seores eran guerrilleros de las Farc y murieron durante un enfrentamiento armado cuando miembros de la Compaa A del Batalln de Ingenieros N. 3 del Ejrcito Nacional, que realizaban un operativo en la zona, les ordenaron detenerse y ellos respondieron con fuego, lo que oblig a los militares a defenderse. La Seccin Tercera estudi el caso y encontr que las declaraciones de los miembros que participaron en el operativo militar no permiten establecer que hubo un combate, adems, no figura en el expediente prueba alguna que demuestre la manipulacin de armas por parte de las vctimas o de su supuesta relacin con grupos insurgentes y la escena de los hechos al parecer fue modificada. La responsabilidad atribuida a la entidad demandada se concret por falla en el servicio en virtud de la omisin e inactividad de la entidad demandada en el cumplimiento de los deberes positivos de proteccin de la dignidad humana, vida e integridad personal de la vctima, cuya primera manifestacin se concreta en la garanta de proteccin y seguridad de las mismas como miembros de la poblacin civil, especialmente por parte del Ejrcito Nacional, al haberse practicado sobre l su muerte de carcter ilegal y hacindola parecer como una baja en combate, indica la sentencia. ver
    2016-11-21 ORDENAN PROTEGER A TESTIGOS DE CASO DE PRDIDA DE INVESTIDURA Tras las noticias publicadas por diferentes medios de comunicacin respecto al asesinato de un eventual testigo dentro del proceso de solicitud de prdida de investidura del representante a la Cmara por Guaina, Edgar Alexander Cipriano Moreno, el Consejo de Estado solicit medidas de proteccin a favor de otros ciudadanos que se pretende sean llamados a declarar en ese caso. Por eso, la Sala Plena le pidi al Ministerio del Interior, a la Unidad Nacional de Proteccin y a la Polica adoptar medidas urgentes de proteccin, para prevenir que se repitan hechos como el padecido por el ciudadano Erwin Avellaneda Duarte, quien al parecer habra sido testigo del recibo de una coima por parte del parlamentario y quien fue hallado muerto a mediados de octubre. La decisin obedece al estudio de un recurso de splica por medio del cual el demandante pretende que se revoque un auto que niega el requerimiento para llamar a declarar a cuatro personas, entre ellos Duarte Avellaneda, quienes habran presenciado el momento en el que se produjeron hechos indiciarios de la materializacin de la causal invocada como constitutiva de prdida de investidura. La Sala recogi las versiones de distintos espacios de televisin y de prensa en los que se seala que el probable testigo fue asesinado cuatro meses despus de haber grabado un video en el que, se afirma, se hara evidente la concrecin de la conducta. Finalmente, se orden comunicar personalmente de esta determinacin al ministro del Interior, al director General de la Polica Nacional, al director de la Unidad Nacional de Proteccin y a la Procuradura General de la Nacin para que inicien las actuaciones pertinentes, de acuerdo a sus competencias.
    2016-11-18 ANULAN LAUDO QUE IMPONA MILLONARIA CONDENA A LA DIMAYOR El Consejo de Estado anul un laudo arbitral por medio del cual la Divisin Mayor del Ftbol Colombiano (Dimayor) fue condenada a pagarle a Telmex y UNE casi 24.000 millones de pesos ($17.643.747.686 por concepto de la pena pecuniaria; $5.553.022.587; por intereses moratorios y $787.200.000 por costas) por supuestos incumplimientos en el contrato que celebr con esas firmas para la transmisin por televisin de los partidos del campeonato profesional de ftbol colombiano. Segn la Seccin Tercera, el tribunal de arbitramento de la Cmara de Comercio de Bogot, que dirimi la controversia, se equivoc al omitir su deber de elevar el caso a consulta prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina. Bajo esa premisa, la corporacin de lo contencioso administrativo dej sin efectos la determinacin y envi el caso nuevamente a la Cmara de Comercio de Bogot que, en caso de convocar a un nuevo tribunal de arbitramento, debe someter el asunto al escrutinio de la mencionada autoridad de la Comunidad Andina de Naciones. Telmex y UNE-EPM haban convocado a los rbitros, luego de que la Dimayor le cediera los derechos de transmisin a DirecTV. El tribunal de arbitramento concluy que el ente rector del campeonato colombiano de ftbol incumpli sus deberes contractuales por no otorgarles a Telmex y UNE-EPM la opcin preferente que haba pactado con dichas empresas. ver
    2016-11-15 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. Vea la tabla de resultados de las salas de los das 3 y 10 de noviembre. ver
    2016-11-09 ACTOS QUE ATENTEN CONTRA LAS MUJERES CONSTITUYEN VIOLACIN A LOS DH El Consejo de Estado concluy que los actos que atenten contra la integridad sexual de las mujeres constituyen una violacin a la Convencin Americana de los Derechos Humanos, lo que permite que quienes hayan sido blanco de tales agresiones por parte de agentes estatales puedan constituirse en sujeto procesal dentro del respectivo proceso disciplinario. Bajo esa perspectiva, la Seccin Primera del alto tribunal le orden a la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Direccin Nacional de la Polica reconocer como vctima de un presunto acto de violencia de gnero a una mujer que present una queja contra un uniformado, a quien seala de haber incurrido en actos obscenos que podran atentar contra su integridad sexual. La Seccin, con ponencia de la magistrada Mara Elizabeth Garca, indic que aunque por regla general en el proceso disciplinario solo son parte el Ministerio Pblico, el investigado y su abogado, cuando la presunta falta constituye una violacin al derecho internacional de los derechos humanos es posible que el quejoso que haya sido blanco de la actuacin que se indaga, sea reconocido como parte, en ese caso como vctima. Este reconocimiento permite que mujeres que denuncien ser objeto de violencia de gnero ante las oficinas de control interno de las entidades y dems organismos disciplinarios no solo tengan la potestad de presentar la queja, entregar pruebas y controvertir una decisin adversa. Adems de eso, tendrn derecho a pronunciarse sobre tales elementos de prueba y a ser notificadas personalmente de las decisiones que se tomen en el curso de la indagacin. ver
    2016-11-09 POSTULAN CANDIDATOS A LA CORTE CONSTITUCIONAL La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a los abogados Martha Paz, Antonio Jos Lizarazo Ocampo y Rodolfo Arango Rivadeneira como integrantes de la terna que ser enviada al Senado de la Repblica para que se elija el reemplazo del magistrado Gabriel Eduardo Mendoza en la Corte Constitucional. Antonio Jos Lizarazo Ocampo es abogado de la Universidad Libre de Bogot, es magster en Derecho Administrativo y tiene especializacin en Ciencia Poltica y Administrativa de esa misma institucin. Entre los cargos ms destacados que ha ocupado se cuentan el de gobernador de Norte de Santander, diputado del mismo ente territorial, concejal y secretario de Gobierno de Ccuta, as como el de viceministro de Educacin y el de magistrado auxiliar del Consejo de Estado. Rodolfo Arango Rivadeneira es abogado de la Universidad de Los Andes, es becario posdoctoral de la Universidad de Kiel - Alexander Von Humboldt, doctor en derecho de la Christian Albrechts Universitt Zu Kiel (Alemania) y tiene maestra en filosofa de la Universidad Nacional de Colombia. El doctor Arango ha sido magistrado auxiliar en el Consejo de Estado y la Corte Constitucional y ha ejercido la docencia en las universidades Nacional, Los Andes, Cooperativa, de Santander, de Antioquia, Autnoma de Mxico, Carlos III de Madrid (Espaa), entre otras. Martha Paz es abogada de la Universidad Santo Toms de Bogot, maestra en derechos fundamentales de la Universidad Carlos III de Madrid (Espaa), especialista en funcin pblica y gestin administrativa de la Universidad de los Andes y en derecho constitucional y derechos fundamentales de la Universit Di Piza (Italia). La doctora Paz fue oficial mayor y auxiliar de la antigua Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia; tambin fue asesora de la Superintendencia Bancaria y la Procuradura General de la Nacin.
    2016-11-04 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-11-03 UAESP PIERDE PLEITO POR CAMIONES DE BASURA El Consejo de Estado ratific el fallo del tribunal de arbitramento que fue convocado por la empresa privada Consorcio Aseo Capital S.A. para dirimir las controversias que se presentaron por la liquidacin unilateral del contrato que haba firmado con la Unidad Administrativa Especial de Servicios Pblicos (UAESP), en julio de 2003, para la recoleccin de basuras en la ciudad de Bogot. En mayo de 2013 la UAESP liquid unilateralmente dicho contrato e incluy en ese proceso la obligacin por parte del Consorcio de entregarles los vehculos automotores que fueron utilizados para la ejecucin del mismo, lo cual lleva a la empresa privada a instaurar una demanda arbitral. El Tribunal de Arbitramento fall a favor de Aseo Capital y resolvi declarar el incumplimiento del contrato por parte de la UAESP al haber incluido en la liquidacin la entrega de los vehculos utilizados para la prestacin de los servicios contratados. Inconforme con la decisin, la UAESP instaur recurso de anulacin argumentando que el Tribunal de Arbitramento careca de competencia para pronunciarse sobre la legalidad de los actos administrativos expedidos por dicha entidad. El caso lleg a la Seccin Tercera del Consejo de Estado y concluy que el tribunal no incurri en ningn error porque solo se pronunci sobre los efectos econmicos que tuvo para el Consorcio Aseo Capital S.A. la liquidacin unilateral del contrato al incluir en los actos de liquidacin la entrega de los bienes que fueron utilizados para la prestacin de los servicios contratados, en este caso los camiones de basura. ver
    2016-11-02 XIII Encuentro de Gnero en Pasto La Comisin Nacional de Gnero de la Rama Judicial realiza el XIII Conversatorio Nacional en la ciudad de Pasto, Nario, los das 3, 4 y 5 de Noviembre del 2016. Mediante una nutrida agenda acadmica, se pretende divulgar el desarrollo jurisprudencial de las Altas Cortes sobre equidad de gnero y contribuir a la introduccin de la perspectiva de gnero en las decisiones judiciales. El evento, denominado La carrera de obstculos de la mujer haca el liderazgo, cuenta con el apoyo de ONU Mujeres y tiene como propsito examinar el papel de la Rama Judicial en el empoderamiento de las mujeres como lderes en diferentes escenarios sociales. Estas jornadas de debate tambin pretenden identificar los retos jurisprudenciales en torno a la paz y al posconflicto. La instalacin del Conversatorio tendr lugar en el Teatro Imperial de la Universidad de Nario, en Pasto, el jueves 3 de noviembre a partir de las 5:00 p.m., acto que contar con la presencia de los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Margarita Cabello Blanco; del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el fiscal general de la Nacin, Nstor Humberto Martnez Neira; el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordoez; el gobernador de Nario, Camilo Romero Galeano; la Representante de ONU Mujeres Flor Mara Daz Chalarc y los magistrados y magistradas de las Altas Cortes Judiciales Tambin se contar con la participacin de reconocidas personalidades nacionales, tales como Florence Thomas, Catalina Ruiz Navarro y Alejandra Borrero, quienes expondrn sus trabajos e investigaciones realizados bajo la perspectiva de gnero.
    2016-10-31 AO DEL BICENTENARIO DEL CONSEJO DE ESTADO Con la presencia de los magistrados de las altas cortes; los ministros de Vivienda, Elsa Noguera; de Justicia, Jorge Eduardo Londoo; el defensor del Pueblo, Carlos Negret; el procurador electo Fernando Carrillo, entre otras personalidades, el Consejo de Estado celebr el primer acto de conmemoracin del ao de su bicentenario. Durante el desarrollo de esta jornada acadmica y cultural el presidente de la corporacin, Danilo Rojas Betancourth record cmo el libertador Simn Bolvar fund lo que hoy se conoce como la mxima instancia de la jurisdiccin contencioso administrativo en medio de la guerra por la libertad de la Nacin, entonces subyugada por la Corona eapaola. Rememorando ese mismo escenario de conflicto en el que vio la luz el Consejo de Estado, el presidente de la Repblica, Juan Manuel Santos, envi una intervencin en video, augurando que, contrario a lo ocurrido en 1817, el ao del Bicentenario de nuestra institucin traer para los magistrados de esta alta corte y para los jueces en general un verdadero reto en la consolidacin de la paz, ya no de la guerra, como ocurri en la lucha por la emancipacin. Durante el acto fue presentada la pintura "Creacin del Consejo de Estado por Simn Bolvar", por medio de la cual el maestro Antonio Frio evoca el momento en el que el libertador firma el acto de fundacin de nuestra institucin. A la celebracin fueron invitados tambin los expresidentes de la corporacin, algunos congresistas y representantes de autoridades nacionales y locales, as como magistrados en ejercicio del Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura, la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia.
    2016-10-27 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIN DEL CONTRALOR EDGARDO MAYA La Seccin Quinta del Consejo de Estado neg las pretensiones de nulidad de la eleccin del actual Contralor General de la Repblica Edgardo Jos Maya Villazn para el perodo 2014-2018. En el expediente, que acumul cuatro demandas contra el mismo funcionario, se alegaron nueve posibles irregularidades que fueron estudiadas por la Sala de la Seccin Quinta. En cuanto al cargo sobre la postulacin del hoy Contralor como candidato a la terna con violacin al reglamento interno de la Corte Constitucional, tras estudiar detenidamente adems de la normatividad vigente, las Actas de Sala Plena y todo el procedimiento surtido para escoger a quien sera su representante en la terna a Contralor General, la Seccin Quinta encontr que la Corte para superar la situacin generada con los resultados infructuosos de las numerosas votaciones en las dos convocatorias, decidi interpretar su propio reglamento interno, tal como l mismo le permite hacerlo, cuando en su artculo 5o. seala que entre sus funciones est la de Adoptar, interpretar y modificar el Reglamento por tanto el Consejo de Estado concluye que no existi violacin al reglamento de la Corte Constitucional. Frente al cargo sobre la presunta violacin al artculo 126 de la Constitucin Poltica, tras un supuesto favoritismo electoral en un yo te elijo, t me eliges, la Sala Electoral consider que si bien el hoy Contralor General cuando se desempe como Procurador General nombr a dos de los Magistrados de la Corte Constitucional y a familiares de otro Magistrado en el Ministerio Pblico, tena la potestad para hacerlo y no est probado que lo hubiese hecho por razones diferentes al mrito de cada uno de ellos o expresamente con el fin de preparar una futura aspiracin a la Contralora. Tambin se demand la eleccin del Contralor, porque ejerci como Conjuez de alta corporacin en el ao inmediatamente anterior a su eleccin, incurriendo en una inhabilidad, sin embargo la Seccin Quinta ya se haba pronunciado sobre el particular al resolver la medida cautelar solicitada, por ello se limita a reiterar que quienes ejercen como conjueces no ocupan cargos pblicos, sino que ejercen funciones pblicas, hecho que no genera ninguna inhabilidad para ser elegido como Contralor. ver
    2016-10-26 C. E. PROTEGE DERECHO A LIBRE EXPRESIN DE CANALES DE TV El Consejo de Estado declar la nulidad de algunos apartes de los artculos 1, 7 y 13 de la Resolucin 759 de 2013 de la Autoridad Nacional de Televisin (ANTV), mediante la cual se adopt el procedimiento de asignacin de frecuencias radioelctricas para la prestacin del servicio de televisin. La demanda de nulidad fue presentada por las Sociedades Caracol Televisin S.A y RCN Televisin S.A al argumentar que algunos apartes de esa Resolucin atentaban contra la libertad de expresin, difusin y operacin. La Seccin Tercera estudi el caso y encontr que esos artculos de la Resolucin demandada imponan una restriccin al concesionario del servicio de televisin al establecer que bajo ninguna circunstancia el concesionario podr radiodifundir seales desde la estacin de televisin, hasta que la ANTV le informe mediante comunicacin escrita al concesionario, que se encuentra autorizado para iniciar operaciones. Segn la Sala, la ANTV no puede imponer al beneficiario de la asignacin de frecuencias la carga de obtener una autorizacin posterior para el inicio de operaciones de radiodifusin, trmite administrativo que priva al nuevo concesionario de explotar la frecuencia asignada hasta tanto la Autoridad comunique el permiso para iniciar operaciones, siendo que previamente este ya ha obtenido la concesin para el desarrollo del servicio de televisin abierta radiodifundida y ha sido asignatario de una frecuencia radioelctrica. El legislador expresamente otorg competencia a la Autoridad Nacional de Televisin para asignar las frecuencias a los concesionarios del servicio de televisin, pero nada seal sobre la pretendida competencia de esa Autoridad para imponer al concesionario una autorizacin posterior, indica la sentencia. ver
    2016-10-26 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-10-24 CONDENAN A LA NACIN POR DESAPARICIN DE VCTIMA DEL PALACIO El Consejo de Estado conden al Ministerio de Defensa a pagar ms de 1600 millones de pesos a la familia de Gloria Anzola de Lanao, desaparecida durante la toma al Palacio de Justicia en noviembre de 1985. Segn la demanda, la seora estaba en el lugar cuando la guerrilla del M-19 se tom el Palacio. Despus de la operacin de retoma, la vctima no apareci entre los muertos o heridos ni en los rehenes que fueron llevados al Museo Casa del Florero, y desde entonces sus familiares desconocen su paradero. La Corte Interamericana, en sentencia del 14 de noviembre de 2014, declar la responsabilidad del Estado Colombiano por la desaparicin forzada de Gloria Anzola de Lanao y otras personas en el marco de la operacin militar de retoma del Palacio de Justicia. En su fallo la Corte Interamericana estableci que existi un modus operandi tendiente a la desaparicin forzada de personas consideradas como sospechosas de participar en la toma o de ser colaboradores del grupo guerrillero M-19. Concluy que esas personas eran separadas del resto de rehenes y conducidas a instalaciones militares, donde en algunos casos fueron torturadas y desaparecidas. Igualmente, encontr demostrado que bajo la direccin de autoridades militares, se alter la escena de los hechos y se cometieron mltiples irregularidades en el levantamiento de los cadveres en el Palacio de Justicia. Con base en dicha sentencia, la Seccin Tercera del Consejo de Estado liquid los perjuicios por lucro cesante que no quedaron incluidos en la sentencia de la Corte Interamericana cuando esta orden la indemnizacin de los daos causados a la familia de la vctima por su desaparicin forzada, dinero que tendr que ser reconocido por el Ministerio de Defensa. El magistrado Guillermo Snchez Luque, de la Seccin Tercera, aclar el voto en esta providencia. ver
    2016-10-19 XXII ENCUENTRO DE LA JURISDICCIN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVA Con el fin de dar a conocer su jurisprudencia e identificar el papel del juez en el posconflicto, el Consejo de Estado realizar su XXII Encuentro de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo en la ciudad de Ibagu, Tolima, los das 19, 20 y 21 de octubre del presente ao. El evento, que tiene como eslogan Una justicia ms cercana al pas, servir de escenario para debatir los compromisos que debe asumir la justicia, tras las negociaciones de paz que adelantan el Gobierno y la guerrilla de las Farc. El Encuentro tambin quiere dar a conocer los esfuerzos que viene realizando la Jurisdiccin Contencioso Administrativa para promover las buenas prcticas en la funcin pblica e impulsar as una cultura de la legalidad, programa bandera de la Presidencia del Consejo de Estado que ha llevado un mensaje de transparencia a los 26 distritos judiciales en todo el pas. Al evento asistirn el Presidente de la Repblica, Juan Manuel Santos Caldern; el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoo; el Fiscal General de la Nacin, Nstor Humberto Martnez; la Procuradora General (e), Martha Isabel Castaeda; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; y los Presidentes de las Altas Cortes, entre otros funcionarios del Estado colombiano. Tambin estarn presentes jueces y magistrados de la Jurisdiccin, as como panelistas y conferencistas nacionales y extranjeros que con su conocimiento y experiencia enriquecern los debates jurdicos y polticos del Encuentro.
    2016-10-14 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-10-11 ANULAN SANCIN DE LA PROCURADURA A EXSENADORA PIEDAD CRDOBA El Consejo de Estado declar la nulidad de la sancin impuesta por la Procuradura General de la Nacin a la exsenadora Piedad Crdoba Ruiz, decisin que la haba destituido e inhabilitado por 14 aos para ejercer cargos pblicos. Segn el Ministerio Pblico, la excongresista incurri en falta gravsima a ttulo de dolo porque supuestamente haba contribuido econmicamente a la campaa del entonces candidato a la Cmara de Representantes, Ricardo Antonio Montenegro Velsquez, en el 2010. La Seccin Segunda, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vlez, estudi el caso y encontr que dentro del proceso no existan pruebas que demostraran una violacin a la ley disciplinaria. La Sala concluy que la investigacin de la Procuradura General de la Nacin se bas en conjeturas e indicios que no fueron demostrados y que no constituyen medios de prueba a la luz del Cdigo Disciplinario. ver
    2016-10-10 RAMAS DEL PODER PBLICO SE UNEN EN "MISIN JUSTICIA" Con el fin de entregar al pas propuestas que solucionen de fondo los graves problemas que actualmente afronta el sistema judicial colombiano, las Ramas Judicial, Ejecutiva y Legislativa anuncian la presentacin de su propuesta Misin Justicia que busca integrar a todos los poderes del Estado y a la sociedad en general. Misin Justicia ser un espacio de reflexin donde se podrn revisar los estudios previos hechos por la Rama Judicial y otros expertos frente al tema de la justicia, con el fin de realizar un diagnstico para presentar propuestas concretas que permitan solucionar de fondo los graves problemas que actualmente afronta el sistema judicial, relacionados con la congestin, la tutela judicial efectiva, la celeridad y eficacia del servicio de justicia, el gobierno y administracin de la Rama, la independencia y autonoma presupuestal, la accin de tutela, el control disciplinario para magistrados de Altas Cortes, la elaboracin y ejecucin del Plan Decenal. El presidente del Consejo de Estado Danilo Rojas Betancourth asegur que la idea es identificar las debilidades, fortalezas y necesidades de la justicia para plantear soluciones que pueden incluir reformas normativas y mejores prcticas judiciales. Esperamos conformar un grupo de trabajo integrado por expertos de diferentes sectores para presentar propuestas concretas en el menor tiempo posible. Para ello hemos invitado a toda la Rama Judicial, a representantes de las Ramas Ejecutiva y Legislativa, la academia y la sociedad civil en general, indic el magistrado Danilo Rojas Betancourth. ver
    2016-10-10 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-10-06 CULTURA DE LEGALIDAD EN NARIO Y PUTUMAYO Continuando con su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Pasto para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn haciendo ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. El evento se llevar a cabo el prximo 7 de octubre, en el Teatro Imperial de la Universidad de Pasto, a partir de las 8 de la maana. Ese da se presentarn algunos casos de condenas contra la Nacin por errores de la administracin, adems de diferentes conferencias. A la instalacin del seminario asistirn el gobernador de Nario, Camilo Romero Galeano; la gobernadora de Putumayo, Sorrel Aroca Rodrguez; el alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordez; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; y la presidenta del Tribunal Administrativo de Nario, Beatriz Melodelgado Pabn.
    2016-10-06 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-27 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-22 CULTURA LEGALIDAD EN N. DE STDER Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado contina con la promocin de su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones en la ciudad de Ccuta, el prximo 21 de septiembre. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn en el proceso de hacer ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. En Ccuta el evento se realizar en el Aula Mxima de la Universidad Libre, a partir de las 8 a.m., y ese da se har la instalacin de la Comisin de Transparencia y Rendicin de Cuentas de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa de Norte de Santander, instrumento que busca garantizar la legalidad de todas las actuaciones de dicha Jurisdiccin. Al evento asistirn el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar Laguado, el Alcalde de Ccuta, Csar Rojas Ayala, el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el presidente del Tribunal Administrativo de Norte de Santander, dgar Bernal Juregui; la rectora de la Universidad Libre, seccional Ccuta, Dbora Guerra; magistrados de ambas Corporaciones; jueces administrativos y servidores pblicos de las diferentes instituciones municipales y departamentales.
    2016-09-22 ORDENAN REPARAR A VCTIMA DE RECLUTAMIENTO FORZADO QUE FUE ENCARCELADA El Consejo de Estado conden a la Nacin por haber privado injustamente de su libertad a un joven que fue procesado por rebelin, cuando en realidad era vctima, pues fue reclutado por la insurgencia cuando era menor de edad. El joven perteneci a la guerrilla hasta el 2003, cuando todava era menor de edad, pero tres aos despus fue capturado por la Polica y puesto a rdenes de la Fiscala, que en octubre del 2006 lo acus de rebelin, cuando completaba ya cuatro meses de estar detenido. El proceso, que en un principio haba sido conocido por un juez penal de Aguachica (Cesar), pero pas despus a un juez de familia en mayo de 2008, debido a que los hechos por los cuales se juzgaba al joven sucedieron cuando era menor de edad. El 15 de mayo de 2008, el Juzgado Primero Promiscuo de Familia de Ocaa, Norte de Santander, declar que el joven era vctima de la violencia y orden su libertad inmediata. El joven y su familia interpusieron demanda de reparacin directa por la detencin y la actuacin penal a la que fue sometido, al estimar que haba sido vctima de una grave violacin al Derecho Internacional Humanitario. La Seccin Tercera determin que el demandante no solo fue vctima de reclutamiento forzado, sino que fue procesado por funcionarios sin competencia, puesto que los menores tienen derecho a contar con un sistema de responsabilidad penal diferenciado sometido a leyes, procedimientos y autoridades especiales. El ejercicio de la accin penal en este caso configur una revictimizacin del que fuera menor reclutado forzosamente, en tanto dentro del proceso penal correspondiente se le reproch una conducta (pertenecer a un grupo irregular) cuando en realidad era vctima de este, dice la providencia. La Sala agreg que al demandante se le impuso una medida de aseguramiento como si se tratara de un adulto infractor de la ley penal que se hizo efectiva en un sitio de reclusin para adultos, lo que supuso el desconocimiento de los enfoques de resocializacin, rehabilitacin, proteccin, tutela y educacin propios del rgimen jurdico especial. ver
    2016-09-22 PUBLICAN SENTENCIA QUE ANUL DESTITUCIN DE PIEDAD CRDOBA El Consejo de Estado public las aclaraciones de voto del fallo que dej sin efectos una sancin de destitucin e inhabilidad de 18 aos que le impuso la Procuradura General de la Nacin a la exsenadora Piedad Crdoba hace seis aos. La decisin del Ministerio Pblico fue proferida en septiembre de 2010 y se dio con base, esencialmente, en los documentos que incaut el Ejrcito Nacional durante la Operacin Fnix (que tuvo lugar en Ecuador), los cuales daban cuenta de presuntos vnculos de la entonces senadora con grupos al margen de la ley. La Sala Plena estudi el caso y encontr que eran ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operacin militar, puesto que en su prctica y recoleccin no se tuvieron en cuenta los requisitos constitucionales y legales esenciales que contempla el ordenamiento jurdico colombiano ni el acuerdo de cooperacin e intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador para tales efectos. La Procuradura General de la Nacin vulner el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al considerar como pruebas vlidas, dentro del proceso disciplinario, las practicadas y recaudadas en desarrollo de la Operacin Fnix, las cuales se consideran inexistentes, indica la sentencia. ver
    2016-09-22 PUBLICAN SALVAMENTOS DE VOTO EN NULIDAD DE REELECCIN DEL PROCURADOR Tras la publicacin del fallo que anul la reeleccin del procurador Alejandro Ordez Maldonado, el Consejo de Estado dio a conocer las razones por las cuales salvaron el voto los magistrados Mara Claudia Rojas Lasso, Martha Teresa Briceo de Valencia, Hugo Fernando Bastidas Brcenas, Carlos Alberto Zambrano Barrera y Guillermo Snchez Luque, quienes se apartaron de la decisin mayoritaria. La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo declar la nulidad de la reeleccin del Procurador General de la Nacin, Alejandro Ordez Maldonado, al encontrar que se desconoci el artculo 126 de la Constitucin Poltica. El artculo 126 constitucional consagra una prohibicin que acarrea la nulidad del acto de eleccin, nombramiento o postulacin de un funcionario que hubiere designado a sus electores, postulantes o familiares cercanos, en cargo que le corresponde proveer. En el caso concreto, el doctor Alejandro Ordez Maldonado efectu los nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, rgano que lo postul para su reeleccin. En vista de esas designaciones, la Corte Suprema no poda postular al doctor. Ordez Maldonado, dada la prohibicin del artculo 126 de la Constitucin y el principio de igualdad que se predica del acceso a los cargos pblicos. ver
    2016-09-22 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-21 STELLA CARVAJAL, RAFAEL SUREZ Y JAIME RODRGUEZ, NUEVOS CONSEJEROS La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Stella Jeannette Carvajal Basto como nueva magistrada de la Seccin Cuarta, en remplazo de la doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodrguez, quien termin su periodo constitucional el pasado mes de abril. La doctora Carvajal Basto es abogada de la Universidad Libre de Bogot con especializacin en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, y en Derecho Pblico comparado del Instituto Universitario de Estudios Europeos de Italia. Tambin tiene una maestra en Derechos fundamentales y tutela judicial efectiva de la Universidad de Jaen en Espaa. El ejercicio de su profesin lo ha desempeado en el sector privado y actualmente es magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por otra parte, la Sala Plena tambin eligi a Rafael Francisco Surez Vargas como nuevo magistrado de la Seccin Segunda en remplazo del doctor Luis Rafael Vergara Quintero. El doctor Surez Vargas es abogado de la Universidad La Gran Colombia con especializacin en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Toms y en Docencia Universitaria de la misma institucin; adems es magster en Derecho Administrativo de la Universidad Militar. Desde el 2011 ha ocupado diferentes cargos en la Procuradura General de la Nacin, donde actualmente se desempea como delegado ante el Consejo de Estado. Tambin fue magistrado auxiliar de esta Corporacin entre 1997 y el 2011. Finalmente, la Sala Plena eligi a Jaime Enrique Rodrguez Navas como nuevo magistrado de la Seccin Tercera, en remplazo de la doctora Olga Mlida Valle de De La Hoz. El doctor Rodrguez Navas es abogado de la Universidad Santo Toms de Bucaramanga con especializacin en Derecho Administrativo de la misma institucin, y en Derecho Minero Energtico y en Derecho Pblico de la Universidad Externado de Colombia. Tambin es magster en Derecho Pblico de la Universidad Santo Toms de Bogot. Ha sido asesor jurdico de Cormagdalena, rbitro de la Cmara de Comercio de Bucaramanga, contratista de la Direccin de Trnsito de Bucaramanga y conjuez del Tribunal Administrativo de Santander, entre otros cargos.
    2016-09-21 CRIMEN DE EXCONCEJAL DE LA UP PODRA SER DELITO DE LESA HUMANIDAD El Consejo de Estado le orden al Tribunal Administrativo de Antioquia estudiar la demanda de reparacin directa que interpuso la familia del exconcejal de la Unin Patritica (UP) Marceliano Medelln Narvez, quien fue asesinado hace 20 aos, cuando se desplazaba por la va que de Apartad conduce a Chigorod (Antioquia). La Seccin Tercera del alto tribunal determin que este homicidio y el desplazamiento forzado de sus familiares, aparentemente atribuible a grupos paramilitares, podra constituir un delito de lesa humanidad, lo que obliga a la jurisdiccin contencioso administrativa a admitir la demanda, pese a haberse cumplido ampliamente los plazos regulares que tena la familia de la vctima para reclamar el derecho a ser resarcidos. Marceliano Medelln Narvez haba sido elegido concejal de Chigorod por la UP para los perodos 1992 1994 y 1994 1996, pero se vio obligado a renunciar a su curul, dicen sus familiares, por haber recibido amenazas contra su vida. Poco despus de su salida obligada del cabildo municipal, el dirigente fue sorprendido por motorizados armados que lo asesinaron a l y a su acompaante cuando viajaba en un vehculo por la carretera que de Apartad lleva a Chigorod. La familia del exconcejal y sindicalista, que adems termin siendo vctima de desplazamiento forzado, interpuso una demanda con la esperanza de recibir una reparacin de parte de las entidades del Estado, 20 aos despus de ocurridos los hechos. El Tribunal Administrativo de Antioquia rechaz la accin, teniendo en cuenta que, entre el 3 de mayo de 1996, cuando se produjo el lamentable acontecimiento, y el 4 de marzo del 2016, cuando se interpuso la demanda, ya haban transcurrido ms de 18 aos. La decisin fue apelada y el Consejo de Estado orden admitir la accin, por considerar que el hecho que pudo haber originado el dao antijurdico alegado podra constituir un crimen de lesa humanidad, lo que impide que ocurra el fenmeno de la prescripcin. () Al momento del estudio de admisin de una demanda o en el trmite de la audiencia inicial de que trata el artculo 180 del Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, debe el Juez valorar prudentemente si encuentra elementos de juicio preliminares que le permitan aseverar, prima facie, la configuracin de este tipo de conductas, caso en el cual har prevalecer el derecho de accin y ordenar la continuacin de la actuacin judicial, pues la falta de certeza objetiva sobre los extremos fcticos y jurdicos de la litis debern ser dirimidos al momento de dictarse sentencia, dice el auto ver
    2016-09-21 STELLA CARVAJAL, RAFAEL SUREZ Y JAIME RODRGUEZ, NUEVOS CONSEJEROS La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Stella Jeannette Carvajal Basto como nueva magistrada de la Seccin Cuarta, en remplazo de la doctora Carmen Teresa Ortiz de Rodrguez, quien termin su periodo constitucional el pasado mes de abril. La doctora Carvajal Basto es abogada de la Universidad Libre de Bogot con especializacin en Derecho Internacional de los Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario y en Derecho Administrativo de la Universidad del Rosario, y en Derecho Pblico comparado del Instituto Universitario de Estudios Europeos de Italia. Tambin tiene una maestra en Derechos fundamentales y tutela judicial efectiva de la Universidad de Jaen en Espaa. El ejercicio de su profesin lo ha desempeado en el sector privado y actualmente es magistrada del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por otra parte, la Sala Plena tambin eligi a Rafael Francisco Surez Vargas como nuevo magistrado de la Seccin Segunda en remplazo del doctor Luis Rafael Vergara Quintero. El doctor Surez Vargas es abogado de la Universidad La Gran Colombia con especializacin en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Toms y en Docencia Universitaria de la misma institucin; adems es magster en Derecho Administrativo de la Universidad Militar. Desde el 2011 ha ocupado diferentes cargos en la Procuradura General de la Nacin, donde actualmente se desempea como delegado ante el Consejo de Estado. Tambin fue magistrado auxiliar de esta Corporacin entre 1997 y el 2011. Finalmente, la Sala Plena eligi a Jaime Enrique Rodrguez Navas como nuevo magistrado de la Seccin Tercera, en remplazo de la doctora Olga Mlida Valle de De La Hoz. El doctor Rodrguez Navas es abogado de la Universidad Santo Toms de Bucaramanga con especializacin en Derecho Administrativo de la misma institucin, y en Derecho Minero Energtico y en Derecho Pblico de la Universidad Externado de Colombia. Tambin es magster en Derecho Pblico de la Universidad Santo Toms de Bogot. Ha sido asesor jurdico de Cormagdalena, rbitro de la Cmara de Comercio de Bucaramanga, contratista de la Direccin de Trnsito de Bucaramanga y conjuez del Tribunal Administrativo de Santander, entre otros cargos.
    2016-09-20 ANULAN DISPOSICIONES QUE REGULABAN LA ACTIVIDAD MINERA El Consejo de Estado hizo un llamado de atencin al Gobierno Nacional para que se evite intentar revivir disposiciones que estaban contenidas en el Cdigo Minero, que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional, utilizando decretos reglamentarios. As lo concluy la Seccin Tercera del Consejo de Estado en dos sentencias que declaran la nulidad de algunos artculos de decretos que fueron expedidos por el Ministerio de Minas y Energa para regulacin del tema minero. La primera sentencia decreta la nulidad de un aparte del artculo 1 del Decreto 0935 de 9 de mayo de 2013, el cual estableci que las reas que haban estado cobijadas por una propuesta de contrato de concesin o un contrato anterior se entendan libres para presentar proyectos de explotacin 30 das despus de quedar en firme la decisin de la autoridad competente. La otra disposicin que anul dicha sentencia es el artculo 5 del Decreto 0935 de 2013 que introdujo en el ordenamiento jurdico minero la suficiencia financiera del proponente como uno de los requisitos para presentar una propuesta de contrato de concesin. Se constat que ese artculo incluy un requisito adicional y una causal de rechazo que tampoco estaba prevista en el Cdigo Minero, siendo que se trata de asuntos que slo el legislador tiene facultad para regular y no el Gobierno Nacional a travs de Decretos. Para la Sala resulta reprochable que en las decisiones demandadas el Gobierno Nacional pretendiera revivir, va reglamento, algunas de las disposiciones de la inconstitucional Ley 1382 de 2010 (Cdigo Minero) despreciando el cumplimiento de su deber constitucional de tramitar ante el Congreso de la Repblica un proyecto de ley que abordara esta materia precedido de la satisfaccin del derecho de consulta previa a negritudes y comunidades indgenas. ver
    2016-09-16 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-14 CONSEJO DE ESTADO ORDENA PROTEGER FUENTES HDRICAS EN RISARALDA El Consejo de Estado determin que el departamento de Risaralda y el municipio de Pueblo Rico violaron el derecho a la moralidad administrativa, al no cumplir con su deber legal de destinar el 1 % de sus ingresos a la recuperacin y proteccin de las cuencas hdricas que abastecen los acueductos, a travs de un fallo que fue remitido a las autoridades penales, disciplinarias y fiscales Adems, concluy que la Corporacin Autnoma Regional de Risaralda (CARDER) tambin incurri en el mismo incumplimiento, debido a que la apropiacin de los terrenos destinados al resguardo de estos entornos naturales no fue el resultado de la aplicacin de los principios de planeacin, eficacia y eficiencia. A pesar de que la Ley (artculo 111 de la Ley 99 de 1993) obliga a que municipios y distritos inviertan el 1 % de sus ingresos en la adquisicin de tales predios, cuya administracin debe ser asistida por la respectiva CAR, la Seccin Tercera de la corporacin encontr que, en el caso de Risaralda, entre 1994 y el 2014 se apropiaron 2.590 millones menos a los exigidos. En el caso de Pueblo Rico, dice, ni siquiera se conocen los balances entre 1994 y el 2002 y los registrados entre el 2003 y el 2014 son inferiores a la proporcin de los ingresos a los que estaba obligado el municipio por Ley, por lo que se evidencia la violacin a los derechos colectivos de la comunidad. Para corregir esta situacin, el fallo obliga al municipio de Pueblo Rico y al Departamento de Risaralda a apropiar los dineros faltantes, como mximo, en las vigencias fiscales del 2017 y el 2018. Adems, ambos entes territoriales y CARDER debern disear planes y programas que le sumen eficacia a la misin de conservar reas estratgicas para el abastecimiento de los acueductos, en un mximo de seis meses. Una vez cumplido el trmino, las entidades accionadas debern proceder a la adquisicin, conservacin, recuperacin, mantenimiento y administracin de los predios, siguiendo las tareas trazadas en la planeacin. Se remitir copia del expediente y de esta sentencia a la Fiscala General de la Nacin, a la Procuradura General de la Nacin y a la Contralora General de la Repblica, para lo de su competencia, dice la providencia. ver
    2016-09-14 CONDENAN A LA NACIN POR HOMICIDIO DE PERIODISTA JAIME GARZN El Consejo de Estado conden al Ministerio de Defensa (Ejrcito Nacional y extinto DAS) por su responsabilidad agravada en el homicidio del humorista y periodista Jaime Garzn, que a su juicio se constituy en un delito de lesa humanidad. Para la Seccin Tercera del alto tribunal, est probado que el asesinato del periodista, ocurrido el 13 de agosto de 1999, fue producto de una violacin sistemtica a los derechos humanos (DDHH) y de una persecucin de la que eran blanco algunos lderes de izquierda. Para la Sala, est probado que el exsubdirector de Inteligencia del DAS Jos Miguel Narvez y el exjefe de Inteligencia de la Brigada 13 del Ejrcito general Jorge Elicer Plazas Acevedo no solo adelantaron seguimientos contra el humorista, sino que compartieron la informacin recolectada con el excomandante de las Autodefensas Carlos Castao, a quien sugirieron ordenar el homicidio. Segn los testimonios aportados al expediente, las labores del comunicador como mediador en algunos casos de secuestro cometidos por las FARC y su intento para propiciar un desescalamiento del conflicto llev a ambos agentes estatales a identificarlo como alguien cercano a la guerrilla, que se beneficiaba de esas acciones delictivas que cometa la insurgencia. De ah que conminaran a Castao a atentar contra su vida. Las pruebas del proceso dan cuenta de que la muerte del seor Jaime Garzn Forero fue determinada por el entonces mximo jefe del grupo ilegal denominado Autodefensas Unidas de Colombia, Carlos Castao Gil, quien orden a miembros de la banda criminal denominada La Terraza cometer el crimen. Tambin est probado que por razn de ese delito fue condenado a 30 aos de prisin, argumento que utilizaron las entidades demandadas como eximente de responsabilidad, puesto que un tercero fue quien ocasion el dao que origin la presente accin. ver
    2016-09-13 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-12 ESTADO RECUPERAR CERCA DE 7 MIL MILLONES DE PESOS EN REPETICIONES Cerca de 7 mil millones de pesos podr recuperar el Estado colombiano en 18 condenas por procesos de repeticin que fall la Seccin Tercera a favor de este, de un total de 53 casos analizados. Las condenas se profieren por diferentes razones, entre ellas, violaciones a los derechos humanos, despido injusto de funcionarios y empleados, accidentes de trnsito, homicidios, violacin al principio de planeacin en la contratacin estatal y actuaciones irregulares de contratistas, en los que se ha visto involucrada la administracin pblica, la cual posteriormente repite contra los particulares y funcionarios que directamente ocasionaron la falla del servicio. Entre los condenados se encuentra el excontralor General de la Repblica Carlos Ossa Escobar, a quien se le encontr responsable de declarar insubsistente a la jefe de la Oficina de Control Interno de ese organismo en el 2002, sin que pudiera demostrar las razones objetivas que lo llevaron a tomar esa decisin. Segn el fallo, el excontralor actu de manera dolosa y con desvo de poder al demostrarse que la declaratoria de insubsistencia obedeci a que la seora orden el archivo de una investigacin disciplinaria que se adelantaba contra un funcionario de la entidad y no cambi el sentido de su decisin. En este caso, el organismo de control repiti contra el excontralor, quien fue condenado a pagar ms de 1.885 millones de pesos por el dao ocasionado al erario con su decisin. Otro de los condenados es el actual gobernador de Antioquia, Luis Prez Gutirrez, quien tendr que pagar ms de 183 millones de pesos por no haber cumplido el fallo del Tribunal Administrativo de ese departamento que en el 2001 orden reintegrar a la Secretara de Educacin y Cultura del Municipio de Medelln a un funcionario que consider injustamente despedido, cuando el mandatario departamental estaba al frente de dicha Secretara. ver
    2016-09-08 CULTURA DE LEGALIDAD EN CASANARE Con el propsito de alertar a las autoridades regionales sobre las causas ms comunes de condena de la jurisdiccin contenciosa a las actuaciones de los estamentos departamentales y municipales, este 9 de septiembre el Consejo de Estado promover su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones en Yopal (Casanare). El objetivo es prevenir a los servidores pblicos sobre las medidas que deberan tomar para evitar nuevas sentencias condenatorias que afecten el erario y, eventualmente, terminen generando acciones de repeticin contra los responsables de los equvocos generadores de dao antijurdico. Para el Consejo de Estado, la coincidencia de la promocin del programa con el inicio de los perodos de las administraciones municipales y departamentales constituidas a partir de las elecciones regionales del 2015 es propicia, pues se trata de un ao de ajuste institucional en el que conviene revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos. El seminario se instalar a las 7:30 de la maana del viernes 9 de septiembre en el Saln Mltiple de la Polica en Yopal. En el evento se har una rendicin de cuentas de la jurisdiccin en la regin, se expondrn algunos elementos de las causas ms frecuentes de litigiosidad y se compartirn reflexiones sobre la jurisprudencia contenciosos administrativa en asuntos ambientales, electorales y contractuales. Al evento asistirn la alcaldesa de la capital casanarea, Luz Marina Cardozo Solano; el gobernador del Casanare Josu Alirio Barrera Rodrguez; el presidente del Tribunal Contencioso Administrativo del departamento, Nstor Trujillo Gonzlez; el presidente del Consejo de Estado Danilo Rojas Betancourt, as como jueces y magistrados de la jurisdiccin y dems autoridades civiles de los municipios y el departamento.
    2016-09-08 ANULADA LA ELECCIN DEL ALCALDE DE CERET, CRDOBA La Seccin Quinta del Consejo de Estado decret la nulidad de la eleccin del actual Alcalde del Municipio de Ceret, Cordoba, Salim Hamed Chagui Flrez, por estar inhabilitado tras haber firmado un contrato de prestacin de servicios profesionales con el departamento, apenas unos das antes de su eleccin. Segn encontr la Sala, el acto administrativo de eleccin fue expedido el 1 de noviembre de 2015, y el nombrado alcalde haba celebrado un contrato con el departamento de Crdoba, el 25 de octubre de 2015, es decir, dentro del ao anterior a su eleccin como primera autoridad de dicho municipio Si bien en primera instancia, el Tribunal Administrativo de Crdoba deneg las pretensiones de la demanda, la Seccin Quinta estudi de fondo si el contrato firmado deba o no ejecutarse o cumplirse en el municipio de Ceret, que fue el argumento planteado en el recurso de apelacin. La Sala asumi el estudio de los estudios previos, de conveniencia y oportunidad, as como el contrato en s mismo y encontr que es claro que deba ejecutarse en todo el departamento de Crdoba, lo cual incluye al municipio de Ceret y por tanto se configura este requisito de la inhabilidad. En decisin unnime, la Sala revoc la sentencia de primera instancia que haba negado las pretensiones, declar la nulidad del acto de eleccin de Salim Hamed Chagui Flrez, alcalde municipio de Ceret Crdoba para el periodo constitucional 2016-2019, y orden cancelar las credenciales del alcalde a partir de la ejecutoria de la sentencia.
    2016-09-07 FALLO FAVORECE A SOLDADOS QUE INGRESARON COMO VOLUNTARIOS La Seccin Segunda del Consejo de Estado defini que la asignacin salarial mensual de los soldados profesionales que a 31 de diciembre de 2000 se desempeaban como soldados voluntarios en los trminos de la Ley 131 de 1985, es de un salario mnimo legal mensual vigente incrementado en un 60 %. As lo precis el alto tribunal de lo contencioso administrativo al estudiar el caso de un uniformado que, luego de prestar el servicio militar obligatorio entre el 9 de septiembre de 1991 y el 28 de febrero de 1993, se enlist como soldado voluntario. El uniformado mantuvo esa condicin hasta el 31 de octubre del 2003, cuando se incorpor como soldado profesional hasta el 27 de mayo de 2012. En la causa judicial estudiada pudo comprobar la Corporacin que, mientras se desempe como soldado profesional, al militar no le fue cancelado el salario bsico al que tena derecho en aplicacin del inciso 2 del artculo 1 del Decreto Reglamentario 1794 de 2000, consistente en un salario mnimo legal mensual incrementado en un 60 %. Segn el fallo, durante su ejercicio como soldado profesional el actor recibi un pago mensual de un salario mnimo incrementado en un 40 %, por lo que se orden el ajuste del 20% que haba dejado de recibir. As mismo, precis el Consejo de Estado que en atencin a que el Decreto 1794 de 2000 establece que los soldados profesionales, adems de la asignacin salarial, tienen derecho a las primas de antigedad, de servicio anual, vacaciones y navidad, as como al subsidio familiar y a cesantas, y que tales prestaciones se calculan con base en el salario bsico, el ajuste salarial ordenado lleva aparejado efectos prestacionales y da lugar a que tambin sean reliquidadas, en un mismo porcentaje, las referidas prestaciones. Por ltimo, determin que esta sentencia de unificacin no es constitutiva del derecho a solicitar el ajuste salarial y prestacional, por lo que el trmite de dicha reclamacin, tanto en sede gubernativa como judicial, deber atenerse a las reglas que sobre prescripcin de derechos contempla el ordenamiento jurdico en los artculos 10 y 174 de los Decretos 2728 de 1968 y 1211 de 1990, respectivamente. ver
    2016-09-07 DECISIONES SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas.En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-07 ANULAN REELECCIN DE PROCURADOR ALEJANDRO ORDEZ La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado declar la nulidad de la reeleccin del Procurador General de la Nacin, Alejandro Ordez Maldonado, al encontrar que se desconoci el artculo 126 de la Constitucin Poltica. El artculo 126 constitucional consagra una prohibicin que acarrea la nulidad del acto de eleccin, nombramiento o postulacin de un funcionario que hubiere designado a sus electores, postulantes o familiares cercanos, en cargo que le corresponde proveer. En el caso concreto, el doctor Alejandro Ordez Maldonado efectu los nombramientos de parientes de magistrados de la Corte Suprema de Justicia, rgano que lo postul para su reeleccin. En vista de esas designaciones, la Corte Suprema no poda postular al doctor. Ordez Maldonado, dada la prohibicin del artculo 126 de la Constitucin y el principio de igualdad que se predica del acceso a los cargos pblicos. La decisin adoptada se tom despus de negar las recusaciones formuladas en contra de los consejeros Roco Arajo Oate, Stella Conto Daz del Castillo y Alberto Yepes Barreiro, y de negar tambin la solicitud de reintegracin de la magistrada Mara Elizabeth Garca Gonzlez, quien se haba declarado impedida en el curso del proceso. Otros cargos formulados en las demandas no prosperaron.
    2016-09-07 EXMINISTRO FERNANDO CARRILLO CANDIDATO A PROCURADOR La Sala Plena del Consejo de Estado eligi al exministro Fernando Carrillo Flrez como su candidato para que integre la terna de la que el Senado de la Repblica elegir al nuevo Procurador General de la Nacin en remplazo de Alejandro Ordez Maldonado. El doctor Carrillo Flrez es abogado de la Universidad Javeriana con especializacin en Ciencias Socioeconmicas de la misma institucin. Tambin es magster en Administracin Pblica y en Derecho y Finanzas Pblicas de la Universidad de Harvard. El candidato a Procurador General fue ministro de Justicia y ministro del Interior, embajador de Colombia en Espaa, director de la Agencia Jurdica de Defensa del Estado, integrante de la Asamblea Nacional Constituyente, consejero presidencial para la Reforma Institucional de la Presidencia de la Repblica, representante y asesor legal del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Tambin ha sido docente en diferentes universidades del pas y es autor de varios libros como Defensa jurdica del Estado, Constitucionalizar la democracia social, La lucha contra la exclusin social en Amrica Latina y otros ms.
    2016-09-02 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-09-02 REAPERTURA DE EL QUIMBO ERA COMPETENCIA DEL CONSEJO DE ESTADO El decreto que autoriz la generacin de energa en la represa de El Quimbo y que fue declarado inexequible por la Corte Constitucional debi ser juzgado por el Consejo de Estado y no por el Tribunal Constitucional. As lo concluye un auto de ponente proyectado por el consejero Alberto Yepes Barreiro, en el que se explica que el control del decreto que orden la reapertura de la hidroelctrica, corresponda a la mxima instancia contenciosa, por mandato de los artculos 20 de la Ley 137 de 1994 (Estatutaria de los Estados de Excepcin) y el 136 del Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Pese a que el Tribunal Administrativo del Huila haba ordenado suspender la operacin de la represa de El Quimbo, tras conceder una medida cautelar que se impuso en el curso de una accin popular, el Gobierno Nacional dispuso su reapertura como parte de las medidas adoptadas para enfrentar la emergencia social, econmica y ecolgica que decret tras el cierre de la frontera colombo venezolana a mediados del 2015. Sin embargo, esa disposicin relativa al reinicio de labores en la hidroelctrica, contenida en el Decreto 1979 del 2015, fue declarada inexequible por la Corte Constitucional, que mediante la sentencia C-753 del 2015 ejerci el control automtico de constitucionalidad, dando lugar una vez ms a la suspensin de las actividades de la mencionada hidroelctrica. Si bien el Gobierno Nacional envi el texto del decreto para el control de esa alta corte, un particular demand la constitucionalidad del mismo ante el Consejo de Estado. La providencia, que correspondi por reparto al magistrado Yepes, advierte que este control constitucional le corresponde ejercerlo a la Corte Constitucional, si el contenido del acto es de naturaleza legislativa, y al Consejo de Estado, si sus componentes son meramente administrativos. A juicio del consejero Yepes Barreiro, el acto que orden la reapertura del proyecto hidroelctrico debi ser objeto del control automtico de legalidad que ejerce la autoridad contenciosa, por tratarse de una decisin de carcter administrativo. Sin embargo, como el Tribunal Constitucional ya haba tomado una decisin en el sentido de excluir el decreto demandado del ordenamiento jurdico, cualquier pronunciamiento del Consejo de Estado sera inocuo, adems que se impona el respeto a la cosa juzgada constitucional, en los trminos del artculo 243 de la Constitucin.
    2016-09-01 NIEGAN TUTELA CONTRA NULIDAD DE LA ELECCIN DE ONEIDA PINTO La Seccin Primera del Consejo de Estado neg la accin de tutela presentada por la exgobernadora de La Guajira Oneida Rayeth Pinto Prez con la que pretenda dejar sin efectos el fallo de la Seccin Quinta que declar nula su eleccin. Segn la providencia proyectada por la magistrada Mara Claudia Rojas Lasso, los consejeros que tomaron esa determinacin no violaron ninguna garanta procesal que afectara sus derechos fundamentales. La eleccin de Pinto Prez como Gobernadora de La Guajira fue demandada por violacin al rgimen de inhabilidades, puesto que haba ejercido autoridad civil en ese mismo departamento durante el ao previo a su eleccin, lo cual est prohibido. Al estudiar la demanda, la Seccin Quinta del Consejo de Estado anul la eleccin al encontrar que la exmandataria s haba violado dicha prohibicin, por haber sido alcaldesa del municipio de Albania (Guajira) dentro del citado periodo inhabilitante. En la misma decisin, la Seccin Quinta unific su jurisprudencia y advirti que quienes sean seleccionados para cargos de eleccin popular en alcaldas y gobernaciones quedan inhabilitados para aspirar a otro cargo de la misma naturaleza durante el ao posterior a la terminacin de su perodo. Eso significa que, aun cuando los elegidos renuncien mucho antes de la terminacin de su cuatrienio, no podrn inscribirse para las elecciones del perodo siguiente dentro de la misma circunscripcin.
    2016-08-29 ECOPETROL GANA MILLONARIA DEMANDA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO La empresa Caribbean Oil and Services Inc, deber pagarle a Ecopetrol 1700.000 dlares, luego de que el Consejo de Estado la hallara responsable del incumplimiento del contrato de asociacin entre ellas celebrado para la exploracin y explotacin petrolera en un sector de reas ricas en hidrocarburos del Cauca y Nario, denominado Cndores. La Seccin Tercera del alto tribunal le dio la razn a la Empresa Colombiana de Petrleos, que hizo uso de la facultad de terminacin unilateral del contrato celebrado en 1993, debido a que la asociada no cumpli con las obligaciones pactadas para el segundo ao de exploracin, que eran necesarias para avanzar hacia el tercer ao de la mencionada fase exploratoria, donde se dara inicio a las excavaciones. Las partes celebraron un contrato de asociacin, dentro del cual Ecopetrol se comprometa a poner a disposicin de la firma extranjera la intervencin exclusiva en los terrenos ubicados en la jurisdiccin de los municipios de Bolvar, Mercaderes y Almaguer, en el Cauca, y El Rosario, en Nario. Caribbean Oil and Services Inc, por su parte, asumira la totalidad de los costos de la labor exploratoria, con la expectativa de que, una vez demostrada la comerciabilidad de los hidrocarburos, Ecopetrol le reembolsara algunos de los costos de la fase exploratoria y con la esperanza de acceder a los dividendos de las labores extractivas. Segn el expediente, durante el primer ao de ejecucin del contrato la asociada estaba obligada a reprocesar la informacin ssmica disponible y a reinterpretar la informacin geolgica y geofsica existente, labor que fue ejecutada sin prueba de inconvenientes. Conforme lo pudo constatar la Sala, no ocurri lo mismo durante el segundo ao, en el que no qued demostrado que la co-contratante adquiriera el programa mnimo de 100 kilmetros de ssmica nueva, la cartografa geolgica de campo y la investigacin geoqumica que incluyera un estudio tipo MOST a los que se haba comprometido. ver
    2016-08-29 CONFIRMAN SUSPENSIN DEL GOBERNADOR DE CALDAS GUIDO ECHEVERRY La Seccin Quinta del Consejo de Estado ratific la suspensin provisional de la eleccin de Guido Echeverry Piedrahita como actual gobernador de Caldas. Lo hizo al negar el recurso de reposicin que interpuso el propio dirigente poltico contra el auto de marzo del presente ao, por medio del cual esta misma Seccin admiti la demanda de nulidad contra su eleccin y orden suspender la misma, como medida cautelar. Algunos de los argumentos del recurso, coadyuvado por el Sindicato Nacional de Trabajadores (Sunet) Seccional Caldas, apuntaban a que la Sala haba violado el debido proceso al demandado por no haberle corrido traslado de la solicitud que hizo el actor para que se impusiera la medida cautelar. Con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermdez, la Corporacin explic que cuando el accionante aspira a que el juez contencioso decrete una medida de esta naturaleza, las normas del Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo no obligan a que el accionado reciba traslado del requerimiento que persigue tal suspensin. Adems, aclar que en el caso concreto del gobernador Echeverry proceda la suspensin en grado de urgencia, en el entendido en que su tarda adopcin terminara por avalar la eleccin de un candidato que, como se demostr en esta etapa procesal, est incurso en la prohibicin constitucional contenida en el artculo 303 Superior, tratndose de un cargo uninominal. Segn la providencia, si bien el Consejo Nacional Electoral pudo haber considerado que el dirigente no viol ninguna prohibicin al ser elegido para el perodo 2016 - 2019, eso no le impeda a la Seccin Quinta de la mxima instancia contenciosa juzgar el acto. Aclar que la evaluacin de la autoridad electoral es de carcter administrativa y la del Consejo de Estado es jurisdiccional, lo que desvirta la supuesta violacin al principio de non bis in dem, alegada por el sindicato coadyuvante. La continuidad de Guido Echeverry en la Gobernacin fue afectada de manera provisional, luego de que la Seccin Quinta concluyera que viol la prohibicin que pesa sobre los gobernadores para ser reelegidos por perodos consecutivos. El mandatario regional haba sido elegido para ocupar la jefatura de la administracin del departamento de Caldas entre el 2012 y el 2015, pero no termin su perodo debido a otro proceso de nulidad electoral. El Consejo de Estado consider que as Echeverry no hubiera podido culminar su mandato, por haber sido elegido para el perodo inmediatamente anterior, se encontraba inhabilitado para ser gobernador durante el presente cuatrienio. Por eso suspendi su eleccin, decisin que acaba de ser ratificada.
    2016-08-26 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA DEL C E Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-08-25 CULTURA DE LEGALIDAD EN BOLVAR Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado contina con la promocin de su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones en la ciudad de Cartagena, el prximo 26 de agosto. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn en el proceso de hacer ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. En Cartagena el evento se realizar en el auditorio Benjamn Herrera de la Universidad Libre, a partir de las 8 a.m., y ese da se har la instalacin de la Comisin de Transparencia y Rendicin de Cuentas de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa del Magdalena, instrumento que busca garantizar la legalidad de todas las actuaciones de dicha Jurisdiccin. Al evento asistirn el gobernador de Bolvar, Dumek Turbay Paz; el alcalde de Cartagena, Manuel Vicente Duque Vsquez, el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el presidente del Tribunal Administrativo de Bolvar, Jos Fernndez Osorio; la Presidenta de la Universidad Libre de Cartagena, Beatriz Tovar, magistrados de ambas Corporaciones y jueces administrativos.
    2016-08-23 CULTURA DE LEGALIDAD EN LAS FUERZAS MILITARES El prximo 24 de agosto tendr lugar el primer encuentro acadmico entre los Consejeros de Estado y el Ejrcito Nacional, en el que el objetivo principal ser exponer las causas por las que la jurisdiccin contencioso administrativa ha emitido sentencias condenatorias en contra del Estado; as mismo, se mostrarn los avances del Ejrcito Nacional en torno a la prevencin del dao antijurdico y en el fortalecimiento de la cultura de la legalidad entre sus integrantes, encaminadas a disminuir dichas condenas. Otro de los objetivos de este seminario es destacar la importancia del cumplimiento de las normas jurdicas por parte de los servidores pblicos y robustecer la confianza de la ciudadana hacia los operadores judiciales. A este evento, que se llevar a cabo en el teatro de La Escuela Militar de Cadetes General Jos Mara Crdova, a partir de las 8 a.m., asistir el Comandante del Ejrcito Nacional, General Alberto Jos Meja Ferrero; el Segundo Comandante, Mayor General Ricardo Gmez Nieto; el Jefe de Estado Mayor de Planeacin y Polticas, Mayor General Gabriel Hernando Pinilla Franco y los seores Generales, Jefes de Departamentos y Comandos que hacen parte de la Institucin, as como el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth, y los magistrados de la Seccin Segunda y Tercera de ese Alto Tribunal. Tambin se contar con la presencia de los magistrados de la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia, el representante de la ONU para los Derechos Humanos, as como integrantes del Consejo Superior de la Judicatura, la Procuradura General de la Nacin, Fiscala General de la Nacin, adems de organizaciones no gubernamentales.
    2016-08-23 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA DEL C E Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-08-22 25 AOS DE LA CONSTITUCIN POLITICA Con el objetivo de analizar el aporte que la Jurisdiccin Contencioso Administrativa ha hecho a la Constitucin de Colombia desde su promulgacin en 1991, el Consejo de Estado realizar un foro para conmemorar los 25 aos de la Carta Poltica, el cual tendr lugar en el Congreso de la Repblica de Bogot, el prximo 22 de agosto, a partir de las 3 p.m. En el foro denominado 25 aos de la Constitucin Poltica: aportes del Derecho Administrativo al constitucionalismo, tambin se examinarn los retos y expectativas que tiene la Jurisdiccin Contenciosa frente al desarrollo del derecho constitucional en el pas. El evento estar dividido en tres paneles: La Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo desde la ptica del constituyente del 91, que ser moderado por el Presidente de la Seccin Tercera del Consejo de Estado, Ramiro Pazos Guerrero; Desarrollo y aplicacin del derecho administrativo durante la vigencia de la Constitucin Poltica de 1991, moderado por la magistrada de la Seccin Primera y expresidenta del Consejo de Estado, Mara Claudia Rojas Lasso; y el ltimo ser Retos y expectativas del constitucionalismo colombiano y del derecho administrativo en las nuevas dinmicas del pas, moderado por la magistrada de la Seccin Tercera, Stella Conto Daz del Castillo. Al foro tambin asistirn la exministra de Justicia, Ruth Stella Correa Palacio; los exconstituyentes Juan Carlos Esguerra Portocarrero y Abel Rodrguez Cspedes; el Presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el Secretario General del Congreso de la Repblica, Gregorio Eljach Pacheco; magistrados y exmagistrados del Consejo de Estado
    2016-08-19 COMUNICADO SALA PLENA El Consejo de Estado, reunido en sesin extraordinaria los das 17 y 18 de agosto de 2016 en la ciudad de Paipa: a. SOBRE REFORMA A LA JUSTICIA 1. Destaca la preocupacin que la opinin pblica tiene sobre la justicia como elemento central para el presente y el futuro de Colombia. 2. Comparte la necesidad de una reforma estructural a la justicia. 3. Propone y reitera la creacin de una Misin Justicia, toda vez que la complejidad que reviste el tema de la justicia es enorme, no se puede subestimar y demanda serias reflexiones y soluciones integrales. 4. Recomienda que la Misin Justicia tenga en cuenta los estudios previos hechos por la Rama Judicial y por otros expertos, para entregar al pas propuestas que solucionen de fondo los graves problemas que actualmente afronta el sistema judicial, relacionados con la congestin, la tutela judicial efectiva, la celeridad y eficacia del servicio de justicia, el gobierno y administracin de la Rama, la independencia y autonoma presupuestal, la accin de tutela, el control disciplinario para magistrados de Altas Cortes, la elaboracin y ejecucin del Plan Decenal. 5. Relieva la tarea que cumple la justicia en la preservacin de los valores fundantes del Estado social y democrtico de Derecho. b. SOBRE EL PROCESO DE PAZ 1. Continuar atento al desarrollo del proceso de paz que se adelanta en La Habana entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, en especial en lo relativo a la Rama Judicial y particularmente a la Jurisdiccin Contencioso Administrativa. 2. Resalta que instituciones como la Jurisdiccin Especial para la Paz, la Jurisdiccin Agraria, las reformas al sistema electoral y su articulacin con la accin de tutela y la cosa juzgada, los procedimientos especiales, los costos de nuevas estructuras de cara a las tradicionales necesidades de la justicia y otras semejantes reclaman reflexin con participacin de los jueces, en particular de los magistrados de las Altas Cortes, por razones institucionales y por la experiencia y conocimiento acumulados en los tribunales de cierre de las jurisdicciones ordinaria y contencioso-administrativa. 3. Aspira a que el desarrollo normativo, institucional y de poltica pblica del Acuerdo Final contribuya a generar escenarios de reconciliacin e integracin social que nos consolide como nacin democrtica y pluralista, todo bajo la vigencia del Estado de Derecho y la necesaria articulacin con las disposiciones sobre justicia transicional.
    2016-08-18 CULTURA DE LEGALIDAD EN BOYAC Continuando con su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Tunja para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn haciendo ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. El evento se llevar a cabo el prximo 19 de agosto, en el Paraninfo San Alberto Magno de la Universidad Santo Toms de Tunja, a partir de las 8 de la maana. Ese da se presentarn algunos casos de condenas contra la Nacin por errores de la administracin, adems de diferentes conferencias. A la instalacin del seminario asistirn el ministro de Justicia, Jorge Eduardo Londoo Ulloa; la gobernadora (e) de Boyac, Ana Carolina Espitia Jerez; el alcalde de Tunja, Pablo Emilio Cepeda Novoa; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; la presidenta del Tribunal Administrativo de Boyac, Clara Elisa Cifuentes; y el rector de la Universidad Santo Toms, Fray Jorge Ferdinando Rodrguez Ruz.
    2016-08-11 CULTURA DE LEGALIDAD EN EL MAGDALENA Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado contina con la promocin de su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones en la ciudad de Santa Marta, el prximo 12 de agosto. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn en el proceso de hacer ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. En Santa Marta el evento se realizar en el auditorio Julio Otero de la Universidad del Magdalena, a partir de las 8 a.m., y ese da se har la instalacin de la Comisin de Transparencia y Rendicin de Cuentas de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa del Magdalena, instrumento que busca garantizar la legalidad de todas las actuaciones de dicha Jurisdiccin. Al evento asistirn la gobernadora del Magdalena Rosa Cotes de Ziga; el Alcalde de Santa Marta, Rafael Martnez; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el presidente del Tribunal Administrativo del Magdalena, Adonay Ferrari Padilla; el rector de la Universidad del Magdalena, Ruthber Escorcia Caballero; magistrados de ambas Corporaciones y jueces administrativos.
    2016-08-11 NIEGAN DEMANDA CONTRA VENTA DE ISAGEN El Consejo de Estado neg la demanda presentada por 12 congresistas en contra de los Decretos 1609 y 2316 de 2013 y 1512 de 2014, en los que se aprob y reglament el proceso de venta de las acciones que el Estado colombiano tena en la empresa ISAGEN S.A. E.S.P. Los demandantes argumentaban que la autorizacin para vender ISAGEN vulneraba el patrimonio pblico, no estaba sustentada en estudios tcnicos que la justificaran y que no era conveniente ni necesaria para financiar las vas 4G, como lo dijo el Gobierno Nacional. La Seccin Cuarta explic que en sentencia del 10 de septiembre de 2015 la Corporacin ya haba negado una demanda similar, por lo que determin que en este caso opera la cosa juzgada, pues los argumentos expuestos ya fueron estudiados y decididos. La Sala tambin seal que los decretos demandados se fundamentaron en la Constitucin y la Ley 226 de 1995 y que los motivos de poltica pblica para justificar la venta de la empresa correspondan a aspectos que, en principio, no pueden ser objeto de un juicio de legalidad. ver
    2016-08-09 DECLARAN NULA SANCIN CONTRA EXSENADORA PIEDAD CRDOBA El Consejo de Estado declar la nulidad de la sancin impuesta por la Procuradura General de la Nacin a la exsenadora Piedad Crdoba Ruiz, decisin que la haba destituido e inhabilitado por 18 aos para ejercer cargos pblicos. La decisin del Ministerio Pblico fue proferida en septiembre de 2010 y se dio con base, esencialmente, en los documentos que incaut el Ejrcito Nacional durante la Operacin Fnix (que tuvo lugar en Ecuador), los cuales daban cuenta de presuntos vnculos de la entonces senadora con grupos al margen de la ley. La Sala Plena estudi el caso y encontr que son ilegales todas las pruebas recaudadas en dicha operacin militar, puesto que en su prctica y recoleccin no se tuvieron en cuenta los requisitos constitucionales y legales esenciales que contempla el ordenamiento jurdico colombiano ni el acuerdo de cooperacin e intercambio judicial suscrito entre Colombia y Ecuador para tales efectos. La Procuradura General de la Nacin vulner el derecho fundamental al debido proceso de la accionante al considerar como pruebas vlidas, dentro del proceso disciplinario, las practicadas y recaudadas en desarrollo de la Operacin Fnix, las cuales se consideran inexistentes, indica la sentencia. El fallo tambin seala que los otros documentos utilizados por la Procuradura para sancionar a la excongresista constituyen prueba indiciaria que solo se apoya en registros de prensa que son insuficientes para demostrar una supuesta promocin, auspicio, financiacin, organizacin, instruccin o colaboracin con grupos armados al margen de la ley. La Procuradura General de la Nacin deber indemnizar a la exparlamentaria por los daos ocasionados con el pago de los salarios y prestaciones que dej de percibir entre el 3 de noviembre de 2010, da en que fue separada de su curul, y el 19 de julio de 2014, da en que finaliz su periodo legislativo 2010-2014.
    2016-08-04 CULTURA DE LEGALIDAD EN LA GUAJIRA Continuando con su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Riohacha para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn haciendo ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. El evento se llevar a cabo el prximo 5 de agosto, en el auditorio del Sena (calle 21 Avenida Aeropuerto) de Riohacha, a partir de las 8 de la maana. Ese da se presentarn algunos casos de condenas contra la Nacin por errores de la administracin, adems de diferentes conferencias. A la instalacin del seminario asistirn el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Luis Gilberto Murillo; el alcalde de Riohacha, Fabio Velsquez Rivadeneira; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; y la presidenta del Tribunal Administrativo de La Guajira, Mara del Pilar Veloza Parra.
    2016-08-04 NIEGAN NULIDAD DE RESOLUCIN SOBRE DILOGOS DE PAZ El Consejo de Estado neg la demanda presentada contra la Resolucin 339 de 19 de septiembre de 2012 que dio va libre a la instalacin de una mesa de dilogo con la guerrilla de las FARC en La Habana, Cuba, y se designaron los negociadores del Gobierno para tales efectos. El demandante alegaba que dicha Resolucin era ilegal porque haba excluido del proceso de negociacin a la guerrilla del ELN y violaba el deber del Estado de proteger la vida de los colombianos, puesto que se seguan cometiendo actos violentos contra la poblacin civil, segn informaciones publicadas en medios de comunicacin. La Seccin Primera, con ponencia de la magistrada Mara Elizabeth Garca Gonzlez, seal que la Resolucin demandada materializa los compromisos adquiridos entre el Gobierno Nacional y las FARC-EP, lo cual implicaba que para el cumplimiento de lo all consignado se diera va libre a la conformacin de la Mesa de Dilogo, debidamente autorizada y dispuesta bajo el amparo estatal. Constituye la demandada Resolucin 339 de 2012 un acto instrumentador de la primera fase de los convenios a los que arribaron las partes, en cuanto que permiti canalizar y aterrizar a la realidad jurdica la decisin consensuada de establecer como pieza angular de la negociacin una Mesa de Dilogo con sus respectivos representantes gubernamentales, la cual no hubiese podido obtener entidad jurdica propia de no haber sido por la manifestacin de la voluntad inequvoca del Presidente de la Repblica en desarrollo de sus funciones administrativas, indica la sentencia. La Sala seal que la coyuntura estuvo dada para que se iniciaran las conversaciones con las FARC-EP y el Acuerdo no se invalida o deslegitima por adelantarse con uno solo de los grupos armados que, creyendo en la salida negociada del conflicto del cual es actor principal, decidi sentarse en la Mesa de Dilogo, lo que a todas luces no hizo el ELN. Adems, del contenido de la Resolucin nm. 339 no se infiere que el Presidente de la Repblica no considere fundamental la negociacin con el ELN o la deseche de plano, mxime si, precisamente, en el Acuerdo General para la Terminacin del Conflicto y la Construccin de una Paz Estable y Duradera expresamente se seala la disposicin total del Gobierno y de las FARC-EP de llegar a un acuerdo, y la invitacin a toda la sociedad Colombiana, sin distincin, INCLUIDAS OTRAS ORGANIZACIONES GUERRILLERAS a las que invitan a unirse a ese propsito, puntualiza el documento. Finalmente el fallo seala que los actos de terrorismo referidos por el actor y que fueron perpetrados por el ELN con posterioridad a la suscripcin del Acuerdo General y a la expedicin de la Resolucin demandada, lejos de probar la existencia de una falsa motivacin en estos, lo que permite es reafirmar la necesidad de iniciar cuanto antes un dilogo permanente y fluido con dicha organizacin, para encontrar una pronta solucin negociada a tal conflicto. ver
    2016-07-29 NIEGAN PRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTA El Consejo de Estado neg la prdida de investidura del representante a la Cmara por el departamento de Crdoba Nicols Antonio Jimnez Paternina al considerar que no viol el rgimen de incompatibilidades para ejercer su cargo. Jimnez Paternina fue demandado porque supuestamente, siendo congresista, haba continuado representando judicialmente al municipio de San Andrs de Sotavento, en Crdoba, para el cobro de impuestos. La consejera ponente, Martha Teresa Briceo de Valencia, estudi el caso y encontr que no exista ningn contrato o vinculacin entre el demandado y el municipio, puesto que el poder haba terminado cinco aos antes de su posesin como congresista. El fallo insiste en que el poder judicial conferido al Representante a la Cmara termin automticamente en la medida en que el demandado adelant la gestin que se le solicit, es decir, obtener mediante mandamiento de pago el recaudo de los impuestos, por lo cual no puede decirse que existi un inters particular ni mucho menos que haya existido simultaneidad entre la labor del congresista y su condicin de apoderado.
    2016-07-28 ANULAN MILLONARIO LAUDO POR MALA FE DE RBITRO Las garantas de independencia e imparcialidad deben ser observadas rigurosamente en todo momento por los Tribunales de Arbitramento. Este es el mensaje del Consejo de Estado en un caso donde el Estado se salv de pagar ms de mil millones de pesos a una empresa particular por el incumplimiento de un contrato para la explotacin de palma de cera en el Casanare, el cual fue celebrado con el Instituto Financiero de dicho departamento. La decisin fue adoptada por la Seccin Tercera del Consejo de Estado al anular un laudo arbitral de la Cmara de Comercio del Casanare, despus de encontrar que uno de los rbitros del proceso haba violado el deber de informacin pues era habitual contratista de la Gobernacin del departamento. La informacin omitida por el rbitro resultaba relevante para la determinacin de su imparcialidad e independencia por cuanto se trata de la existencia de mltiples vnculos contractuales con la oficina asesora jurdica de la Gobernacin del Departamento de Casanare, para prestar servicios de asesora en materias administrativas y contractuales, estando en cabeza del Gobernador del Departamento concretas competencias respecto del Instituto Financiero de Casanare, como son la designacin de su gerente, de un representante suyo en la Junta Directiva adems de tener participacin all por medio de dos de sus secretarios de despacho, indica la sentencia. La Sala hizo un llamado de atencin a quienes integran los tribunales de arbitramento para que acten de buena fe y les garanticen a las partes un proceso justo e imparcial, aspecto en el cual juega un papel preponderante el deber de brindar informacin relevante veraz, autntica y completa al momento de su designacin o con posterioridad, si alguna circunstancia se presenta. ver
    2016-07-28 CULTURA DE LEGALIDAD EN SUCRE Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado contina con la promocin de su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones en la ciudad de Sincelejo, el prximo 29 de julio. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn en el proceso de hacer ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. En Sincelejo el evento se realizar en el auditorio Fortunato Chadid Jattin de la Gobernacin de Sucre, a partir de las 8 a.m., y ese da se har la instalacin de la Comisin de Transparencia y Rendicin de Cuentas de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa de Sucre, instrumento que busca garantizar la legalidad de todas las actuaciones de dicha Jurisdiccin. Al evento asistirn el gobernador de Sucre, Edgar Martnez Romero, el alcalde de Sincelejo, Jacobo Quessep Espinosa; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el presidente del Tribunal Administrativo de Sucre, Rufo Arturo Carvajal Argoty; magistrados de ambas Corporaciones y jueces administrativos.
    2016-07-27 CULTURA DE LEGALIDAD EN CRDOBA Continuando con su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Montera para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn haciendo ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. El evento se llevar a cabo el prximo 28 de julio, en el auditorio Iraca de la CVS de Montera, a partir de las 8 de la maana. Ese da se presentarn algunos casos de condenas contra la Nacin por errores de la administracin, adems de diferentes conferencias. A la instalacin del seminario asistirn el gobernador de Crdoba, Edwin Besaile Fayad; el alcalde de Montera, Marcos Daniel Pineda Garca; el Director de Justicia Formal y Jurisdiccional del Ministerio de Justicia, Ramiro Vargas Daz; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; y el presidente del Tribunal Administrativo de Crdoba, Pedro Olivella Solano.
    2016-07-21 CONDENAN AL MINISTERIO DE DEFENSA POR FALSO POSITIVO EN EL TOLIMA Ms de 1300 millones de pesos tendr que pagar el Ministerio de Defensa a la familia de un hombre que muri durante la denominada masacre de Cajamarca, ocurrida entre el 2 y el 6 de noviembre de 2003, en la zona conocida como Semillas de Agua, en zona rural de dicho municipio del Tolima. La vctima fue presentada como miembro del frente 21 de las FARC por parte de uniformados de la Compaa Bfalo de la Sexta Brigada del Ejrcito que se encontraba en la zona combatiendo a grupos delincuenciales. Durante la investigacin penal no se logr demostrar la vinculacin de la vctima con el grupo subversivo, por el contrario, tres militares que pertenecan a dicha compaa fueron condenados no solo por su muerte y el desplazamiento forzado de su familia, sino tambin por la desaparicin forzada, tortura y ejecucin extrajudicial de otras personas de la regin. La Seccin Tercera del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Hernn Andrade Rincn, manifest su preocupacin por el nmero de casos en los cuales miembros de la Fuerza Pblica encubren, bajo la apariencia de muertos en combate, homicidios que obedecen a diversas circunstancias. En este caso se echa de menos la adopcin de medidas efectivas de vigilancia y control por parte de los superiores del Ejrcito Nacional, tendientes a lograr la cabal ejecucin de la misin encomendada a sus subalternos, lo que denota indiferencia o tolerancia frente al comportamiento de los uniformados, hecho que resulta contradictorio si se considera que los mandos superiores de la institucin deben realizar un constante monitoreo de sus posiciones y de sus movimientos, dado que sus misiones de campo son precisas y concretas, indica la sentencia. ver
    2016-07-12 ELIGEN MAGISTRADO DE LA SECCIN SEGUNDA La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Csar Palomino Corts como nuevo magistrado de la Seccin Segunda, en remplazo del Doctor Gerardo Arenas Monsalve, quien termin su periodo constitucional el pasado mes de mayo. El Doctor Palomino Corts es abogado, especialista en Administracin de Justicia y Resolucin de Conflictos, y Derecho Comercial de la Universidad Externado, y en Derecho Penal y Criminologa de la Universidad de Medelln; adems es magister en Derecho de la Universidad Externado de Colombia. El ejercicio de su profesin lo ha desempeado en la Rama Judicial como juez promiscuo municipal, juez civil municipal, juez civil y laboral del circuito por ms de 10 aos en el departamento del Choc, y como magistrado de Tribunal por ms de 16 aos. Actualmente es magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Adems se ha destacado como docente en las principales universidades del del Choc.
    2016-07-12 DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA DEL C E DECISIONES DE LA SECCIN QUINTA DEL CONSEJO DE ESTADO Bogot, julio 12 de 2016. - Con el propsito de dar a conocer las decisiones que semanalmente adopta la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la Sala pone a disposicin de la ciudadana un cuadro detallado con todas las decisiones falladas. En el cuadro podrn encontrar el nmero del proceso, el demandante, el demandado, el ponente y el sentido de la decisin, informacin que le permitir al usuario consultar su proceso. ver
    2016-07-11 MUERTE DE LUIS CARLOS GALN CONSTITUYE DELITO DE LESA HUMANIDAD El Consejo de Estado seal que el asesinato de Luis Carlos Galn Sarmiento en agosto de 1989 constituye un delito de lesa humanidad y, por ende, es imprescriptible. La Seccin Tercera, Subseccin C, confirm un fallo del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, que neg la solicitud de reparacin interpuesta por una persona que estuvo vinculada durante 14 aos al proceso penal dentro de las investigaciones por la muerte de Luis Carlos Galn, y posteriormente fue absuelta. El actor estim que por el lapso que dur la etapa de instruccin hubo un defectuoso funcionamiento del aparato judicial. Sin embargo, la Sala explic que aunque el accionante estuvo vinculado a un investigacin penal por ms de 10 aos, por los punibles de homicidio y lesiones personales con fines terroristas y concierto para delinquir por el magnicidio de Luis Carlos Galn Sarmiento, no existe prueba de que se haya librado medida de aseguramiento, boleta de encarcelacin, boleta de libertad o un equivalente que certifique que estuvo privado de la libertad. Adems, por ser delito de lesa humanidad, la autoridad no est obligada a actuar en lo que denominan plazo razonable, sino en lo que se requiere para adelantar adecuadamente la investigacin. "En la actuacin criminal seguida por el homicidio de Galn Sarmiento el haber sido vinculado a un proceso que se prolong por ms de una dcada no implica, per se, violacin a la garanta convencional y constitucional al plazo razonable, subsumido en el marco de las garantas judiciales (artculo 8 CADH) y el debido proceso judicial (artculo 29 Constitucin Poltica) por cuanto las exigencias de la justicia en un acto calificado por la propia autoridad penal como constitutivo de un acto de lesa humanidad implican la prevalencia del deber de investigar y juzgar respecto a la antecitada garanta judicial de ah que no pueda esta judicatura censurar el actuar de las autoridades penales por el slo hecho del periodo por el cual, en sede de instruccin, dur vinculado el demandante", seala la decisin. ver
    2016-07-07 DECLARAN NULA SANCIN CONTRA EXMINISTRO SABAS PRETELT El Consejo de Estado declar la nulidad del fallo disciplinario proferido por la Procuradura General de la Nacin, el cual le impuso 12 aos de sancin al exministro Sabas Pretelt de la Vega, el 24 de agosto de 2010. El exministro fue sancionado por presuntamente ofrecer al excongresista Teodolindo Avendao la vinculacin de recomendados suyos a la administracin, a cambio de que se ausentara de la sesin de la Comisin Primera de la Cmara de Representantes del 3 de junio de 2004, con el fin de conseguir la aprobacin del proyecto de acto legislativo de la reeleccin presidencial. Pretelt de la Vega le solicit al Consejo de Estado declarar nula esa sancin argumentando violacin de sus derechos a la defensa y prescripcin de la accin, puesto que transcurrieron ms de cinco aos entre el momento en que supuestamente ocurre la conducta reprochada y la expedicin del fallo. Sin embargo, para la Procuradura, aunque la conducta del exministro inici al momento de realizar el ofrecimiento a Teodolindo Avendao, los efectos se mantuvieron en el tiempo hasta el 23 de noviembre de 2005 cuando se produjo el resultado, es decir, cuando supuestamente ocurri el nombramiento de un recomendado del exparlamentario en una notara de Bogot. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero, explic que la falta atribuida al demandante y por la que fue investigado se tipifica con el acto de ofrecer, que es una accin pura y simple y su configuracin no comporta la aceptacin y el cumplimiento de lo ofrecido. Por ello, si la conducta que se endilg consista en el ofrecimiento, es a partir de este y no de los presuntos efectos que empieza a correr el trmino prescriptivo, pues si se atuviera a sus efectos para entender perfeccionada la falta, estaramos ante un tipo disciplinario diferente, indica la sentencia. ver
    2016-07-05 CONSEJO DE ESTADO EN MESA DE SOCIALIZACIN DE JUSTICIA El magistrado de la Seccin Primera doctor Guillermo Vargas Ayala, en representacin del Consejo de Estado, particip el pasado jueves 30 de junio en la mesa de socializacin de justicia, correspondiente a los compromisos de la Alianza de Gobierno Abierto (AGA). Esta es una de las actividades que cumple la Comisin de Transparencia y Rendicin de Cuentas del Consejo de Estado, que activamente se ha vinculado a las actividades diseadas con el propsito de cumplir el objetivo de informar a la comunidad sobre la labor realizada en el Alto Tribunal, dentro de su compromiso de mejoramiento de la calidad de servicios a los ciudadanos. Adjunto puede consultar el video correspondiente a la reunin sostenida con quienes integran AGA, entre otros, la Corporacin Excelencia en la Justicia y los Ministerios de Justicia y TIC. https://youtu.be/s3-27-ytlnk
    2016-07-05 PRECISAN COMPETENCIA DE ORGANISMOS INTERNACIONALES EN CASO DE BOJAY El Estado no puede tramitar peticiones ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos contra los grupos armados ilegales por las violaciones de derechos humanos y las infracciones al Derecho Internacional Humanitario ocurridas durante el ataque del grupo insurgente FARC en el municipio de Bojay, Choc, en el ao 2002. As lo seal la Seccin Quinta del Consejo de Estado al confirmar un fallo de tutela dictado por la Seccin Cuarta de esta corporacin que ampar el debido proceso del Ministerio de Defensa y la Polica Nacional, luego de que el Tribunal Administrativo del Choc, en diferentes sentencias, impuso varias medidas de reparacin no pecuniarias en favor de las vctimas de la masacre, a pesar de tratarse de violaciones e infracciones originadas en un mismo hecho. La corporacin precis que en el procedimiento contencioso regional, el Estado no est legitimado para tramitar una peticin individual porque esta posibilidad est reservada para las personas, los grupos de personas y las entidades no gubernamentales debidamente reconocidas. Agreg que el Sistema Interamericano no tiene competencia para adelantar procesos contra los grupos armados legales y que no puede ir directamente ante la Corte porque es necesario acudir primero ante la Comisin Interamericana, como organismo competente para llevar el caso ante el tribunal internacional. Con ponencia del consejero de Estado Carlos Enrique Moreno Rubio, la Sala confirm la decisin que dispuso que el tribunal administrativo no debe imponer de manera repetida el mismo tipo de medidas de reparacin no pecuniarias en todas las sentencias dictadas contra el Estado, ya que las reparaciones adoptadas en los primeros fallos, en virtud del fenmeno jurdico de la cosa juzgada, son extensivas a todas las vctimas del mismo hecho. La sentencia no afect las dems decisiones adoptadas por el Tribunal Administrativo del Choc en favor de las vctimas de la masacre en los procesos de reparacin directa, dado que la accin de tutela interpuesta por el Ministerio de Defensa cuestionaba nicamente las medidas repetitivas no pecuniarias de idntico carcter. El fallo explic que la Corte Interamericana tiene reconocido que los rganos del sistema regional de proteccin no tienen competencia para analizar el incumplimiento de tratados diferentes a la Convencin Americana sobre Derechos Humanos y dems instrumentos regionales, lo que hace que no pueda pronunciarse sobre la infraccin de los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, como lo haba ordenado el Tribunal Administrativo del Choc. Recalc que uno de los fundamentos normativos sobre el cual el Tribunal del Choc sustent las medidas no pecuniarias, como es el Convenio IV de Ginebra, no es aplicable al conflicto armado interno porque el mismo est regulado nicamente por el artculo tercero comn a los citados convenios y por el Protocolo II Adicional. Respecto de la medida que ordenaba expedir copias de los fallos con destino a la Corte Penal Internacional, la decisin advirti que, adems de ser subsidiaria, la competencia de dicho organismo internacional solo puede ser ejercida sobre crmenes cometidos despus de la entrada en vigor del Estatuto de Roma, por lo que la masacre de Bojay est por fuera del marco temporal de competencia de este. Adicionalmente, precis que el principio de activacin de la competencia de la CPI no opera con base en la remisin de copias hecha por los jueces del derecho interno y exige demostrar la falta de capacidad del Estado para adelantar la investigacin respectiva o la decisin de abstenerse de iniciar la accin penal por tales hechos, lo cual no ocurri en el caso de Bojay. Aparte de las anteriores consideraciones, la Sala no puede desconocer que al ratificar el Estatuto de Roma, el Estado hizo una declaracin interpretativa a travs de la cual no acept la competencia de la CPI para el conocimiento de la categora de crmenes de guerra por el trmino de siete (7) aos, el cual venci a en noviembre de 2009, seal el fallo. La Seccin Quinta consider que tampoco es procedente que instituciones internacionales como la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos emita pronunciamiento sobre la crisis humanitaria que azot al Medio Atrato y afect a la poblacin civil por la masacre de Bojay, dado que en el ao 2002 dicho organismo elabor un documento de trabajo sobre la situacin por solicitud del Gobierno Nacional y adopt su posicin sobre el hecho en el Informe de la Oficina correspondiente al mismo ao. ver
    2016-06-30 CULTURA DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURDICA EN EL VALLE DEL CAUCA Continuando con su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Cali para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn haciendo ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. El evento se llevar a cabo el prximo 1 de julio, en el auditorio principal de Comfenalco de Cali, a partir de las 8 de la maana. Ese da se presentarn algunos casos de condenas contra la Nacin por errores de la administracin, adems de diferentes conferencias. A la instalacin del seminario asistirn la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro Torres; el alcalde de Cali, Maurice Armitage Cadavid; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; y el presidente del Tribunal Administrativo del Valle del Cauca, Franklin Prez Camargo.
    2016-06-22 ORDENAN A LA FISCALA DEJAR SIN EFECTOS TRASLADO DE FUNCIONARIA El Consejo de Estado tutel los derechos a la unidad familiar y al trabajo en condiciones dignas de una mujer que solicit conservar su empleo en Bucaramanga, luego de ser trasladada a Bogot por la Fiscala General de la Nacin. La seora se desempeaba en la Fiscala Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga y en enero de este ao fue reubicada en la Subdireccin Seccional de Fiscalas de Seguridad Ciudadana de Cundinamarca, por tal motivo solicit dejar sin efectos la resolucin que orden su traslado, debido a que sus padres se encuentran bajo su cuidado. La actora explic que su madre de 85 aos padece de Alzheimer, y a su padre de 89 aos le diagnosticaron enfermedad ateroesclertica, por lo que viven en una casa contigua a la de la demandante para facilitar su cuidado. La Seccin Cuarta, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Brcenas, record que en estos casos al juez le corresponde analizar si el traslado fue arbitrario, bien porque no se tuvo en cuenta las condiciones relevantes del trabajador o porque se desmejor la situacin laboral, o si el traslado genera una vulneracin a los derechos fundamentales del trabajador o de su familia. Para la Sala la decisin de trasladar a la seora s afecta de forma clara, grave y directa el derecho fundamental a la salud de los padres de la actora porque sufren de enfermedades y, que por ser adultos de la tercera edad, requieren de la presencia de su hija, indica el fallo. En la tutela la actora tambin aleg ser vctima de discriminacin por razones de gnero, puesto que las nicas dos mujeres miembros de la Unidad de Fiscala Delegada ante el Tribunal Superior de Bucaramanga fueron las trasladadas. La Fiscala General de la Nacin no justific ni prob la inexistencia de actos discriminatorios contra la mujer En especial, no se prob la ocurrencia de un fin constitucionalmente exigible atado al traslado de la seora, seala la sentencia. ver
    2016-06-21 DECRETAN PRDIDA DE INVESTIDURA DE REPRESENTANTE PEDRO ORJUELA La Sala Plena del Consejo de Estado decret la prdida de investidura del Representante a la Cmara por el departamento de Arauca, Pedro Jess Orjuela Gmez, quien fue elegido para el periodo 2014-2018, por el Partido Liberal. La Corporacin seal que en el caso del seor Orjuela Gmez se configura la inhabilidad fijada en el numeral primero del artculo 179 de la Constitucin Poltica, segn la cual no podrn ser congresistas quienes hayan sido condenados en cualquier poca por sentencia judicial, a pena privativa de la libertad, excepto por delitos polticos o culposos. Segn se demostr en el proceso, Orjuela Gmez fue condenado, a ttulo de dolo, por el delito de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, sentencia penal que se encuentra debidamente ejecutoriada. En otra decisin, la Sala Plena neg la prdida de investidura del excongresista Jaime Alonso Vsquez Bustamante, al no encontrar pruebas que demostraran un supuesto trfico de influencias. El demandante aleg que el exrepresentante a la Cmara haba ingresado de manera irregular, junto con otros congresistas, a la crcel La Picota de Bogot para asistir a una fiesta de cumpleaos en un da que no era de visita oficial. Para la Sala el demandante no demostr que Jaime Vsquez Bustamante utilizara su influencia, cuando era congresista, para tener acceso al centro penitenciario.
    2016-06-20 CONDENAN A CLNICA DE YOPAL POR MUERTE DE PACIENTE El Consejo de Estado conden a la Clnica Casanare de Yopal a pagar ms de 600 millones de pesos por la falla en la prestacin del servicio que ocasion la muerte de una mujer, a quien no se le diagnostic a tiempo un cuadro de apendicitis. La seora, que estaba embarazada, ingres a la clnica el 3 de septiembre de 2003 por un dolor abdominal y, luego de varios exmenes, se le diagnostic una infeccin urinaria. Seis das despus y en vista de que su estado no mejoraba, la madre decidi firmar su salida voluntaria de la Clnica. El 12 de septiembre del mismo ao ingres a urgencias del Hospital de Yopal donde, al momento de practicrsele una cesrea, los mdicos se dieron cuenta que tena perforada la apndice, razn por la cual le realizaron una apendicectomia. Sin embargo, debido a que su condicin de salud no mejoraba, el 19 de septiembre de 2003 se orden su remisin a un hospital de tercer nivel en Bogot, pero falleci como consecuencia de un paro cardiorrespiratorio mientras era trasladada en una ambulancia medicalizada hacia el Hospital San Rafael. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, estudi el caso y encontr demostrado que los mdicos de la Clnica Casanare no utilizaron todos los recursos necesarios para esclarecer el diagnstico de la patologa que padeca la seora. Estas conductas no se acompasan con el principio de confianza, segn el cual los pacientes encomiendan su estado general de salud al profesional mdico para que este adopte, segn el rol asignado en la sociedad, todas las medidas necesarias para despejar la incertidumbre que supone la conjugacin de mltiples sntomas y signos que refiere el paciente En otros trminos, a pesar de que los sntomas de apendicitis podan ser evidentes, los mdicos de la Clnica Casanare nunca confirmaron o descartaron dicha patologa. ver
    2016-06-14 AVISO El Consejo de Estado informa que proceder a proveer en provisionalidad la vacante que a partir del 16 de junio de 2016 deja la doctora Beatriz Martnez Quintero, magistrada de la Seccin Cuarta del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En el caso de que lleguen lista de elegibles o solicitudes de traslado (art. 134 y 166 de la Ley 270 de 1996), la provisin del cargo se har en propiedad. Esto se hace en aplicacin de los principios de publicidad, transparencia y eficiencia, previstos en el artculo 209 de la Constitucin Poltica. ver
    2016-06-10 NIEGAN SUSPENSIN PROVISIONAL DE RESOLUCIN SOBRE DILOGOS DE PAZ El Consejo de Estado neg la suspensin provisional de la Resolucin 339 de 19 de septiembre de 2012, por medio de la cual se autoriz la instalacin de una mesa de dilogo con el grupo subversivo FARC y se designaron los delegados del Gobierno Nacional para la misma. La Resolucin fue demandada por un particular al considerar que no se ha cumplido con el mantenimiento del orden pblico y con la obtencin de la paz, segn informaciones publicadas por los medios de comunicacin. El Gobierno y las FARC actan contrario a lo que sostiene el Presidente cuando deja por fuera al otro grupo terrorista ELN, desconoce las facultades que se le ha otorgado a la Fuerza Pblica y resulta contrario con los mandatos constitucionales que lo comprometen como mandatario con la proteccin de los derechos fundamentales de las personas residentes en Colombia, seala el demandante. La magistrada ponente, doctora Mara Elizabeth Garca Gonzlez, estudi los argumentos y encontr que no existe una violacin de la Constitucin Poltica, por cuanto el actor se limita a transcribir apartes de noticias sobre actos violentos cometidos por los grupos armados de las FARC y el ELN. En el texto de la demanda se hacen elucubraciones acerca de la inconveniencia de adelantar un proceso de paz sin participacin de todos los grupos al margen de la ley y en contrava del bienestar comn que debe defender el Estado, pues hasta la fecha no han cesado los ataques a la poblacin civil, indica el Auto que resolvi la medida cautelar, el cual no fue objeto de recurso alguno. ver
    2016-06-09 ORDENAN A MINVIVIENDA PRORROGAR SUBSIDIO A MADRE CABEZA DE FAMILIA El Consejo de Estado le orden al Ministerio de Vivienda y al Fondo Nacional de Vivienda (Fonvivienda) renovar y prorrogar la vigencia del subsidio de vivienda de inters social que le fue adjudicado a una habitante de Montera (Crdoba), en noviembre de 2011. La decisin fue adoptada en una tutela que fue instaurada por una madre cabeza de familia, quien reclamaba la renovacin del subsidio de vivienda, despus de que en octubre de 2015 la Gobernacin de Crdoba le informara que este haba vencido. La seora explic que durante casi cuatro aos estuvo pendiente de la finalizacin del proyecto Urbanizacin Villa Melisa de Montera, al cual haba aplicado, pero debido a que la obra sigue sin terminar, no ha podido recibir el dinero del subsidio porque solo se hace efectivo contra escritura pblica del inmueble. La Seccin Segunda, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vlez, seal que la demora entre la asignacin del subsidio y la no entrega del inmueble es ajena a la voluntad de la actora y, adems, la perjudica al verse privada de una solucin habitacional a la que tiene pleno derecho. Para la Sala, el derecho a la vivienda digna de personas beneficiadas con subsidios no puede verse comprometido ante el incumplimiento contractual de las entidades que hacen parte del Sistema Nacional de Vivienda de Inters Social, as como tampoco los beneficiarios de los subsidios deben asumir las cargas administrativas que se originan de las dificultades tcnicas o presupuestales en la ejecucin de los proyectos de vivienda. Los vencimientos de los subsidios no son culpas atribuibles al usuario sino a las entidades accionadas, puesto que lo mnimo que debi haber hecho Fonvivienda, como entidad responsable del seguimiento de la poltica de vivienda, fue haber buscado una solucin con la cual no hubiera declarado vencido el respectivo subsidio, indica la sentencia. ver
    2016-06-07 ORDENAN ATENCIN EN SALUD PARA RECLUSOS DE CRCEL DE SINCELEJO El Consejo de Estado le orden al Ministerio de Salud, al Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), al departamento de Sucre y a la Superintendencia Nacional de Salud, entre otras instituciones, adoptar medidas urgentes para controlar y superar la epidemia de varicela que se presenta en la crcel de Sincelejo. La decisin fue adoptada por la Seccin Quinta, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, al estudiar una tutela interpuesta por el defensor del Pueblo de Sucre, scar Luis Herrera Revollo, debido a la grave situacin de salud de los internos en dicho centro penitenciario. El funcionario explic que actualmente en la crcel de Sincelejo existe un hacinamiento del 143.9 % y que en el penal hay internos diagnosticados con VIH y otras patologas que no reciben tratamiento integral, sumado a un brote de varicela. El fallo ordena aislar y evitar el contacto de los casos infecciosos de varicela con las dems personas privadas de la libertad, realizar brigadas de salud, realizar jornadas de fumigacin y desinfeccin de las reas de aislamiento e instalar en la entrada del penal un aviso en el que se informe a los visitantes que en las instalaciones se presenta una epidemia. La Sala tambin le dio 48 horas a la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) para que, a travs de las entidades que prestan el servicio de salud en el establecimiento penitenciario, se garantice la atencin de todos los reclusos del penal y se suministren los medicamentos y tratamientos mdicos necesarios para las enfermedades que los aquejan. La sentencia recuerda que la salud, como derecho fundamental, debe ser garantizada a toda la poblacin colombiana sin distincin alguna, y en el caso de los reclusos, dicha obligacin recae en manos de las autoridades carcelarias. ver
    2016-06-07 FUERO DE MATERNIDAD COBIJA A MADRES QUE PRESTAN SERVICIO SOCIAL La Seccin Cuarta del Consejo de Estado advirti que la terminacin del periodo del servicio social obligatorio no es justa causa para que una institucin de por terminado el vnculo laboral de una mujer en estado de embarazo. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al tutelar los derechos de una joven que fue nombrada como mdico de Sanidad Militar de la Armada Nacional en Buenaventura para que cumpliera el servicio social obligatorio, por el trmino de un ao, a partir del 13 de noviembre de 2014, pero en mayo de 2015 se dio cuenta de que estaba embarazada. Al culminar el servicio, el 12 de noviembre de 2015, la Direccin General de Sanidad Militar dio por terminado el nombramiento, argumentando que el periodo del servicio social obligatorio no poda exceder un ao. Con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Brcenas, la Sala seal que si bien la culminacin de la relacin laboral se produjo por la finalizacin del trmino del servicio social obligatorio, la joven gozaba del fuero de maternidad que opera, incluso, en las relaciones laborales que surgen con ocasin del servicio social obligatorio. Esa especial circunstancia el estado de embarazo altera sustancialmente las reglas que rigen esa clase de vinculacin laboral, toda vez que la expiracin del periodo previsto de servicio social obligatorio, que en principio determinaba el tiempo de la vinculacin, debe ceder ante la proteccin constitucional establecida a favor de las mujeres embarazadas, indica la sentencia. La Sala recuerda que el fuero de maternidad proviene de normas de orden constitucional y, por lo tanto, se imponen a las de rango legal. ver
    2016-06-07 SE DECLARA NULA ELECCIN DE LA GOBERNADORA DE LA GUAJIRA En Sala de 7 de junio de 2016, mediante decisin unnime, la Seccin Quinta del Consejo de Estado declar la nulidad de la eleccin de Oneida Rayeth Pinto Prez como Gobernadora de La Guajira. En la demanda se le acus a la Gobernadora de violar la prohibicin contenida en los artculos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, segn la cual, quien resulte elegido alcalde no podr inscribirse como candidato a cualquier cargo de eleccin popular mientras detente tal dignidad, ni tampoco dentro de los 12 meses siguientes. Ocurre que la demandada fue elegida como alcaldesa del municipio de Albania (La Guajira) para el perodo 2012-2015 y ocup tal dignidad hasta el 21 de julio de 2014, fecha en la que le fue aceptada la renuncia presentada. Pese a lo anterior, la seora Pinto Prez el 25 de junio de 2015 se inscribi como candidata a la gobernacin de La Guajira para las recientes elecciones territoriales de 2015. Entonces, como entre las dos fechas transcurrieron menos de los 12 meses que exigen los artculos 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, en consonancia con la modificacin de la Ley 1475 de 2011, se impona a la Sala Electoral de esta Corporacin anular la eleccin de la demandada al cargo de gobernadora de La Guajira. La providencia, que constituye Sentencia de Unificacin, genera una nueva jurisprudencia en relacin con: (i) la definicin del extremo temporal inicial de la incompatibilidad prevista, para alcaldes y gobernadores, en los artculos 31.7, 32, 38.7 y 39 de la Ley 617 de 2000, (ii) el alcance de la aplicacin de los principios pro homine y pro electoratem en materia electoral y (iii) los efectos de la declaratoria de nulidades electorales por vicios subjetivos. ver
    2016-06-03 CONDENAN A LA POLICA POR MUERTE DE MOTOCICLISTA El Consejo de Estado record que si bien es cierto que las autoridades pueden hacer uso legtimo de la fuerza y recurrir a las armas para su defensa, tambin es cierto que esta potestad solo puede ser utilizada como ltimo recurso, luego de haber agotado todos los medios a su alcance que representen un dao menor. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar a la Polica Nacional por la muerte de un civil, cuando se desplazaba en una motocicleta, junto con otra persona, en el barrio Alfonso Lpez de Cali, el 29 de abril de 2006. Segn la investigacin, los agentes de polica iniciaron una persecucin contra los motociclistas y, durante la misma, la vctima recibi un disparo en la parte posterior de su cabeza, cay del vehculo y fue auxiliado por los agentes que lo trasladaron al centro mdico ms cercano, donde posteriormente muri. La Polica seal que la vctima era el jefe de una banda delincuencial y que falleci durante un enfrentamiento entre pandillas, sin embargo, la Seccin Tercera no encontr pruebas que demuestren que el hombre, en el momento de su muerte, portara un arma de fuego, ni mucho menos que con esta enfrentara otras personas o que hubiera atacado a los uniformados. Con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, la Sala seal que el uso de la fuerza y, concretamente, la necesidad de segar una vida humana es el ltimo recurso al cual debe acudir la fuerza pblica para neutralizar o repeler un delito o agresin. No debe perderse de vista que el artculo 2 de la Carta Poltica asigna en cabeza de las autoridades pblicas la proteccin genrica de la vida, honra y bienes de todos los asociados, inclusive de aquellos que puedan ser catalogados como delincuentes, indica la sentencia. ver
    2016-06-01 CULTURA DE LEGALIDAD EN NEIVA Continuando con su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Neiva (Huila) para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos, y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn en el proceso de hacer ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. El evento se realizar el prximo 02 de junio en el auditorio de la Asamblea Departamental del Huila, a partir de las 8 a.m. Ese da se presentarn algunos casos de condenas contra la Nacin por errores de la administracin. Adems de la intervencin del seor gobernador del Huila, Dr. Carlos Julio Gonzlez Villa y de su jefe jurdico, Dr. Juan Felipe Molano, se contar con la participacin de cuatros consejeros de Estado que brindarn un panorama de cmo prevenir errores jurdicos que desencadenen en demandas contra el departamento y el municipio, en temas como contratacin estatal e impuestos territoriales.
    2016-05-26 CARGO DE MAGISTRADO EN META NO SE ELEGIR La Sala Plena del Consejo de Estado no elegir magistrado del Tribunal Administrativo del Meta, dentro de la convocatoria pblica dada a conocer, debido a que la Unidad de Administracin de la Carrera Judicial inform del concepto favorable de traslado de un servidor de carrera a dicha plaza que se encontraba vacante. En la convocatoria publicada en la pgina web del Consejo de Estado se inform que la eleccin a realizar sera en provisionalidad y estaba sujeta a la designacin por el procedimiento legal establecido, esto es, por un concepto favorable de traslado o por una lista de elegibles. En el caso de la vacante del Meta, se cumpli el primero de estos. Adjunto se publica el Acuerdo de la Sala Plena, de fecha 23 de mayo de 2016. ver
    2016-05-24 ELIGEN MAGISTRADO DE LA SALA DE CONSULTA La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a scar Daro Amaya Navas como nuevo magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en remplazo del Doctor William Zambrano Cetina. El Doctor Amaya Navas es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especializacin en Derecho Econmico de la misma institucin acadmica, y Doctor en Derecho tambin del Externado. Se ha desempeado como director y asesor jurdico de algunas entidades privadas. En el sector pblico fue viceministro del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Sostenible y actualmente es procurador delegado de la Procuradura General de la Nacin. Adems se ha destacado como autor de varias publicaciones y docente de pregrado y posgrado de la Universidad Externado de Colombia en ctedras como Derecho Econmico Ambiental y Derecho del Medio Ambiente.
    2016-05-20 PRIORIZAN DEMANDA CONTRA RESOLUCIN QUE APROB NEGOCIACIN DE PAZ La Seccin Primera del Consejo de Estado viene considerando la demanda promovida por el seor Toms Javier Oate Acosta, la cual pretende la nulidad por falsa motivacin de la Resolucin 108 de 2015 y 339 de 2012, por la cual se autoriza la instalacin y desarrollo de una mesa de dilogo. Segn el demandante, pese al proceso de paz, el grupo Farc sigue incurriendo, al momento de la presentacin de la demanda, en graves hechos de violencia y ataques a la poblacin civil. Adicionalmente, argumenta que no se vincul al Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN) en la negociacin. La Sala consider que dicho proceso no coincide con la demanda promovida por el ciudadano Eduardo Montealegre Lynett, en la cual se demanda la palabra Acuerdo contenida en la misma Resolucin 339 y en la que se pretende la constitucionalidad condicionada de la citada expresin, en el sentido de que el acuerdo general para la terminacin del conflicto y la construccin de la paz tienen la categora de acuerdo especial en los trminos que establece el Derecho Internacional Humanitario. Segn el Alto Tribunal, en la medida en que los dos procesos tienen actores diferentes, varan en sus pretensiones y se apoyan en motivos totalmente distintos, no resulta procedente la promocin de un conflicto de competencias con la Corte Constitucional. Es decir, no se dan los supuestos exigidos para plantear el conflicto ante la entidad competente. Finalmente, y dada la importancia y trascendencia social de la demanda promovida por el seor Oate Acosta, la Seccin Primera dispuso fijar, en el menor tiempo posible, la audiencia de alegatos y de fallo de la referida demanda. Para conocimiento, los reportes del proceso indican que la demanda fue admitida el 10 de septiembre de 2015 y la medida cautelar solicitada fue resuelta negativamente el 30 de noviembre del 2015.
    2016-05-19 CE NO PARTICIPAR EN DEMANDA DE EXFISCAL MONTEALEGRE El Consejo de Estado decidi no atender la invitacin de la Corte Constitucional para dar su opinin frente a la demanda que present el exfiscal General de la Nacin, Eduardo Montealegre Lynnett. El exjefe del ente investigador le pidi a la Corte que la expresin acuerdo, contenida en el Acuerdo general para la terminacin del conflicto y la construccin de una paz estable y duradera, que se encuentra incorporado en la Resolucin 339 de 2012, expedida por el presidente de la Repblica, se entienda como un acuerdo especial a los que se refiere el artculo 3 comn de los Convenios de Ginebra (D.I.H). Actualmente la Seccin Primera del Consejo de Estado estudia una demanda contra la misma Resolucin 339, la cual fue admitida el 30 de noviembre de 2015 y rechazada la solicitud de medida cautelar. Dentro del trmite se fij el 19 de septiembre de este ao como fecha de la audiencia inicial
    2016-05-19 CULTURA DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURDICA EN EL CAUCA Continuando con su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Popayn para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn en el proceso de hacer ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. El evento se llevar a cabo el prximo 20 de mayo y tendr dos escenarios. La primera jornada se realizar de 8 a.m. a 1 p.m. en el Centro de Convenciones Casa de la Moneda, y la segunda jornada ser de 3 p.m. a 5 p.m. en el Paraninfo Francisco Jos de Caldas de la Universidad del Cauca. Ese da se presentarn algunos casos de condenas contra la Nacin por errores de la administracin, adems de diferentes conferencias. Al seminario asistirn el gobernador del Cauca, scar Rodrigo Campo Hurtado; el alcalde de Popayn, Csar Cristian Gmez Castro; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el presidente del Tribunal Administrativo del Cauca, Carlos Hernando Jaramillo Delgado; y el rector de la Universidad del Cauca, Juan Diego Castrilln Urrego.
    2016-05-12 CULTURA DE LEGALIDAD EN EL EJE CAFETERO Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado contina con la promocin de su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones en las ciudades de Armenia, Pereira y Manizales, los das 12 y 13 de mayo del presente ao. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn en el proceso de hacer ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. En Armenia el evento se realizar en el Saln Bolvar de la Gobernacin del Quindo, el prximo jueves, 12 de mayo, a partir de las 8 de la maana. En Pereira, el seminario ser en el auditorio de la Universidad Libre, el mismo 12 de mayo, pero desde las 3 de la tarde. Por ltimo, el Consejo de Estado estar en Manizales en el auditorio del Palacio Nacional de Justicia Fanny Gonzlez Franco, el viernes 13 de mayo, a partir de las 8 de la maana. A los tres eventos asistirn el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; magistrados de esa Corporacin y de los Tribunales Administrativos del Quindo, Risaralda y Caldas, jueces administrativos y servidores pblicos.
    2016-05-11 CONDENAN AL MINISTERIO DE DEFENSA POR DESAPARICIN Y MUERTE DE CIVIL El Consejo de Estado le orden al Ministerio de Defensa Nacional disear entre los Comandos de Polica del pas un plan integral de inteligencia, con el fin de lograr un control estructural efectivo respecto de la incorporacin, permanencia y funciones de los uniformados de esa institucin para evitar actos de corrupcin. La decisin fue adoptada por el alto tribunal al condenar a dicho Ministerio por la desaparicin forzada y ejecucin extrajudicial de un civil en la va que de Bogot conduce a Madrid (Cundinamarca), el 7 de agosto de 2009. En el proceso se logr demostrar que la desaparicin y muerte de esta persona, as como la de otros trece transportadores que operaban en zonas rurales de Bogot, fue cometida por una banda delincuencial de la cual hacan parte varios agentes de la Polica, quienes realizaban retenes en las vas de Cundinamarca para hurtar camiones y ultimar a sus conductores. Los cuatro agentes de la Polica que hacan parte de la banda fueron destituidos de sus cargos y, uno de ellos, fue condenado a sesenta aos de prisin por el asesinato del particular. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Hernn Andrade Rincn, seal que los uniformados de la Polica involucrados utilizaron su condicin de agentes activos de la institucin para realizar tales retenes, con apariencia de legtimos, lo cual les permiti engaar a su vctima. Los mandos superiores de la institucin deben examinar el proceder de sus hombres con el fin de prevenir y enfrentar todo tipo de actos de corrupcin, lo cual pone de manifiesto el incumplimiento de los compromisos de la institucin para con la sociedad en general y evidencia un problema estructural de descomposicin moral y disciplinaria que se vivencia de tiempo atrs y se expresa en la reiterativa y creciente participacin de sus miembros en hechos delictivos de diversa naturaleza acaecidos a lo largo y ancho del pas, concluy el fallo. ver
    2016-05-05 CULTURA DE LEGALIDAD EN EL AMAZONAS Continuando con su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones, el Consejo de Estado llega ahora a la ciudad de Leticia (Amazonas) para dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn en el proceso de hacer ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. El evento se realizar el prximo 6 de mayo en el aula mltiple de la Biblioteca del Banco de la Repblica, a partir de las 8 a.m. Ese da se presentarn algunos casos de condenas contra la Nacin por errores de la administracin, adems de diferentes conferencias. A la instalacin del evento asistir el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; la gobernadora encargada, Ana Mara Almario Dreszer, el alcalde de Leticia, Jos ber Arajo Nieto, y el presidente del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, Luis Alberto lvarez Parra.
    2016-05-02 MILLONARIA CONDENA CONTRA EL ESTADO POR TOMA DE MIRAFLORES El Consejo de Estado exhort al Presidente de la Repblica, como cabeza de las negociaciones de paz de la Habana, para que transmita al grupo armado insurgente Farc y a sus mximos dirigentes la necesidad de ofrecer disculpas pblicas y explicar a toda la comunidad nacional sobre el uso de armas no convencionales y el sometimiento a tratos crueles, inhumanos y violatorios de la dignidad humana de los soldados secuestrados en la toma a la base militar de Miraflores (Guaviare) el da 3 de agosto de 1998. La Seccin Tercera del Consejo de Estado, con ponencia de la magistrada Olga Mlida Vallle de De la Hoz, conden a la Nacin al pago de ms de 8000 millones de pesos como indemnizacin por los perjuicios que sufrieron 28 vctimas del secuestro (soldados y policas) y tres lesionados. Segn la decisin, durante el tiempo que se prolong la retencin, los uniformados se vieron expuestos a tratos crueles, degradantes, negatorios de la dignidad humana, entre ellos: inasistencia mdica, alimenticia, sanitaria, torturas fsicas y sicolgicas, ubicacin en sitios humillantes como lo que un soldado llam campos de concentracin, encierros con alambre de pa, malla y madera, actuaciones estas que, a juicio de la Sala, constituyen conductas de carcter sistemtico, prolongadas en el tiempo que se acompasaban con la poltica delincuencial que las Farc tenan respecto del trato que otorgaba a los militares y policiales retenidos. El fallo enfatiza que lo sucedido en Miraflores representa acciones sistemticas, continuadas y de profunda violacin de las reglas de todo conflicto armado, teniendo en cuenta los sucedido en la Masacre de Puerres, Nario (15 de abril de 1996), la Toma a la Base Militar de Las Delicias (30 de agosto de 1996), la Toma a la Estacin de Polica de Barbacoas, Nario (6 de junio de 1997), la Toma a la Estacin de Polica de Mesetas, Meta (15 de diciembre de 1997), la Toma a la Base Militar del Cerro de Patascoy (21 de diciembre de 1997), el Billar, Caquet (3 de marzo de 1998). ver
    2016-05-02 ESTADO DEBE RESPONDER POR DESMINADO DE ZONAS IDENTIFICADAS El Consejo de Estado conden al Ejrcito Nacional a pagar ms de 780 millones de pesos por la muerte de un residente de la vereda Oc Alto del municipio de Taraz (Antioquia), que fue vctima de una mina antipersonal en el ao 2009. El Ejrcito Nacional apel la decisin del Tribunal Administrativo de Antioquia por considerar que la erradicacin de minas que debe efectuar el Ejrcito solo se limita a aquellas que el propio Estado haba colocado, pues es una utopa erradicar las minas antipersonal que utiliza la subversin. Adems, estim que la capacitacin en el riesgo de minas no es funcin del Ejrcito Nacional sino del Programa Presidencial para la accin integral contra las minas antipersonal. La Seccin Tercera explic que el Estado colombiano ratific y aprob la Convencin de Otawa en el ao 2000, referente a la prohibicin del empleo, almacenamiento, produccin y transferencia de minas antipersonal. Adems, la jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional ha sealado que el Estado est obligado a destruir las minas o asegurar que esto se cumpla, por lo que debe identificar las zonas donde se sepa o se sospeche que hay minas antipersonal y deber demarcar los lugares, vigilarlos y asegurar la exclusin eficaz de civiles. La Sala estim que en el presente asunto se pueden haber concretado vulneraciones a derechos humanos o infracciones al derecho internacional humanitario, pues se evidenci una falla en el servicio por incumplimiento, omisin y esencialmente por falta de eficacia en la aplicacin e implementacin de los medios y herramientas disponibles por el Ministerio de Defensa y el Ejrcito Nacional para la erradicacin de estos artefactos. Expuso que razonable y proporcionalmente estas entidades deban haber atendido la grave e insostenible situacin que padecan los pobladores del municipio de Taraz. ver
    2016-05-02 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIN DE REPRESENTANTES A LA CMARA POR CHOC La Seccin Quinta del Consejo de Estado mantuvo el acto de eleccin de los Representantes a la Cmara por el departamento de Choc, para el periodo 2014-2018, por considerar que no logr desvirtuarse la presuncin de legalidad que ampara el acto de eleccin acusado y las resoluciones objeto de examen. Se trata de las demandas acumuladas presentadas por dos ciudadanos contra el Acuerdo nmero 20 de 16 de julio de 2014, expedido por el Consejo Nacional Electoral, por medio del cual se declar la eleccin de los representantes Nilton Crdoba Manyoma y Jos Bernardo Flrez Asprilla Tras estudiar cada una de los sealamientos hechos por los demandantes la sala consider que: 1. Frente a un supuesto caso de jurados usurpadores, dicho hecho no se prob porque no se tuvo en cuenta el ltimo acto que los design, pues el demandante fundament el cargo en el acto de designacin de jurados anteriores. 2. En cuanto al supuesto rompimiento de la cadena de custodia, es un hecho que tampoco fue probado, pues la Sala pudo establecer que por el contrario las pruebas dan cuenta de la razn del traslado de los documentos electorales, de la custodia y acompaamiento de la Polica Nacional, del acta de claveros que autoriz otra acta triclave dado que la anterior fue insuficiente. 3. De otro lado, las presuntas diferencias en los formularios electorales E-14 E-24 y E-11 E-14 no se demostraron; en unos casos por falta de presupuestos en la formulacin de los cargos y en los que s se cumpli con estos, corregida la votacin no incide en el resultado para modificarlo o variarlo, razn por la cual en aplicacin del principio de eficacia del voto no hay lugar a anular la eleccin. ver
    2016-04-27 CULTURA DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURDICA EN LA REGIONES Barranquilla, abril 27 de 2016. - Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado contina con la promocin de su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones en la ciudad de Barranquilla, el prximo 28 de abril. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que las nuevas administraciones departamentales y municipales estn en el proceso de hacer ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. En Barranquilla el evento se realizar en el auditorio Benjamn Herrera de la Universidad Libre, a partir de las 8 a.m., y ese da se har la instalacin de la Comisin de Transparencia y Rendicin de Cuentas de la Jurisdiccin Contencioso Administrativa del Atlntico, instrumento que busca garantizar la legalidad de todas las actuaciones de dicha Jurisdiccin. Al evento asistirn el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; el presidente del Tribunal Administrativo del Atlntico, scar Wilches, magistrados de ambas Corporaciones y jueces administrativos.
    2016-04-14 PROTECCIN A COMUNIDAD WAYU El Consejo de Estado determin que la Nacin debe seguir entregando a la Sociedad Salinas Martimas de Manaure Ltda. (SAMA), cuya actividad est bajo el control de la comunidad Wayu, los ingresos y activos que se deriven de la explotacin de sal en ese municipio de la Guajira. La decisin fue adoptada por la Seccin Primera, con ponencia del magistrado Roberto Serrato Valds, al declarar la nulidad condicionada del artculo 2 del Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, en consideracin a que debe respetarse la transferencia de los activos obtenidos de dicha actividad minera que la Nacin se comprometi a entregar a esa poblacin indgena, a travs de la Sociedad SAMA Ltda., desde 2004. El Decreto 1070 de 2009 fue demandado por un miembro de la comunidad Wayu, con fundamento en que al no efectuarse la transferencia de los recursos, la comunidad indgena se vera afectada en sus derechos fundamentales puesto que ese artculo 2 dispona que los ingresos obtenidos por la explotacin minera en las Salinas de Manaure deban entregarse a los Ministerios de Minas y Energa, Comercio, Industria y Turismo. Esta disposicin iba en contrava de lo dispuesto en la Ley 773 de 2002 que autoriz la creacin de la empresa de economa mixta Salinas Martimas de Manaure Ltda. (SAMA), en cuya escritura de conformacin qued pactada la cesin del 51 % de la participacin accionaria de la Nacin a dicha Sociedad, con el objeto de emplear esos recursos para la administracin, fabricacin, explotacin, transformacin y comercializacin de las sales que se producen en las salinas martimas de Manaure y destinar los ingresos a la comunidad Wayu. Al disponer el Decreto 1070 de 31 de marzo de 2009, que los activos de la concesin Salinas deban entregarse a los Ministerios de Minas y Energa, Comercio, Industria y Turismo y otros, se contrari lo dispuesto en la Ley 773 de 2002, en cuanto los recursos correspondientes a las salinas de Manaure, deban ser entregados a la sociedad Salinas Martimas de Manaure Ltda. -SAMA LTDA., sin sujecin a condicin alguna y en aras de garantizar los derechos fundamentales de la comunidad Wayu, indica la sentencia. ver
    2016-04-13 CONGRESO NO RESPONDE POR LEYES TRIBUTARIAS DECLARADAS INEXEQUIBLES La Seccin Cuarta del Consejo Estado ampar el derecho fundamental al debido proceso del Congreso de la Repblica y de sus miembros y dej sin efectos la sentencia que le obligaba a pagar una indemnizacin a la empresa Goodyear de Colombia S.A., por una ley declarada inexequible. La Sentencia revocada fue proferida el 26 de marzo de 2014 por la Seccin Tercera, Subseccin C, de la misma Corporacin, mediante la cual se declar la responsabilidad patrimonial extracontractual del legislador, por incurrir en falla del servicio luego de la expedicin de los artculos 56 y 57 de la Ley 633 de 2000, que cre la Tasa Especial por Servicios Aduaneros (TESA) y que deba ser pagada por la empresa privada. La falla del servicio en la actividad legislativa, segn la Seccin Tercera, consisti en que la Corte Constitucional, por conducto de la Sentencia C-992 de 2001, declar inexequibles los mencionados artculos de la Ley 633 de 2000, por tanto, Goodyear de Colombia S.A. no debi pagar dicha tasa, pues las normas creadoras del tributo nacieron viciadas de inconstitucionalidad. Por su parte, la Seccin Cuarta, en la sentencia de tutela, precis que la condena impuesta al Congreso de la Repblica por la supuesta causacin de un dao antijurdico a Goodyear de Colombia S.A result violatoria del derecho al debido proceso del legislador y desconoci el mandato de los artculos 90 de la Constitucin Poltica y 45 de la Ley Estatutaria de la Administracin de Justicia, porque no es posible predicar responsabilidad alguna del Congreso de la Repblica por los pagos de la TESA que hizo Goodyear de Colombia S.A., durante el lapso comprendido entre la expedicin de la ley y la declaratoria de inexequibilidad. ver
    2016-04-11 COMUNICADOS DE LA C C NO SUPLEN LA NOTIFICACIN DE LOS FALLOS El Consejo de Estado neg una accin de tutela con la cual la Contralora de Ccuta pretenda que se revocara un fallo que orden el reintegro de un exfuncionario y el pago de salarios y prestaciones sociales dejados de percibir desde su desvinculacin en 1999 hasta 2014, fecha de la sentencia. Segn el accionante, el Tribunal, al fallar el caso, desconoci la jurisprudencia de la Corte Constitucional, dada a conocer mediante comunicado de prensa, segn la cual se debe pagar a ttulo indemnizatorio el equivalente a los salarios y prestaciones dejados de percibir hasta el momento de la sentencia, descontando las sumas que por cualquier concepto laboral, pblico o privado, dependiente o independiente, haya recibido el actor sin que la suma a pagar por indemnizacin sea inferior a seis meses ni pueda exceder de veinticuatro meses de salario. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado William Hernndez Gmez, explic que los comunicados de prensa no son sentencias ni responden a las caractersticas propias de las providencias judiciales, motivo por el cual su propsito eminentemente informativo no les confiere fuerza vinculante de ninguna ndole. La misma Corte Constitucional ha sealado que su presidente expide los comunicados de prensa con el fin de poner en conocimiento de la comunidad las decisiones adoptadas y con ello de los cambios que implican en el ordenamiento jurdico. No obstante, al no ser la sentencia misma la que se publica no produce efectos jurdicos. En el caso concreto, aunque la Contralora Municipal de San Jos de Ccuta afirm que la decisin de la Corte Constitucional ya haba sido informada a la comunidad mediante el Comunicado nm. 29 de 23 y 24 de julio del 2014, el Tribunal no estaba obligado a fundamentar su decisin en una sentencia que an no haba sido debidamente notificada, por lo que no poda exigrsele la aplicacin de una sentencia que no produca efectos para el momento en que se adopt la decisin que ahora se debate, seala el fallo. ver
    2016-04-05 LEGALIZACIN DE MINERA NO PUEDE EXIGIR REQUISITOS ADICIONALES El Consejo de Estado suspendi dos decisiones de la Agencia Nacional de Minera del ao 2014, mediante las cuales se neg la legalizacin de minera de hecho (ilegal) para la explotacin de un yacimiento de oro, plata y sus concentrados, en terreno localizado en jurisdiccin del municipio de Marmato (Caldas). Segn los demandantes, para lograr la inscripcin en el Registro Minero Nacional se les someti a una nueva evaluacin tcnica por parte de la Agencia Nacional Minera, pese a que cumplan con los requisitos de ley, los cuales exigen solo la suscripcin del contrato de concesin. En su caso, no se permiti dicha inscripcin, pese a que en casos similares y a otros solicitantes s se efectu, por lo que se vulner el derecho a la igualdad. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, explic que los accionantes explotaron ilegalmente la mina durante 12 aos e iniciaron en diciembre de 2004 un trmite administrativo que pretenda su legalizacin, por lo que presentaron solicitud y propuesta de contrato de concesin, de acuerdo a lo exigido en ese momento por el artculo 271 de la Ley 685 de 2001. Segn las normas analizadas en la decisin, con la suscripcin del contrato de concesin concluye la etapa de evaluacin administrativa de los requisitos para la legalizacin de minera de hecho a travs de las propuestas de contrato de concesin establecidos en el Cdigo de Minas y su decreto reglamentario. Adicionalmente, la ley y el Decreto Reglamentario 2390 de 2002, sealaban que el trmite del procedimiento de legalizacin de minera de hecho, desde su inicio hasta la suscripcin final de los contratos de concesin minera, corresponda a la Unidad de Delegacin Minera del Departamento de Caldas, la cual se encarg de recibir y solicitar adecuar el procedimiento a lo establecido. Cumplidos dichos requerimientos, la autoridad minera deba impulsar oficiosamente el proceso de legalizacin. Sin embargo, al efectuar una reevaluacin tcnica a la solicitud, no establecida en la ley, la Agencia Nacional Minera neg la inscripcin, lo que, a juicio de la Sala, vulner el derecho al debido proceso del accionante. ver
    2016-04-05 ELIGEN MAGISTRADA DEL CONSEJO SUPERIOR DE LA JUDICATURA La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Martha Luca Olano Guzmn como nueva magistrada de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, en remplazo de Ricardo Monroy Church, quien termin su periodo constitucional. La doctora Olano Guzmn es abogada de la Universidad Nuestra Seora del Rosario con especializacin en Derecho Comercial y Financiero de la Universidad Sergio Arboleda. Su ejercicio profesional lo ha desarrollado en la Rama Judicial por ms de 20 aos. Tambin cuenta con experiencia en el sector pblico, administrativo y financiero. Actualmente se desempea como fiscal delegada ante el Tribunal Superior de Cundinamarca.
    2016-03-31 SUSPENDEN MAGISTRADOS DE LA JUDICATURA La Seccin Quinta del Consejo de Estado admiti la demanda de nulidad electoral presentada contra la eleccin de cuatro magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y dispuso la suspensin provisional de los efectos de sus nombramientos. Se trata de los magistrados Mara Roco Corts Vargas, Martha Patricia Zea Ramos, Adolfo Len Castillo Arbelez y Rafael Alberto Garca Adarve, cuyos nombramientos fueron demandados por incurrir en la prohibicin de favorecimiento conocida como yo te elijo, t me eliges. En concepto de la Sala, se habra infringido el artculo 126 de la Constitucin Poltica, por cuanto cada uno de ellos fue nombrado por las personas en cuya respectiva postulacin y eleccin, a su vez, particip, incurriendo de esa forma en la prohibicin de favorecimiento conocida como yo te elijo, t me eliges, que, a las claras, deviene en el quebrantamiento de los parmetros de moralidad pblica, imparcialidad e independencia. En otra decisin, la misma Seccin Quinta neg la suspensin de los magistrados de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura Martha Luca Zamora vila e Ivn Daro Gmez Lee, pero admiti la demanda de nulidad electoral interpuesta en su contra. Segn la Sala, los mencionados magistrados ejercen su funcin tras un nombramiento hecho por la Sala Plena del Consejo Superior de la Judicatura en provisionalidad y con carcter transitorio, por lo que no se encuentra, en este momento procesal, ninguna extralimitacin de funciones, falta de competencia o vulneracin de los principios de legalidad, moralidad, transparencia, ni debido proceso.
    2016-03-29 ORDENAN A MINEDUCACIN INCLUIR A JOVEN EN PROGRAMA SER PILO PAGA El Consejo de Estado le orden al Ministerio de Educacin y al Instituto Colombiano de Crdito Educativo y Estudios Tcnicos en el Exterior (Icetex) que incluya a un joven en la lista de beneficiarios del programa Ser pilo paga 2 y se adelanten todas las gestiones pertinentes para la asignacin de los recursos y ayudas. La decisin fue adoptada al tutelar los derechos de un muchacho al que el Icetex le neg el acceso a dicho programa por no encontrarse registrado en la base de datos oficial del Sisbn a 19 de junio de 2015, uno de los requisitos para acceder a los beneficios del mismo, pese a cumplir con los dems requerimientos acadmicos. El Icetex seal que el programa de crdito educativo Ser pilo paga 2 est sometido a unos requisitos que los aspirantes deben satisfacer en su totalidad para poder presentar su postulacin y en este caso el joven solo apareci en la lista del Sisbn hasta septiembre del ao pasado. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve, explic que el requisito de inscripcin en el Sisbn para una fecha determinada por el programa de crdito es vlido porque fija un criterio de igualdad entre los aspirantes, pero no puede constituir un obstculo para acceder al derecho a la educacin. En el presente asunto existen algunos elementos fcticos que permiten evidenciar que el hecho de que el joven no haya cumplido con el requisito de estar inscrito en la base certificada del Sisbn con corte de 19 de junio de 2015, no fue precisamente por una actitud displicente o negligente del interesado, sino que la tardanza en el trmite se deriva de circunstancias ajenas a su voluntad que no les permitieron enterarse oportunamente de las fechas en que deba iniciar el trmite, por lo que no resulta razonable que bajo este contexto se le impida el acceso a la educacin al joven, indica la sentencia. ver
    2016-03-29 CULTURA DE LEGALIDAD EN BOGOT Y VALLEDUPAR Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado contina con la promocin de su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que se acaban de posesionar las nuevas administraciones departamentales y municipales que seguramente estn en el proceso de hacer ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. Despus del lanzamiento del programa en Ibagu, el turno ahora es para Bogot y Valledupar. En la primera ciudad se realizar el prximo 30 de marzo, en el auditorio de la Gobernacin de Cundinamarca, a partir de las 8 a.m. Al evento asistirn el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; el ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado, el gobernador del Departamento, Jorge Emilio Rey ngel; el alcalde de Bogot, Enrique Pealosa Londoo, el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; magistrados de esa Corporacin y del Tribunal Administrativo de Cundinamarca; y jueces administrativos. En Valledupar el evento tendr lugar en el auditorio de la Fundacin Universitaria del rea Andina, el 31 de marzo de este ao, desde las 11 a.m. y ser instalado por el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth. Tambin asistirn el vicepresidente de la Corporacin, Jorge Octavio Ramrez Ramrez; los magistrados de la Seccin Tercera, Carlos Alberto Zambrano Barrera y Jaime Orlando Santofimio Gamboa; la directora de la Agencia Jurdica de Defensa del Estado, Adriana Guilln; magistrados del Tribunal Administrativo del Cesar y jueces administrativos del Departamento.
    2016-03-15 MILLONARIA CONDENA A LA NACIN POR MUERTE DE CIVILES Ms de 2 mil millones de pesos tendr que pagar el Ministerio de Defensa a las familias de cuatro hombres que murieron en confusos hechos en los que se vieron involucrados uniformados del Batalln Ayacucho del Ejrcito Nacional, en la vereda San Jos, en la va que de Manzanares conduce a Marquetalia, Caldas, el 16 de agosto de 2008. Segn el informe entregado por el Ejrcito, ese da un grupo de militares se encontraba en la zona, debido a denuncias de los habitantes sobre hechos delictivos cometidos por bandas delincuenciales Bacrim. A las 10 de la noche observaron a cuatro hombres caminando por la carretera y les ordenaron detenerse, pero los sujetos reaccionaron disparando a la tropa, por lo que se produjo un cruce de disparos que termin con la muerte de los sujetos. La Seccin Tercera estudi el caso y encontr serias contradicciones entre el relato de los uniformados y las pruebas aportadas al expediente. Por ejemplo, los disparos fueron hechos a corta distancia, no como lo declararon los militares, y las armas halladas al lado de los cuerpos no se encontraban en buen estado, por lo que se puede concluir que ese da no se produjo un enfrentamiento entre criminales y el Ejrcito Nacional. Adems, los vecinos del sector aseguraron que en esa zona no se haban presentado extorsiones ni robos como se afirm. La Sala record que las falsas e ilegales acciones, so pretexto del cumplimiento de los mandatos constitucionales, ejecutadas por miembros de las fuerzas militares como accin sistemtica constituyen actos de lesa humanidad que comprometen al Estado y que violan tanto el sistema de derechos humanos, como el derecho internacional humanitario y el orden constitucional interno. ver
    2016-03-10 CONDENAN A LA NACIN POR TOMA A LA BASE MILITAR DE LAS DELICIAS El Consejo de Estado declar responsable al Ejrcito Nacional por los perjuicios que sufri un soldado como consecuencia de la toma armada a la Base Militar de Las Delicias en el municipio de La Tagua (Putumayo), ocurrida el 30 de agosto de 1996, y de la posterior privacin de la libertad a la cual se vio sometido por parte de las FARC por ms de nueve meses. Segn la Seccin Tercera, Subseccin C, por las circunstancias en que ocurri la toma y, teniendo en cuenta que este tipo de eventos se vienen produciendo en el marco del conflicto armado interno, los hechos generaron una grave vulneracin de los derechos humanos, violacin del derecho internacional humanitario y configuracin como acto de lesa humanidad. En primer lugar, la Sala analiz la privacin de la libertad que debi sufrir la vctima y los tratos crueles a los que fue sometido y seal que se quebrant la prohibicin de atentar contra la libertad, vida y el ejercicio de los derechos que tiene un ciudadano-soldado, quien, pese a participar en el marco del conflicto, no renuncia al respeto, garanta y eficacia de sus libertades y derechos, por lo que no se le puede eliminar su valor como ser humano. Ms bien, se reitera el deber positivo de proteccin que tiene el Estado para con los soldados que prestan el servicio militar, el cual se acenta cuando estn en medio de un conflicto armado interno. Seguidamente, el fallo seala como miembro de la Convencin de Ginebra, el Estado desconoce su obligacin de proteger el derecho a la vida e implementar una poltica pblica sobre seguridad ciudadana cuando no adopta las medidas eficaces frente a las acciones de particulares que pueden amenazar o vulnerar dicho derecho, cuando conoce la existencia del riesgo real e inmediato, tal y como sucedi en este caso. ver
    2016-03-10 SUSPENDEN ELECCIN DEL GOBERNADOR DE CALDAS La Seccin Quinta del Consejo de Estado, en su Sala Electoral, suspendi la eleccin del Gobernador del Departamento de Caldas Guido Echeverri Piedrahita, al encontrar demostrado, para este momento, que fue reelegido siendo que est prohibida la reeleccin inmediata de gobernadores, de conformidad con lo establecido en el Artculo 303 de la Constitucin Nacional. Frente a la decisin adoptada el da de hoy por la Sala, el magistrado Alberto Yepes Barreiro aclar su voto en cuanto a los efectos de la nulidad electora. Por su parte, la Consejera Ponente Lucy Jeannette Bermdez Bermdez, tambin aclar voto en cuanto considera que la designacin inmediata le corresponde al Presidente de la Repblica (de acuerdo a lo establecido en los Artculos 106 y 108 de la Ley 136 de 1994 y en el Artculo 29 pargrafo 3 de la Ley 1475 de 2001). El Gobernador de Caldas ocup por primera vez ese cargo por 543 das tras ser elegido en el ao 2011 y hasta mayo del 2013 cuando el Consejo de Estado anul su eleccin por incurrir en violacin al rgimen de inhabilidades, dado que su esposa haba ejercido el cargo de Secretaria de Hacienda de Manizales 12 meses antes de las elecciones en que fue elegido como mandatario regional. En la siguiente contienda electoral, en el ao 2015, el seor Guido Echeverri present nuevamente su nombre a consideracin de los caldenses logrando por segunda vez consecutiva ser elegido como Gobernador del Departamento, cargo que ocupa desde el primero de enero de 2016 y del cual queda suspendido a partir de la fecha y hasta tanto la Seccin Quinta del Consejo de Estado tome una decisin de fondo en la demanda de nulidad electoral que cursa en su contra. ver
    2016-03-09 CONDENAN A LA NACIN POR DESTRUCCIN DE VIVIENDA El Estado tiene el deber de reparar los daos y perjuicios causados a terceros que resultan afectados por cuenta del conflicto armado interno. As lo record el Consejo de Estado al condenar al Ministerio de Defensa Nacional por los perjuicios ocasionados a una familia del municipio de Inz, Cauca, que se vio afectada por la destruccin de su casa durante un enfrentamiento armado entre uniformados de la Polica y guerrilleros de las FARC que incursionaron en la poblacin, el 12 de diciembre de 2001. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, seal que si bien el enfrentamiento entre la Fuerza Pblica y grupos al margen de la ley puede resultar legtimo, las vctimas no estn obligadas a soportar los perjuicios sufridos, independientemente de quien los haya causado. Dada la necesidad de privilegiar los principios de solidaridad y equidad frente a las vctimas del conflicto armado interno que, durante dcadas, ha soportado el pas, surge para el Estado el deber de reparar los daos y perjuicios causados cuando los derechos e intereses de los particulares ajenos al conflicto resultan afectados, pues es a las autoridades pblicas a las que se ha confiado la proteccin de la poblacin. ver
    2016-03-08 DA INTERNACIONAL DE LA MUJER La Comisin Nacional de Gnero de la Rama Judicial, con el apoyo del Proyecto de Acceso a la Justicia de USAID y de la Organizacin Internacional para las Migraciones OIM, realizar el prximo lunes 14 de marzo, en la Sala de Audiencias del Honorable Consejo de Estado, la ceremonia de Conmemoracin del Da Internacional de la Mujer. Este ser un da propicio para la reflexin de hechos histricos y una oportunidad para reconocer la participacin de mujeres que han marcado la diferencia en la defensa de los derechos de otras mujeres, rememorar los avances legislativos del pas en esta temtica y destacar el aporte que se hace desde la Rama Judicial a la promocin y defensa de sus derechos humanos. En el marco del evento, se har el lanzamiento de cinco publicaciones de autora de los magistrados y magistradas de las altas corporaciones nacionales de justicia, quienes exponen en sus libros la perspectiva de gnero y las acciones tendientes a construir desde la jurisprudencia una realidad distinta para las mujeres colombianas. Por ltimo, los invitamos a revisar la lnea de tiempo recopilada por esta Comisin, la cual da cuenta de los principales sucesos a nivel mundial y en nuestro pas que han marcado hito en la conmemoracin de esta fecha. ver
    2016-03-02 FRMULA DE RELIQUIDACIN DE REGALAS DE NQUEL NO ES RETROACTIVA La norma expedida por la Agencia Nacional de Minera (ANM) que establece la frmula para la fijacin del precio base de liquidacin de las regalas y compensaciones de nquel (Resolucin 293 de 2015) solo podr aplicarse a situaciones jurdicas posteriores a su vigencia. As lo decidi el Consejo de Estado en auto de ponente, al dictar una medida cautelar provisional que permite la interpretacin de la disposicin y excluye de la aplicacin de la nueva frmula la reliquidacin de las regalas ya causadas y pagadas. La nueva frmula de la ANM seala que el precio base de liquidacin se debe establecer teniendo como referencia el promedio del precio internacional que fije la bolsa de metales de Londres, y no el promedio de precios FOB en puertos colombianos. La demanda de nulidad fue interpuesta por Cerro Matoso S.A., quien peda la suspensin de la norma por considerar que la nueva frmula implica la modificacin de los contratos ya vigentes, pues busca aplicar retroactivamente la metodologa para liquidar las regalas que ya fueron pagadas, lo que desconoce los derechos adquiridos y atenta contra la seguridad jurdica. Adems, la entidad considera que con la implementacin de la resolucin se vera enfrentada a pagar sumas exageradas que le acarrearan grave perjuicio econmico. La decisin explica que, en principio, la ANM s es competente para fijar la frmula y parmetros para determinar los precios base de liquidacin de regalas y compensaciones, por lo que poda modificar la frmula de liquidacin. Sin embargo, dicha facultad no le permite modificar los contratos existentes a la fecha de promulgacin de la norma, pues se atentara con la garanta convencional, constitucional y legal de proteccin del derecho a la propiedad privada y a los derechos adquiridos. ver
    2016-03-02 CULTURA DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURDICA EN LAS REGIONES Con el objetivo de dar a conocer las causas que llevan a los jueces a condenar a la administracin pblica y qu medidas se pueden adoptar para evitar las mismas, el Consejo de Estado lanza su programa Cultura de Legalidad y Seguridad Jurdica en las Regiones. La idea es llamar la atencin acerca del deber de prevencin que les asiste a los servidores pblicos para evitar las mltiples condenas contra el Estado, lo cual se traducira en una disminucin de la demanda judicial, la corrupcin y la congestin de procesos. As mismo, se evitaran las acciones de repeticin que afecten los patrimonios de servidores y exservidores pblicos y se mejorara la confianza ciudadana en sus jueces. Para el Consejo de Estado este ao es crucial, puesto que se acaban de posesionar las nuevas administraciones departamentales y municipales que seguramente estn en el proceso de hacer ajustes institucionales, situacin que se puede aprovechar para revisar los protocolos de contratacin pblica, establecer ingresos por mritos, respetar la carrera administrativa y promover el respeto a los derechos humanos, todo con el fin de evitar los errores que ocasionan las condenas contra la Nacin. La primera jornada se realizar en la ciudad de Ibagu, el prximo 3 de marzo de 2016, a partir de las 8 a.m., en el Centro de Convenciones Alfonso Lpez Pumarejo. Ese da se presentarn algunos casos de condenas contra la Nacin por errores de la administracin, adems de diferentes conferencias. La instalacin del evento estar a cargo del presidente de la Repblica, Juan Manuel Santos Caldern, con la participacin del ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado; el presidente del Consejo de Estado, Danilo Rojas Betancourth; la directora de la Funcin Pblica, Liliana Caballero; la directora de la Agencia Jurdica de Defensa del Estado, Adriana Guilln; magistrados del Consejo de Estado y del Tribunal Administrativo del Tolima; y jueces administrativos del mismo departamento.
    2016-02-29 CONDENAN A LA NACIN POR MAL ESTADO DE VA EN PUTUMAYO El Consejo de Estado conden al Instituto Nacional de Vas (Invas) a pagar ms de 700 millones de pesos por la muerte de un seor durante un accidente en la va que de Pasto conduce a Mocoa (Putumayo), el 26 de mayo de 1994. Ese da la vctima conduca un camin de su propiedad y se vio en la obligacin de detenerse a un lado de la va, mientras dejaba pasar otro camin, debido a lo estrecho de la misma. Desafortunadamente, se produjo el desprendimiento de la banca asfltica y el vehculo rod 200 metros, ocasionando en el conductor mltiples fracturas en la cabeza, por lo que debi ser trasladado de urgencias al hospital del municipio de Coln (Putumayo), donde falleci. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, consider que el desprendimiento de una parte de la banca de la carretera se origin por su frgil estructura que no le permiti soportar el peso del vehculo. Esta infraestructura vial no contaba con muros de contencin que hubiesen evitado que el automotor rodara por el precipicio, aunado al hecho de que se trataba de un mes lluvioso, situacin que pudo debilitar an ms la estructura, lo que demandaba ms intervencin por parte de la entidad responsable que no acredit cuales obras de mitigacin realiz a fin de evitar la concrecin de daos como el que motivo esta demanda, indica la sentencia. La Sala explic que el Instituto Nacional de Vas tena la obligacin de mantener en adecuadas condiciones de transitabilidad la va en la cual se produjo el accidente, lo cual permite concluir que incurri en una falla en la prestacin del servicio. ver
    2016-02-24 PERSONERO DE BOGOT DEBE SER ELEGIDO POR CONCURSO La eleccin del personero de Bogot se regula por lo establecido en la Ley 1551 de 2012, es decir, debe efectuarse mediante un concurso pblico de mritos que deber ser adelantado por el Concejo de Bogot, segn las competencias otorgadas por el Decreto 1421 de 1993.Adicionalmente, y en caso de que el concurso sea declarado desierto o que terminado el periodo del actual personero no se haya concluido el concurso, la provisin del cargo solo se podr hacer de manera transitoria y por el tiempo estrictamente necesario para adelantar o culminar el concurso que permita la eleccin definitiva, con el fin de garantizar la continuidad del servicio.As lo conceptu la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en respuesta al Ministerio del Interior y al Departamento Administrativo de la Funcin Pblica, quienes afirmaban que no exista referencia en la Ley 1551 sobre su aplicabilidad en el Distrito Capital.Para la Sala, ante la ausencia de una regla diferente en el estatuto legal que rige las actuaciones del Distrito Capital, la eleccin del Personero de Bogot debe hacerse conforme a lo que establece la ley para la generalidad de los municipios, es decir, mediante concurso pblico de mritos. Este procedimiento se ajusta a fines constitucionales como la transparencia, objetividad, publicidad, participacin ciudadana y regla de mrito para acceder a cargos pblicos, por lo que no se podra excluir a Bogot e su aplicacin.Con respecto a la facultad de los Concejos para hacerlo, el concepto seala que dichos cuerpos colegiados han sido facultados por la Ley 136 de 1994 para resolver las situaciones administrativas de los personeros, como renuncias, licencias, permisos, etc., y son adems los encargados de organizar las contraloras y personeras de sus municipios y distritos e incluso dictar normas de funcionamiento. ver
    2016-02-23 ORDENAN AL ICBF QUE VIGILE CUMPLIMIENTO DE FALLO DE JUEZ DE FAMILIA El Consejo de Estado tutel el derecho a tener una familia y a no ser separada de ella, de una menor que no ha podido ver a su pap debido a que su madre ha incumplido el rgimen de visitas que fij un juez de familia en Bogot. La tutela fue interpuesta por un padre de familia que pide el cumplimiento del acuerdo de conciliacin al que lleg con la madre de la menor y que fue aprobado por un juez, respecto a la custodia, cuidado personal y visitas de la menor a las cuales l tena derecho, pero que fueron obstaculizadas por la mam. Segn relat el accionante, l deba recoger a su hija los viernes en el colegio, pero la madre la retiraba horas antes o no la enviaba a la institucin e impeda que el padre pudiera verla. Seal que a raz de esto, los dictmenes mdicos revelaron que la nia tena problemas de comportamiento por los conflictos de los padres. La Seccin Segunda, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vlez, seal que en el Cdigo de la Infancia y la Adolescencia se establecieron los mecanismos necesarios para garantizar que las medidas dispuestas por las Autoridades de familia sean eficaces. Record adems que el Sistema de Bienestar Social est compuesto por todos los organismos y entidades del Estado en virtud del principio de responsabilidad y, especialmente, por los defensores y comisarios de familia, jueces de familia, Polica Nacional y Ministerio Pblico. Por tal razn, y teniendo en cuenta que aunque el padre haba solicitado en varias oportunidades y a diferentes entidades el cumplimiento de lo ordenado por el juez para que se le permitiera ver a su hija y no lo haba conseguido, la Sala le orden al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) que, por intermedio de las defensoras de familia competentes, inicie las actuaciones administrativas pertinentes para garantizar el cumplimiento de la conciliacin, incluso, con la asistencia de la Polica Nacional o la Procuradura, quienes estn facultados para coadyuvar en dicho acatamiento. ver
    2016-02-22 CONDENAN AL EJRCITO POR MUERTE DE DOS CIVILES El Consejo de Estado advirti que es inconcebible que quienes ostentan la calidad de militares y tienen a su cargo la guarda de la soberana del territorio nacional y la seguridad de los ciudadanos sean los encargados de infundir el pnico en la poblacin civil, valindose de amenazas y del uso de las armas para vulnerar derechos fundamentales. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar al Ejrcito Nacional por la muerte de dos hombres que fueron hallados sin vida cerca al puesto de salud de la vereda El Otoo, corregimiento de Villa Carmelo, jurisdiccin del municipio sde Cali, el 17 de mayo de 2000. Uno de ellos trabajaba como promotor de salud adscrito a la Secretara de Salud Pblica de la capital del Valle. Testigos de los hechos aseguraron que un da antes de su muerte, cuando regresaban de una misin de servicios, los hombres fueron retenidos por miembros del Ejrcito y conducidos por la plaza del casero de Villa Carmelo, con las manos amarradas. Al da siguiente hallaron sus cuerpos con signos de tortura. El promotor de salud era vctima de amenazas por haber solicitado el desalojo del centro de salud de esa localidad que haba sido tomado como edificio comando por los militares, hecho que fue denunciado ante la Cruz Roja Internacional y la Defensora del Pueblo, logrando el retiro de los uniformados. Desde ese momento fue tildado de doctorcito guerrillero por el comandante de la unidad. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, seal que actitudes como las asumidas por los militares involucrados en estos hechos no representan de ninguna manera la finalidad de la existencia del Ejrcito Nacional, la cual es defender la soberana, la independencia, la integridad del territorio nacional y el orden constitucional. ver
    2016-02-19 EXPRESIN "DIOS" EN EL ESCUDO DE LA POLICA NO VULNERA ESTADO LAICO El Consejo de Estado neg la nulidad de la expresin Dios, que se encuentra en la Resolucin 5916 de 1984, expedida por el Director General de la Polica Nacional, y que la establece como componente del escudo de la institucin. La Seccin Primera, con ponencia de la magistrada Mara Elizabeth Garca Gonzlez, explic que el uso de la expresin Dios en el escudo se hace con un carcter general y abstracto, sin que implique la intromisin de una iglesia en particular en el desarrollo del ordenamiento jurdico. Para la Sala, la expresin Dios en la descripcin del escudo de la Polica Nacional no est coartando la actividad de los agentes pertenecientes al cuerpo de polica. Al igual que lo hace el prembulo de la Constitucin Poltica, su uso destaca un valor positivo que debe guiar la actividad de sus integrantes, para dar lo mejor de s mismos en pro de la consecucin de los fines esenciales del Estado. En la decisin se aclara que la expresin Dios no est proscrita en nuestro ordenamiento jurdico, pues aunque el Estado no profesa ninguna religin, todas las creencias de las personas son respetadas. En su participacin en el proceso, el Ministerio Pblico seal que nuestro Estado no es ateo, agnstico o indiferente ante los sentimientos religiosos de los Colombianos. Aunque Colombia es un pas laico, no separa la actuacin administrativa de los valores que se desprenden de la cultura y arraigo histrico que ha implicado el desarrollo social del Pas. Sin embargo, el fallo destaca que est prohibido, en todo momento, que las decisiones y actuaciones oficiales de todos los agentes pblicos estn fundadas bajo premisas religiosas, confesionales o privilegiando un credo particular sobre otro. ver
    2016-02-18 TUTELAN DERECHO AL DEBIDO PROCESO DE MUJER QUE BUSCA REPARACIN El Consejo de Estado le orden al Tribunal Administrativo del Caquet proferir una nueva sentencia en el proceso de reparacin directa interpuesto por una mujer que solicit se declarara la responsabilidad del Estado por la prdida de su beb en gestacin luego que fuera atacada por miembros de la Polica Nacional durante una protesta de motociclistas en la ciudad de Florencia, en noviembre del 2006. El Tribunal neg las pretensiones de la demanda al tener en cuenta un dictamen de medicina legal y concluir que la mujer, estando en embarazo, no debi participar en dichas manifestaciones, pues la fuerza pblica no conoca su estado y ella tena el deber natural y legal de proteger al nasciturus desde su concepcin y no exponerse. La Seccin Quinta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, ampar el derecho al debido proceso debido a que el dictamen de medicina legal, que incidi en la decisin, no debi ser valorado por el juez de segunda instancia, pues ese tipo de pruebas deben ser de conocimiento de quien resuelve inicialmente el caso. En el proceso se demostr que en primera instancia no se pidi el informe de medicina legal como prueba y aunque la parte demandante lo solicit en segunda instancia para que fuera allegado al proceso, se neg por estimar que no era el momento procesal para hacerlo. Sin embargo, por error, el informe fue aportado de manera irregular y sirvi de fundamento para adoptar la decisin. Se evidenci que la autoridad judicial accionada valor una prueba indebidamente recaudada en el proceso, como lo es el informe tcnico de medicina legal. Se amparar el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes y, en consecuencia, se dejar sin efecto la sentencia de 12 de noviembre de 2015, y se ordenar al Tribunal Administrativo de Caquet que en el trmino de 30 das profiera una nueva providencia en la cual se valoren solo las pruebas regular y oportunamente allegadas al proceso. ver
    2016-02-16 SUSPENDEN BASE GRAVABLE DEL IMPUESTO DE VEHCULOS La Sala unitaria de la Seccin Cuarta, a cargo del magistrado Hugo Fernando Bastidas Brcenas, ha emitido una medida cautelar de urgencia consistente en la suspensin de la Resolucin 5358 del 30 de noviembre de 2015, por la que el Ministerio de Transporte estableci la base gravable del impuesto de vehculos para el ao 2016. La medida ha recado en el proceso de nulidad interpuesto por la Asociacin Colombiana de Usuarios de Vehculos Particulares en contra de dicha Resolucin 5358. El fundamento central de la medida cautelar estriba en que esa Sala unitaria de la Seccin Cuarta del Consejo de Estado ha encontrado prueba de la expedicin irregular, por falta de motivacin y por inexistencia de trmites previos de divulgacin de la Resolucin 5358. La medida es provisional y posteriormente el Ministerio de Transporte podra presentar argumentos en favor de la legalidad del acto. ver
    2016-02-15 CONDENAN AL ESTADO POR ACCIDENTE EN ESTADIO DE MEDELLN El Consejo de Estado conden al Instituto de Deporte y Recreacin (INDER) de Medelln por los daos y perjuicios ocasionados a una joven que sufri un accidente mientras asista a un concierto en la capital antioquea, el 22 de febrero de 1997. Los hechos ocurrieron en el estadio Atanasio Girardot cuando la joven, que se encontraba con unos amigos en el concierto, cay cuatro metros al vaco despus de que la baranda de proteccin de las graderas de oriental se desprendiera. La joven sufri mltiples fracturas y fue sometida a varias intervenciones quirrgicas que le ocasionaron incapacidad por algunos meses. La Seccin Tercera estudi el caso y concluy que el INDER no ejerci su funcin de vigilancia y control del evento, ni le exigi a la empresa que organiz el mismo la adopcin de medidas para evitar cualquier tipo de riesgos. As mismo, por no disponer oportunamente de los medios normativos y tcnicos que razonablemente exista y poda emplear para la administracin adecuada del escenario deportivo, estadio Atanasio Girardot, donde se celebr el concierto, con el fin de determinar las condiciones fsicas de las infraestructuras, delimitar reas en las que poda acogerse a los espectadores, y reas con restriccin por deficiencias o por cuestiones de seguridad, lo que queda comprendido dentro del incumplimiento a las obligaciones de prevencin, vigilancia y control, indica la sentencia. La Sala tambin conden a la empresa que organiz el concierto por no haber ofrecido a los espectadores las condiciones de comodidad y seguridad para el disfrute y visin del espectculo. ver
    2016-02-11 POBLACIN CIVIL DEBE SER EXCLUIDA DEL CONFLICTO ARMADO El Consejo de Estado declar patrimonialmente responsable a la Polica Nacional por los daos y perjuicios ocasionados a varias familias que se vieron afectadas durante la incursin del grupo insurgente Farc el 20 de febrero de 2002 en el corregimiento de Aguas Blancas, municipio de Valledupar (Cesar). Durante la toma se registr la muerte de una seora, la destruccin de su vivienda, y heridas a un menor de edad y a 14 personas entre ellas tres integrantes de una banda de mariachis que se desplazaban en su vehculo. En su defensa, la Polica Nacional afirm que el atentado terrorista no fue selectivo, sino que la accin subversiva se realiz de una manera indiscriminada. El Tribunal Administrativo del Cesar neg las pretensiones de la demanda al considerar que el dao fue causado por un tercero, en este caso el grupo armado ilegal, que atac con fines delincuenciales y para generar desequilibrio social en la poblacin. Afirm que la Fuerza Pblica repeli el ataque sorpresa en condiciones desfavorables debido a que se desconoca el nmero de subversivos que utilizaba armas no convencionales. La Seccin Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Daz del Castillo, revoc el fallo del Tribunal por considerar que el deber del Estado es proteger a la poblacin civil, alejarla del conflicto y buscar su defensa con medios adecuados y estrategias efectivas. En caso de que esto no sea posible, debe reparar los derechos e intereses afectados, pues las vctimas tenan que haber sido advertidas, protegidas y, en general, excluidas de la confrontacin. ver
    2016-02-10 EXCONTRALOR DEBER REEMBOLSAR MAS DE 800 MILLONES DE PESOS El Consejo de Estado conden a la sucesin del excontralor General de la Repblica Rodolfo Gonzlez Garca al pago de ms de 800 millones de pesos, luego que se demostrara que sus decisiones, cuando diriga la entidad, en 1987, ocasionaron una condena en contra de la Nacin y la Contralora General. Aunque el seor excontralor falleci en el ao 2003, sern los sucesores procesales quienes debern cancelar la suma ordenada en el fallo. El caso hace referencia a la condena impuesta a la entidad por la destitucin de una funcionaria que laboraba en la ciudad de Miami y a la cual se le pidi su renuncia poco antes de cumplir dos aos de labores, periodo que la haca acreedora de beneficios econmicos. Ante la respuesta de la funcionaria, que manifest su renuncia pero solo despus de cumplir los dos aos, el Contralor procedi a declarar su insubsistencia y retirarla del cargo, nombrando en su remplazo a una persona que no cumpla los requisitos del cargo. La Seccin Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Daz del Castillo, explic que en el presente caso se demostr que la conducta del funcionario fue dolosa, por cuanto su decisin tena como propsito que la demandante no cumpliera los dos aos de servicio en el exterior, aunque se trataba de un cargo de libre nombramiento y remocin. ver
    2016-02-09 SALA PLENA ESTUDIAR DEMANDA CONTRA DECRETO DISTRITAL La Sala Plena de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, en sesin de hoy 9 de febrero, decidi avocar el conocimiento de la demanda de nulidad en contra del Decreto 564 de diciembre de 2012, expedido por el Alcalde Mayor de Bogot, mediante el cual se adoptaron disposiciones para asegurar la prestacin del servicio pblico de aseo en el Distrito Capital en acatamiento de las rdenes impartidas por la honorable Corte Constitucional en la Sentencia T-724 de 2003 y en los Autos 268 de 2010, 275 de 2011 y 084 de 2012. El proceso, inicialmente, fue resuelto por el Juez Tercero Administrativo de Bogot, que neg las pretensiones de la demanda. Posteriormente, pas en apelacin al Tribunal Administrativo de Cundinamarca, quien lo envi al Consejo de Estado luego que este alto tribunal solicitara el expediente para conocer el asunto, en cumplimiento de la competencia que le asigna la Ley 1437 (art.111, num. 4). Aunque deba ser resuelto por la Seccin Primera de la Corporacin, la Sala Plena de lo Contencioso decidi conocer el asunto debido a su importancia jurdica, social y econmica.
    2016-02-04 CONDENAN AL ESTADO POR SECUESTRO DE CANDIDATO AL CONGRESO El Consejo de Estado declar la responsabilidad administrativa y patrimonial de la Nacin-Ejrcito Nacional por el secuestro del que fue vctima un aspirante a la Cmara de Representantes en el departamento del Huila en febrero del 2002, cuando fue retenido por miembros del grupo armado Farc en un retn en la carretera que comunica los municipios de Suaza y Florencia. La decisin orden el pago de ms de 1.300 millones de pesos por concepto de perjuicios morales a la vctima y sus familiares, debido a los tratos inhumanos que recibi durante sus 18 meses de cautiverio. As mismo, exhort al Presidente de la Repblica, como cabeza de las negociaciones de paz en La Habana, para que se transmita a la organizacin insurgente Farc y a sus dirigentes la necesidad de ofrecer disculpas pblicas por lo ocurrido y explicar los hechos que constituyeron el secuestro, dentro de los dos meses siguientes. En su defensa, el Ejrcito afirm que dentro de sus funciones no est la prestacin de seguridad de manera individual y que ninguna de sus actuaciones, por accin u omisin, facilit el desenlace de los hechos. La Seccin Tercera explic que, en este caso, el secuestro se debi a un conjunto de actividades desplegadas en contra de la poblacin civil, las cuales se desarrollaron con la anuencia, por la debilidad o deficiencia del Estado en el mantenimiento de la soberana y la seguridad de los derechos de los ciudadanos luego de la terminacin de las negociaciones de paz y de la zona de distencin. Por tal razn, se habla de la afectacin al principio fundamental de la democracia, pues no se ofreci la seguridad y proteccin a las personas, especialmente a los actores polticos de la poca en sus desplazamientos por el territorio nacional. ver
    2016-02-02 COMUNICADO COMISIN INTERINSTITUCIONAL La Comisin Interinstitucional de la Rama Judicial expresa su preocupacin en relacin con los hechos ocurridos el da de ayer en las instalaciones de los edificios Hernando Morales Molina y Nemqueteba de Bogot donde funcionan oficinas judiciales. A raz de lo sucedido invita a las partes a continuar el dilogo sereno y constructivo en torno a las solicitudes de los servidores del Poder Judicial, y recuerda a todas las autoridades el legtimo derecho a la reclamacin que los mismos tienen. La Comisin Interinstitucional de la Rama Judicial exhorta nuevamente a las autoridades de Polica, para que en el ejercicio de sus facultades legales y constitucionales, se observe el mximo respeto hacia los servidores del Poder Judicial, y llama al uso proporcional de la funcin de polica. De igual forma, invita a los servidores de la Rama Judicial a dignificar con su comportamiento el servicio de justicia que prestan, sin perjuicio del derecho a reclamar que les asiste.
    2016-01-29 ORDENAN ARRESTO DE DIRECTORA TERRITORIAL DE CAPRECOM El Consejo de Estado orden el arresto por cinco das de la Directora de la Territorial de Bogot y Cundinamarca de la Caja de Previsin de Comunicaciones - CAPRECOM E.P.S por el incumplimiento de un fallo de tutela que ordenaba autorizar los medicamentos y tratamientos que requiere un paciente con leucemia. La tutela fue fallada por el Consejo de Estado en el 2014 y en noviembre de 2015 el paciente inform sobre el incumplimiento de la misma y solicit la iniciacin del respectivo incidente de desacato, argumentando que no le estaban entregando los medicamentos prescritos y que tampoco haban autorizado los examenes que necesita para un trasplante. El mdico tratante certific que hace cuatro meses la EPS no le suministra un medicamento que requiere con urgencia y que estaba pendiente la autorizacin para el trasplante de mdula sea que necesita como nica opcin curativa. La Seccin Quinta, con ponencia de la magistrada Roco Araujo Oate, seal que la funcionaria tuvo la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y aportar las pruebas para acreditar las actuaciones de la entidad encaminadas a cumplir la orden de amparo, sin embargo guard silencio. Tal ausencia de respuesta, sin lugar a dudas, debe considerarse como demostracin del desacato. De lo expuesto se tiene que la funcionaria encargada de cumplir la orden de tutela, no lo hizo, poniendo en riesgo la vida del paciente, tal como lo dej consignado el mdico tratante, de tal manera que aparece acreditada en grado de certeza la fase objetiva del desacato, indica la decisin. ver
    2016-01-27 CONDENAN A LA FISCALA POR PRIVACIN INJUSTA DE LA LIBERTAD El Consejo de Estado conden a la Fiscala General de la Nacin por la privacin injusta de la libertad de un hombre que fue acusado de constituir ilegalmente la asociacin Convivir del Alto Baud, el 22 de enero de 1996. El Decreto 365 de 1994 permiti la conformacin de grupos de vigilancia y seguridad privada denominados CONVIVIR, los cuales tenan el objeto de brindar seguridad en zonas consideradas de alto riesgo. Con base en dicho Decreto, un grupo de personas constituyeron la Convivir del Alto Baud y nombraron como representante legal al demandante en este caso, quien solicit al gobernador del Departamento del Choc la correspondiente personera jurdica y a la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada la respectiva licencia de funcionamiento. Sin embargo, el demandante solo estuvo al frente de la asociacin hasta marzo de 1996, antes de conocer el resultado de algunas de las peticiones, puesto que renunci a su cargo. El 5 de junio de 2001, la Fiscala profiri resolucin de acusacin en contra de varias personas, entre ellas el demandante, como posibles autores del delito de concierto para delinquir en la modalidad de conformacin de grupos ilegalmente armados. En el desarrollo de la investigacin penal, el accionante estuvo privado de la libertad desde el 3 de marzo de 1998 hasta el 23 de julio de 2002, da en que un juez especializado de Quibd lo absolvi de todo cargo al encontrar que solo intervino como representante legal en la etapa de conformacin de la cooperativa, es decir que apenas conoci de la obtencin de la personera jurdica y no del resultado de las otras peticiones elevadas ante las autoridades correspondientes. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, seal que la responsabilidad patrimonial es imputable a la Fiscala General de la Nacin, pues en virtud de sus actuaciones se gener el dao al demandante. ver
    2016-01-25 CONDENAN AL ESTADO POR MUERTE DE UNIFORMADO El Consejo de Estado conden al Ministerio de Defensa a indemnizar a la familia de un infante de marina que muri como consecuencia de la descarga elctrica que recibi de una cerca que rodeaba el batalln al cual perteneca, en el municipio de Inrida (Guaina), el 13 de junio de 2001, cuando se encontraba en servicio. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, reconoce como probado que el infante de marina sali sin permiso del alojamiento, pese a conocer el peligro que implicaba pasar la cerca de electricidad del batalln, con las consecuencias ya conocidas cuando intent ingresar nuevamente a las instalaciones del lugar. Es evidente, entonces, que la vctima no tuvo en cuenta, conocindolos, los riesgos que se desprendan de su comportamiento imprudente, con lo cual, sin lugar a dudas, contribuy a la produccin del hecho daoso, derivado de su desacato a la orden de permanecer en el alojamiento y en acuartelamiento de primer grado, indica la sentencia. Sin embargo, la Sala explica que la actuacin de la vctima no fue la nica causa de su fallecimiento, puesto que, segn la inspeccin judicial realizada por la Fiscala en el lugar de los hechos, la concertina de seguridad que pretendi sobrepasar la vctima estaba construida con un alambre de pas intercalado con una cuerda de mnimo voltaje hecha para retener el ganado, es decir que no deba tener la capacidad suficiente para generar una descarga letal, como la que produjo la muerte del uniformado. Resulta posible atribuir responsabilidad tambin a la parte demandada, pues es claro que la cuerda estaba presentando una falla en la medida en que estaba conduciendo electricidad de mayor intensidad, indica la sentencia. ver
    2016-01-21 CONDENAN A HOSPITAL DE TUNJA POR FALLA EN EL SERVICIO El Consejo de Estado conden al Hospital San Rafael de Tunja a indemnizar a la familia de un paciente que qued en estado vegetativo despus de una ciruga. Los hechos ocurrieron el 21 de agosto de 1994, cuando un joven de 21 aos ingres al hospital con una herida de bala en su pierna derecha, la cual le ocasion fractura del fmur. Sin embargo, solo 15 das despus fue intervenido quirrgicamente, pero al finalizar el procedimiento present dificultad respiratoria y bradicardia severa que termin en una embolia que lo mantuvo en estado vegetativo cerca de dos aos hasta que muri. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, explic que, aunque el tromboembolismo poda generarse per se por virtud de la lesin como explicaron los peritos, tambin era evidente que entre mayor tiempo se mantuviera el paciente sin que fuera reducida la fractura, se incrementaba el riesgo de padecerlo. El hospital demandado incurri en falla en la prestacin del servicio mdico al demorar sin justificacin cientfica la reduccin quirrgica de la fractura de fmur que aquejaba al paciente, falla que determin el deceso del paciente, por cuanto lo someti por un trmino excesivo al riesgo de embolia, que termin por ocurrir y que deriv en la hipoxia que mantuvo al paciente en estado vegetativo, indica la sentencia. Segn la Sala, aunque es cierto que el paciente no poda ser operado de inmediato por su estado de salud, el hospital debi ponderar el riesgo que conllevaba la demora en el procedimiento para la vida del paciente, sin tener en cuenta la cantidad de cirugas pendientes, como lo anot en la historia clnica al reprogramar la ciruga que ya tena fecha. ver
    2016-01-20 ORDENAN SUSPENDER CONVOCATORIA DE MIEMBROS DEL CGJ El Consejo de Estado orden la suspensin provisional de la Convocatoria 01 de 2015, por medio de la cual se dio inicio al proceso de eleccin de los tres miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial. La decisin fue adoptada por la ponente del proceso, magistrada Sandra Lisset Ibarra Vlez, al considerar que dicha convocatoria pblica no establece unos parmetros de evaluacin de las hojas de vida de los aspirantes, ni los criterios de mritos a tener en cuenta para elegir a los miembros permanentes del Consejo de Gobierno Judicial. De igual modo, no previ dar traslado a los aspirantes de las observaciones que la ciudadana formulasen en su contra, ni contempl una etapa para resolverlas, circunstancias que dan al traste con los postulados de publicidad, transparencia y mrito, pues no existe certidumbre de las valoraciones realizadas por el Consejo de Gobierno Judicial a la hora de realizar una lista de preseleccionados, ni de cules fueron los criterios de mrito utilizados para seleccionar a los tres miembros del listado de preseleccionados, indica la decisin. La ponente tambin explica que la Convocatoria 01 de 2015 modific los requisitos para aspirar al cargo de miembro permanente del Consejo de Gobierno que estableci la Reforma de Equilibrio de Poderes (10 aos de experiencia en diseo, evaluacin o seguimiento de polticas pblicas, modelos de gestin o administracin pblica). ver
    2016-01-19 ELIGEN PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Danilo Rojas Betancourth, magistrado de la Seccin Tercera, como nuevo presidente de la Corporacin, y al magistrado de la Seccin Cuarta Jorge Octavio Ramrez Ramrez, como Vicepresidente de la misma. El Doctor Rojas Betancourth es abogado de la Universidad Libre de Bogot; magster en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia; especialista en Argumentacin Jurdica de la Universidad de Alicante (Espaa); especialista en Derecho Pblico de la Universidad Nacional de Colombia; especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Toms de Aquino (Bogot); y candidato a Doctor en Derecho de la Universidad Nacional de Colombia. Durante su experiencia laboral se ha desempeado como consultor en materia de derechos humanos y polticas pblicas con organizaciones internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Tambin est vinculado a la docencia en distintas universidades colombianas y extranjeras como profesor de pregrado y postgrado de Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, teora jurdica, filosofa del Derecho y Derechos Humanos; y a la investigacin socio-jurdica en derechos humanos, polticas pblicas y administracin de justicia. Por su parte, el Doctor Jorge Octavio Ramrez Ramrez es abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en Derecho Administrativo de la misma institucin y Magister en Derecho Procesal de la Universidad de Medelln. Durante el ejercicio de su profesin ha desempeado varios cargos como juez promiscuo municipal, abogado litigante, coordinador de procesos judiciales en las Empresas Pblicas de Medelln (EPM) y magistrado del Tribunal Administrativo de Antioquia. Adems es docente en algunas universidades del pas.
    2016-01-18 MINSALUD PUEDE REVISAR CONTENIDO DE LOS EMPAQUES DE CIGARRILLOS El Ministerio de Salud y Proteccin Social, como autoridad sanitaria a cargo de la poltica pblica del sector salud, tiene competencia para revisar los empaques y las etiquetas de las cajas de cigarrillos. El pronunciamiento fue hecho por el Consejo de Estado al negar una demanda que interpuso una sociedad productora de tabaco en contra de tres comunicaciones del Ministerio de Salud que prohibieron la inclusin de lemas en las cajetillas de cigarrillos. Segn el demandante, el Ministerio no tiene competencia para controlar la informacin contenida en la totalidad del empaque de cigarrillos, puesto que la Ley solo habla de controlar las frases de advertencia y pictogramas que ocupan el 30 % del empaque. La Seccin Primera, con ponencia de la magistrada Mara Elizabeth Garca Gonzlez, seal que sera ilgico que el Ministerio no hiciera un estudio previo del etiquetado y empaque de los cigarrillos y se limitara a revisar las advertencias y pictogramas, permitiendo que salgan al mercado con mensajes ambiguos o no armnicos. Considera la Sala que los empaques y etiquetas de tabaco y sus derivados no deben ser ambiguos, por ello, como lo dispone la ley, antes de que se produzcan y comercialicen los productos, las empresas deben enviar al Ministerio de Salud una simulacin de estos para un control previo, precisamente para prevenir que existan elementos publicitarios que alienten y estimulen su consumo, indica la sentencia. La Sala explica que estas medidas no impiden que una compaa tabacalera fabrique un nuevo producto o cree nuevas presentaciones del mismo, pero lo que no es permitido es su publicidad y promocin. ver
    2016-01-12 NIEGAN MEDIDA CAUTELAR EN CASO ISAGEN El Consejo de Estado neg la medida cautelar de urgencia presentada por el Senador Antonio Navarro Wolff, la cual pretenda que se suspendiera la subasta de las acciones que posee la Nacin en ISAGEN. La razn fundamental radica en el hecho de que en el proceso se est impugnando la validez de los decretos que autorizaron la enajenacin de dichas acciones y no los actos administrativos que regularon el procedimiento mismo o la validez de la eventual adjudicacin. La decisin seala que los argumentos expuestos no hacen parte del texto de la demanda que presentaron algunos parlamentarios el ao pasado, entre ellos el Senador Navarro Wolff, contra los decretos del Gobierno que autorizan la venta de ISAGEN. La demanda no se refiere a la pluralidad de oferentes, a la libre competencia, a la legalidad del procedimiento de enajenacin o a la defensa de otro bien jurdico semejante. Solo, se insiste, en la validez de los decretos que autorizaron la enajenacin de dichos activos, seala la decisin. En el Auto se explica que los argumentos de la demanda deben estar acordes con la solicitud de medida cautelar, situacin que en este caso no se cumple. Si lo que se pretende es atacar la forma en la que se regul el procedimiento de la subasta, lo procedente era solicitar la nulidad del reglamento de enajenacin y adjudicacin de la segunda etapa de enajenacin, acto que no hace parte del objeto de la demanda de la referencia y, por ende, no puede ser atacado o cuestionado mediante la solicitud de una medida cautelar, puntualiza la decisin. Ya en auto del 12 de diciembre de 2015 se haba negado la suspensin provisional de dichos decretos con base en una sentencia de la Seccin Cuarta que declar validos dichos actos. ver
    2015-12-18 ADMITEN DEMANDA CONTRA NORMA QUE FIJA PRECIO LIQUIDACIN DE REGALAS El Consejo de Estado admiti la demanda interpuesta por Cerro Matoso S.A. en contra de la norma expedida por la Agencia Nacional de Minera que establece los parmetros, criterios y la frmula para la fijacin del precio base de liquidacin de las regalas y compensaciones de Nquel (Resolucin 293 de 2015). La Seccin Tercera, subseccin C, estableci que es competente para conocer la accin y esta se interpuso dentro de los trminos que establece la ley (4 meses siguientes a la fecha de notificacin de la resolucin). Adems, la demanda de nulidad cumple con los requisitos formales establecidos. El magistrado ponente informar oportunamente a travs de la secretara la fecha fijada para la realizacin de la audiencia preliminar en la cual se resolver la solicitud de la medida de suspensin provisional elevada por los demandantes. ver
    2015-12-16 MINEDUCACIN TENDR QUE PAGAR MILLONARIA SUMA POR LAUDO El Consejo de Estado neg la solicitud de nulidad del laudo mediante el cual se conden al Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio (Fomag) del Ministerio de Educacin, a pagar ms de 31.470 millones de pesos por el desequilibrio econmico generado en un contrato celebrado con las clnicas Santa Ana y Valledupar, y varias entidades de los departamentos de Cesar y Santander por la prestacin de servicios mdicos asistenciales. El Ministerio solicit la nulidad del laudo arbitral por considerar que este se profiri despus del vencimiento del trmino fijado para resolver el proceso arbitral y por negarse, de manera injustificada, unas pruebas oportunamente solicitadas que tenan incidencia en la decisin. La Seccin Tercera, Subseccin C, explic que en este caso las partes no estipularon un trmino para que el Tribunal de Arbitramento resolviera el asunto, por lo que se aplica lo estipulado en la Ley: seis meses contados desde la primera audiencia. Adems, se deben sumar los tiempos en los cuales se suspendi el proceso por solicitud de las partes. Aunque el Fomag solicit la suspensin, posteriormente aleg que la misma no estaba firmada adecuadamente por su contraparte, por lo que no se deba tener en cuenta dicha peticin. As, el Fomag sealaba que el laudo arbitral fue dictado fuera del trmino legal, lo cual es una de las causales de nulidad de dichas decisiones. Por otro lado, argument que una de las solicitudes de suspensin fue elevada por su representante legal y no por el apoderado judicial lo cual, en su criterio, viciara tal peticin. La Sala, por su parte, encontr que deba darse prevalencia a lo que seala la ley (derecho sustancial) sobre los procedimientos (derecho procesal) y que con la invocacin de la causal se puso en juego principios vitales como la lealtad entre las partes, buena fe en las actuaciones procesales y el respeto que se debe a las partes entre s y con los rbitros. ver
    2015-12-16 CONTROLADORES TERRITORIALES PUEDEN ASPIRAR A DIRECTOR DE CAR El Consejo de Estado conceptu que la actividad que desempea un contralor territorial, que ejerce control y vigilancia de la gestin fiscal ambiental, puede aportarse como cumplimiento de requisitos exigidos a los aspirantes a ocupar el cargo de director general de una Corporacin Autnoma Regional. La Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado lvaro Namn Vargas, seal que quienes han sido contralores territoriales pueden acreditar su trabajo como cumplimiento del requisito que exige experiencia en actividades relacionadas con el medio ambiente y los recursos naturales renovables, para postularse como candidatos a ocupar dichas direcciones. La Sala aclar que aunque existe una norma mediante la cual el Ministerio de Ambiente explic qu se entenda por experiencia relacionada con medio ambiente (Decreto 3685 de 2006), dicha disposicin est suspendida por decisin del Consejo de Estado. Por tal razn, el requisito se encuentra establecido por el Decreto 1076 de 2015, el cual no exige experiencia especfica y puede ser equiparable a las funciones en materia de vigilancia que cumplen los contralores. El cumplimiento de las funciones de los contralores territoriales involucra necesariamente el conocimiento y comprensin de un marco conceptual del medio ambiente y los recursos naturales tanto de sus elementos fcticos como jurdicos, econmicos y tcnicos, que les permitir ejercer con diligencia y responsabilidad las funciones del cargo, so pena de responder disciplinariamente e incluso penalmente por negligencia, impericia o imprudencia, seala la providencia. ver
    2015-12-10 CONSEJO DE ESTADO CAMBIA SU REGLAMENTO La Sala Plena del Consejo de Estado modific su reglamento con el fin de agilizar las elecciones de los mximos dignatarios de la Corporacin, mediante un procedimiento sencillo y expedito. De esta manera, a partir del ao entrante el Presidente y Vicepresidente sern elegidos por la mayora calificada, es decir, las dos terceras partes de los miembros activos de la Corporacin, durante la primera sesin del ao. Si ninguno de los candidatos alcanza los votos requeridos, en las sesiones siguientes los mximos dignatarios sern elegidos con las tres quintas partes de los miembros en ejercicio del Consejo de Estado. Con estos cambios no solo se busca hacer ms gil el proceso de eleccin, sino tambin adaptar los reglamentos a las nuevas realidades constitucionales, sociales y polticas del pas. Adems, se debe responder a la necesidad planteada en la Reforma de Equilibrio de Poderes de tener un mecanismo de eleccin oportuno. Por otra parte, se acaba con la anacrnica tradicin de la alternatividad partidista que por aos gobern estas elecciones al interior del Consejo de Estado.
    2015-12-03 CONDENAN AL ESTADO POR EQUIVOCACIN EN FOTO DE EXPARAMILITAR El Consejo de Estado le hizo un llamado de atencin a las entidades encargadas del manejo de la inteligencia y contrainteligencia del Estado y a quienes ejercen su control, para que el ejercicio de sus funciones est enmarcado en el cumplimiento de la Constitucin, la ley y las normas de Derecho Internacional. El pronunciamiento fue hecho al condenar al desaparecido Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por los daos ocasionados a un hombre al publicarse su foto en televisin, en un aviso que anunciaba la bsqueda del exjefe paramilitar Carlos Castao, ofreciendo recompensa de mil millones de pesos para quien colaborara con su ubicacin. La foto fue tomada de un artculo sobre Cooperativas de Seguridad publicado por una revista en diciembre de 1997, el cual estaba ilustrado con la imagen del afectado, quien en realidad laboraba como conductor del director de dicho medio de comunicacin. La Seccin Tercera, con ponencia de la magistrada Olga Mlida Valle de De La Hoz, seal que, aunque el aviso en televisin solo fue publicado un da porque rpidamente se advirti del error, no es suficiente para exonerar de responsabilidad a la entidad, puesto que la vida del demandante fue puesta en peligro. Resulta inadmisible que irregularidades como esta fuese considerada como un simple error que rpidamente se corrigi y no produjo mayores consecuencias, cuando en realidad resulta de mxima gravedad que la entidad encargada de las labores de inteligencia, hubiese puesto a circular en los medios de comunicacin, una informacin que no fue previamente verificada, indic la sentencia. ver
    2015-12-01 REVOCAN MILLONARIO PAGO A FEDEMUNICIPIOS El Consejo de Estado revoc la decisin del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que obligaba al Distrito Capital a pagar el 10 % de todas las multas de trnsito que se recaudaron a travs del Sistema de Informacin de Multas e Infracciones de Trnsito (Simit), desde el 2002, a la Federacin Colombiana de Municipios (Fedemunicipios), suma que actualizada podra superar los 187 mil millones de pesos. La decisin fue adoptada en Sala Plena de este 1 de diciembre, al revisar la accin popular fallada por el Tribunal en el ao 2009 y en la cual se ampar el derecho a la moralidad administrativa que consideraron afectado por parte del Distrito Capital por negarse a cumplir la Ley 769 de 2002, que impona dicho pago. La solicitud de revisin fue elevada por el Distrito Capital, el Ministerio de Transporte, la Procuradura General de la Nacin y la Contralora Distrital. La Sala, con ponencia del magistrado Luis Rafael Vergara Quintero, consider que en este caso no se demostr la afectacin del derecho colectivo a la moralidad administrativa, que ameritara su proteccin. Record que tal afectacin no puede estar soportada solo en el desconocimiento e incumplimiento de una ley, sino que es necesario que se pruebe la conducta desviada o deshonesta del funcionario que tena la obligacin de realizar el pago, o la intencin de favorecer intereses propios o de terceros. As, se demostr que tanto el Juzgado 35 Administrativo de Bogot como el Tribunal no siguieron los parmetros establecidos por la jurisprudencia para declarar que haba desconocimiento de dicho derecho colectivo, que establece que est ligado a la funcin administrativa, la cual debe cumplirse por el servidor pblico y por tanto evidenciarse y probarse su desconocimiento. En el fallo, se aclar que la accin popular es un medio autnomo y no es residual como ocurre con la tutela. Adems, se reiter la competencia que tiene el Consejo de Estado para realizar la revisin de las acciones populares, con el fin de unificar la jurisprudencia, por ser el mximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
    2015-11-24 ELIMINACIN VIOLENCIA CONTRA LA MUJER El Palacio de Justicia se une al Da Internacional por la erradicacin de la violencia contra las mujeres. Este 25 de noviembre, el color naranja, smbolo de solidaridad, paz, no violencia, esperanza, alegra, energa y cambio, iluminar la fachada de este lugar, junto a otros edificios emblemticos a nivel nacional e internacional como el Palacio de Nario, las pirmides de Egipto y el Empire State Building, entre otros.Las propuestas eficientes para la erradicacin de la violencia contra la mujer ha sido uno de los principales propsitos de la Comisin de Gnero de la Rama Judicial. Por ello, junto con la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura, el Comit Seccional de Gnero de Bogot-Cundinamarca y los Tribunales de Bogot y Cundinamarca realizarn un acto conmemorativo que permitir reiterar el compromiso y analizar el papel de la Administracin de Justicia en la consecucin de dicho logro.El evento, que tendr lugar en la Sala de Audiencias del Consejo de Estado el mircoles 25 de noviembre de 8:00 am a 10:00 am, contar con la presencia de representantes de la Organizacin de las Naciones Unidas en el programa Pinta el mundo de naranja: pon fin a la violencia contra las mujeres y nias.Todos pueden unirse a la causa mundial portando en su vestimenta algn elemento de color naranja, smbolo visible del rechazo a la violencia contra las mujeres.Segn la ONU, este da se conmemora porque la violencia contra la mujer es una violacin de los derechos humanos; es consecuencia de la discriminacin que sufre, tanto en leyes como en la prctica, y la persistencia de desigualdades por razn de gnero; adems, la violencia contra la mujer afecta e impide el avance en muchas reas, incluidas la erradicacin de la pobreza, la lucha contra el VIH/SIDA y la paz y la seguridad. Sin embargo, la violencia contra las mujeres y las nias se puede evitar. La prevencin es posible y esencial.
    2015-11-24 ELEGIDO MAGISTRADO DE LA SALA DE CONSULTA La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a dgar Gonzlez Lpez como nuevo magistrado de la Sala de Consulta y Servicio Civil, en remplazo del doctor Augusto Hernndez Becerra. El Doctor Gonzlez Lpez es abogado de la Universidad Nacional de Colombia, doctor en Derecho de la Universidad Externado de Colombia, donde se gradu tambin como especialista en Derecho Privado. Es tambin especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Rosario y en Derecho Pblico Econmico de la Universidad de Los Andes. Su ejercicio profesional lo ha desarrollado en el sector privado y pblico. Se ha desempeado como abogado litigante, director de posgrados en Universidades privadas, socio y gerente de firmas de abogados, vicepresidente jurdico de Telecom, asesor jurdico de la Personera Distrital y Juez Promiscuo Municipal, entre otros. Como docente, se ha distinguido en los niveles de pregrado y posgrado en instituciones como Universidad Externado, Javeriana, Central y Libre, entre otras. Como conferencista ha sido invitado de importantes instituciones iberoamericanas con el fin de dar a conocer sus publicaciones sobre contratos, arbitraje, derecho de regulacin y de las telecomunicaciones, derecho econmico de la competencia, etc. Actualmente se desempea como rbitro del Centro de Arbitraje y Conciliacin de la Cmara de Comercio de Bogot, labor que ha ejercido desde febrero del ao 2014.
    2015-11-23 CONDENAN AL ESTADO POR MUERTE DE NIO DEBIDO A MAL ESTADO DE VA El Consejo de Estado confirm la decisin de declarar responsable al departamento de Nario por la muerte de un menor de edad que fue vctima de un deslizamiento de tierra en una va cuando se desplazaba bajo la supervisin del colegio oficial donde estudiaba, ocurrida en diciembre de 2005. En el proceso se demostr que el menor, que cursaba grado sptimo, se desplazaba para representar al colegio en un torneo deportivo y el bus en el que viajaban debi detenerse por obstruccin de la va debido a su mal estado, y algunos estudiantes, entre ellos la vctima, descendieron del mismo y el docente nada hizo para impedirlo, omisin que los expuso a un riesgo innecesario, ya que al poco tiempo se produjo la avalancha que arrastr al menor. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, explic que toda persona es responsable no solo de sus propias acciones, sino tambin del hecho de aquellos que estn a su cuidado. En este caso, los directores de colegios y escuelas responden del hecho de los discpulos mientras estn bajo su cuidado (), custodia que, segn la jurisprudencia del Consejo de Estado y la doctrina, debe observarse en todo momento, no solo durante el tiempo en que el estudiante permanece en el colegio, sino durante otras actividades educativas o de recreacin. Con los testimonios se evidenci el mal estado de la va, que era destapada y no tena sealizacin, y la poca de lluvias que afrontaba la zona, incluso, tres das antes del deslizamiento de tierra en el que falleci el estudiante se produjeron otros derrumbes que taponaron la va. Por tanto debi existir precaucin por parte del profesor que tena a su cargo la vigilancia de los menores. As mismo, las entidades territoriales tenan bajo su supervisin el mantenimiento de las vas y no se demostr que este se haya realizado. Para exonerarse de responsabilidad, las autoridades comprometidas tienen la obligacin de acreditar que, en los casos en que se presentan hechos de la naturaleza, como ocurri en el presente asunto, estos no podan preverse ni resistirse, seala el fallo. ver
    2015-11-19 ECOPETROL RECIBIR MILLONARIA SUMA POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO El Consejo de Estado declar el incumplimiento por parte de una sociedad privada del contrato celebrado con Ecopetrol para la exploracin y explotacin de hidrocarburos que se encontraran en el rea de Guayuyaco, ubicados en jurisdicciones municipales de Villa Garzn, Puerto Guzmn y Mocoa en el departamento del Putumayo y Piamonte en el departamento de Cauca, y orden el pago de ms de 6.200 millones de pesos. La demandante estim que no se entreg a Ecopetrol lo que le corresponda de acuerdo al contrato establecido, es decir, el 30 % de la produccin de crudo que se obtuvo en la etapa de pruebas extensas de produccin llevadas a cabo en el periodo de exploracin en dicha zona. La Sala explic que la sociedad privada, al momento de suscribir el contrato, conoci las clusulas del contrato y las obligaciones y derechos derivados del mismo, por lo que en aplicacin del principio de la buena fe contractual debi informar sus inconformidades, solicitar aclaraciones, hacer las salvedades del caso y plantear nuevas frmulas o el rediseo del contrato o de la oferta para equilibrar la situacin que consideraban presentaba irregularidad. Sin embargo, la demandada guard silencio y solo hasta cuando Ecopetrol le exigi el cumplimiento de la obligacin manifest su inconformidad y se sustrajo de entregarle el porcentaje que le corresponda. Dicha actitud, seala el fallo, deviene contrario a la buena fe contractual que es de carcter objetivo y que exige que la conducta de cada una de las partes en cada etapa contractual (precontractual, contractual y post contractual) consulte y se dirija a satisfacer el inters esperado por su contraparte desde el inicio de la relacin negocial. Adicionalmente, la entidad privada interpret unilateralmente las clusulas del contrato y determin que la distribucin y rembolso del porcentaje correspondiente a Ecopetrol deba hacerse como qued pactada para la explotacin y no para la etapa de pruebas extensas de produccin, por ser ms favorable a sus intereses. ver
    2015-11-18 NIEGAN TUTELA A OFICIAL DEL EJRCITO El Consejo de Estado neg una tutela interpuesta por un oficial del Ejrcito, con la que pretenda que se dejara sin efectos la condena dictada en su contra por la muerte de varios soldados en la toma a la Base Militar del Cerro de Patascoy (Nario), el 21 de diciembre de 1997. La condena fue proferida por la Seccin Tercera de ese Alto Tribunal, en octubre de 2014, y en ella se declar responsable al Ministerio de Defensa y se conden de manera solidaria a dos oficiales del Ejrcito que fueron llamados en garanta para que reembolsaran a la Nacin las sumas de dinero que esta ltima deba pagar como consecuencia del fallo. Alegando violacin al debido proceso y a la igualdad, el oficial que interpuso la tutela acudi en primera instancia a la Seccin Cuarta del Consejo de Estado que le neg el amparo, por lo que impugn el fallo ante la Seccin Quinta del mismo Tribunal. La ponente de la decisin, la magistrada Roco Arajo Oate, de la Seccin Quinta, estudi el caso y concluy que los argumentos del accionante reflejan ms un desacuerdo con el anlisis y la decisin adoptada que result desfavorable a sus intereses. La accin de tutela no puede constituirse en una tercera instancia que se pueda emplear para que se revise lo definido por el juez natural de la especialidad, como lo pretende el tutelante, indica la sentencia. La Seccin Quinta seal que, tal como lo rese la Seccin Tercera, result abundante el material probatorio que permiti condenar al Estado por el dao ocasionado a los familiares de las vctimas, aunque la toma a la base militar fue perpetrada por la guerrilla de las FARC. ver
    2015-11-09 PRESIDENCIA DE LA REPBLICA ASUMIR PROCESOS JUDICIALES CONTRA EL DAS El Consejo de Estado unific su criterio y determin que los procesos judiciales adelantados en contra del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) debern ser asumidos por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica, y no por la Fiscala General de la Nacin. La Seccin Tercera en pleno determin que no se puede dejar a la Fiscala General de la Nacin, perteneciente a la Rama Judicial, como sucesora procesal de los asuntos judiciales que se iniciaron en contra del DAS, que perteneci a la Rama Ejecutiva. Hacerlo violara los principios constitucionales y convencionales que establecen la separacin de poderes y la distribucin de competencias de las entidades pblicas extintas. Por tal razn, la Sala inaplic, por inconstitucional, inconvencional e ilegal, el artculo 7 del Decreto 1303 de 2014, que anunci la asuncin de procesos judiciales y conciliaciones judiciales del extinto DAS por parte de la Fiscala General y determin que ser el Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica el encargado, hasta tanto el Presidente de la Repblica reglamente el asunto. Segn la providencia, en el Decreto Ley 4057 de 2011, que suprimi el DAS, se dejaron claras directrices sobre quin deba asumir las funciones de dicho departamento y seal que la representacin judicial debera quedar a cargo de una entidad del Poder Ejecutivo. Sin embargo, el Presidente de la Repblica, al expedir el Decreto Reglamentario 1303 de 2014 no tuvo en cuenta dicha directriz y excedi su potestad reglamentaria al asignar la representacin del extinto rgano a una entidad de la Rama Judicial, como lo es la Fiscala General. ver.
    2015-11-05 CONDENAN AL ESTADO POR OCUPACIN DE LA SEDE DEL CICR El Consejo de Estado conden a la Nacin a pagar 980 millones de pesos a los dueos de la sociedad Administradora Hotelera S.S. Ltda por los perjuicios que les ocasion la ocupacin de un grupo de desplazados de la sede del Comit Internacional de la Cruz Roja (CICR), al norte de Bogot, en diciembre de 1999.Segn los demandantes, como consecuencia de la ocupacin se orden el cierre de la va pblica donde se encontraba ubicada la sede de la Cruz Roja, afectando la explotacin econmica de varios negocios aledaos, entre ellos un hotel de su propiedad, puesto que se restringi el paso de peatones y vehculos. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Hernn Andrade, estudi el caso y concluy que ese lamentable hecho de desplazamiento ameritaba medidas estatales serias, que de manera contundente y eficaz hubieran evitado que la situacin se agravara, ocasionando adems perjuicios econmicos para los vecinos del sector.De conformidad con las pruebas arrimadas al proceso, tuvo que transcurrir casi un ao de haberse producido la ocupacin de la va pblica y del CICR por parte de las personas desplazadas para que la Nacin, en virtud de una sentencia de tutela proferida por la Corte Constitucional, procediera a brindar soluciones a dicha problemtica social; sin embargo, segn se observa, a pesar de que se brindaron varias ayudas humanitarias, stas no resultaron eficaces, pues dicha ocupacin se prolong por ms de dos aos, indica la sentencia.La Sala aclara que este fallo no est respaldando las ocupaciones ilegales de bienes privados, pero entiende que las autoridades administrativas pueden encontrar dificultades en la ejecucin de medidas de desalojo, debido a la situacin social y de violencia que atraviesa el pas. ver
    2015-11-04 DECLARAN NULA ELECCIN DE REPRESENTANTE JUAN CARLOS LOZADA El Consejo de Estado declar la nulidad de la eleccin del Representante a la Cmara Juan Carlos Lozada Vargas y declar legal la eleccin de Andrs Felipe Villamizar Ortiz, como integrante de la misma corporacin legislativa, para el perodo constitucional 2014-2018. Como consecuencia, se cancel la credencial entregada al primero y se orden expedir la del ltimo. La Seccin Quinta, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, encontr probado que la votacin de los dos candidatos del Partido Liberal Colombiano fue objeto de falsedad. Al doctor Andrs Felipe Villamizar Ortiz, le descontaron injustificadamente 241 votos, y al doctor Juan Carlos Lozada Vargas le adicionaron sin ninguna razn vlida 19 votos, lo cual llev a que la votacin final del primero quedara en 17.861 votos, mientras que la votacin final del segundo qued en 17.644 votos. En cambio, se negaron las pretensiones de otra demanda porque si bien se prob que hubo falsedades en la votacin al interior de la lista inscrita por el Partido Conservador Colombiano, pues al candidato Telsforo Pedraza Ortega le adicionaron injustificadamente 9 votos y al candidato Jairo Gmez Buitrago le descontaron sin ninguna explicacin 25 votos, ello no produjo ninguna modificacin frente al acto de eleccin demandado, dado que la votacin final del primero qued en 10.964 votos, en tanto que la votacin final del segundo qued en 10.660 votos. Por ltimo, en el fallo se determin que no era necesario fijar fecha para practicar el nuevo escrutinio, pues se contaba con todos los elementos de prueba requeridos para hacerlo en la misma sentencia, como en efecto as se hizo. ver
    2015-10-29 MINISTERIO DE SALUD DEBE PROTEGER DERECHOS DE LA MUJER El Consejo de Estado hizo un llamado al Ministerio de Salud para que adopte medidas que permitan reforzar el respeto a la dignidad de la mujer en el marco de la atencin gineco obsttrica, teniendo en cuenta que es sujeto de especial proteccin. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar al Instituto de Seguros Sociales (ISS) y al Hospital Universitario San Ignacio por los perjuicios ocasionados a una mujer y a su beb, al momento de dar a luz. Los hechos ocurrieron en septiembre de 1997 cuando una mujer en estado de embarazo y con sntomas de preeclamsia fue remitida al Hospital San Ignacio, donde tuvo una nia que naci con parlisis cerebral. La beb permaneci en el centro hospitalario hasta febrero de 2000 y despus fue acogida por un hogar del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), puesto que sus padres se negaron a recibirla. Finalmente la nia muri en julio de ese mismo ao. Segn la familia de la menor, el parto fue atendido por mdicos que no tenan la experiencia suficiente para casos de alto riesgo, lo cual ocasion que las labores de parto se prolongaran por ms de 18 horas, con el consiguiente sufrimiento fetal que desencaden el padecimiento de una isquemia y una parlisis cerebral permanente. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, seal que las pruebas dentro del proceso demuestran que las entidades demandadas no efectuaron un constante monitoreo. Esto era imprescindible para que se asegurara en grado sumo la integridad del beb que, segn los expertos, debe hacerse al menos cada 15 minutos durante los momentos finales del alumbramiento, pues de lo contrario se corren riesgos como el que se concret en la patologa isqumica sufrida por la nia, indica la sentencia. La Sala agreg que el centro asistencial tampoco adelant las averiguaciones respectivas para explicar lo que ocurri al momento del parto, lo cual es una omisin que sirve como seal para hablar de una deficiente atencin mdica. ver
    2015-10-29 ELIGEN NUEVO REGISTRADOR NACIONAL Al concluir el concurso de mritos para elegir Registrador Nacional del Estado Civil, los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, la Corte Constitucional y el Consejo de Estado designaron al doctor Juan Carlos Galindo Vacha como sucesor del saliente registrador Carlos Ariel Snchez Torres. El doctor Galindo Vacha, nacido en Bogot y quien result elegido luego de haber logrado un total de 891,44 puntos, es abogado de la Pontificia Universidad Javeriana, magister en Derecho y Economa de Seguros por la Universit Catholique de Louvain. En su trayectoria laboral ha ocupado los cargos de Gerente Delegado para las Elecciones Cafeteras, Asesor de la Contralora General de la Repblica, Director y Abogado de la firma Galindo Vacha Abogados S.A.S., Registrador Nacional de Estado Civil en provisionalidad, Magistrado Auxiliar de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, Secretario General y Jurdico de la EPS Famisanar, Procurador Delegado ante el Consejo de Estado y Vicepresidente de la Comisin Nacional de Asuntos Electorales de la Procuradura General de la Nacin. Docente de la Universidad Javeriana y autor de mltiples libros. ver
    2015-10-28 CONDENAN AL EJRCITO POR EJECUCIN EXTRAJUDICIAL El Consejo de Estado conden al Ejrcito Nacional por la muerte, en noviembre del ao 2002, de un joven con un arma de dotacin oficial durante los operativos realizados en la ciudad de Medelln que pretendan la captura de una banda de extorsionistas y malhechores de entidades bancarias de la ciudad. Segn se demostr durante el proceso, se trat de una ejecucin extrajudicial por parte del entonces director del Gaula (Antioquia), pues los informes de balstica demostraron que el disparo que recibi la vctima (trayectoria de atrs hacia adelante) reflej la situacin de indefensin de la misma y, por ende, constituy un uso desproporcionado de la fuerza. Si bien el operativo militar se desarroll en cumplimiento de un deber legal, ni la ejecucin ni el uso de la fuerza letal pueden entenderse como el cumplimiento de ese deber, ni tampoco como una reaccin de legtima defensa; en consecuencia, es posible afirmar que se us la fuerza de manera arbitraria y desproporcionada, sin que obre otro medio conducente y razonable de prueba en el plenario que permita erigir una hiptesis diferente, seala el fallo. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, explic que los daos ocasionados a los ciudadanos en operativos militares y policiales, como las ejecuciones extrajudiciales de civiles en estado de inferioridad e indefensin, no guardan un vnculo prximo y directo con el servicio, e implica una violacin al Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Por tanto, tales situaciones no pueden estar cubiertas por una jurisdiccin de excepcin, como es la jurisdiccin penal militar. La Sala record que aunque se puede argumentar la legtima defensa y el cumplimiento del deber como causales de exoneracin de responsabilidad, no se acepta que el uso de la fuerza sea utilizado como primer recurso en contextos diferentes al conflicto armado. En tales casos, constituye no solo una grave violacin a los derechos humanos, la vida, integridad personal y libertad de circulacin, sino tambin una seria infraccin a mnimos humanitarios. ver
    2015-10-27 ADMINISTRACIN NO PUEDE MODIFICAR REQUISITOS DE TRMITES El Consejo de Estado ampar los derechos al debido proceso y mnimo vital de un joven abogado que curs sus estudios de pregrado y posgrado de Derecho en el exterior y buscaba convalidar su ttulo en Colombia, pero al cumplir los requisitos, cambi la normativa al respecto. Segn el Ministerio de Educacin, hasta diciembre de 2014 se permita convalidar ttulos en Derecho con el curso de unas materias especficas o con la presentacin del examen Ecaes. Sin embargo, a partir de ese momento, se elimin la posibilidad de hacerlo con la aprobacin del Ecaes y ahora solo se puede hacer a travs de la aprobacin de algunas materias en Derecho. El accionante seala que cuando consult al Ministerio sobre los requisitos, estaba la posibilidad de hacerlo con la aprobacin de Ecaes, por lo que se prepar para el mismo y lo present en noviembre del 2014 y el resultado lo conoci en marzo de 2015, fecha en la cual an en la pgina web del Ministerio as lo sealaba. No obstante, cuando quiso hacer su solicitud se le inform que la norma se modific en diciembre del 2014 y ya no era vlida. Por tal razn consider vulnerado su derecho al debido proceso y al mnimo vital, pues no poda acceder al mercado laboral por no poseer un ttulo que as se lo permitiera. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado Carmelo Perdomo, explic que la Administracin pblica est sujeta al principio de buena fe, es decir, que sus actuaciones deben respetar los compromisos a los cuales se han obligado y deben garantizar la estabilidad y durabilidad de las reglas establecidas, y solo puede alterarlas si se otorga un periodo de transicin para que los particulares se ajusten a la nueva situacin jurdica. La Sala aclar que en este caso especfico, el Ministerio debi conceder un plazo de gracia a aquellos interesados en el proceso de convalidacin que estaban pendientes de la presentacin y resultados del examen saber pro, como nico requisito faltante para la homologacin del ttulo de pregrado en derecho, y no sorprenderlos intempestivamente con un cambio de regulacin que les desfavorece. ver
    2015-10-23 CONFIRMAN TUTELA SOBRE CONSULTA ANTITAURINA El Consejo de Estado neg las solicitudes de nulidad interpuestas en contra del fallo de tutela que revoc la decisin del Tribunal Administrativo de Cundinamarca mediante el cual se decidi, a travs de tutela, que la consulta popular no puede prohibir la actividad taurina por ser el Congreso de la Repblica el nico competente para impedir o permitir la prctica del llamado espectculo taurino. As mismo, se confirm la decisin de tutela mediante la cual dej sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que aval la iniciativa del Distrito de promover una consulta popular para conocer si la ciudadana de Bogot est o no de acuerdo con la realizacin de las corridas de toros. Quienes solicitaron la nulidad del fallo, argumentaron que no fueron notificados debidamente, pues no se les inform del proceso de tutela a las asociaciones antitaurinas. Adems, estimaron que la tutela no era el medio para dejar sin efectos una consulta popular. La Seccin Primera, con ponencia de la magistrada Mara Elizabeth Garca Gonzlez, explic que segn la normativa una accin de tutela se debe notificar a las partes e intervinientes en la forma que el Juez considere ms expedita y eficaz. Tal requisito se cumpli mediante la publicacin de la admisin de la tutela en la pgina web del Consejo de Estado y en aviso publicado en el peridico El Tiempo, diario de amplia circulacin. Dicha divulgacin cumpli con la finalidad de garantizar el principio de publicidad y permitir el acceso a la Administracin de Justicia, teniendo en cuenta que se emple el recurso tecnolgico con el que cuenta actualmente la Corporacin. Por su parte, la divulgacin en el peridico se dirigi a los terceros interesados y no pretendi suplir la notificacin que eventualmente debiera hacerse a personas que pudieran resultar afectadas en su posicin jurdica con las resultas del proceso, porque no se constat la existencia de dicha afectacin y, por consiguiente, se descarta la obligacin de notificar a todos los hipotticos interesados, seala la sentencia.
    2015-10-22 REGISTRADURA PUEDE REVISAR RESPALDOS A CANDIDATOS El Consejo de Estado neg la suspensin de las resoluciones expedidas por la Registradura General de la Nacin, mediante las cuales la entidad estableci el procedimiento para la revisin de firmas para la respectiva inscripcin de candidatos que aspiren a gobernaciones, alcaldas, asambleas, concejos y JAL, y regul la verificacin y validacin de apoyos. A juicio del demandante, se deba suspender la norma por cuanto la Registradura excedi sus facultades, pues esas regulaciones solo le corresponde realizarlas al Congreso de la Repblica a travs de Ley Estatutaria, por considerar que se limita el derecho fundamental de acceso a cargos pblicos. La Seccin Quinta, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, explic que se neg la suspensin de la norma, como medida cautelar, por cuanto la verificacin de firmas por parte de la Registradura Nacional es un aspecto de carcter fundamentalmente operativo que busca establecer la veracidad de la identificacin y dems datos de las personas que manifiestan su respaldo a la aspiracin de un candidato. Seala la decisin que la revisin y verificacin de firmas no es una labor ajena a las funciones de la entidad. Dicha actividad est a cargo de la direccin de censo electoral y es una labor instrumental cuya ejecucin tiene como objetivo servir como soporte en las etapas previas del proceso electoral, () y contribuye a la confiabilidad que el proceso debe ofrecer desde la inscripcin para el debate electoral. Por tal razn, para el magistrado ponente, solo en el estudio de fondo, que se hace en la sentencia, se podr definir el supuesto desbordamiento de las atribuciones propias del funcionario y la posible invasin de la competencia del Congreso. ver
    2015-10-21 ELIGEN A MAGISTRADOS DE LA SECCIN SEGUNDA La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a William Hernndez Gmez y Gabriel Rodolfo Valbuena Hernndez como nuevos magistrados de la Seccin Segunda, en remplazo de los Doctores Alfonso Vargas Rincn y Gustavo Eduardo Gmez Aranguren, respectivamente. El Doctor Hernndez Gmez es abogado de la Universidad de Caldas con especializacin en Derecho Administrativo y Derecho Comercial de la misma institucin acadmica. Tambin es especialista en Administracin Universitaria de la Universidad Santiago de Chile. Se ha desempeado como magistrado del Tribunal Administrativo del Quindo, magistrado del Consejo Seccional de la Judicatura de Manizales, Jefe de Recursos Humanos de la Universidad de Caldas y Rector de la Universidad de Manizales, entre otros cargos. Actualmente es magistrado del Tribunal Administrativo de Caldas. Por su parte, el Doctor Valbuena Hernndez es abogado de la Universidad Externado de Colombia con especializacin en Derecho Ambiental y en Gestin de Empresas Pblicas y Desarrollo, y Magister en Responsabilidad Contractual y Extracontractual Civil del Estado de la Universidad Externado y en Derecho de las Empresas Pblicas de la Universidad de Pars XI. Su ejercicio profesional lo ha desarrollado en la empresa privada y en la Rama Judicial, ocupando cargos como Jefe de la Oficina Jurdica de la Procuradura General de la Nacin, Asesor Jurdico Externo del Terminal de Transportes y Magistrado auxiliar del Consejo de Estado desde el 2008 hasta la fecha.
    2015-10-20 ORDENAN AL GOBIERNO APROBACIN DE CONPES SOBRE POLTICA CARCELARIA El Consejo de Estado le dio un mes al Ministerio de Justicia para que promueva la aprobacin del documento Conpes que deber definir y adoptar el plan estratgico y financiero de poltica carcelaria en el pas. La decisin fue adoptada al resolver una accin de cumplimiento interpuesta por la Asociacin Sindical de Empleados del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (ASEINPEC) al considerar que se han incumplido algunos de los artculos de la Ley 1709 de 2014 sobre poltica para las crceles, entre ellos la elaboracin del documento Conpes. La Seccin Quinta, con ponencia del magistrado Carlos Enrique Moreno Rubio, estudi el caso y encontr que si bien el Ministerio de Justicia seal que ya se han adelantado varias reuniones para la formulacin y aprobacin del documento Conpes, no present copia de ninguna de las actas que se elevaron con ocasin de las mismas, lo cual impone considerar que la obligacin impuesta por la norma se ha incumplido. El documento que se reclama debi expedirse hace tiempo y debe contener las recomendaciones de poltica carcelaria en los temas que determin la ley y que se concretan en: i) Compromisos presupuestales, ii) Fuentes de financiacin, iii) Plan de construcciones e infraestructura, iv) Plan de dotacin para la resocializacin, el empleo y la educacin, v) Plan de sanidad y vi) Plan de personal, guardas, funcionarios y servidores pblicos, indica la sentencia. La Sala tambin le da tres meses al Gobierno Nacional para que reglamente el rgimen de los establecimientos de reclusin de alta seguridad, y seis meses al Presidente de la Repblica para que presente al Congreso un proyecto de ley que permita determinar lo correspondiente a la privacin de la libertad de los miembros de pueblos indgenas, comunidades afrocolombianas, raizales, palenqueras y gitanas, previa consulta con los mismos. ver
    2015-10-19 CONDENAN AL ISS POR MAL PROCEDIMIENTO MDICO El Consejo de Estado conden al Instituto de Seguros Sociales, por los daos causados a una mujer que se someti a un procedimiento quirrgico en marzo del 2001 y debido a una falla mdica, se le causaron complicaciones permanentes en su estado de salud. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Hernn Andrade Rincn, revoc la decisin del Tribunal Administrativo de Cundinamarca y explic que aunque la decisin de someterse a la ciruga fue consentida por la paciente, la mala praxis ocasion que tuviera secuelas que no solo afectaron su estado fsico, sino su calidad de vida, pues qued con incontinencia urinaria permanente y deba someterse al uso continuo de paales. Seala la sentencia que es posible inferir que la causa de las complicaciones padecidas por la seora fue determinada por las fallas mdicas en que incurri el Instituto de Seguros Sociales durante el acto mdico quirrgico, toda vez que si bien fue sometida a un procedimiento quirrgico histerectoma que fue expresamente autorizado por la paciente y avalado por un testigo, la Sala no puede pasar por alto que en el expediente se encuentra plenamente acreditado que la intervencin practicada para mejorar su salud se realiz de manera deficiente. La falla en la ciruga oblig a la paciente a someterse meses despus a una nueva intervencin quirrgica sin los resultados esperados, lo que le gener grandes incomodidades, sufrimientos y el sometimiento a procesos de recuperacin, varios de los cuales le exigieron cuidados especialmente molestos para el manejo adecuado de elementos extraos implantados en su cuerpo, adems del uso de paales, que tuvieron efectos negativos importantes en sus relaciones interpersonales. ver
    2015-10-14 POLICA DEBE VIGILAR A SUS AGENTES EN SERVICIO El Consejo de Estado declar administrativamente responsable a la Polica Nacional por el secuestro de una profesora en la ciudad de Valledupar en mayo del ao 2002, en hechos en los que se participaron miembros activos de la Polica y quienes cobraron cerca de 182 millones de pesos por su rescate. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Hernn Andrade Rincn, revoc la decisin del Tribunal Administrativo del Cesar, por considerar que el secuestro extorsivo sucedi por la accin de los agentes agresores. Aunque dicha conducta delictiva no haca parte de la prestacin del servicio pblico que les haba sido encomendado, ni al desempeo de las funciones propias del cargo del cual estaban investidos, s existi falla del servicio. A juicio de la Sala, los dos miembros de la Polica que participaron en el secuestro no se encontraban en vacaciones ni bajo licencia de algn tipo, sino que estaban en servicio activo. As, pese a conocer sus obligaciones, desviaron y pervirtieron el servicio pblico que se les haba encomendado por la Constitucin y las leyes, y se valieron de esa condicin para planear y perpetrar los ilcitos por los cuales se les investig y conden penalmente. En primera instancia, el Tribunal no accedi a las pretensiones de la demanda, por considerar que la culpa era exclusivamente de los agentes de Polica y no de la institucin. Sin embargo, dentro del proceso se determin que la condicin de policas fue lo que les permiti cometer el secuestro, pues mientras se encontraban en horario de servicio vigilaron los movimientos de la vctima para conocer su rutina y saber en qu momento poda ser plagiada. A esa conclusin llego la Sala al demostrarse que uno de los agentes de Polica realizaba patrullajes en el sector donde ocurrieron los hechos. Adems, utilizando esa misma condicin de policas, mediaron o persuadieron a otros miembros de la Fuerza Pblica para sobrepasar dos retenes de la Polica y uno del Ejrcito que fueron dispuestos a raz del hecho, sin que fueran detenidos. ver
    2015-10-06 ESAP PUEDE APOYAR A CONCEJOS EN ELECCIN DE PERSONEROS En este momento, poca preelectoral, la Escuela Superior de Administracin Pblica, ESAP, puede apoyar a los concejos municipales, de manera gratuita, en la realizacin del proceso de seleccin para elegir a los personeros municipales. As lo seal la Sala de Consulta y Servicio Civil al responder a una consulta elevada por la Directora del Departamento Administrativo de la Funcin Pblica sobre la posibilidad de que la ESAP preste apoyo logstico a los municipios en el proceso de eleccin de dichos dignatarios. La Sala, con ponencia del magistrado William Zambrano Cetina, explic que la Ley de garantas electorales seala que dentro de los cuatro meses anteriores a una eleccin popular las entidades no pueden suscribir convenios interadministrativos que representen la ejecucin de recursos pblicos, como puede ser la realizacin de obras, la prestacin de servicios, la adjudicacin o entrega de estmulos o recursos. Sin embargo, aclara el concepto, en este caso, los convenios de apoyo en la eleccin de personeros tienen caractersticas especiales: se hace con los concejos municipales y no con los alcaldes, y son estos concejos los beneficiarios del mismo; es gratuito, pues no implica ningn gasto para la entidad territorial; se ofrece y puede ser recibido por cualquier concejo municipal que lo requiere; y no guarda ninguna relacin con actividades polticas ni proselitistas. La providencia record que la eleccin de los personeros por parte de los concejos municipales debe hacerse previo concurso pblico de mritos y la ESAP cuenta con los recursos y la capacidad para brindar apoyo a los concejos municipales en la realizacin de dicho concurso pblico. ver
    2015-10-02 APLAZAN PUBLICACIN DE LISTA DE ASPIRANTES A LA REGISTRADURA El Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional acordaron modificar el cronograma del concurso para elegir al Registrador Nacional del Estado Civil. Los Presidentes de las Altas Cortes prorrogaron por 15 das la publicacin de los clasificados al concurso, mientras se resuelven los recursos presentados por tres de los aspirantes que fueron excluidos de la lista inicial. ver
    2015-10-02 AMPARAN DERECHO A LA SALUD DE MUJER ACOSADA LABORALMENTE El Consejo de Estado ampar los derechos al trabajo, mnimo vital y salud de una persona que se vio afectada mental y fsicamente debido a la carga laboral y al acoso del que era vctima en un juzgado de la Guajira, por lo que se orden su reubicacin en otro despacho hasta que se emita un concepto mdico favorable sobre su rehabilitacin o se consolide su derecho a la pensin si es el caso. Pese a sus condiciones de salud, su solicitud de traslado no fue atendida por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de la Guajira y, segn la actora, se le manifest que para acceder a la reubicacin, era ella quien deba informar la disponibilidad de cargos existentes en el circuito de Riohacha. La Seccin Primera, con ponencia de la magistrada Mara Claudia Rojas Lasso, explic que en este caso se evidenci que el entorno laboral del juzgado donde laboraba la accionante le caus constantes molestias psquicas depresivas que han incidido en su estado de salud fsico y psicolgico, dificultando sustancialmente su desempeo laboral, situacin que da lugar a un trato especial. En el proceso se tiene en cuenta el concepto del mdico tratante, adscrito a la EPS, del Comit de Convivencia y Conciliacin de la Rama Judicial Seccin La Guajira y de la ARL correspondiente, quienes coincidieron en sugerir la reubicacin de puesto de trabajo de la actora con el fin de mejorar su desempeo laboral y su estado de salud. Ante el estado actual de salud de la tutelante, resultara contrario al orden constitucional obligarla a permanecer en el espacio fsico y junto a las personas que le motivan su estado de depresin, pues en la prctica ello comportara que la violacin de sus derechos fundamentales se mantuviera en el tiempo, seala la decisin. La Sala seal que la Corte Constitucional ha enfatizado que el derecho a la estabilidad laboral reforzada conlleva para el trabajador el derecho a la reubicacin en un puesto de trabajo conforme a sus condiciones de salud, cuando se encuentre en una situacin de debilidad manifiesta como resultado de la disminucin de su capacidad fsica. ver
    2015-10-02 ESTADO SE SALVA DE PAGAR MILLONARIA INDEMNIZACIN Cerca de 400 mil millones de pesos se salv de pagar el Estado colombiano por una demanda que interpusieron los accionistas de la liquidada Corporacin Grancolombiana de Ahorro y Vivienda, Granahorrar, en contra de la Superintendencia Bancaria, Fogafn y el Banco de la Repblica.Los socios de la entidad financiera reclamaban la indemnizacin de los perjuicios supuestamente causados por Fogafn al ordenar la reduccin del valor nominal de octubre de 1998, luego de que la Superintendencia Bancaria ordenara la capitalizacin de la entidad y esta no se cumpliera.La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, seal que no se logr demostrar que con la orden de Fogafn la reduccin nominal de acciones causara un perjuicio real, pues era necesario probar, entre otras cosas, que la accin efectivamente haba bajado en el mercado de valores.Tampoco advierte la Sala que, con la reduccin del valor nominal de sus acciones, se impusiera a los accionistas restriccin alguna para negociar su participacin en la Corporacin de Ahorro y Vivienda que pudiera configurar una lesin a sus derechos patrimoniales, indica la sentencia.La sentencia explica que las acciones realizadas por la Superintendencia Bancaria y Fogafn se adoptaron con el fin de solventar la situacin financiera de Granahorrar que poda conducir a su liquidacin, situacin que poda incidir de manera positiva y no negativa en el valor de mercado de las acciones.La Sala encuentra que si bien es cierto que la reduccin del valor patrimonial afect a la Corporacin de Ahorro y Vivienda aunque en estricto sentido la medida tena por objeto ajustarse a la realidad patrimonial de una sociedad que se encontraba insolvente-, ello no implica una afectacin a los derechos patrimoniales de los accionistas, puntualiz el fallo.
    2015-10-02 FINALIZA ENCUENTRO DE LA JURISDICCIN ADMINISTRATIVA La paz fue el tema central de la clausura del XXI Encuentro de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo que se realiz en la ciudad de Paipa, Boyac, los das 30 de septiembre, y 1 y 2 de octubre del presente ao. El Presidente de la Repblica Juan Manuel Santos Caldern, se refiri al acuerdo firmado con la guerrilla de las FARC en La Habana y sostuvo que contempla reglas y sanciones que le garanticen a las vctimas la mxima justicia posible con verdad, reparacin y garantas de no repeticin. Es un acuerdo para construir un nuevo futuro, de sana convivencia y reconciliacin para mirar hacia adelante, para garantizar que no haya ms vctimas y que cese la guerra, indic el Presidente Santos. El Jefe de Estado les agradeci a los jueces y magistrados de Colombia que con su trabajo, conocimientos y ponderacin contribuyen a consolidar un pas ms justo y en paz. Por su parte, el Presidente del Consejo de Estado Luis Rafael Vergara Quintero, asegur que no puede haber justicia plena en un pas donde se asesina y amedrenta a los jueces y funcionarios judiciales, donde desaparecen testigos y se destruyen pruebas y donde existen carteles de falsos testigos. Soluciones perfectas no las ha habido, ni las habr, y sern, en verdad, muchos los tragos amargos que tendremos que beber los colombianos para conseguir ese fin supremo. Ojal que los aos que nos quedan podamos ver un pas pacificado, para el disfrute de las futuras generaciones de colombianos, indico el Doctor Vergara Quintero. ver
    2015-10-01 COLEGIOS DEBEN ADOPTAR MEDIDAS PARA EVITAR MATONEO El Consejo de Estado hizo un llamado para que las instituciones educativas tomen medidas que permitan prevenir, detectar, atender y hacer el respectivo seguimiento a las situaciones de violencia escolar. La Seccin Primera, con ponencia de la magistrada Mara Claudia Rojas Lasso, seal que quien debe detectar las situaciones anmalas de comportamiento son las instituciones educativas, ms si se tiene en cuenta que los estudiantes pasan la mayor parte de su tiempo en el colegio. Por tanto, no basta con la adecuacin de los manuales de convivencia y que estos se ajusten a las normas nacionales al respecto, sino que debe haber actuaciones positivas. El pronunciamiento se hizo dentro de un fallo de tutela interpuesto por una mujer en representacin de su hijo menor de edad, que debi abandonar una institucin educativa, alegando que sufri maltrato por parte de sus compaeros e incluso de su propia profesora que lo molestaba dicindole que era homosexual. En el caso especfico, la Sala demostr que los procedimientos, estrategias y acciones a seguirse para el adecuado tratamiento de actos de violencia escolar mostraron ser inoperantes en dicho colegio, pues el joven debi soportar la quema de su uniforme, situacin que fue conocida por la psicloga, pero esta omiti informar de ese suceso al Comit de Convivencia Escolar, para que este a su turno activara el Protocolo de Atencin Integral. Aunque en el presente caso se neg la tutela debido a que el accionante no aport las pruebas del caso que demostraran el ciberacoso y que probaran el cyberbullying, en la decisin se reitera que el acoso escolar entre otras conductas se presenta con el hostigamiento, intimidacin, maltrato, violencia, exclusin social y discriminacin que sufre un nio en el entorno escolar por parte de uno o varios compaeros. De este modo, el acoso puede provenir la violencia fsica, verbal, simblica y en particular emocional, que atenta contra la dignidad del menor de edad y ocurre de manera intencional, reiterada y continua. ver
    2015-09-30 INSTALACIN ENCUENTRO DE LA JURISDICCIN El Consejo de Estado est comprometido con los actos que incorporen al ordenamiento jurdico los acuerdos que en materia de paz se logren en La Habana, pero tambin tiene un compromiso con la institucionalidad que ser defendida con todo el rigor del caso. As lo manifest el Presidente del Consejo de Estado, Luis Rafael Vergara Quintero, durante la instalacin del XXI Encuentro de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo que se realiza en la ciudad de Paipa, Boyac, los das 30 de septiembre, y 1 y 2 de octubre del presente ao. El magistrado seal que despus de 55 aos de guerra es difcil encontrar visiones unificadas sobre cmo solucionar este problema, por lo que no se puede pretender un consenso pleno frente al proceso de paz. Todos los colombianos tenemos una mirada distinta conforme han sido nuestros padecimientos en esta oscura noche de nuestra historia pero lo cierto es, que los adultos de hoy aspiramos a que los aos que nos queden de vida, podamos ver una Colombia en paz. Soluciones perfectas no las hay ni las habr, sern muchos los tragos amargos que nos tocar tomarnos, y como dicen por all, de difcil digestin, indic el magistrado. El Presidente del Consejo de Estado tambin se refiri al papel que cumple actualmente el juez administrativo que pas de ser un simple controlador de la legalidad de los actos administrativos, a un protector de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Los retos para el fututo son muchos, empezando por rescatar entre otras cosas, la confianza pblica, la credibilidad en las instituciones y la majestad de la Justicia, explic el Doctor Vergara Quintero. ver
    2015-09-29 CRC DEBER RESOLVER CONFLICTO ENTRE ETB Y COMCEL El Consejo de Estado advirti que la Comisin de Regulacin de Comunicaciones (CRC) deber resolver el conflicto entre la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot (ETB) y la empresa Comcel (hoy Claro), las cuales sostienen una disputa desde hace varios aos. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, seal que cualquier conflicto de interconexin entre operadores de redes y servicios de comunicaciones es de competencia de la autoridad nacional de comunicaciones del pas donde se presta el servicio, que en el caso de Colombia es la CRC. La decisin fue adoptada al declarar infundado el recurso de anulacin interpuesto por Comcel S.A., contra el laudo arbitral de octubre de 2014, proferido por el Tribunal de Arbitramento que se constituy para dirimir las diferencias surgidas entre estas dos empresas por la firma de un contrato de interconexin en 1998. El Tribunal de Arbitramento concluy que no era competente para resolver las pretensiones de la demanda de Comcel que reclama de la ETB el pago de las obligaciones contradas con la firma del contrato de interconexin. Por tal motivo, Comcel le solicit al Consejo de Estado anular el fallo de dicho Tribunal y decidir la controversia econmica. Al estudiar el caso la Seccin Tercera seal que, como era su obligacin, el Tribunal de Arbitramento acogi en su integridad el concepto del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina, el cual afirma que la autoridad nacional de comunicaciones del pas miembro de la CAN donde se genere la controversia es la competente para resolver los conflictos de este tipo. No es el recurso extraordinario de anulacin el escenario para cuestionar las decisiones de los organismos jurisdiccionales de orden internacional y no puede pretender el recurrente que las autoridades nacionales, especialmente el Consejo de Estado, como mximo Tribunal de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo de la Repblica de Colombia, desconozcan tales decisiones, indica el fallo. La Sala concluy que para evitar que el conflicto suscitado entre las partes quede sin resolver, se ordenar remitir la totalidad del expediente a la Comisin de Regulacin de Comunicaciones para que resuelva de fondo las solicitudes formuladas por Comcel S.A. ver
    2015-09-29 ENCUENTRO DE LA JURISDICCIN ADMINISTRATIVA EN PAIPA Bajo el lema Por una pronta y cumplida justicia administrativa, abierta al mundo, se realizar el XXI Encuentro de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo, en la ciudad de Paipa, Boyac (Centro de Convenciones del Hotel Estelar), los das 30 de septiembre, y 1 y 2 de octubre del presente ao. El evento tendr como temas centrales el Anlisis crtico sobre la implementacin de la Ley 1437 de 2011 y propuestas de reforma legislativa, para evaluar las ventajas y desventajas de la aplicacin de dicha Ley, y la Dimensin Internacional de la Justicia Administrativa, en cuanto a su participacin en el marco de una justicia transicional. El jueves y el viernes la jornada acadmica se desarrollar con varias conferencias y paneles que estarn a cargo de magistrados del Consejo de Estado y algunos invitados especiales. El Encuentro contar con la participacin del Presidente de la Repblica, Juan Manuel Santos Caldern; el Ministro de Justicia, Yesid Reyes Alvarado; el Ministro de Tecnologas de la Informacin, David Luna Snchez; el Fiscal General de la Nacin, Eduardo Montealegre; el Contralor General de la Repblica, Edgardo Maya Villazn; Consejeros de Estado, Magistrados de otras Altas Cortes, Magistrados de Tribunales y Jueces Administrativos de todo el pas, entre otras personalidades. El XXI Encuentro de la Jurisdiccin de lo Contencioso Administrativo ser transmitido por el Canal Institucional y a travs de la pgina web www.consejodeestado.gov.co.
    2015-09-24 CONDENAN A INSTITUCIONES HOSPITALARIAS POR DEFICIENTE SERVICIO La no entrega a los jueces de las historias clnicas de los pacientes que demandan a las instituciones de salud por mal servicio, como estrategia para evitar una condena de reparacin dej de ser una herramienta funcional por decisin de la Seccin Quinta del Consejo de Estado.La Sala ampar los derechos de una mujer de 32 aos, con un embarazo de 41 semanas que acudi en un mismo da cinco veces al centro de salud de Mamatoco en Santa Marta, con dolores asociados al trabajo de parto y las cinco oportunidades fue devuelta a su casa; al final fue remitida al Hospital Central donde le practican una cesrea de urgencia y encuentran el feto muerto por sufrimiento por parto prolongado.Tras la demanda de la paciente que responsabiliza a los centros asistenciales por el hecho, en primera instancia el juez conden solo al puesto de salud y en segunda instancia ambas entidades fueron exonerados bajo el argumento de que no haba sido enviada la historia clnica y no exista claridad sobre los hechos ni pruebas de que se tratara de un embarazo normal.Encontr la Sala de la Seccin Quinta del Consejo de Estado que la historia clnica no fue aportada pese a reiteradas solicitudes y conminaciones de ambas instancias judiciales cuyas respuestas fueron evasivas y estratagemas, y al final la entrega parcial de la historia, sin los documentos principales, hecho que debi tomarse como indicio del ocultamiento de una situacin adversa a la entidad consider la Sala.Seal que si bien la parte demandante deba demostrar el yerro, en este caso le era extraordinariamente difcil o prcticamente imposible por tanto debi invertirse la carga probatoria y la E.S.E. Alejandro Prspero Reverend tena el deber, de demostrar que su actuacin fue apropiada, correcta diligente y oportuna para evitar el dao en cuestin y no lo hizo. ver
    2015-09-24 CONSULTA POPULAR NO PUEDE PROHIBIR ACTIVIDAD TAURINA La Seccin Quinta del Consejo de Estado consider que es exclusiva competencia del Congreso de la Repblica prohibir o no la prctica del llamado espectculo taurino, por lo tanto no es viable la realizacin de una consulta popular como lo propuso el Alcalde Mayor Bogot. As lo defini la Sala al fallar una accin de tutela mediante la cual dej sin efectos la sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que declar ajustada a la Constitucin Poltica, la iniciativa del Distrito de promover una consulta popular para conocer si la ciudadana de Bogot est o no de acuerdo con la realizacin de las corridas de toros y novilladas en la capital de la Repblica. Tras estudiar las tutelas interpuestas por defensores de la actividad taurina, la Seccin Quinta, con ponencia del Doctor Alberto Yepes Barreiro, encontr que el Tribunal viol el derecho fundamental al debido proceso de los accionantes por cuanto desconoci el precedente de la Corte Constitucional contenido en la tutela T-295 de 2013 y en la sentencia C-889 de 2012, que expresamente sealan que los entes territoriales no pueden exigir requisitos adicionales a los fijados por el Congreso de la Repblica para el desarrollo de la actividad taurina, lo cual necesariamente implicaba la imposibilidad de configurar la prohibicin de esta prctica dentro de su territorio, seal Adicionalmente, advierte la decisin que por tratarse de una expresin artstica, definida as en su momento por el legislador, a travs de una consulta popular no se puede decidir si existe en este caso el principio de arraigo, pues es una categora que no puede medirse mediante la regla de las mayoras. Deja clara la Corporacin que el Alcalde Mayor de Bogot no podra hacer obligatoria la decisin de la consulta, pues de hacerlo, desconocera los efectos y la fuerza vinculante de las decisiones judiciales, en este caso, las proferidas por el Tribunal Constitucional. Finalmente orden al Tribunal Administrativo de Cundinamarca que en diez das profiera una sentencia que reemplace a la que mediante esta tutela qued sin efectos. ver
    2015-09-22 SE MANTIENE SUSPENSIN DE NORMA SOBRE CONCESIONES MINERAS El Consejo de Estado mantuvo la suspensin de las Resoluciones de la Agencia Nacional de Minera que establecen exigencias de trminos, diferentes a las contempladas en el Cdigo de Minas, para que los grupos indgenas y comunidades negras obtengan un contrato de concesin minera. La ANM fij el procedimiento que se debe adelantar para radicar solicitudes de concesin minera y estableci que existe un derecho de preferencia que obliga a la autoridad minera a dar aviso a dichas comunidades para que dentro del mes siguiente radiquen una propuesta de contrato de concesin. Sin embargo, con la nueva normativa, si los grupos no presentan su propuesta en dicho trmino se genera una consecuencia jurdica que es entender que desisten de su derecho de prelacin. La Seccin Tercera, Subseccin C, explic que la norma desconoce el derecho de preferencia que est consagrado a nivel convencional y constitucional para los grupos indgenas y comunidades negras para obtener, preferentemente, contrato de concesin minera para explorar y explotar los yacimientos y depsitos mineros, por lo que confirm la decisin que en ese sentido haba tomado la doctora Olga Valle, el 15 de junio de 2015. Adems, la norma suspendida crea nuevos requisitos a dichas comunidades, no exigidos en la ley para el ejercicio del derecho de preferencia, en este caso, fijar la regla del desistimiento por la no concurrencia de manifestacin de inters de grupos indgenas y/o comunidades negras en el contrato de concesin minera. La interaccin entre los derechos de los grupos indgenas y las comunidades negras frente a la actividad minera demanda por parte del Estado del despliegue de acciones positivas dirigidas a garantizar de manera real y efectiva [no formal o ficticia] el derecho de estos pueblos de i) consulta previa respecto de cualquier medida (legislativa o administrativa) que puedan impactar sus derechos y/o su territorio y, por otra parte, ii) de preferencia para la exploracin y explotacin de yacimientos y depsitos mineros que se ubiquen en zonas mineras indgenas, negras o mixtas, seala la decisin. ver
    2015-09-17 CONDENAN AL ESTADO POR PRIVACIN INJUSTA DE LA LIBERTAD El Consejo de Estado conden a la Fiscala General de la Nacin y a la Rama Judicial a indemnizar a un hombre que fue detenido en tres oportunidades por agentes del Cuerpo Tcnico de Investigacin (CTI), pese a que no tena ningn requerimiento por parte de la justicia. En mayo de 2000, el Tribunal Superior de Cali absolvi a esta persona por el delito de enriquecimiento ilcito y orden su libertad inmediata, pero en octubre de 2003, y luego en noviembre del mismo ao, fue detenido por el CTI en Cali en cumplimiento de una medida de aseguramiento que apareca en el sistema de la Fiscala. Un ao despus, en noviembre de 2004, la persona vuelve a ser detenida en un evento en Cali, pese a que supuestamente haba sido borrado del sistema en enero, lo cual ocasion que demandara al Estado por daos y perjuicios. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, seal que en este caso se configur un defectuoso funcionamiento de la administracin de justicia imputable a las entidades condenadas, puesto que no existen pruebas que demuestren que el Tribunal Superior de Cali le inform a la Fiscala de la sentencia absolutoria a favor del actor para que se actualizara la base de datos de antecedentes penales y, por otra parte, aunque supuestamente esta se modific a principios de 2004, ese mismo ao volvi a ser detenido. Es claro que las actuaciones de los empleados de la Rama Judicial y de la Fiscala General de la Nacin constituyen un defectuoso funcionamiento de la administracin de justicia, pues sus acciones y omisiones afectaron el derecho de la libertad y de la locomocin del actor, lo cual le caus un dao que no estaba en la obligacin de soportar, indica la sentencia. El fallo agrega que si bien la Fiscala present demanda de casacin contra la sentencia del Tribunal Superior de Cali (fallada en contra de los intereses del actor en el 2005), lo cierto es que esto no afectaba el beneficio de libertad otorgado al afectado en el 2000. ver
    2015-09-17 MODIFICAN LISTADO DE ASPIRANTES A LA REGISTRADURA El Consejo de Estado y las Cortes Suprema de Justicia y Constitucional acordaron excluir a los doctores Nstor Ivn Osuna Patio, Wilson Ruz Orejuela y Pedro Alonso Sanabria Buitrago del concurso de mritos que se adelanta para elegir al Registrador Nacional del Estado Civil, en remplazo de Carlos Ariel Snchez. Las Altas Cortes explicaron que, segn el Acto Legislativo 02 de 2015, quien aspire a ser Registrador no puede haber ejercido en propiedad el cargo de miembro de la Comisin Nacional de Disciplina Judicial, entidad que remplaz al Consejo Superior de la Judicatura, lo cual implica la homologacin jurdica de ambos rganos en el orden constitucional. Por tal razn, los doctores Osuna, Ruz y Sanabria, que se desempean o desempearon como magistrados de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, lo hicieron dentro del periodo inhabilitante sealado en dicha reforma constitucional. La decisin aclar que en cualquier etapa del proceso de seleccin se puede dar la exclusin de un aspirante que no cumpla con todos los requisitos que exige el concurso. ver
    2015-09-14 CONDENAN A HOSPITAL POR DEFICIENTE ATENCIN A PACIENTE El Consejo de Estado advierte que el diligenciamiento de la historia clnica de un paciente constituye una obligacin inexcusable para el personal mdico. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar al Hospital San Vicente de Pal del municipio de Aranzazu, Caldas, por la muerte de un paciente debido a la atencin mdica prestada en esa entidad el 10 de junio de 1996. Ese da ingres el paciente a la institucin hospitalaria con heridas producto de un accidente de trnsito. All se le sutur la herida y se orden su remisin a un hospital de mayor nivel para continuar con su atencin, pero en la historia no refirieron las condiciones de contaminacin de la herida, sino la necesidad de practicar una radiografa. Luego de dos das de estar internado en la otra institucin, el hombre present signos de infeccin, situacin que se agrav hasta el punto que fue necesario la amputacin de su pierna. Dos meses despus la persona falleci a causa de las mltiples complicaciones. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, analiz el caso y seal que la informacin consignada por el Hospital San Vicente de Pal en la historia del paciente no permiti a los mdicos de la otra institucin brindar el tratamiento adecuado para la infeccin que presentaba. No puede compartir la Sala el argumento del mdico tratante relativo a que era de mayor importancia atender al paciente que llenar la historia, por cuanto el diligenciamiento completo de ese documento legal constituye una obligacin inexcusable para el personal mdico, de vital importancia en este caso particular, indica la sentencia. El Hospital San Vicente de Pal de Aranzazu tendr que pagar ms de 680 millones de pesos a la familia del paciente por los daos y perjuicios ocasionados. ver
    2015-09-11 NIEGAN ACLARACIN DE SENTENCIA EN CASO DE REPRESENTANTE A LA CMARA La Seccin Quinta del Consejo de Estado neg la solicitud de aclaracin de la sentencia mediante la cual se declar la nulidad de la eleccin de la Representante a la Cmara por el departamento del Huila Ana Mara Rincn Herrera. Advierte la Sala que la defensa de la demandada plantea como puntos de aclaracin de la providencia aspectos que a juicio de la Sala le son tan claros que puede oponerse y criticarlos bajo su propia interpretacin jurdica, lo que denota en contraste, que no le fueron confusos sino que le son opuestos. Como se recordar, el Consejo de Estado a travs de la Seccin Quinta, declar la nulidad de la eleccin de la Representante a la Cmara por el departamento del Huila para el periodo 2014 2018, por al considerar que se acredit suficientemente la intervencin en gestin de negocios ante la entidad pblica Acueductos y Alcantarillado del Huila-Aguas del Huila S.A. E.S.P. y con el municipio de Baraya, dentro del perodo inhabilitante que es de seis (6) meses anteriores a la eleccin, hecho que ocurri el 9 de marzo de 2014.
    2015-09-11 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIN DE REPRESENTANTES POR SUCRE En Sala del 7 de septiembre de 2015, la Seccin Quinta del Consejo de Estado resolvi los procesos de nulidad electoral contra la eleccin de los Representantes a la Cmara por el Departamento de Sucre, Yahir Fernando Acua Cardales y Candelaria Patricia Rojas Vergara, y neg las pretensiones de las demandas. La Sala Electoral del Consejo de Estado decidi que las demandas no estaban llamados a prosperar. En ellas se cuestionaba la inscripcin de los candidatos para el Congreso de la Repblica efectuada por el Movimiento Cien Por Ciento Por Colombia, con ocasin de la prdida de su personera tiempo despus de la fecha de inscripcin; al respecto la sentencia expresa que la prdida de la personera jurdica de un partido o movimiento poltico una vez inscritos y elegidos sus candidatos no es causal de nulidad electoral. Explic adems que Yahir Fernando Acua Cardales no estaba incurso en doble militancia ya que el movimiento Ciento por Ciento por Colombia que lo inscribi, tuvo origen en Afrovides colectividad a la que anteriormente perteneca el demandado, y, por tanto, esta circunstancia no deriva en la prohibicin a l atribuida. Las decisiones fueron unnimes y contaron con el voto del Conjuez Gabriel De Vega Pinzn y con los de los Consejeros de Estado Lucy Jeannette Bermdez Bermdez, Carlos Enrique Moreno Rubio, y Alberto Yepes Barreiro, este ltimo, ponente de las sentencias. Los Magistrados Lucy Jeannette Bermdez Bermdez y Alberto Yepes Barreiro aclararon su voto. ver
    2015-09-10 CONDENAN A LA NACIN POR MUERTE DE SENADOR JORGE CRISTO El Consejo de Estado declar la responsabilidad de la Polica Nacional y del extinto Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) por la muerte del senador Jorge Cristo Sahiun, ocurrida el 8 de agosto de 1997 en la ciudad de Ccuta a manos del grupo insurgente Ejrcito de Liberacin Nacional (ELN). La Seccin Tercera seal que en este asunto la responsabilidad de la Nacin se configura a partir de la omisin en su actuar para evitar el resultado, pues las medidas de seguridad que debe ofrecer el Estado a los ciudadanos, y especialmente a los actores del sistema poltico-democrtico, deben ser idneas, necesarias y estrictamente proporcionales para hacer frente a la situacin de amenaza demostrada. En este caso, la Sala evidenci en el proceso que el ataque fue framente calculado das antes con la presencia de personas sospechosas que se hacan pasar por vendedores ambulantes, merodearon el lugar donde se encontraba el consultorio mdico del legislador y quienes finalmente lo atacaron. Tal situacin expuso la ausencia de medidas preventivas, de inteligencia o contrainteligencia para la proteccin de la vctima. Con respecto a la responsabilidad estatal, en el fallo se reitera la existencia de la obligacin por parte de las autoridades de proteger la seguridad personal y la posicin de garante que ostenta el Estado cuando tiene conocimiento del peligro al que est sometida la vctima debido a la actividad profesional que ejerce. En el caso concreto, la proteccin de los denominados actores sociales, como aquellas personas que desempean cargos de representacin democrtica, los cuales, en razn al ejercicio de su labor pblica pueden ser objeto de proteccin reforzada, ms cuando se acrediten, directa o indiciariamente, circunstancias que exceden la normalidad, o los peligros ordinarios bien sea por la ubicacin del lugar en donde desempea sus actividades, o por las condiciones del conflicto interno que se presentaban para la poca de los hechos, seala la decisin. En el proceso qued demostrado que para 1997 el orden pblico se encontraba seriamente turbado en el departamento de Norte de Santander, pues la propia Polica Nacional en sus rdenes internas de trabajo dijo que haba una delicada situacin de orden pblico, lo cual coincide con las declaraciones de algunos de los testigos que afirmaron el temor del Senador Cristo por su seguridad y su precario esquema de seguridad. ver
    2015-09-10 CONDENAN AL EJRCITO POR TRES CASOS DE FALSOS POSITIVOS El Consejo de Estado conden al Ejrcito Nacional a pagar ms de 1300 millones de pesos por la muerte de tres civiles durante supuestos combates con unidades militares en Casanare y Caldas en el 2007. En los tres casos (anlisis de contexto) la Seccin Tercera encontr ciertos patrones comunes que llevan a concluir que se presentaron falsas e ilegales acciones, so pretexto del cumplimiento de los mandatos constitucionales por parte de miembros de las fuerzas militares, tales como que la posicin en la que se encontraba la unidad militar respecto de la vctima no era propicia para un enfrentamiento y que ninguno de los uniformados pudo ver a los miembros del presunto grupo armado o de bandas criminales a los que supuestamente pertenecan los civiles. Inclusive, en uno de los casos, se comprob que la vctima era una persona con discapacidad mental, lo cual limitaba su comprensin y comunicacin, hacindolo vulnerable ante el accionar de los militares que lo presentaron como un presunto bandido, narcotraficante o miembro de un grupo armado insurgente. En los otros dos casos las vctimas trabajaban en un taller de carros y en un almacn de muebles y desaparecieron sin ninguna explicacin. La Sala seal que las falsas e ilegales acciones ejecutadas por miembros de las fuerzas militares como accin sistemtica constituyen actos de lesa humanidad que comprometen al Estado y que violan tanto el sistema de derechos humanos, como el de derecho internacional humanitario y el orden constitucional interno. El Estado deba cumplir con su deber positivo, concretado en la proteccin de la vida e integridad de las personas que se vieron afectadas, y no a desplegar falsas acciones para el cumplimiento de mandatos constitucionales como nica justificacin para poder aniquilar o exterminar a personas ajenas al conflicto armado, pero de las que se sirve el aparato militar para garantizar resultados, contradiciendo tanto las normas convencionales, como el orden constitucional, y poniendo en cuestin su propia legitimidad democrtica, indica la sentencia. ver
    2015-09-10 ANULAN RESOLUCIN DE NEG USO DE SMBOLO URIBE CENTRO DEMOCRTICO El Consejo de Estado anul las Resoluciones expedidas por el Consejo Nacional Electoral (CNE) mediante las cuales se neg el registro de la denominacin, smbolo y emblema del grupo significativo de ciudadanos Uribe Centro Democrtico. La Seccin Quinta, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, explic que aunque la Ley estatutaria estableca una prohibicin clara y expresa, conforme a la cual la denominacin de los conglomerados polticos no poda hacer alusin a personas, la Corte Constitucional declar inexequible tal disposicin y que la nica limitacin razonable al derecho a conformar organizaciones polticas, era la que concerna a que el nombre del partido o movimiento poltico no hiciera alusin a smbolos o emblemas estatales. El fallo seal que el CNE puede negar la inscripcin de un nombre o smbolo, pero solo cuando aquel afecte la seguridad del Estado o ponga en peligro el sistema electoral mismo, evento en el cual la autoridad electoral deber sustentar con argumentos y pruebas por qu aquel no puede ser registrado. La Sala record que la conformacin de los partidos y movimientos polticos debe realizarse sin mayores lmites u obstculos, por lo que no puede limitarse el ejercicio del derecho poltico. Otro de los aspectos analizados tena que ver con el supuesto desequilibrio en las elecciones a favor de un grupo poltico, por el uso de la imagen de una persona. Sin embargo, se determin que esa situacin no siempre es en favor, pues esa dualidad tambin puede afectar de manera negativa al ciudadano que prest su nombre y/o imagen para representar el grupo significativo de ciudadanos que apoya su candidatura, frente a aquellos que no sean afines a sus ideales. Por tal razn no se demuestra que exista vulneracin al principio de igualdad. En el fallo, se hace claridad con respecto a que lo decidido no genera restablecimiento automtico del derecho del movimiento. ver
    2015-09-10 NIEGAN NULIDAD DE NOMBRAMIENTO DE RECTOR DE UNIVERSIDAD DE CARTAGENA La Seccin Quinta del Consejo de Estado neg la nulidad del acto mediante el cual, se nombr al seor Edgar Parra Chacn Rector de la Universidad de Cartagena, advirtiendo que las Universidades Pblicas son entes autnomos, que los estatutos de la Universidad no consideran una edad de retiro forzoso para quien ejerza el cargo de Rector y que los docentes tienen un rgimen especial para su retiro. De esta manera se confirm la decisin de primera instancia del Tribunal Administrativo de Bolvar que desestim las pretensiones de las cinco demandas que fueron acumuladas en un solo proceso pues coincidan en sealar que al ser elegido el rector contaba con 65 aos, y que siendo esa la edad de retiro forzoso estaba inhabilitado para ocupar el cargo. El Consejo de Estado consider que si bien existe un rgimen general que fija en 65 aos la edad de retiro forzoso, tambin hay un rgimen especial que permite que los docentes universitarios continen en el ejercicio de funciones por diez aos ms. En este caso, la Seccin Quinta encontr que entre los requisitos para ser rector, est el de haber sido docente de esa institucin por al menos 10 aos; as que dado que quien desempee las funciones de rector debe tener la calidad de docente, en dicha condicin lo cobijan las normas especiales que fijan la edad de retiro a los 75 aos.
    2015-09-10 COMUNICADO CASO ISAGEN La Presidencia de la Seccin Cuarta del Consejo de Estado se permite informar que en la Sala de decisin de hoy 10 de septiembre de 2015, la Seccin Cuarta del Consejo de Estado, integrada por los magistrados Martha Teresa Briceo de Valencia, Hugo Fernando Bastidas Brcenas, Carmen Teresa Ortz de Rodrguez y Jorge Octavio Ramrez Ramrez, dict sentencia en los casos 21025, 20946 y 21047, en los que se debata la legalidad de los Decretos 1609 y 2316 de 2013 que definieron la venta de la participacin accionaria de la Nacin en Isagn. El fallo dispone: 1. Denegar la pretensin de nulidad de los artculos 1, 2 y 8 (acusado parcialmente) del Decretos 1609, y primero del Decreto 2316, ambos de 2013, por las razones expuestas en esta providencia. 2. Levantar la medida cautelar de suspensin del procedimiento para la venta de la participacin accionaria que la Nacin tiene en Isagn. 3. A partir de la ejecutoria de esta sentencia, restituir 4 meses y 10 das al plazo establecido en el Decreto 1512 de 2014, para que el Gobierno Nacional reanude y culmine el programa de enajenacin de la participacin accionaria que la Nacin tiene en Isagn, sin perjuicio de lo que pudiera disponer para ampliar el plazo. 4. Declarar probada la excepcin de ausencia de inters que propuso la sociedad Isagn S.A. En consecuencia: desvincular de este proceso a la sociedad Isagn. ver
    2015-09-09 CONTINA SUSPENDIDA LICITACIN PARA SERVICIOS DE VIGILANCIA El Consejo de Estado confirm la suspensin provisional del proceso de licitacin pblica adelantado por la Agencia Colombia Compra Eficiente que pretende seleccionar a los proveedores de un Acuerdo Marco de Precios para los servicios de vigilancia y seguridad privada. La Seccin Tercera record que los Acuerdos Marco de Precios consisten en agrupar, en una bolsa cerrada, un nmero limitado de proveedores para suministrar bienes y servicios a las entidades del Estado, lo que implica que se cierra temporalmente un segmento del mercado pblico para los dems competidores. La Sala hizo un pronunciamiento sobre esta modalidad de contratacin y seal que esta figura negocial debe ajustarse a los principios constitucionales y legales de funcin administrativa, como el artculo 209 de la Constitucin, la libre iniciativa privada, la libre competencia y los principios y valores de la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007. La Constitucin protege los elementos esenciales de la libre competencia, tales como es el derecho que se tiene para ingresar y salir libremente del mercado, participar o competir por l conforme a las condiciones y ventajas comerciales que cada participante encuentre pertinentes y la posibilidad de que sus bienes o servicios puedan llegar a sus consumidores, seala la decisin. Por tal razn, el uso del mecanismo de contratacin conocido como Acuerdo Marco de Precios le impone a la Administracin Pblica el respeto y el sometimiento de aquellas estipulaciones establecidas en Tratados Internacionales sobre el derecho contractual del Estado. ver
    2015-09-09 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIN DE SENADOR JUAN MANUEL GALN La Seccin Quinta del Consejo de Estado neg la nulidad de la eleccin del Senador Juan Manuel Galn Pachn, tras desestimar una demanda ante una supuesta inhabilidad por haber sido elegido simultneamente al Congreso de la Repblica con su hermano Carlos Fernando Galn, en el mismo periodo y por el mismo partido, segn consideraba el demandante. La Sala con ponencia de la Consejera Lucy Jeannette Bermdez Bermdez, consider que no se configura la causal de inhabilidad contenida en el artculo 179 nm. 6 de la Constitucin Poltica, que fue invocada por el actor, por cuanto contrario a lo asegurado en la demanda, lo cierto es que los partidos Cambio Radical y Liberal Colombiano, son del todo distintos. Mantuvo as la Sala de Seccin la posicin fijada en mayo pasado cuando neg las pretensiones en otra demanda con la que se pretenda anular la eleccin del tambin Senador Carlos Fernando Galn, por los mismos motivos. En ambas oportunidades la Sala rechaz enfticamente el argumento segn el cual, por haber surgido el partido Cambio Radical del Partido Liberal y tener algunos pilares e ideologas en comn, son el mismo partido. La Seccin Quinta advirti que si bien hay algunas similitudes entre las dos agrupaciones, son innegables las grandes diferencias entre ambas y ello hace inexistente las inhabilidades alegadas
    2015-09-08 PLAN DE GESTIN AMBIENTAL PARA EXPLOTACIN MINERA El Consejo de Estado ampar los derechos colectivos a la moralidad administrativa, patrimonio pblico, goce de un ambiente sano, preservacin y restauracin del medio ambiente y proteccin de reas de especial importancia ecolgica, vulnerados por una sociedad particular que realiz construcciones sobre el cauce del ro Magdalena en el municipio de Ricaurte (Cundinamarca), para realizar explotacin minera ilegal, y cont con la complacencia de algunas entidades ambientales estatales: Ministerio del Medio Ambiente y la Corporacin Autnoma Regional (CAR). La sociedad vulner el derecho a un ambiente sano y a la proteccin ambiental, pues adelant obras de infraestructura en el cauce del ro Magdalena, sin contar con la autorizacin de la CAR para edificar, desconociendo la normatividad ambiental que as lo exige. Adems, extrajo material de arrastre en exceso al autorizado, sin estimacin alguna respecto al impacto ambiental que pudo implicar el desatender los postulados normativos. Perjudicando, adems, el patrimonio pblico, seala la decisin. La Seccin Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Daz del Castillo, encontr demostrado que la Sociedad no present estudios, planos ni presupuesto previos a la obtencin de la autorizacin ambiental, ni cumpli lo estipulado en el artculo 102 del Decreto 2811 de 1994, que obliga a que toda ocupacin de cauces cuente con la debida autorizacin. Por su parte, las entidades demandadas, adems de no ejercer sus facultades constitucionales y legales dieron lugar a que la conducta infractora continuara y adoptara apariencia de legalidad. Respecto a la complacencia de las autoridades ambientales, la Sala explic que aunque la Corporacin Autnoma Regional adelant diligencias en campo, adopt medidas preventivas y dio inicio al proceso sancionatorio, el procedimiento no fue efectivo, pues se permiti su continuidad, pese a que no contaba con la autorizacin respectiva. Incluso, transcurridos 7 aos de actividad minera ilegal, dio por superada la infraccin, con fundamento en que la sociedad infractora ya haba hecho la peticin a la Autoridad Nacional de Licencias ANLA para obtener la modificacin al Plan de Manejo Ambiental y la ocupacin del cauce del ro Magdalena.
    2015-09-03 NIEGAN REPETICIN CONTRA EXCONTRALOR TURBAY El Consejo de Estado neg la accin de repeticin mediante la cual se pretenda que el excontralor General de la Repblica Julio Csar Turbay Quintero reintegrara ms de 400 millones de pesos, monto de una condena impuesta a la entidad por la declaratoria de insubsistencia de uno de sus empleados. Segn la Contralora, Turbay Quintero deba responder por los daos ocasionados a la entidad, debido a que su administracin actu con desviacin de poder, pues aunque el cargo era de libre nombramiento y remocin, la decisin no poda ser arbitraria y deba sujetarse a la necesidad del mejoramiento del servicio pblico. La Sala no encontr probadas las causales para la procedencia de la accin, pues se demostr que la persona designada para remplazar a quien fue declarado insubsistente cumpla con los requisitos del cargo y tena amplia experiencia para su desempeo. Seala la sentencia que para la Sala no se encuentra configurado el dolo en la actuacin del Dr. Julio Csar Turbay Quintero, todo lo contrario, lo que se observa es que hizo uso legtimo de la facultad otorgada por la misma entidad para la provisin de cargos directamente relacionados con su Despacho, lo anterior, en aras de poner en ese cargo a la persona que en su criterio mejor poda desempear las funciones correspondientes. En la decisin, la Seccin Tercera seala que existe falta de diligencia y cuidado de las entidades del Estado en la interposicin de este tipo de acciones, pues carecen del ms mnimo anlisis de la conducta del servidor pblico, la cual no puede fundarse en una equivocacin simple o leve, por el contrario, debe catalogarse de dolosa o gravemente culposa. Adicionalmente, la providencia expone que la interposicin de estas acciones no debe ser un formalismo legal por parte de las entidades pblicas para salvarse de responsabilidades y evitar los juicios administrativos y fiscales de los entes de control, pues el propsito que las debe guiar es la preservacin de los recursos pblicos. ver
    2015-09-02 MUJER NO PUEDE SER SOMETIDA A TRATOS DEGRADANTES El Consejo de Estado advirti que la mujer no debe ser objeto de tratos indebidos y degradantes que vayan en contra de su dignidad y del respeto que se merece. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al negar una condena contra la Fiscala General de la Nacin por la privacin de la libertad de un hombre que fue acusado de intentar extorsionar a su novia para que no lo abandonara. Los hechos ocurrieron en el 2002 en San Andrs, cuando la joven denunci que su novio le estaba exigiendo 3.500.000 pesos para no publicar en internet un video ntimo de los dos. La Fiscala inici la investigacin y orden su detencin, pero ocho meses despus un juez lo declar inocente del delito de tentativa de extorsin, decisin que fue confirmada en segunda instancia por el Tribunal Superior de San Andrs al considerar que el acusado persigui un afn de venganza por la terminacin de la relacin sentimental y no un inters econmico, puesto que al momento de la entrega del dinero no lo recibi, por lo que no se configur el delito imputado. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, estudi la demanda instaurada por el joven en contra de la Fiscala y encontr que, si bien quien ha sido privado de la libertad tiene derecho a ser indemnizado, en este caso las pruebas aportadas al proceso muestran que el comportamiento del demandante provoc que el ente de investigacin iniciara un proceso penal en su contra, en el que se profirieron las medidas que lo afectaron. La privacin de la libertad de la que fue vctima el demandante obedeci a su propia culpa, toda vez que, como qued visto, viol una obligacin a la que estaba sujeto sin duda, cual fue la de abstenerse de ejecutar un acto tan reprochable como el de coaccionar a su pareja amenazndola con divulgar un video ntimo, a fin de que esta continuara con la relacin sentimental que sostenan, razn por la cual la Fiscala General de la Nacin inici un proceso penal en su contra, en desarrollo del cual y conforme a las pruebas que militaban en el proceso penal, vio la necesidad de implementar las medidas que lo afectaron y, por tanto, es obvio que dicho seor estaba obligado a soportarlas, indica la sentencia. ver
    2015-08-28 NIEGAN SUSPENSIN DE CONCURSO EN LA PROCURADURA La Seccin Segunda del Consejo de Estado, mediante decisiones de agosto 25 y 27 de 2015, neg las medidas cautelares que pretendan la suspensin del concurso de mritos que adelanta la Procuradura General de la Nacin para proveer cerca de 276 cargos de Procurador Judicial grados I y II en la entidad. Los magistrados ponentes, Jorge Octavio Ramrez Ramrez, Gerardo Arenas Monsalve y el Presidente de la Corporacin Luis Rafael Vergara Quintero, coincidieron al afirmar que los argumentos expuestos por los demandantes para solicitar la suspensin son insuficientes. Aunque la peticin de las medidas cautelares, segn el nuevo Cdigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, no requiere de mayores formalidades, ello no implica que el juez deba estudiar desde el inicio el proceso para determinar las consecuencias de un acto administrativo, afirma la providencia, por lo que la solicitud debe estar bien argumentada y respaldada. Adicionalmente, se explic que el concurso de la Procuradura General no puede ser igual al que se realiz en la Rama Judicial para proveer cargos de jueces y magistrados, pues cada entidad pertenece a una carrera especial diferente. Por tal razn, el examen que se encuentra programado para el da 13 de septiembre del 2015 deber realizarse tal y como lo haba ordenado la Corte Constitucional. En consecuencia, el concurso sigue adelante, tal como est programado. ver
    2015-08-27 NIEGAN TUTELA A FAMILIA QUE RECLAMABA MICO AULLADOR El Consejo de Estado neg devolver un mico aullador a una familia que lo reclamaba como propio por haberlo criado y educado, por considerar que no se cumplan los condicionamientos legales para la tenencia de fauna silvestre. La familia accionante argumentaba que el animal contribua en el tratamiento de cncer de uno de los integrantes de la misma y que por tanto se vulneraba su derecho a la salud y vida digna. La Seccin Primera, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, explic que el concepto de propiedad respecto de la fauna silvestre es limitado, pues est sujeto a evitar la disminucin cuantitativa y cualitativa de las especies animales para que no haya un deterioro ambiental. Adems, se debe tener en cuenta que el Estado es el propietario de la fauna silvestre y su tenencia solo puede hacerse de manera legal por medio de zoocriaderos o de caza en las zonas permitidas, con permiso, autorizacin o licencia. Con respecto al argumento de la violacin al derecho a la salud del actor, la Sala seal que aunque no se desconoce que este derecho implica el mejoramiento de sus condiciones de vida a travs de terapias no convencionales, como el uso de animales, su uso debe estar sujeto a un tratamiento mdico y a un plan de rehabilitacin. Es menester aclarar, que en los casos estudiados por la Corte Constitucional cuando se ha ordenado este tipo de tratamiento paliativo ha sido en instituciones especializadas en tratamientos de rehabilitacin con animales, seala la sentencia. Aunque un certificado expedido por el Hospital Central de la Direccin de Sanidad de la Polica Nacional dice que el paciente debe mantener la presencia de mascotas que han compartido con l varios aos, y el actor asegura que la prdida del mico ha empeorado su salud, por padecer de cncer de prstata, el fallo afirma que dicha aseveracin no puede ser de recibo, pues como ya lo destac la Sala, un mico no puede ser una mascota pues hace parte de la fauna silvestre del pas. ver
    2015-08-25 ELIGEN NUEVA MAGISTRADA DE LA SECCIN TERCERA La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a la antioquea Martha Nubia Velsquez Rico como nuevo magistrada de la Seccin Tercera, en remplazo del Doctor Mauricio Fajardo Gmez. La Doctora Velsquez es abogada de la Universidad de Antioquia, especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Pontificia Bolivariana y Magster en Ciencias Polticas de la Universidad de Antioquia. Es adems economista de la Universidad Autnoma. Su ejercicio profesional lo ha desarrollado en la Rama Judicial y en la Academia. Se ha desempeado como magistrada auxiliar de la Seccin Tercera del Consejo de Estado desde el ao 2008. Su experiencia acadmica la llev a ocupar el cargo de Decana de la Facultad de Derecho y Ciencias Polticas de la Universidad de Antioquia durante seis aos (2002-2008). Sus distinciones como docente en importantes universidades del pas, sus reconocimientos y publicaciones le permitieron llegar al mximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
    2015-08-25 REABREN PERIODO DE INSCRIPCIN PARA CONSEJO DE GOBIERNO JUDICIAL El Consejo de Estado fij un nuevo calendario de inscripcin para los servidores judiciales que desean postularse para hacer parte del Consejo de Gobierno Judicial, por considerar que la Comisin Interinstitucional fij a los aspirantes requisitos especiales superando su competencia natural cual era organizar dichas elecciones. En este sentido la Magistrada Lucy Jeannette Bermdez Bermdez, ponente de una demanda de nulidad de contenido electoral, decret la suspensin provisional de algunos apartes de los Acuerdos mediante los cuales, la Comisin Interinstitucional de la Rama Judicial al organizar las elecciones, como se le orden en el Acto Legislativo conocido como de Equilibrio de Poderes, ejerci facultades reglamentarias y extraordinarias de legislador. Se trata especficamente de los artculos 3 y 5 del Acuerdo No. 06 de 2015, por cuanto en ellos se impuso a los aspirantes la condicin de no haber sido sancionados en los ltimos cinco aos, excediendo la facultad otorgada por cuanto se ha creado una inhabilidad por un rgano diferente al Congreso de la Repblica, sin que exista autorizacin constitucional que ampare tal actuar. seal la Consejera de Estado. Adicionalmente se exigi a los aspirantes, acompaar su inscripcin con firmas que equivalgan al 20% del nmero de funcionarios o empleados aptos para votar en la respectiva seccional. Sobre este aspecto consider la Magistrada ponente que constituye en un requisito, que a todas luces es contrario a la facultad otorgada de organizacin electoral. Advirti que es una carga adicional que estableci la Comisin Interinstitucional, sin estar facultada para ello, y que adems no tiene ningn fundamento, pues establecer el 20% resulta arbitrario ya que no existen estudios o argumentos que sustenten esa cifra y puede ser cualquier otra: el 15% o 5% o el 30%.. ver
    2015-08-20 COMPULSAN COPIAS PARA QUE SE INVESTIGUE AL ELN El Consejo de Estado record que el actor armado insurgente tiene deberes de proteccin respecto de la poblacin civil, tal y como lo contemplan los protocolos de Ginebra. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al condenar a la Polica Nacional por la muerte de un concejal de Coromoro, Santander, el 3 de abril de 2006 en la vereda La Mina, perteneciente a dicho Municipio, al ser vctima de un atentado cometido presuntamente por miembros del Grupo Armado Insurgente ELN. Segn la demanda, el Estado es responsable por la muerte del poltico, debido al descuido en la proteccin de su vida, puesto que eran de conocimiento pblico las amenazas de grupos armados al margen de la ley contra los alcaldes y concejales de todo el pas en vsperas de las elecciones del 12 de abril de 2006. La Seccin Tercera seal que el presente caso constituye una violacin al principio democrtico y a los derechos polticos, ya que la entidad demandada no ejecut acciones efectivas para proteger la vida de los Concejales del Municipio de Coromoro que venan recibiendo amenazas contra su vida. Bajo ninguna circunstancia puede concebirse que el ejercicio de los derechos polticos por parte de los ciudadanos suponga una amenaza o exposicin antijurdica a los derechos humanos fundamentales de sus titulares, indica la sentencia. La Sala explica que este caso constituye una violacin al Derecho Internacional Humanitario por parte del grupo insurgente, puesto que se trata de la realizacin de actividades hostiles en contra de la vida e integridad fsica de miembros de la poblacin civil que deben estar siempre al margen del conflicto armado interno. En la sentencia se compulsan copias a la Fiscala General de la Nacin para que se investigue si en este caso el grupo armado insurgente viol las normas de Derecho Internacional Humanitario o las reglas de la guerra. ver
    2015-08-19 NIEGAN PRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTAS El Consejo de Estado neg la perdida de investidura de la Senadora Claudia Lpez Hernndez y de la Representante a la Cmara Anglica Lozano Correa, al no encontrar una supuesta violacin al rgimen de inhabilidades e incompatibilidades por parte de las congresistas. Segn el demandante, las dos parlamentarias se inscribieron para el mismo periodo al Congreso de la Repblica y por el mismo partido poltico, sin tener en cuenta que convivan como pareja en unin permanente. La Sala Plena de la Corporacin, en sentencia de unificacin, seal que no se logr demostrar que la relacin sentimental entre las dos demandadas violara la ley, puesto que dicha relacin no rene las caractersticas de una unin permanente como son la cohabitacin bajo un mismo techo de forma continua e ininterrumpida con el nimo de ayudarse bajo una comunidad de vida estable como cualquier familia. La Senadora y la Representante fijaron sus residencias antes, durante y despus de las elecciones al Congreso en sitios distintos, pues al momento de sus inscripciones la primera estudiaba en el exterior y la segunda ejerca como concejal de Bogot, indica la sentencia. En el fallo tambin se recuerda que hoy en da el trmino Familia puede predicarse de las uniones maritales de hecho integradas por dos hombres o dos mujeres que deciden crear una convivencia. Bajo ese contexto se concluye que las prohibiciones o inhabilidades que contiene la Constitucin para el ejercicio de congresista son asimilables a las parejas homosexuales en unin libre, lo contrario resultara adverso al inters general de evitar que una misma familia acapare los mximos cargos polticos de eleccin popular, puntualiza la sentencia.
    2015-08-14 REASIGNACIN DE PROCESOS EN LA FISCALA DEBE TENER CONTROL La libertad que tiene el Fiscal General de la Nacin para asignar o reasignar procesos no est exenta de control judicial por parte del Consejo de Estado. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gmez Aranguren, explic que esa libertad que le otorga la Constitucin al Fiscal General en la asignacin de procesos a otros fiscales debe ser controlada para garantizar la transparencia de la administracin de justicia. El pronunciamiento del Alto Tribunal fue hecho al anular una Resolucin de septiembre de 2011, expedida por la entonces Fiscal General, para variar la asignacin de una investigacin. La liberalidad extrema en la asignacin o reasignacin de investigaciones penales a fiscales delegados, genera dos consecuencias graves para el carcter judicial de la Fiscala General de la Nacin: la mecanizacin irrazonable del investigador como un simple operador, a quien se lo ubica o remplaza por el mero arbitrio de una autoridad superior, y por consecuencia, la desaparicin por completo de cualquier indicio de independencia y criterio propio de un servidor judicial, lo que evidentemente merma la transparencia en el compromiso y oponibilidad de una funcin judicial primordial del Estado, indica la sentencia. La demanda instaurada en contra de esa Resolucin sealaba que en el 2011 se orden la reasignacin de una investigacin que adelantaba la Fiscala por estafa, hurto agravado y falsedad. Dicho proceso se inici con la denuncia que fue presentada por el seor Manuel Rincn, esposo de la excongresista Lucero Corts, en contra de quienes fueran sus socios en la desaparecida empresa Superview. Segn la demandante, dicho proceso fue reasignado sin que existieran razones objetivas calificables como excepcionales para adoptar esa decisin, lo cual la llev a acudir al Consejo de Estado. La Seccin Segunda estudi el caso y encontr que antes de la reasignacin del proceso un Fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia haba sealado que no era conveniente cambiar el fiscal que vena conociendo el caso; sin embargo, se orden el cambio con los mismos argumentos que utiliz el Fiscal delegado para decir que no. ver
    2015-08-12 ACLARAN MEDIDA CAUTELAR EN CASO ISAGN El Consejo de Estado aclar que el plazo fijado para la enajenacin de las acciones de Isagn tambin qued suspendido cuando se profiri la medida cautelar que orden la suspensin temporal de la venta. La aclaracin fue hecha por el ponente del proceso, magistrado de la Seccin Cuarta, Hugo Fernando Bastidas Brcenas, en respuesta a una solicitud hecha por los Ministerios de Hacienda y de Minas y Energa. El magistrado seal que el plazo fijado por el Gobierno Nacional para ejecutar la enajenacin de la participacin accionaria en Isagn fue fijado finalmente por el Decreto 1512 de 2014, plazo que vencera el 24 de septiembre de 2015. En consecuencia, la Sala Unitaria mantendr la medida cautelar decretada el 14 de mayo de 2015. No obstante, la aclarar, en el entendido de que la orden de suspender temporalmente el procedimiento o actuacin para la venta de las acciones que la Nacin posee en Isagn, implica tambin la suspensin del plazo fijado por el Decreto 1512 de 2014, indica el Auto de la aclaracin. ver
    2015-08-10 PIDEN A FISCALA INVESTIGAR A LAS FARC POR DESPLAZAMIENTO FORZADO El Consejo de Estado compuls copias a la Fiscala General de la Nacin para que se investigue a las Farc por el delito de desplazamiento forzado. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Hernn Andrade Rincn, seal que el grupo al margen de la ley transgredi las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario al provocar el desplazamiento forzado del dueo de tres predios en el municipio de Mesetas (Meta), durante la zona de distensin que se estableci al sur del pas como parte de las conversaciones de paz que se iniciaron con las FARC en 1998. Segn el demandante, en diciembre de 1999 hombres armados ingresaron a sus predios y hurtaron ganado y otros enseres, luego de recibir amenazas constantes para que se cancelara la denominada vacuna. Por tal motivo, se vio obligado a abandonar sus tierras. Aunque no se logr establecer el nmero exacto de las cabezas de ganado perdidas y de los bienes muebles, la Sala encontr que con la puesta en marcha de la llamada zona de despeje se configur un dao al demandante que se concret en la imposibilidad de continuar ejerciendo su derecho de posesin sobre los predios ubicados en el municipio de Mesetas (Meta), debido a las amenazas por parte de las FARC. La Sala ha considerado que en aquellos casos en los que se verifique una actuacin legtima por parte de una autoridad administrativa, pero que con cuya ocasin se haya generado un dao antijurdico, se ve comprometida la responsabilidad patrimonial del Estado, indica la sentencia. Agrega el fallo que, teniendo en cuenta que en Colombia existe un conflicto armado, es deber de las partes respetar las disposiciones del Derecho Internacional Humanitario, dentro de los que se encuentran los principios de distincin y de proteccin (llamado tambin de humanidad o inmunidad) en atencin a los cuales se encuentran prohibidos los desplazamientos forzados a la poblacin civil. ver
    2015-08-06 ETB PIERDE PLEITO CONTRA EL MINISTERIO DE COMUNICACIONES El Consejo de Estado se inhibi de pronunciarse de fondo en la demanda que interpuso la ETB contra el Ministerio de Comunicaciones y en la cual reclamaba el pago de cerca de 22.000 millones de pesos como indemnizacin debido a la supuesta falta de informacin por parte del Fondo de Comunicaciones para obtener la compensacin de los subsidios entregados en 1998 a los estratos 1, 2 y 3. La Seccin Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto, explic que la ETB debi interponer una demanda de nulidad contra las Resoluciones que negaron el reembolso de los subsidios, expedidas con fundamento en normas mediante las cuales el Ministerio precis cmo seran distribuidos los excedentes que ingresaran al Fondo y que se originaran de los supervits y en qu casos procedera el desmonte de los auxilios. Segn la demanda, durante los aos 1998 y 1999, la ETB otorg subsidios a los estratos 1, 2 y 3, los cuales como no pudieron ser compensados con las contribuciones de los estratos 5 y 6, predios industriales y comerciales, le generaron un dficit que super los dos mil millones de pesos. Por tal razn, solicit el reembolso de los dineros al Fondo de Comunicaciones, quien respondi de forma negativa a travs de un acto administrativo. En el 2001, el director de contabilidad y revisor fiscal de la ETB sealaron que el valor neto de subsidios y contribuciones durante el ao 1998 ascendi a la suma de $21.895.851.314. La ETB argument falta de informacin y, por tanto, consider que existi omisin por parte del Ministerio, pues no poda autnomamente suspender los subsidios porque se afectara a los usuarios, por lo que considera que el dficit debe ser suplido. La Sala, por su parte, explic que lo que la ETB pretende es enjuiciar la legalidad de las decisiones de la administracin y de los actos administrativos que estaban vigentes, por lo que no debi acudir a una accin de reparacin directa, sino a una accin de nulidad contra dichas resoluciones. ver
    2015-08-04 ANULAN ELECCIN DE REPRESENTANTE POR EL HUILA La Seccin Quinta del Consejo de Estado -sin intervencin del Consejero Alberto Yepes Barreiro a quien desde el inicio del proceso se le acept el impedimento por amistad cercana con la demandada- declar la nulidad de la eleccin de la doctora Ana Mara Rincn Herrera como Representante a la Cmara por el Departamento del Huila para el periodo 2014-2018, por cuanto encontr demostrado que dentro de los seis meses anteriores a su eleccin ejerci como gerente Regional del Banco Finandina y despleg actividades que se materializan en gestin de negocios con el Municipio de Baraya y con Aguas del Huila S.A. ESP. Para el Consejo de Estado, estas actividades que fueron realizadas por la doctora Rincn Herrera, en su calidad de gerente bancaria, le permitieron potenciar su prestigio para su candidatura, lo cual se halla prohibido por el artculo 180 de la Constitucin Poltica. En Sala de Seccin, la Magistrada Lucy Jeannette Bermdez Bermdez y los seores conjueces Dra. Esperanza Gmez de Miranda y Dr. Augusto Hernndez Becerra, encontraron que la doctora Rincn Herrera, al fungir como gerente del Banco Finandina, en desarrollo de su gestin particip y tom parte en actuaciones y diligencias ante entidad pblica, que implicaron acercamientos a organismos estatales, que se trat de negocios privados y lucrativos y en forma directa gestion negocios a favor de un tercero, en este caso el Banco Finandina Seal el Consejo de Estado que la entonces gerente bancaria dentro del perodo inhabilitante de los seis meses anteriores a la eleccin, intervino en la gestin de negocios y con ello favoreci a un tercero (Banco Finandina) y potencializ en beneficio propio su nombre ante las entidades estatales, circunstancia que no es igualitaria para todos aquellos participantes en las justas electorales. Sin embargo, al decidir sobre la Demanda de Nulidad interpuesta por el seor Ivn Medina Ninco, la Sala decidi que no prosperaba la causal de celebracin de contratos dentro de los seis meses anteriores que invocaba el demandante, porque estableci que el contrato referido se celebr cerca de once meses antes de la eleccin, es decir por fuera del periodo inhabilitante que es de seis meses.
    2015-08-04 DECLARAN NULIDAD DE ELECCIN DE SECRETARIO DE COMISIN SEXTA DE SENADO La Seccin Quinta del Consejo de Estado declar la nulidad del acto de eleccin de Jorge Eliecer Laverde, Secretario de la Comisin Sexta Constitucional del Senado, contenida en el Acta de 2 de agosto de 2014. Concluy la Seccin que el acto de eleccin desconoci los plazos contenidos en la convocatoria para la eleccin, sin justificacin constitucional o legal para ello. En el acto de eleccin del mencionado secretario, se present una anomala en el procedimiento de eleccin, vulnerndose el debido proceso al modificar sustancialmente y sin fundamento normativo, los trminos para presentar las hojas de vida, sin que dicha alteracin al procedimiento estuviese avalada ni en la convocatoria ni en el reglamento del Senado. La sentencia seala como regla para los procedimientos de eleccin o seleccin, que los trminos y condiciones de una convocatoria son plenamente vinculantes y aquellos no podrn ser modificados, salvo cuando lo autorice el cronograma o reglamento de la respectiva entidad, o cuando acaezca una situacin que se pueda catalogar de fuerza mayor o caso fortuito.
    2015-08-04 NIEGAN PRDIDA DE INVESTIDURA DE CONGRESISTAS El Consejo de Estado neg la prdida de investidura del Senador Juan Manuel Corzo Romn y de la Representante a la Cmara Tatiana Cabello Flrez, al considerar que no incurrieron en ninguna causal de inhabilidad. En el caso del Senador Corzo, el demandante aseguraba que el congresista haba incurrido en trfico de influencias para que fuera elegido Luis Lizcano Contreras en la Direccin de la Corporacin Autnoma Regional de la Frontera Nororiental (Corponor), en el 2006. La Sala Plena analiz las pruebas aportadas al proceso y concluy que no era posible demostrar que Juan Manuel Corzo, en su condicin de Senador, hubiera influido en alguna de las personas que componan el Consejo Directivo de Corponor, que era el rgano encargado de la eleccin del Director General de la entidad, para que se designara al seor Luis Lizcano en ese cargo. En el caso de la Representante a la Cmara Tatiana Cabello Flrez, la Sala Plena tampoco encontr demostrado una supuesta inhabilidad que alegaba el demandante por haber estado vinculada a la Empresa de Telfonos de Bogot (ETB), antes de inscribir su aspiracin al Congreso.
    2015-07-28 ARMADA DEBER RESPONDER POR OCUPACIN ILEGAL DE HOTEL EN SAN ANDRS El Consejo de Estado declar la responsabilidad de la Armada Nacional y el Ministerio de Defensa por los perjuicios causados a una entidad particular de la isla de San Andrs debido al allanamiento, incautacin y ocupacin realizada sobre un hotel de su propiedad entre 1989 y 1994, por lo que orden el pago de una indemnizacin por ms de 1.900 millones de pesos. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Hernn Andrade Rincn, explic que tanto la Direccin Nacional de Estupefacientes como la Armada Nacional fundamentaron el decomiso y ocupacin del Hotel y dems bienes en su supuesto nexo con actividades de narcotrfico. Sin embargo, no se demostr que en ese lugar se conservaran sustancias alucingenas, ni cualquier otro elemento vinculado, por el contrario, se aclar que los representantes del Hotel no estaban investigados penalmente, no eran requeridos por ninguna autoridad, no tenan antecedentes judiciales ni de Polica, y sus bienes haban sido adquiridos mediante el desarrollo de actividades comerciales legales. En este caso, la sentencia afirm que no se acreditaron los hechos previstos en la ley para que fuera procedente el decomiso y ocupacin de los bienes que conformaban el mencionado Hotel, se deduce la prueba de la falla del servicio por parte de la Armada Nacional quien realiz la ocupacin y el decomiso de los bienes muebles e inmuebles y de la Direccin Nacional de Estupefacientes que destin provisionalmente tales bienes a la Armada Nacional. Adicionalmente, la Direccin Nacional de Estupefacientes tena como objetivo fundamental la correcta disposicin de los bienes ocupados o decomisados por su directa o indirecta vinculacin con los delitos investigados por sus dependencias y deba supervisar la utilizacin de los bienes por parte de los destinatarios provisionales o depositarios. La Armada Nacional asumi las mismas obligaciones que impone la Ley para los secuestre judiciales, es decir, el cuidado de los bienes a su cargo, por lo que deba restituir la misma cosa o cosas recibidas y en las mismas condiciones en que le fueron entregadas, con todas sus accesiones y frutos. En este caso, se demostr el deterioro del hotel y dems bienes a su cargo como consecuencia del uso indebido al que fueron sometidos por parte de la Armada Nacional. Por tal razn, se configur una falla del servicio y una responsabilidad solidaria, pues mientras la DNE no vigil el uso de los bienes a su cargo, la Armada no devolvi los bienes que le fueron dejados a su guarda en las mismas condiciones en las que los recibi. ver
    2015-07-28 DECRETAN PRDIDA DE INVESTIDURA DE EXSENADOR HCTOR JULIO ALFONSO El Consejo de Estado decret la prdida de investidura del exsenador Hctor Julio Alfonso Lpez, solicitada por el entonces secretario de Transparencia de la Presidencia de la Repblica Doctor Rafael Mara Merchn por incurrir en violacin al rgimen de incompatibilidades constitucionalmente establecido, concretamente la de gestionar la celebracin de contrato con entidad pblica, prevista en el artculo 180 numeral 2 de la Carta Poltica. Encontr la Sala Plena del Consejo de Estado que el entonces senador de la Repblica ejerci simultneamente su actividad como congresista e intervino en su calidad de socio accionista de la sociedad Aposucre S.A., en la autorizacin para la celebracin de un contrato para la concesin de juegos y apuestas con la Empresa Comercial de Juegos, Suerte y Azar (Emcoazar). La Corporacin analiz los aspectos objetivos de la causal de inhabilidad atribuida al excongresista, por cuanto fungiendo como Senador de la Repblica simultneamente en calidad de socio de la persona jurdica Aposucre S.A. actu en forma directa en el acto de Asamblea Extraordinaria en el que se aprob, por unanimidad, autorizar al representante legal para celebrar contrato de concesin para la explotacin del monopolio del juego de chance en el Departamento de Sucre con la empresa industrial y comercial del orden departamental, segn consta en el Acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas 003-2013 de 2 de julio de 2013. Para el Consejo de Estado no fueron de recibo las razones que el demandado expuso en su defensa, segn las cuales, tena poca participacin accionaria, argumento que se descart en aplicacin de la figura de la subordinacin societaria; y, supuesto mandato que haba otorgado para que lo representaran en la Asamblea de Accionistas celebrada el 2 de julio de 2013, el cual no prob, razn suficiente para entender que si la decisin societaria se lee en el Acta de Asamblea- fue adoptada por todos los socios, incluido el excongresista. Tampoco logr demostrar la venta de acciones que le eran propias, por cuanto se prob que se realiz el 24 de julio de 2013 tiempo despus de haberse dado la autorizacin para contratar la concesin de los juegos de suerte y azar en el Departamento de Sucre.
    2015-07-27 EN FIRME, AUTO DE PRUEBAS EN CASO ISAGN El Consejo de Estado rechaz, por improcedente, el recurso de splica contra el auto que decret pruebas en el proceso que pretende la nulidad de los Decretos 1609 y 2316 de 2013, mediante los cuales se autoriz el proceso de venta de las acciones de propiedad de la Nacin en Isagn. El demandante, en la audiencia pblica realizada el pasado 8 de julio, interpuso recurso de splica con el fin de que se tuviera en cuenta dentro del proceso una prueba adicional, relacionada con la modificacin al reglamento de la segunda etapa de la venta de acciones de Isagn, que fue publicada el 3 de marzo del 2015. Segn el demandante, la adicin del reglamento establece que se les debe exigir a los inversionistas precalificados que en los siguientes siete aos no se puede cambiar el domicilio social de Isagn de la ciudad de Medelln. Por tanto, estima que deben solicitarse y tenerse en cuenta informes que presente la DIAN sobre el impacto tributario y fiscal que representa para el Estado el hecho de que cumplido el plazo de los siete aos, el nuevo dueo de Isagn decida cambiar su domicilio legal. La Seccin Cuarta, con ponencia de la magistrada Martha Teresa Briceo de Valencia, explic que el recurso de splica, segn lo establecido por la ley, debe pretender controvertir la decisin del magistrado ponente y en este caso no se cumple dicho requisito. Por el contrario, el demandante pretende adicionar pruebas, lo cual resulta a todas luces extemporneo en esta etapa procesal, pues las oportunidades para pedir pruebas en el proceso contencioso administrativo son las previstas en el artculo 212 de la Ley 1437 del 2011. Aunque el demandante afirma que es un hecho sobreviniente, teniendo en cuenta que el reglamento fue publicado en marzo de este ao, y la demanda se interpuso en octubre del 2013, la Sala es clara al sealar que el plazo de los siete aos siguientes a la fecha de cierre de la venta no fue establecida el 3 de marzo de 2015 en la modificacin del reglamento, porque estaba instituida desde el 25 de noviembre de 2013, fecha en que se expidi el Reglamento de la Segunda Etapa. Seala la decisin que si el demandante quera controvertir la legalidad de dicha regla, contaba con la oportunidad procesal de reforma de la demanda para aadir este nuevo argumento, teniendo en cuenta que su demanda fue finalmente admitida el 28 de agosto de 2014. Por tanto, existen reglas claras del procedimiento contencioso administrativo para salvaguardar el derecho de defensa de las partes ver
    2015-07-23 CONDENAN AL MINISTERIO DE DEFENSA POR MUERTE DE MENOR El Consejo de Estado conden al Ministerio de Defensa por la muerte de un menor durante un enfrentamiento que se present entre uniformados de la Polica Nacional y un grupo de delincuentes que pretendan asaltar a unos repartidores de leche en el Barrio Comuneros de Cali, en octubre de 2000. El menor sala de su casa en una bicicleta justo en el momento en que se present el intercambio de disparos, resultando herido por una bala que se incrust en su cuerpo. De inmediato fue trasladado al Hospital Universitario del Valle, donde falleci a los tres de das de haber ingresado. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Hernn Andrade Rincn, seal que, aunque se demostr que el proyectil que impact en el menor no corresponde a los que portaban los uniformados de la Polica en ese momento, se present una falla en el servicio puesto que los agentes no podan llegar al lugar disparando. No puede ser aceptable para la Sala que una patrulla motorizada de la Polica Nacional incursione en el lugar de los hechos disparando, sin consideracin a que se encontraba en una zona residencial, precisamente donde era previsible la permanencia de residentes y transentes, elementos de prueba que permiten entender que los policiales actuaron de manera defectuosa en el cumplimiento de sus funciones o que durante la prestacin del servicio desatendieron los procedimientos de rigor para los cuales han sido preparados, indica la sentencia. La Sala explica que si bien el enfrentamiento entre las fuerzas del orden y los delincuentes puede resultar legtimo, la vctima no tiene por qu soportar los perjuicios sufridos en tales circunstancias, independientemente de quin los haya causado. El Ministerio de Defensa deber indemnizar a los familiares del menor con 218 millones de pesos por los daos y perjuicios ocasionados. ver
    2015-07-22 ELIGEN NUEVO AUDITOR GENERAL DE LA REPBLICA La Sala Plena del Consejo de Estado eligi al doctor Carlos Felipe Crdoba Larrarte como nuevo Auditor General de la Repblica para el periodo 2015-2017, en remplazo de Laura Emilce Marulanda, que termina su periodo constitucional este 23 de julio. El doctor Crdoba Larrarte es profesional en Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia, especialista en Alta Gerencia de la Universidad Libre de Pereira (Risaralda) y mster en Accin Poltica, Fortalecimiento Institucional y Participacin Ciudadana en el Estado de Derecho de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid (Espaa). El nuevo Auditor tiene amplia experiencia profesional en el sector pblico y privado, como Director Nacional del Programa Anticontrabando de la Federacin Nacional de Departamentos, Vicecontralor General de la Repblica, Contralor Delegado para la Participacin Ciudadana, Director de Promocin y Desarrollo y Contralor General encargado, Director de Despacho de la Gobernacin de Risaralda, Secretario de Gobierno y Alcalde encargado de Pereira y Coordinador Nacional del rea para la Proyeccin Social, la Oficina de Cooperacin Internacional y el Programa de lucha contra la corrupcin para jvenes de la Presidencia de la Repblica. Entre sus publicaciones se destacan el Manual para la Vigilancia y Control de las Regalas Directas y la Importancia de los Medios de Telecomunicacin en Colombia.
    2015-07-22 ELIGEN MAGISTRADOS DE LAS SECCIONES QUINTA Y PRIMERA La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Carlos Enrique Moreno Rubio como nuevo magistrado de la Seccin Quinta, en remplazo de la Doctora Susana Buitrago Valencia, y a Roberto Augusto Serrato Valds como nuevo magistrado de la Seccin Primera, en remplazo del Doctor Marco Antonio Velilla Moreno. El Doctor Moreno Rubio es abogado de la Universidad Libre con especializacin en Derecho Administrativo de la misma institucin acadmica. Tambin es especialista en Derecho Laboral y Relaciones Industriales de la Universidad Externado y en Derecho Procesal Civil de la Universidad del Rosario, y Doctor en Derecho Tributario de esta ltima institucin. Se ha desempeado como Magistrado auxiliar de la Corte Suprema de Justicia, Juez Laboral del Circuito y abogado litigante. Actualmente es magistrado de la Seccin Primera del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Por su parte, el Doctor Roberto Serrato Valds es abogado de la Universidad Externado de Colombia y especialista en Derecho Administrativo de la Universidad Santo Toms, con una Maestra en Conciliacin extrajudicial en asuntos de lo Contencioso Administrativo de la Universidad Sergio Arboleda. Desde 1992 ha desempeado diferentes cargos en la Procuradura General de la Nacin como profesional especializado en la oficina para la defensa de los Derechos Humanos, Procurador Auxiliar en Asuntos Disciplinarios, Procurador Judicial para Asuntos Administrativos y desde el 2004 es Procurador Delegado ante la Seccin Primera del Consejo de Estado.
    2015-07-21 CONFIRMAN LAUDO EN CONTRA DEL BANCO DE LA REPBLICA El Consejo de Estado neg la nulidad del laudo que fall en contra del Banco de la Repblica y lo obliga a pagar ms de 1.044 millones de pesos a varias aseguradoras, que segn la entidad deban asumir la responsabilidad que se le endilg al Banco en el caso del Upac. A juicio del Banco Central, en el contrato de seguros se pact una clusula segn la cual las aseguradoras indemnizaran al Banco respecto de su responsabilidad derivada de la prestacin de servicios bancarios, lo que deba incluir su funcin de fijar la metodologa para determinar los valores de la Unidad de Poder Adquisitivo Constante (Upac). La situacin generada por las decisiones del Banco llev a varias demandas contra entidades financieras relacionadas con el tema Upac, en los que el banco fue llamado en garanta y por tanto pretenda que fuera cubierto por las aseguradoras. Sin embargo, las aseguradoras se negaron a los pagos, pues estimaron que dicha clusula no inclua la posible responsabilidad que le fuera atribuible al Banco de la Repblica en su ejercicio de Reglamentacin, que fue lo que hizo con el tema de las tasas y cobros. La situacin fue definida por un Tribunal de Arbitramento en noviembre del 2012, que estim que las aseguradoras no deban cubrir la responsabilidad del Banco por su funcin de reglamentacin, sino solo de servicios bancarios, lo que no aplicaba en el caso del Upac. Adems, se conden al banco para que asumiera el 65% de los gastos del proceso, por lo que pidi la nulidad del fallo arbitral ante el Consejo de Estado. La Seccin Tercera, Subseccin C, neg la nulidad del fallo, pues consider que lo que el Banco pretenda era controvertir su inconformidad con el monto de la condena, lo cual no es procedente dentro del recurso de anulacin. La Sala explic que el recurso de anulacin de un laudo tiene causales que estn expresamente definidas en la ley y que solo procede por vicios en su procedimiento, pero no por inconformidades con el juzgamiento del caso. ver
    2015-07-21 ELIGEN MAGISTRADO DE LA SECCIN TERCERA La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Guillermo Alfonso Snchez Luque como nuevo magistrado de la Seccin Tercera, en remplazo del Doctor Enrique Gil Botero. El Doctor Snchez Luque es abogado de la Universidad del Rosario con especializacin en Derecho Administrativo de la misma institucin acadmica. Tambin es especialista en Derecho Constitucional y Ciencia Poltica del Centro de Estudios Constitucionales de Madrid (Espaa) y Magister en Derecho Constitucional de la Universidad de Pars. Se ha desempeado como abogado de tutela de la Corte Constitucional, Asesor de la Superintendencia de Servicios Domiciliarios y Jefe de la Oficina Jurdica de la misma entidad. Actualmente es magistrado auxiliar de la Seccin Tercera del Consejo de Estado. Adems se ha destacado como docente en diferentes universidades de Bogot como la Javeriana, la Nacional de Colombia, el Externado y el Rosario.
    2015-07-15 ELIGEN MAGISTRADO DE LA SECCIN SEGUNDA La Sala Plena del Consejo de Estado eligi a Carmelo Daro Perdomo Cuter como nuevo magistrado de la Seccin Segunda, en remplazo de la Doctora Bertha Luca Ramrez de Pez. El Doctor Perdomo Cuter es abogado de la Universidad Catlica de Colombia con especializacin en Derecho Constitucional y Derecho Pblico de la Universidad Nacional. Tambin tiene una Maestra en Derecho Administrativo de la Universidad Externado. Se ha desempeado como magistrado del Tribunal Administrativo de Boyac y Casanare, Procurador Delegado, Asesor del Despacho del Procurador General y jefe de la Divisin Poltica de la misma entidad. Actualmente es magistrado del Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Tambin se ha destacado como docente de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en diferentes universidades de Bogot como la Autnoma, la Gran Colombia y la Catlica de Colombia.
    2015-07-13 CONDENAN A EPS PRIVADA POR FALLA MDICA El Consejo de Estado declar responsable al Seguro Social y a una institucin prestadora de salud (IPS) privada, por la muerte de una mujer debido a una falla en la atencin mdica posoperatoria, en hechos ocurridos en la ciudad de Medelln en el ao 1998. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Ramiro Pazos Guerrero, conden a las entidades a pagar ms de 612 millones de pesos como indemnizacin por perjuicios materiales e inmateriales a la familia de la vctima. La Sala explic que aunque la IPS es privada, su responsabilidad debe ser juzgada bajo los principios del derecho pblico y debe responder como si la entidad fuese oficial, debido a que su actividad y conducta tiene un componente de inters general. En el caso analizado, la Sala encontr probada la falla en el servicio por parte de la IPS sociedad mdica, pues luego de un procedimiento ambulatorio de laparoscopia a una paciente, y pese a que ella present alteraciones en su estado de salud luego del mismo, no se atendi oportuna ni adecuadamente y se gener un proceso infeccioso que desencaden en la muerte de la mujer luego de dos meses de padecimientos. La clnica fue contratada por el Instituto de Seguros Sociales para la prestacin de los servicios de salud. Por ello, le asiste a dicha clnica la calidad de agente respecto del I.S.S., explica la sentencia. Entre otras cosas, el fallo registr que se aport la historia clnica incompleta, lo que permiti inferir la falta de diligencia en la prestacin del servicio, teniendo en cuenta que este documento no solo es el pilar basilar que da fe de la calidad ofrecida en la atencin mdica hospitalaria, sino tambin porque es uno de los principales medios probatorios, que en compaa de las reglas de la experiencia y la sana critica, permiten de manera inequvoca la formacin del grado de conviccin del juez. ver
    2015-07-10 SE PROHIBE VENTA DE TIERRAS EN LOS FARALLONES DE CALI El Consejo de Estado ampar los derechos colectivos a la proteccin de reas de especial importancia ecolgica y exhort a la alcalda de Cali a que conserve los baldos que tenga en su poder y evite la comercializacin de tierras que hacen parte de la Reserva Forestal o del Parque Natural los Farallones de Cali. La Seccin Primera, con ponencia de la magistrada Mara Claudia Rojas Lasso, explic que la omisin del Ministerio de Ambiente de inscribir en la Oficina de Registros Pblicos la Resolucin 92 de 1968 mediante la cual el Incora declar como Parque Natural los Farallones de Cali, 15.000 hectreas y 2.000 metros cuadrados de reserva, afecta la proteccin de dichas tierras, para evitar su comercializacin. La entidad ha excedido los lmites de lo razonable para inscribir la afectacin, amenazando directamente el ecosistema del Parque Nacional Natural los Farallones de Cali y violando el derecho colectivo a la proteccin de reas de especial importancia ecolgica por la prolongada y manifiesta transgresin de este mandato normativo, seala la sentencia. Pues han pasado ms de 30 aos desde que se dio la orden, y aunque el Ministerio fue creado en 1993, ello no lo exime de cumplir en un tiempo prudencial dicha obligacin. Con respecto a la sustraccin de cerca de 1.050 hectreas de dicha zona de reserva que hizo el Ministerio de Ambiente en 1998 para la construccin de vivienda de inters social, la Sala explica que se cumplieron los presupuestos para efectuar las exclusiones de terrenos protegidos, pues hubo una situacin razonable y de inters social. Sin embargo, el fallo exhorta a la Superintendencia de Notariado y Registro, al Ministerio de Ambiente y al Municipio de Cali a velar por el cumplimiento de lo dispuesto en el artculo 13 de la Ley 2 de 1959, acerca de la prohibicin de vender tierras que hacen parte de Parques Nacionales Naturales, pues dicha actividad vulnera el derecho colectivo a la proteccin de reas de especial importancia ecolgica. ver
    2015-07-09 ABREN CONCURSO PARA ELEGIR REGISTRADOR NACIONAL Los presidentes de la Corte Suprema, Corte Constitucional y Consejo de Estado abrieron la convocatoria para el concurso pblico y abierto que permitir la eleccin del Registrador Nacional del Estado Civil, por un periodo constitucional de 4 aos, en remplazo del doctor Carlos Ariel Snchez que finaliza su periodo el 5 de diciembre del 2015. Los ciudadanos interesados, que cumplan los requisitos exigidos por la Constitucin en sus artculos 266 y 232 (modificado por el Acto Legislativo 02 de 2015), podrn hacer sus inscripciones en las secretaras generales de las tres Altas Cortes desde este 9 de julio y hasta el prximo 30 de julio del 2015. Los aspirantes deben presentar declaracin juramentada de no encontrarse incurso en ninguna inhabilidad o incompatibilidad para el desempeo del cargo. As mismo, debern anexar el formulario de inscripcin que se publicar en la pgina web de la Rama Judicial: www.ramajudicial.gov.co, los documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos exigidos en la Constitucin, la Ley 1134 de 2007 y el Acuerdo 01 de 2007, expedido por los presidentes de las Altas Cortes.
    2015-07-08 POLICA DEBE SER EJEMPLO EN TRATO A LA MUJER La polica nacional impone a quien voluntariamente ingresa a la institucin, un compromiso de conducta pblica y privada intachable, con el fin de posicionar a los uniformados como referentes sociales o modelos a seguir, en los mbitos personal, familiar, laboral, social e institucional. As lo seal el Consejo de Estado al declarar la responsabilidad de la Polica por el feminicidio, precedido de violencia de gnero, de una seora cuyo compaero era miembro de la institucin. Los superiores del agresor, pese a conocer la situacin de violencia intrafamiliar, toleraron la conducta, lo cual constituye una falla del Estado, pues no actuaron con la debida diligencia para proteger a la mujer de la violencia. La vctima fue encontrada muerta en su casa, por un impacto con el arma de fuego de dotacin del policial. Inicialmente, y segn su compaero permanente, ella se haba suicidado debido a una crisis de celos. Sin embargo, luego del anlisis forense y de balstica, se desestim tal argumento y se comprob que fue agredida. La Seccin Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Daz del Castillo, explic que la violencia domstica puede ser ms grave que la que se ejerce abiertamente, ya que puede convertirse en una verdadera tortura y, en esa medida, no puede invocarse la intimidad y el resorte personal de los hogares para justificar la agresin contra la mujer. En el caso analizado por la Sala, se demostr el maltrato fsico y psicolgico del que era vctima la mujer. Los testimonios de vecinos, amigos e incluso compaeros de trabajo del agresor, sealaron sus constantes infidelidades con menores de edad y las repetidas discusiones y agresiones fsicas que mantena la pareja por esas circunstancias. Seala la decisin que este caso se trat de un feminicidio, mxima agresin en contra de la mujer, debido a que el comandante de la estacin no sancion la conducta de infidelidad pblica con menores de edad del oficial ni verific su situacin familiar, pese a la infraccin de deberes ticos y su compromiso con factores de riesgo de violencia conyugal y le permiti llevar su arma de dotacin a su casa, pese a conocer las denuncias de agresin que pesaban sobre l. La violencia de gnero padecida por la seora requiere de tiempo para asediar, humillar, maltratar o manipular, hasta el punto de producir en la vctima lesiones psicolgicas, debidas al desgaste, la complicidad implcita o el consentimiento del resto del grupo y a la tolerancia del entorno. ver
    2015-07-07 NIEGAN NULIDAD DE CONCURSO DE JUECES Y MAGISTRADOS El Consejo de Estado neg la solicitud de nulidad de la expresin solo se permitir la inscripcin de un cargo, contenida en el Acuerdo No. PSAA13-9939 de 25 de junio de 2013, que regul el proceso de seleccin y convoc al concurso de mritos para la provisin de los cargos de funcionarios de la Rama Judicial. El demandante argumentaba que la restriccin a un solo cargo que tena la convocatoria vulneraba el principio de igualdad, pues en concursos anteriores se permiti aspirar a varios cargos y en varias especialidades. La Seccin Segunda, con ponencia de la magistrada Sandra Lisset Ibarra Vlez, explic que el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, tiene las atribuciones de administrar la carrera judicial y dicha facultad, entregada por la Constitucin es directa, especial, exclusiva y autnoma. Segn la Sala, tal potestad le permite al Consejo Superior dictar los reglamentos necesarios en los aspectos no previstos por el legislador, para que el ejercicio de administrar la carrera administrativa, as como su funcionamiento, sea eficaz. Nada dijo la Ley 270 de 1996, ni los Decretos 052 de 1987 y 1660 de 1978, sobre el contenido o la forma como deba adelantarse la inscripcin de los concursantes al proceso de seleccin, y ante el vaco normativo advertido, este preciso tpico constituye un claro ejemplo de un mbito de regulacin sobre el cual el Consejo Superior de la Judicatura, Sala Administrativa, puede ejercer su potestad reglamentaria especial, directa, excepcional, exclusiva o autnoma, como la define la Corte Constitucional, seala la decisin. Explica la sentencia que el lmite impuesto por la norma: inscripcin a un solo cargo, no transgrede el postulado constitucional relacionado con el derecho a ocupar cargos pblicos, pues la jurisprudencia de la Corte Constitucional nunca ha reconocido a los ciudadanos la garanta o prerrogativa de inscribirse o aspirar a todos los cargos objeto de concurso. As las cosas, tampoco implica un desconocimiento a los dems principios y valores constitucionales como la igualdad, el trabajo, el debido proceso y la dignidad humana. ver
    2015-07-06 SOLICITAN INCLUIR TEMA AMBIENTAL EN NEGOCIACIONES DE PAZ El Consejo de Estado le solicit al Gobierno Nacional incluir la proteccin del ambiente sano, los bienes ambientales, recursos naturales, ecosistemas, biodiversidad y la naturaleza en las agendas para la paz que estn en curso en la Habana (Cuba), y que se tengan en cuenta en cualquier negociacin con grupos insurgentes. La Subseccin C de la Seccin Tercera le solicit adems a la Unidad de Delitos Ecolgicos o Ambientales de la Fiscala General que evale si es procedente investigar a la organizacin insurgente FARC y a aquellos miembros que hayan participado en la comisin de presuntas violaciones a los bienes ambientales afectados por la explosin y vertido de hidrocarburos del oleoducto transandino ocurrido el 15 de abril de 1996, en jurisdiccin del municipio de Puerres (Nario), para lo que se le pide a las autoridades ambientales y territoriales enviar los respectivos informes que se hayan elaborado por esos hechos. Segn los informes escritos del Comit de Atencin de Desastres, las explosiones ocasionadas produjeron daos ambientales, definidas como las afectaciones a las actividades de las personas que se surtan de bienes ambientales (pesca), y daos ecolgicos, referidos a la degradacin o modificacin del medio natural, derivados de la contaminacin en los bienes ambientales de la zona. La Sala seala que los bienes ambientales estn protegidos convencional y constitucionalmente, por lo que tales situaciones representaron la violacin del artculo 55 del Convenio I de Ginebra, que regula los conflictos armados internacionales y establece que en la realizacin de la guerra se velar por la proteccin del medio ambiente natural contra daos extensos, duraderos y graves. Esta proteccin incluye la prohibicin de emplear mtodos o medios de hacer la guerra que hayan sido concebidos para causar o de los que quepa prever que causen tales daos al medio ambiente natural, comprometiendo as la salud o supervivencia de la poblacin. 2. Quedan prohibidos los ataques contra el medio ambiente natural como represalias. As mismo, y segn el artculo 14 del Protocolo II al Convenio de Ginebra, se prohbe atacar o inutilizar los bienes indispensables para la supervivencia de la poblacin civil. El pronunciamiento lo hace el alto tribunal al declarar administrativa y patrimonialmente responsable al Ministerio de Defensa por la muerte de un miembro del Ejrcito encargado de la proteccin del oleoducto transandino cuando fue vctima de una emboscada propiciada por un grupo insurgente en la va Puerres-Ipiales (Nario), el 15 de abril de 1996. ver
    2015-07-02 NIEGAN SUSTITUCIN PENSIONAL A VIUDA DE CONGRESISTA El Consejo de Estado neg la sustitucin pensional a la esposa de un excongresista que falleci en septiembre de 2006, por no cumplir los requisitos de ley para obtener la mesada. La seora alegaba que su esposo haba laborado al servicio del Estado por un lapso de 16 aos, 5 meses y 13 das, habindose desempeado como congresista al culminar su vida laboral, y que complet ms de 20 aos de servicio con la publicacin de dos libros de su autora, los cuales fueron debidamente avalados por instituciones educativas. Segn la demandante, la Ley 50 de 1886 permite que la produccin de un texto sea equivalente a dos aos de servicio al Estado y, como su esposo public dos, significara que se produjo la homologacin de los mismos por cuatro aos de tiempo de servicios; con lo que reuni la edad y el periodo de labor requeridos para obtener la pensin jubilatoria. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gmez Aranguren, seal que la produccin intelectual de los libros tuvo lugar por fuera del ejercicio de la labor docente, pues el autor en ningn momento prest sus servicios al Estado en el magisterio. La produccin aislada de los libros, es decir, despojada de la prestacin del servicio de instruccin o magisterio, no se puede predicar como labor vlida en los trminos de la ley para efecto pensional, si se tiene en cuenta que la pensin jubilatoria en nuestro ordenamiento se constituye a travs de las dcadas, en esa recompensa a la que se hace merecedor su destinatario con ocasin de los servicios que por largo tiempo prest al Estado, indica la sentencia. La Sala explica que no se puede pretender la obtencin del derecho pensional sin cumplir con ese requisito de carcter indispensable como lo es el de la prestacin del servicio pblico. ver
    2015-07-01 BENEFICIARIO DE PENSIN DE CONGRESISTA A DEVOLVER DINEROS El Consejo de Estado le orden a un particular devolver los dineros que el Fondo de Previsin Social del Congreso de la Repblica (Fonprecon) le pag en exceso al reconocerle una sustitucin pensional a la que no tena derecho. Esta persona interpuso accin de tutela para que Fonprecon le siguiera reconociendo su mesada, pese a que ya haba cumplido 25 aos de edad, tiempo que concede la ley despus de los 18 aos para que la persona que dependa del pensionado, pueda culminar sus estudios universitarios. Un juez de Barranquilla le concedi la tutela y le orden a Fonprecon continuar pagando la mesada pensional, lo cual se hizo hasta diciembre de 2002, aunque el Congreso demand a esta persona para que reintegrara esos dineros. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gmez Aranguren, seal que en este caso est comprobada la mala fe por parte del demandado, teniendo en cuenta que la Ley 100 de 1993 es clara cuando determina que solo es posible para el ciudadano percibir la pensin sustitutiva hasta los 25 aos, lo cual se traduce en que se produjo un enriquecimiento ilcito a su favor. Se encuentra que por tratarse de una orden de tutela que el Fondo acat, es evidente que no existe mala fe de su parte, lo que no puede predicarse del demandado, quien movi el aparato judicial, para a travs del mecanismo constitucional de amparo, obtener la prolongacin del pago de la mesada en el tiempo, indica la sentencia. La Sala tambin seala que esta persona ni siquiera tena derecho a la sustitucin pensional, puesto que su padre solo labor como congresista nueve meses y, pese a ello, Fonprecon asumi el pago de la pensin jubilatoria, orden su reliquidacin y la sustitucin en favor de su cnyuge sobreviviente y de sus dos hijos, entre ellos, el demandado. ver
    2015-06-30 NIEGAN PRDIDA DE INVESTIDURA DE SENADOR ROY BARRERAS El Consejo de Estado neg la prdida de investidura del Senador Roy Leonardo Barreras Montealegre al no encontrar demostrado que el congresista haya incurrido en trfico de influencias ante entidades del sector salud. La demanda presentada por el Director de la Red de Veeduras Ciudadanas Pablo Bustos Snchez, sealaba que el Senador, cuando se desempe como Presidente del Congreso en el 2013, solicit al Superintendente Nacional de Salud cambiar al interventor de la EPS Solsalud. La Sala Plena, con ponencia del magistrado Alberto Yepes Barreiro, seal que las pruebas aportadas al proceso no demuestran que el demandado haya efectuado ante las autoridades de salud gestin alguna para lograr el nombramiento de personas recomendadas por l, o el cambio de interventores en empresas intervenidas por la Superintendencia. Si bien est probado que el Senador habl con el Superintendente y el Ministerio de Salud de la problemtica de la EPS Solsalud no hizo un requerimiento o gestin especfica con el fin de satisfacer un inters personal o de un tercero, indica la sentencia. En el fallo tambin se explica que el demandante fundament los hechos denunciados en publicaciones de diferentes medios de comunicacin, las cuales no pueden ser tenidas en cuenta como pruebas porque no cumplen con los requisitos que exige la ley. Adems, en el proceso se tomaron las declaraciones del entonces Superintendente de Salud Gustavo Morales Cobo, y del Ministro de Salud Alejandro Gaviria Uribe, quienes negaron que el Senador hubiese solicitado puestos o cuotas burocrticas. ver
    2015-06-24 CONDENAN AL MINISTERIO DE DEFENSA POR MAL PROCEDIMIENTO MDICO El Consejo de Estado conden al Ministerio de Defensa por los daos ocasionados a una seora despus de que se le realizara un procedimiento quirrgico en el Dispensario de la Tercera Brigada del Ejrcito en Cali, el 25 de septiembre de 2002. A la seora se le practic una laparoscopia diagnstica, debido a un fuerte dolor plvico que presentaba, procedimiento que demor menos de una hora. Ese mismo da sali de la institucin al por no presentar ninguna complicacin. Sin embargo, al da siguiente tuvo que acudir a urgencias de una clnica en Palmira (Valle) por dolor abdominal y de all fue remitida primero al Dispensario de la Tercera Brigada de Cali y luego a la Fundacin Clnica Valle del Lili. Despus de realizados varios exmenes se le detect una perforacin intestinal y peritonitis. De ah en adelante la paciente ingres varias veces a centros hospitalarios por infeccin abdominal con graves consecuencias para su salud, hasta el punto que present insuficiencia cardiaca y respiratoria y le tuvieron que amputar unos dedos del pie por la sepsis. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, estudi el caso y concluy que las complicaciones del estado de salud de la seora se derivaron del primer procedimiento que le realizaron en el Dispensario de la Tercera Brigada. S puede hablarse de una falla en la prestacin del servicio mdico al haberle dado salida a la paciente sin valorar su evolucin y, por tanto, sin percatarse de la perforacin intestinal que haban ocasionado en el procedimiento, as como, en el hipottico caso de que la perforacin intestinal no hubiera ocurrido en el centro asistencial sino horas despus, por no dejarla en observacin, indica la sentencia. Para la Sala es claro que todas las dolencias que la paciente continu presentado despus de que se le practicara la laparoscopia guardan relacin con la sepsis abdominal derivada de ella y, aunque no est plenamente acreditado que en ese procedimiento existi una falla del servicio, lo cierto es que a raz del mismo surgi el dao por el que se demanda. ver
    2015-06-22 DECLARAN NULA ALERTA SANITARIA DEL INVIMA El Consejo de Estado declar la nulidad de la Alerta Sanitaria del Invima que prohibi el consumo y comercializacin de productos elaborados con hoja de coca, provenientes de los territorios indgenas, circunscribiendo estas actividades nicamente a dichos territorios y no al resto del pas. La demandante, que pertenece al resguardo indgena de Calderas (Cauca), argument que dicha Alerta Sanitaria es ilegal ya que genera un injustificado agravio contra los pueblos indgenas y varios de sus derechos fundamentales. El Invima defendi la expedicin de la Alerta Sanitaria sealando que reconoce y respeta el uso ancestral de la hoja de coca por parte de las comunidades indgenas derivadas de su tradicin y cultura, pero que dichos usos deben estar restringidos a sus resguardos. La Seccin Primera, con ponencia de la magistrada Mara Elizabeth Garca Gonzalez, advirti que no es admisible que el Estado colombiano, a travs de entidades como el Invima, induzca a la comunidad en general a que se abstenga de consumir cualquier producto que contenga la hoja de coca, derivado de los territorios indgenas, dado que ello restringira su desarrollo econmico a nivel nacional. Existen suficientes antecedentes jurisprudenciales que respaldan la diversidad tnica y cultural en sus distintas manifestaciones Esta proteccin se traduce, entre otras, en el respeto a su identidad cultural, que aplicado al caso sub examine, adquiere gran relevancia, pues estudios tanto histricos como cientficos han demostrado que el uso de la hoja de coca por parte de las comunidades indgenas hace parte fundamental de su tradicin milenaria y tiene grandes beneficios medicinales como alimenticios, puntualiza el fallo. ver
    2015-06-17 CONDENAN AL ESTADO POR MUERTE DE ESCOLTA DE LILIANA GAVIRIA El Consejo de Estado conden al Ministerio de Defensa por la muerte de un agente de la Polica que fue asesinado mientras se desempeaba como escolta de la seora Liliana Gaviria Trujillo, hermana del expresidente de la Repblica Csar Gaviria Trujillo. Los hechos ocurrieron en abril de 2006, en el municipio de Dosquebradas (Risaralda), cuando la seora Gaviria y su escolta se movilizaban en una camioneta de la Polica Nacional y fueron interceptados por varios hombres armados que les dispararon, ocasionndoles la muerte. La familia del agente de la Polica demand al Ministerio de Defensa argumentando que el atentado era previsible, teniendo en cuenta que la seora Gaviria perteneca a una familia prestante y que el uniformado ejerca funciones de escolta y de conductor del vehculo asignado, al mismo tiempo, circunstancia que le impidi cumplir su misin de proteccin. El Ministerio de Defensa se opuso a las pretensiones de la demanda al sealar que la muerte del escolta fue causada por la accin de un grupo armado al margen de la ley, lo cual constituye una causal exonerativa de responsabilidad. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, explic que si bien en la prctica los hombres de proteccin tambin ejercen actividades de conduccin de vehculos automotores, lo cierto es que ambas son funciones completamente distintas y de imposible cumplimiento simultneo en forma adecuada, razn por la cual no deben concurrir en una sola persona. Tanto es as que su capacidad de respuesta como hombre de proteccin fue prcticamente nula, pues, al no encontrarse en posicin de alerta con su arma de fuego, qued en completa exposicin junto con su protegida a la accin de los agresores, los cuales, adems, no encontraron barrera alguna en las condiciones de seguridad del vehculo, que no contaba con ningn tipo de blindaje, indica la sentencia. ver
    2015-06-16 ORDENAN TRATAMIENTO ODONTOLGICO PARA PERSONA DE LA TERCERA EDAD El Consejo de Estado orden a la Direccin General de Sanidad de la Polica Nacional realizar el tratamiento odontolgico que requiere una persona de la tercera edad para recuperar en su totalidad las piezas dentales que haba perdido. La decisin fue adoptada al confirmar una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que concedi una tutela a un seor de 73 aos de edad que reclamaba la realizacin de un procedimiento odontolgico prescrito por su mdico tratante, debido al dolor que presentaba en sus dientes, lo cual le impeda consumir alimentos y comprometa su salud. La Direccin General de Sanidad seal que el paciente recibi atencin en el Hospital Central de la Polica Nacional y en las dems Unidades Mdicas pertenecientes a la Seccional Sanidad Bogot, pero que el tratamiento prescrito de los ncleos y coronas no era viable por tratarse de un procedimiento odontolgico de carcter esttico que no contempla el plan obligatorio de salud (POS). La Seccin Quinta, con ponencia de la magistrada Susana Buitrago Valencia, estudi el caso y concluy que no solamente el actor carece de los recursos econmicos suficientes para sufragar el costo de las coronas y los ncleos, sino que dentro del plan obligatorio de salud no existe otro tratamiento que supla el prescrito, lo cual permite que va tutela se ordenen los medicamentos o tratamientos que se encuentran excluidos del mismo. Es claro que el tratamiento para la rehabilitacin oral es necesario para el aspecto funcional de la ingesta de alimentos del actor, adems teniendo en cuenta que es una persona de la tercera edad (73 aos), operado de ciruga de corazn abierto, resulta acreditada la vulneracin de los derechos fundamentales a la salud y a la vida digna, los cuales deben ser sujetos de proteccin, indica la sentencia de tutela. ver
    2015-06-10 MINSALUD DEBE REGLAMENTAR UNIDADES DE ATENCIN DE CNCER INFANTIL El Ministerio de Salud y Proteccin Social tiene un plazo de tres meses para que reglamente todo lo concerniente a la Red de Unidades de Atencin de Cncer Infantil del pas. As lo determin el Consejo de Estado al confirmar una sentencia del Tribunal Administrativo de Caldas que resolvi una accin de cumplimiento interpuesta por un particular para que dicho Ministerio regulara algunos artculos de la Ley 1388 de 2010 que estableci medidas de atencin para los nios con cncer en Colombia. La Seccin Quinta, con ponencia de la magistrada Susana Buitrago Valencia, seal que las pruebas dentro del proceso no demuestran que a la fecha el Ministerio de Salud ya hubiese reglamentado los criterios para la conformacin de la Red de Unidades de Atencin de Cncer Infantil del pas, disposicin que se encuentra contemplada en el artculo 11 de la Ley 1388 de 2010. Si bien el Ministerio reglament la Red de Prestacin de Servicios Oncolgicos, dicha red se encamina a la prestacin del servicio para la atencin del cncer en adultos, circunstancia que no permite tener por acatada la disposicin del artculo 11 de la Ley 1388 de 2010 que, se reitera, se encamina a reglamentar todo aquello con la atencin del cncer en menores, indica la sentencia. La Sala explic que, aunque el Ministerio de Salud sostuvo que mediante la Resolucin 1419 de 2013 procedi a reglamentar lo relativo a la Red de Unidades de Atencin de Cncer Infantil, se observa que en el citado acto administrativo lo que reglament fue el artculo 13 de la Ley 1384 de 2010, conocida como la Ley Sandra Ceballos, la cual establece acciones para el control integral del cncer en la poblacin colombiana adulta. ver
    2015-06-04 CONDENAN A LA POLICA POR MUERTE DE MENOR El Consejo de Estado declar administrativamente responsable a la Polica Nacional por los perjuicios ocasionados con motivo de la muerte de un menor de edad debido a la explosin de una mina antipersona en zona urbana de Barrancabermeja (Santander), en hechos ocurridos en abril de 1997. La Seccin Tercera, Subseccin C, explic que la Polica tena el deber de proteger a la poblacin civil y desminar la zona, teniendo en cuenta que era indiscutible la situacin de orden pblico y el estado de violencia generalizada que afrontaba la localidad donde sucedieron los hechos, no solo por informes de prensa que daban indicios de lo sucedido, sino por los testimonios de los pobladores y la ocurrencia de explosiones similares. En su defensa, la Polica argument que no conoca de la existencia de las minas antipersona en la zona y que debi ser la poblacin la que diera aviso de su presencia. Por su parte, el Ministerio Pblico seal que no se poda catalogar esa regin como zona roja de orden pblico, pues tal calificacin solo vino de un testigo, pero no haba pruebas que lo demostraran. Afirma la decisin que no les corresponde a la poblacin civil ni a los menores elaborar informes de inteligencia ni rastrear la actividad de los grupos subversivos y ponerlos en conocimiento de la Fuerza Pblica, ni tampoco tomar medidas de proteccin para s mismos, pues este es un deber del Estado, conforme a las obligaciones adquiridas a travs de las convenciones de Derechos Humanos y DIH. No se tom medida alguna para la proteccin de los menores, sujetos de especial proteccin al interior de la poblacin civil; por el contrario, lo probado en el plenario denota es la inactividad total de la Polica Nacional, en cuanto a dicha proteccin, pues se limit a esperar a que la comunidad les informara la existencia de minas antipersonales, acota la providencia. ver
    2015-06-03 CONSEJO DE ESTADO PRECISA INHABILIDAD ELECTORAL Las personas cuya eleccin a un cargo de eleccin popular fue declarada nula podrn volver a postularse al mismo cargo, siempre que antes de esa postulacin otro servidor haya sido elegido y se respeten los trminos de inhabilidad. As lo seal la Sala de Consulta y Servicio Civil al responder una consulta elevada por el Director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la Repblica. En el concepto, la Sala explic que cuando se declara la nulidad de la eleccin, esa decisin judicial no es una sancin, sino un control de legalidad del acto administrativo, y por la sola nulidad no se configura la inhabilidad. Adems, debido a que los efectos del fallo son desde el momento en que se produjo el acto de eleccin, se considera que el ciudadano a quien se le decret la nulidad de la eleccin no desempe el cargo y no est cobijado por la prohibicin de la reeleccin. Sin embargo, se debe tener en cuenta que la inhabilidad para aspirantes a ser alcaldes o gobernadores establece que no pueden inscribirse quienes hayan ejercido como empleado pblico, jurisdiccin o autoridad poltica, civil, administrativa o militar durante los 12 meses anteriores a su inscripcin. Esto quiere decir que el cargo que qued vacante por la nulidad electoral debi ser suplido por elecciones atpicas. La Sala aclar que este concepto se ajusta a la jurisprudencia existente de la Seccin Quinta al momento en que se produjo la consulta, pero que la misma puede variar de acuerdo al caso, pues dicha Seccin puede modificar o modular los efectos de sus sentencias. ver
    2015-06-02 ETB TENDR QUE PAGAR A TELEFNICA MILLONARIA SUMA DE DINERO El Consejo de Estado, dentro de un proceso en el que Telefnica Mviles Colombia S.A. le reclamaba a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot S.A. (ETB) el pago de ms de 41 mil millones de pesos, orden a esta ltima cancelar la suma adeudada con los intereses de mora causados desde el 2005. En 1998 las empresas firmaron dos contratos en los que la ETB se comprometa a pagar la utilizacin de la red de telefona mvil en llamadas internacionales entrantes y terminadas, es decir, cada vez que la ETB recibiera a travs de su red una llamada y la interconectara a travs de la red mvil de Telefnica, tena que pagar una remuneracin al dueo de la red utilizada, bajo el esquema de minuto o fraccin. En el 2005 Telefnica acudi a la Comisin de Regulacin de Telecomunicaciones CRT (hoy Comisin de Regulacin de Comunicaciones CRC) para que dirimiera el conflicto que se suscit con la ETB por el pago de la remuneracin de la interconexin directa, controversia que fue resuelta indicndole a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogot que deba pagar conforme a cualquiera de las dos alternativas que le ofreca la normatividad vigente en la poca en que se celebraron los contratos. Telefnica inici un proceso para reclamar el pago ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, el cual fue negado argumentando que los documentos proferidos por la CRT no eran los idneos para la reclamacin que se pretenda. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Carlos Alberto Zambrano Barrera, estudi el caso y concluy que de los documentos aportados al proceso se desprende una obligacin clara, expresa y exigible a cargo de la ETB y a favor de Telefnica Mviles Colombia S.A. La obligacin es clara, en la medida en que de los documentos que integran el ttulo base del recaudo se deduce, sin el menor asomo de duda, que: (i) la ETB S.A. E.S.P. deba pagar a Telefnica Mviles Colombia S.A. (antes a Celumvil S.A. y a Cocelco S.A.) por el acceso a la red de TMC cada vez que aquella recibiera a travs de su red de TPBCLDI una llamada y la completara a travs de la interconexin con la red de esta ltima Las partes acordaron que el pago de acceso a la red de TMC se hara por minutos o por fraccin de llamada completada. De esta manera qued planteado el esquema bsico de remuneracin en los contratos de interconexin, indica la sentencia. ver
    2015-06-01 SE CREA COMISIN DE TRANSPARENCIA DEL C E El Consejo de Estado formaliz la creacin de la Comisin de Transparencia y Rendicin de Cuentas de la Corporacin, hecho de especial relevancia si se tiene en cuenta que es la primera vez que un alto tribunal se compromete con el cumplimiento de estndares internacionales de buen gobierno, transparencia y rendicin de cuentas.La Comisin de Transparencia y Rendicin de Cuentas fue creada por decisin unnime de la Sala Plena del Consejo de Estado, en colaboracin con la Secretara de Transparencia de la Presidencia de la Repblica. De esta manera la Corporacin se suma a los estndares de transparencia y buen gobierno que se exigen en el proceso de ingreso de Colombia a la Alianza por el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en ingls).El Alto Tribunal ha tomado este reto con especial entusiasmo con el impulso de su Presidencia y est fijando los temas y metas objeto de un eventual acuerdo al que se comprometera, de conformidad con las exigencias de la AGA, para ser cumplido en los prximos dos aos, todo con la certeza de los beneficios que tal compromiso genera no solo para el Consejo de Estado, el orden institucional, la democracia colombiana, sino en especial, para la comunidad en general.La idea es que seamos una Corporacin de manos abiertas y transparentes, que no se esconda nada, que los ciudadanos tengan acceso a la informacin sobre sus trmites y asuntos de manera oportuna y eficiente, asegur el Presidente del Consejo de Estado Luis Rafael Vergara Quintero.Por su parte, el secretario de Transparencia Camilo Enciso, seal que la transparencia en la Rama Judicial es urgente, inaplazable e irremplazable. Con la creacin de esta Comisin, este tribunal est tomando la delantera y le est dando a Colombia una oportunidad de oro para demostrar cmo se llevan a cabo procesos de transparencia en la Rama Judicial. ver
    2015-05-29 ASPIRANTES A OCUPAR CARGOS EN EL CONSEJO DE ESTADO El Consejo Superior de la Judicatura public los Acuerdos mediante los cuales se dan a conocer los listados de elegibles al cargo de magistrado en remplazo del Consejero Marco Antonio Velilla Moreno de la Seccin Primera, que cumple periodo constitucional el prximo 7 de julio, y de los exconsejeros Bertha Luca Ramrez de Pez, Enrique Gil Botero y Susana Buitrago Valencia, de las Secciones Segunda, Tercera y Quinta, respectivamente. Los candidatos seleccionados para conformar la lista de aspirantes elegibles para la Seccin Primera, en remplazo del doctor Velilla Moreno son: Cristina Amparo Crdenas de Bohrquez, Marino Len Tadeo Henao Ospina, Jhon Jaiver Jaramillo Zapata, Gerardo Ivn Muoz Hermida, Germn Alfonso Pardo Carrero, Rosa Isabel Rojas Romero, Roberto Augusto Serrato, ngela Mara del Pilar Sorzano Espinosa y scar Alonso Valero Nissimblat. Para la Seccin Segunda, en remplazo de la doctora Bertha Luca Ramrez de Pez, que dej su cargo el pasado 27 de octubre, los candidatos son: Rosalba Josefa Caballero Carbonell, Mara Eugenia Carreo Gmez, Jorge Alirio Corts Soto, Enrique Dussn Cabrera, Mary Lucero Novoa Moreno, Carlos Alberto Orlando Jaiquel, Csar Palomino Corts, Carmelo Perdomo Cuter, Guillermo Poveda Perdomo, Milciades Rodrguez Quintero, Janet Patricia Sanabria Rodrguez, Rafael Francisco Surez Vargas, Luis Fernando Javier Tafur Galvis y Alberto Vergara Molano. En la Seccin Tercera, el doctor Enrique Gil Botero cumpli su periodo el pasado 12 de diciembre del 2014 y los aspirantes a remplazarlo son: Lola Elisa Benavides Lpez, Francy del Pilar Pinilla Pedraza, Jaime Enrique Rodrguez Navas, Jos Roberto Schica Mndez, Guillermo Alfonso Snchez Luque y Leonardo Augusto Torres Caldern. Por su parte, la lista de aspirantes al cargo de la Seccin Quinta, que dej la doctora Susana Buitrago el pasado 22 de mayo, est conformada por: Rodolfo Arango Rivadeneira, Stella Jeannette Carvajal Basto, Zoranny Castillo Otlora, Laura Emilse Marulanda Tobn, Carlos Enrique Moreno Rubio y Cristin Eduardo Pinzn Ortz. Luego que los listados sean remitidos a la Sala Plena del Consejo de Estado, se iniciar el proceso para la respectiva audiencia pblica de presentacin de los candidatos y la posterior eleccin. Los listados fueron publicados por la Sala Administrativa durante estas dos ltimas semanas.
    2015-05-28 NIEGAN RECURSOS CONTRA SUSPENSIN DE VENTA DE ISAGEN La Seccin Cuarta del Consejo de Estado, en auto del 28 de mayo de 2015, confirm la medida cautelar de urgencia consistente en la suspensin temporal del procedimiento para la enajenacin de las acciones que la Nacin posee en ISAGN, que haba sido decretada mediante auto de Ponente el 14 de mayo del 2015. De esta forma, se denegaron los recursos de splica interpuestos por los Ministerios de Hacienda y Crdito Pblico y de Minas y Energa y la Agencia Nacional de Defensa Jurdica del Estado, con los que pretendan revocar la medida de urgencia. A juicio de la Seccin, el anlisis realizado en el auto recurrido se ajust a los presupuestos legales para el decreto de la medida cautelar. As mismo, la Sala reiter que con la medida adoptada se pretende hacer efectiva la tutela judicial efectiva de los ciudadanos, quienes a travs de la interposicin de acciones legtimas solicitan que el juez realice el control judicial pertinente sobre el proceso de venta de las acciones de ISAGN, por lo que una vez dictada la sentencia en el proceso se podr transmitir seguridad jurdica al Estado y a los inversionistas. La Seccin Cuarta de la Corporacin continuar con el estudio de las demandas interpuestas, para lo cual, con fundamento en lo dispuesto en el artculo 63 A de la Ley 270 de 1996, dar a este proceso impulso preferente en atencin al inters pblico que envuelve la decisin judicial. Por tanto, una vez notificada esta providencia, el Ponente continuar de inmediato con el trmite de ley. ver
    2015-05-26 PANEL SOBRE REFORMA DE EQUILIBRIO DE PODERES Con el objetivo de abrir un espacio de debate sobre el proyecto de Equilibrio de Poderes que se discute en el Congreso de la Repblica, el Consejo de Estado y la Facultad de Derecho de la Universidad Libre realizarn un panel el prximo mircoles 27 de mayo, a las 10 a.m., en la Universidad Libre de Bogot. El panel, que tiene por nombre el Consejo de Estado y el Proyecto de Reforma Equilibrio de Poderes, busca que la comunidad en general conozca la propuesta y las posiciones de los diferentes actores involucrados en el tema como son el Congreso, el Gobierno, la Rama Judicial y organizaciones sociales. En el evento participarn como panelistas el presidente del Consejo de Estado Luis Rafael Vergara Quintero, el ministro del Interior Juan Fernando Cristo, el senador Hernn Andrade Serrano, el representante a la Cmara Hernn Penagos Giraldo, y la directora de la Corporacin Excelencia en la Justicia, Gloria Mara Borrero. Ad portas de su ltimo debate en el Congreso, se espera que el panel sea la oportunidad para que las tres ramas del poder pblico se encuentren y expongan sus puntos de vista sobre este proyecto de reforma constitucional de trascendencia nacional. El panel tendr lugar en el auditorio Benjamn Herrera de la Universidad Libre sede La Candelaria (calle 8a No. 5-80 Bogot D.C.) y podrn asistir todas las personas interesadas en el tema. Tambin ser transmitido va streaming por las pginas web www.consejodeestado.gov.co y www.unilibre.edu.co
    2015-05-25 PARTIDO LIBERAL DEBER INAPLICAR SUS ACTUALES ESTATUTOS El Consejo de Estado le orden al Partido Liberal que, en mximo un mes, deje de aplicar los estatutos que suscribi mediante la Resolucin 2895 del 2011 y que fueron aprobados por la Asamblea Liberal Constituyente en diciembre de ese ao, por considerar que no fueron expedidos por el rgano competente para hacerlo ni se respet el procedimiento exigido. La Seccin Tercera, con ponencia de la magistrada Stella Conto Daz del Castillo, le orden al Partido Liberal que se rija por los estatutos que estaban vigentes a la entrada en vigencia de la ley que dict las reglas de organizacin de los partidos (Ley 1475 del 2011) y los ajuste a esta normativa, para lo cual deber conformar un comit que garantice el principio de participacin democrtica. La decisin se adopt en un fallo de accin popular en el cual se ampar el derecho a la moralidad administrativa, vulnerado por la Direccin Nacional del Partido Liberal y por el Consejo Nacional Electoral (CNE), teniendo en cuenta que en los nuevos estatutos se incluyeron modificaciones como facultar al director del Partido para que sustituyera o alterara unilateralmente su estructura interna, y esto fue avalado y registrado por el CNE. As, dentro de las modificaciones hechas por la nueva facultad del director, se permiti excluir a los simpatizantes, afectar el derecho de participacin de las bases sociales en la organizacin del partido, desconocer el principio de equidad e igualdad de gnero, en cuanto excluy a las mujeres de la organizacin, de los rganos de direccin y administracin y dems mecanismos internos de participacin, discriminar a las minoras, limitar los mecanismos internos de control y proteccin de los derechos de los asociados, limitar el derecho a disentir y sustituir al rgano competente para modificar los estatutos. La Direccin Nacional, en los nuevos estatutos, se atribuy facultades para determinar los candidatos que deben ser apoyados por quienes se desempeen en cargos de direccin, gobierno, administracin o control dentro del partido o aspiren a ser elegidos en cargos o corporaciones de eleccin popular, decidir todo lo relativo a los sectores sociales, presidir la Comisin Poltica Central y el Consejo Directivo de Instituto de Pensamiento Liberal y elegir al Auditor Nacional, entre otros. ver
    2015-05-20 CONDENAN A HOSPITAL DE VILLAVICENCIO El Consejo de Estado conden al Instituto de Salud Descentralizado de Villavicencio (Empresa Social del EstadoE.S.E.) por la muerte de una menor de 3 aos que no fue atendida a tiempo, pese a presentar sntomas de dengue. Los hechos ocurrieron el 20 de septiembre de 2002, cuando los padres de la nia la llevaron al puesto de salud del barrio La Esperanza, perteneciente a la E.S.E. Villavicencio, por presentar fiebre intensa, vmito y diarrea. All fue valorada por un mdico general que le orden varios exmenes de laboratorio que no fueron practicados, debido a que el servicio no se prestaba ni los viernes en la noche, ni los fines de semana. El sbado 21 de septiembre la nia fue nuevamente llevada a urgencias, pero solo le recetaron diclofenaco. Los exmenes ordenados fueron practicados hasta el lunes siguiente y de inmediato fue hospitalizada con diagnstico de dengue clsico. Desafortunadamente su estado de salud empeor progresivamente y falleci un da despus de ser internada. La Seccin Tercera, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, asegur que del anlisis de la totalidad de las pruebas se puede concluir que la paciente no recibi la atencin apropiada ni oportuna y que hubo negligencia en la actuacin de los mdicos que atendieron el caso. La falla del servicio en este caso reviste una mayor gravedad por tratarse la paciente de una nia menor de edad, es decir sujeto de especial proteccin por parte del Estado, toda vez que la Constitucin Poltica de 1991 establece la prelacin de los derechos de los nios, indica la sentencia. ver
    2015-05-20 ORDENAN SUSPENDER REAS ESTRATGICAS DE EXPLOTACIN MINERA El Consejo de Estado suspendi provisionalmente los efectos jurdicos de las normas que crearon 516 zonas mineras en 22 departamentos del pas, con una extensin de 20.470.200 hectreas (Resolucin 180241/12 del Ministerio de Minas y Resoluciones 0042/12 y 429/13 de la Agencia Nacional Minera). La ponente, doctora Olga Mlida Valle de De la Hoz, explic que era imperativa la proteccin de las comunidades tnicas que se pudieran ver afectadas con las medidas tomadas por la Agencia Nacional de Minera (ANM) y el Ministerio de Minas y Energa (Minminas), teniendo en cuenta que para la expedicin de dichas resoluciones no se agot la consulta previa con las comunidades. En su defensa, la ANM seal que no se realiz la consulta previa debido a un concepto del Ministerio del Interior, segn el cual no era necesario agotar tal procedimiento debido a que las medidas no otorgaban ttulos mineros, sino establecan reas estratgicas mineras, es decir creaban meras expectativas. Sin embargo, la providencia seala que hasta que se establezca si era o no necesaria la consulta previa en la expedicin de las resoluciones y hasta tanto se haga el estudio de legalidad de las mismas, el Despacho las suspender de manera provisional, buscando evitar cualquier menoscabo de los derechos de las comunidades tnicas, sin que esto constituya un prejuzgamiento. En la decisin, se recuerda que la consulta previa se fundamenta en el derecho que tienen las comunidades a decidir dentro de los procesos de desarrollo y planes de organizacin que tengan dentro de su comunidad y las medidas concernientes a la explotacin de recursos naturales, para que estas sean proporcionales, coherentes y respetuosas de sus vidas, creencias, instituciones y bienestar espiritual. Por tal razn, consultar a las comunidades tnicas, previo a la toma de decisiones o medidas administrativas que busquen implementar planes de desarrollo y explotacin minera, se constituye en un derecho fundamental. La providencia seala que dentro de las zonas en donde se delimitaron reas estratgicas mineras, que ascienden al 17,43 % del territorio nacional, se encuentran territorios que han sido habitados ancestralmente por comunidades indgenas y negras, que deben ser protegidas de manera preferente. Tal es el caso de los departamentos de Nario, Putumayo, Choc, Amazonas, Guajira, Valle, Cauca y Antioquia, entre otros. ver
    2015-05-15 CONDENAN AL ESTADO POR DESAPARICIN DE MISIN MDICA El Consejo de Estado seal que el Estado est obligado convencionalmente a proteger a su personal sanitario y a garantizar la verdad y memoria histrica de quienes procurando la defensa de la salud favorezcan a vctimas dentro del conflicto armado. Por tal razn, la Seccin Tercera declar administrativamente responsable al Ministerio de Salud por la desaparicin forzada de cinco personas que integraban el Servicio de Erradicacin de la Malaria en hechos ocurridos el 29 de octubre de 1984 en jurisdiccin del municipio de Saravena (Arauca). Segn la Sala, el Ministerio de Salud no realiz un estudio sobre la pertinencia de medidas de proteccin para los integrantes de la misin sanitaria, pese a que la zona en la cual laboraran era de orden pblico, se conoca la presencia de fuerzas insurgentes y los funcionarios no conocan el sector. La sentencia seala que aunque convencionalmente, mediante el Protocolo II y los Cuatro Convenios de Ginebra, se obliga a las partes de un conflicto armado a respetar y proteger al personal sanitario, tal obligacin se extiende a quienes ofrecen dichos servicios en zonas de conflicto, as no estn atendiendo actividades propias de la guerra. Teniendo en cuenta que los hechos ocurrieron en 1984, es decir antes de que los Protocolos fueran adoptados en la legislacin colombiana, esa obligacin era exigible para el Estado colombiano, puesto que las normas de proteccin da la poblacin civil y especialmente del personal que integra misiones sanitarias constituan disposiciones perentorias del Derecho Internacional General por responder al principio elemental de humanidad, con fundamento en la jurisprudencia internacional e inclusive de la Corte Constitucional colombiana. ver
    2015-05-14 NIEGAN TUTELA QUE RECLAMABA CAMBIO DE SEXO EN REGISTRO CIVIL El Consejo de Estado neg una tutela que reclamaba de la Registradura Nacional el cambio de sexo de una persona en su registro civil. La accionante argumentaba que en el 2011 inici el trmite legal para solicitar la autorizacin del cambio de su sexo, de femenino a masculino, en los documentos de identificacin, pero en el 2013 desisti de su demanda al considerar que el examen fsico y morfolgico ordenado como prueba de oficio por un juez de Ibagu vulneraba su derecho a la intimidad. Ese mismo ao le solicit a la Registradura cambiar su sexo en el registro civil y en la cdula de ciudadana, peticin que fue negada porque necesitaba de una orden judicial para ello, lo cual motiv la tutela. La Seccin Primera, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, seal que la entidad acusada actu conforme a la ley, debido a que el cambio de sexo implica una alteracin en el estado civil que solo est en capacidad de realizar un juez. La Sala tambin explica que el examen decretado por el juez de familia de Ibagu no es caprichoso, irracional ni desproporcionado, puesto que es el ms adecuado para establecer el sexo biolgico de una persona. Para la Sala no es ajeno que para algunas personas el examen de su cuerpo por parte de personas extraas puede ser considerado como una violacin a su intimidad, por tal razn, en principio estos exmenes deben contar con el consentimiento del paciente. Sin embargo, cuando los exmenes se ordenan en un proceso de jurisdiccin voluntaria ante un organismo tcnico cientfico como condicin para obtener una evidencia indispensable al interior del sumario, el interesado deber ponderar entre la eventual incomodidad del examen y el fin que se busca con la prueba mdica. Por lo tanto, es determinacin autnoma del interesado decidir si soporta la carga del examen sobre su cuerpo en todo caso, se itera, razonable y proporcionada- o si afronta las consecuencias jurdicas de no realizar dicho examen, indica la sentencia. ver
    2015-05-14 ORDENAN SUSPENDER VENTA DE ISAGEN El Presidente del Consejo de Estado informa que la Sala Unitaria de la Seccin Cuarta a cargo del Magistrado Hugo Fernando Bastidas Brcenas concedi una medida cautelar consistente en la suspensin temporal de la subasta y dems actos relativos con la enajenacin de las acciones que la Nacin tiene en Isagn S.A. E.S.P. La medida se dict dentro de tres procesos acumulados en los que se pide la nulidad de los Decretos 1609 de 2013 y 2316 de 2013, decretos que aprobaron el programa de enajenacin de acciones que la Nacin posee en Isagn. La medida se tom no propiamente por razones de ilegalidad o inconstitucionalidad sino para evitar posteriores y eventuales daos al inters pblico en caso de que se adjudicaran las acciones a los inversionistas privados y luego, el Consejo de Estado declarara la nulidad de los actos que autorizaron la venta. El auto en cuestin tiene la siguiente parte resolutiva: 1. ORDNASE la suspensin temporal del procedimiento o actuacin administrativa que actualmente se surte con ocasin del cumplimiento del Decreto 1609 del 30 de julio de 2013 dictado por el Gobierno Nacional, que aprob el programa de enajenacin de las acciones que la Nacin Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico posee en Isagn S.A. E.S.P. 2. En concreto: SUSPNDASE la subasta y dems actos programados para el 19 de mayo de 2015 en relacin con la enajenacin de las acciones que la Nacin tiene en Isagn S.A. E.S.P. 3. ORDNESE al seor Ministro de Hacienda y Crdito Pblico asegurar que se cumpla esta orden judicial mediante las respectivas rdenes administrativas, instrucciones y dems medidas pertinentes para ese cometido. ver
    2015-05-13 FARC SON SUJETOS RESPONSABLES DE ACATAR EL DIH El Consejo de Estado declar responsable al Ejrcito Nacional por los perjuicios que sufri un soldado como consecuencia de la toma armada a la Base Militar de Las Delicias en el municipio de La Tagua (Putumayo), ocurrida el 30 de agosto de 1996, y de la posterior privacin de la libertad a la cual se vio sometido por parte de las FARC por 288 das. Por tal razn, ordena a las autoridades competentes que los hechos sucedidos en dicha ocasin sean tenidos en cuenta dentro de las investigaciones que se adelanten contra dicho grupo armado, por su presunta violacin a las reglas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), tal y como lo ha sealado el Consejo de Estado en anteriores oportunidades. La Seccin Tercera, Subseccin A, explic que en aplicacin del Derecho Internacional Humanitario en una confrontacin armada interna es necesario reconocer la existencia de un conflicto armado, que permita distinguirlo de acciones delincuenciales comunes, y reconocer que no es jurdicamente correcto denominar terroristas a los actores que participan de dicho conflicto, pues de recibir dicha categorizacin no seran susceptibles de exigirles respeto y acatamiento del DIH. Sin embargo, dicha posicin no significa que el grupo armado reciba algn reconocimiento de legitimidad a sus actuaciones y pretensiones, y tampoco quiere decir que pueda descartarse el hecho de que los referidos actores del conflicto incurran en actos terroristas y/o cometan crmenes de guerra, los cuales por expresa previsin del DIH deben comprometer la responsabilidad penal individual de los combatientes que incurran en tales procederes. En estos casos, los actores del conflicto realizaron ataques a objetivos militares como participantes en las hostilidades propias de dicha confrontacin armada, por tal razn, estos actos armados no pueden catalogarse, con fundamento en las reglas del DIH, como atentados terroristas. Sin embargo, la sentencia subraya que el propio DIH exige que con ocasin de tales ataques se respeten las reglas del citado Derecho de los conflictos armados. ver
    2015-05-06 CONFIRMAN SANCIN A POLICA POR ROBO DE CARRO El Consejo de Estado confirm la sancin impuesta a un patrullero de la Polica Nacional por haber participado en el robo de un carro que sirvi para cometer un hurto. El patrullero fue destituido e inhabilitado por 10 aos para ejercer cargos pblicos, despus de que se comprobara que estaba involucrado en el cambio del carro que haba sido utilizado en el hurto y que fue abandonado por los delincuentes en la localidad de Bosa de Bogot, en diciembre de 2006. Las autoridades llevaron el automotor a la SIJIN de la Polica Metropolitana, mientras se adelantaban las indagaciones del caso. Segn la investigacin adelantada por la propia Polica, el uniformado adquiri un vehculo que estaba para chatarrizar, lo hizo pintar y lo adecu para que quedara igual al carro inmovilizado y, con la ayuda de otro uniformado, ingres al parqueadero de la SIJIN y lo cambi por el automotor involucrado en el hurto. La Oficina de Control Disciplinario Interno de la Polica Metropolitana de Bogot inici la indagacin preliminar al conocer un informe de la Fiscala en el que se adverta que el vehculo abandonado en la localidad de Bosa no era el mismo estacionado en el parqueadero de la SIJIN, a pesar de tener caractersticas similares. En primera y segunda instancia el uniformado fue declarado disciplinariamente responsable, al igual que un capitn y otro patrullero, por incurrir en una conducta descrita en la Ley penal como delito cometido con ocasin del cargo. El patrullero interpuso demanda de nulidad contra la decisin adoptada por la Inspeccin General del Grupo de Procesos Disciplinarios de la Polica, alegando violacin al debido proceso. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gmez Aranguren, estudi el caso y no encontr ningn vicio en el trmite del proceso que permitiera su anulacin. Las argumentaciones que se hacen en la demanda no resultan vlidas para quebrar el principio de legalidad que ampara el acto acusado y por lo tanto se denegarn las splicas, indica la sentencia. ver
    2015-05-05 ENFERMEDADES DE ALTO COSTO EXENTAS DE CUOTAS MODERADORAS El Consejo de Estado seal se deben inaplicar las normas que exigen el pago de las cuotas de recuperacin y moderadoras requeridas para acceder a los servicios de salud cuando estas afectan derechos como el mnimo vital, la vida digna o la salud de los pacientes. La Seccin Quinta, con ponencia de la magistrada Lucy Jeannette Bermdez Bermdez, explic que el propsito del sistema es que todos los ciudadanos tengan la posibilidad de acceder efectivamente a la atencin en salud, por lo cual, aunque legalmente se deben exigir pagos moderadores y cuotas de recuperacin, se contempla la exoneracin de ese pago por parte del paciente en determinados eventos, como en el caso de las enfermedades catastrficas o de alto costo. El pronunciamiento lo hizo el Alto Tribunal al tutelar los derechos a la salud y a la vida digna de una persona a la cual se le exiga el pago del 5 % del costo de los procedimientos ordenados para el tratamiento del tumor maligno del cerebro que padece sin tener en cuenta su condicin econmica y que se trata de una enfermedad catastrfica. La Sala record la Jurisprudencia de la Corte Constitucional respecto a las excepciones en los pagos de cuotas de recuperacin y destac el que los pacientes demuestren su precaria situacin econmica o, en algunos casos, el hecho de que padezcan enfermedades de alto costo. Reiter que los pagos moderadores no pueden transformarse en barreras de acceso al servicio bajo ninguna circunstancia. Puede la Sala concluir que, actualmente, el cncer y algunos de los procedimientos que se requieren para su tratamiento, estn catalogados como enfermedades o servicios de alto costo. Significa lo anterior que, aquellos pacientes que sean diagnosticados con dicha enfermedad pueden estar exentos del pago de cuotas para los tratamientos o servicios referidos en las normas transcritas, concluye la sentencia. ver
    2015-05-04 NIEGAN NULIDAD DE ELECCIN DE REPRESENTANTE DEL AMAZONAS La Seccin Quinta del Consejo de Estado, neg una accin que pretenda la nulidad de la eleccin del Representante a la Cmara por el Departamento de Amazonas Eduar Luis Benjumea Moreno.Tras estudiar una demanda en la que aseguraban que el hoy Representante estaba inhabilitado porque habra participado en la ejecucin de un contrato suscrito entre la Gobernacin del departamento de Amazonas - Secretara de Salud Departamental y el Hospital San Rafael de Leticia E.S.E., la Sala encontr que dicha acusacin no contaba con el respaldo probatorio y por lo tanto no puede llegarse a la conclusin de que exista una inhabilidad.Finalmente, la Seccin decidi excluir una grabacin magnetofnica que fue irregularmente obtenida, con la que queran sustentar la presunta inhabilidad, pues se desconocen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se obtuvo y adems no es clara ni directa para inferir la conclusin que el demandante pretende atribuirle, puntualiz la Seccin Quinta.
    2015-04-30 CONDENAN AL DISTRITO DE BOGOT POR ACCIDENTE EN CIRCO El Consejo de Estado conden al Distrito de Bogot a indemnizar a una joven que fue atacada por un oso, cuando se encontraba junto con sus padres en la presentacin de un espectculo circense, cerca al Coliseo El Campn de la Capital, en julio de 1996. Los padres de la menor, que para el momento de los hechos era una nia, demandaron al Distrito por las lesiones craneanas, faciales, funcionales y psicolgicas causadas a su hija, debido a que las autoridades encargadas no verificaron las condiciones de seguridad que deba reunir el espectculo pblico. La Seccin Tercera, con ponencia de la magistrada Olga Mlida Valle de De La Hoz, encontr que la autoridad responsable recibi la solicitud de permiso para presentar el espectculo sin constatar que la misma no cumpla con los requisitos exigidos. De acuerdo con la normativa vigente para la poca de los hechos, corresponda a la Direccin de Rifas, Juegos y Espectculos de la Secretara de Gobierno de la Alcalda Mayor, otorgar permiso escrito a los solicitantes que hubieren satisfecho los requisitos exigidos para el efecto, teniendo facultades para rechazar las solicitudes de permiso, y revocar los permisos otorgados cuando se tratara de presentaciones riesgosas para los asistentes, indica la sentencia. La Sala recuerda que la autoridad Distrital tena el deber de verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos para la presentacin del espectculo, lo cual no ocurri. A pesar de que la solicitud de permiso presentada por el promotor del espectculo no cumpli con el requisito de describir detalladamente la clase de evento estando obligado a hacerlo-, la autoridad correspondiente no slo recibi la solicitud sin percatarse de la ausencia del lleno de los requisitos exigidos, sino que otorg el permiso; y una vez iniciada la temporada, habiendo tenido que constatar la presencia de animales fieros a travs de la obligatoria presencia de sus delegados en cada una de las funciones, no tom ninguna medida preventiva antes de ocurrido el accidente, ni paliativa an despus de ocurrida la agresin contra la nia, pues se tiene noticia de que el espectculo sigui presentndose 23 das ms, gracias a la pasiva complicidad de la autoridad competente, puntualiza el fallo. ver
    2015-04-29 COMUNICADO SALA PLENA La Sala Plena del Consejo de Estado manifiesta que: 1. El Senado de la Repblica aprob en sexto debate el proyecto de acto legislativo sobre Equilibrio de Poderes, y se avanza en forma desafortunada en aspectos relacionados con la justicia, que habrn de afectar sensiblemente la autonoma e independencia de la Rama Judicial. 2. A pesar de que las serias y fundadas observaciones formuladas por esta Corporacin no tuvieron incidencia, persistir en destacar las bondades y desaciertos que tiene la reforma constitucional de Equilibrio de Poderes, con el exclusivo propsito de que se adopten decisiones acordes con los principios y valores de la Constitucin de 1991. 3. Reitera que el proyecto, en relacin con la Administracin de Justicia, es una iniciativa reactiva y coyuntural que pretende dar respuestas a la opinin frente a situaciones crticas ocurridas en los ltimos meses. 4. Reclama que se establezca para los Magistrados de Altas Cortes y dems aforados un juez independiente, imparcial y eficaz, del ms alto nivel, para controlar sus conductas reprochables, pero considera que la Comisin de Aforados que contempla el proyecto no cambia en nada el sistema actual que no ha sido eficaz para evitar la impunidad. 5. No se opone a que se reformen las instituciones y menos an en la Rama Judicial, pero rechaza aquellas iniciativas que pueden afectar el Estado Social de Derecho y la democracia. El estudio realizado por la Corporacin sustenta esta posicin y por eso invita al Congreso a su riguroso examen.... ver
    2015-04-29 JUECES DEBEN AJUSTARSE A PARMETROS LEGALES Como una limitante a quienes interponen demandas de nulidad y restablecimiento de derechos, calific la Seccin Quinta del Consejo de Estado, la frmula segn la cual en estos casos, las pretensiones econmicas deben estimarse con base en los ltimos cuatro meses previos a la presentacin de la demanda, independientemente de cual sea el caso y el monto a que se aspire. El pronunciamiento fue hecho en un fallo de tutela de una funcionaria del municipio de Anapoima con 18 aos de vinculacin laboral y cobijada con el rgimen de cesantas con retroactividad, quien solicit liquidacin de sus cesantas y en respuesta el municipio le inform que las haba consignado en anualidades a un fondo de cesantas. Inconforme con la decisin y tras surtir los trmites pertinentes, interpone una accin de tutela en la que informa que su estimacin razonada de la cuanta que deba serle cancelada, superaba los 52 millones de pesos, ms de 50 salarios mnimos legales mensuales vigentes que estimaba, le deba ser cancelada. Sin embargo el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, al estudiar la competencia aplic una frmula que arrojaba como resultado que el monto no superara de ninguna manera los nueve (9) millones de pesos y que por tanto lo deba asumir un Juzgado Administrativo del Circuito. La Sala consider que en este caso se violaron abiertamente los derechos de la tutelante, pues la interpretacin de la norma por parte del Tribunal era un planteamiento que no tiene soporte legal o jurisprudencial, por lo que orden al Tribunal pronunciarse sobre la admisin de la demanda, antes de cinco das, bajo parmetros legales o jurisprudencialmente aceptados, los cuales no pueden ser los que expuso en los autos dejados sin efectos por esta sentencia, puntualizo la Seccin Quinta. ver
    2015-04-28 REVOCAN SUSPENSIN DE RECTORA DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA La Seccin Quinta del Consejo de Estado revoc la suspensin provisional de la Rectora de la Universidad Colegio Mayor del Cauca, cuya eleccin fue demandada por una supuesta irregularidad en su eleccin. Al admitir la demanda el Tribunal Administrativo del Cauca, haba ordenado separar del cargo a la funcionaria, decisin que revoc la Sala tras considerar que la peticin del demandante no tena fundamentos ni un sealamiento concreto de las normas supuestamente vulneradas. Se trata de la seora Paula Andrea Umaa, elegida el pasado diciembre por una mayora de cuatro votos del Consejo Directivo de la institucin, y sus demandantes argumentan que la normativa interna advierte que debe ser elegida por siete votos por lo que solicitaron y se les concedi en primera instancia la medida cautelar, que ahora el Consejo de Estado revoca por absoluta falta de sustento en este momento procesal. ver
    2015-04-27 MUNICIPIOS OBLIGADOS A SUMINISTRAR AGUA En dos decisiones que favorecen a los municipios de Tocaima, Apulo y Viot (Cundinamarca) y al municipio de Santa Cruz de Lorica (Crdoba), el Consejo de Estado seal que la falta de recursos econmicos no es excusa para no adelantar programas que garanticen el suministro de agua potable a sus habitantes.La Seccin Primera, con ponencias de las magistradas Mara Elizabeth Garca Gonzlez y Mara Claudia Rojas Lasso, explic la obligacin que tienen los alcaldes de construir, ampliar, rehabilitar y mejorar la infraestructura de los servicios pblicos en sus jurisdicciones.Segn el Alto Tribunal, el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio es quien debe prestar asistencia tcnica a las entidades territoriales y a los prestadores de servicios pblicos domiciliarios para disear y promover programas especiales de agua potable y saneamiento bsico para el sector rural.En el caso de Santa cruz de Lorica, los accionantes denunciaron que el municipio carece de servicios de agua potable y saneamiento bsico, incluso hay caseros y veredas que no tienen letrinas y los campesinos tienen que realizar sus necesidades fisiolgicas en bolsas y luego botarlas al monte.Con respecto al caso de los municipios de Tocaima, Apulo y Viot (Cundinamarca), la Corporacin inst al Ministerio de Vivienda para que les preste apoyo tcnico y administrativo con el fin de implementar un sistema de acueducto adecuado en el sector rural.Seal la providencia que mientras se ejecutan e implementan las obras ordenadas, se debe continuar con la prestacin del servicio de acueducto mediante el abastecimiento continuo de agua potable en condiciones que supongan un nivel de riesgo bajo para la poblacin, campaas de educacin sanitaria que instruyan a los habitantes de las veredas sobre las precauciones que deben observar al momento de consumir el agua suministrada.(Expedientes 23001233300020130036101 y 25000232400020110042501) ver
    2015-04-23 COMUNICADO SALA PLENA COMUNICADO La Sala Plena del Consejo de Estado frente al proyecto de Reforma de Equilibrio de Poderes que actualmente cursa en el Congreso de la Repblica, MANIFIESTA: 1. El proyecto de reforma es una iniciativa reactiva y coyuntural que pretende ofrecer respuestas a la opinin frente a situaciones crticas ocurridas en los ltimos meses, lo que genera que las distintas soluciones que se proponen no hayan sido suficientemente sustentadas y analizadas. La experiencia indica que las reformas de coyuntura no resultan convenientes, en tanto pueden ser el resultado de la improvisacin. 2. Afecta de manera significativa la estructura establecida por el Constituyente de 1991, lo que podra implicar una sustitucin a la Constitucin. Adems, no guarda una unidad de materia, puesto que mezcla asuntos estrictamente polticos de carcter electoral o partidista con una reforma en la estructura y organizacin de la justicia. 3. El proyecto de reforma en relacin con la justicia es insuficiente, en la medida en que no plantea soluciones a problemas esenciales de la Rama Judicial como el presupuesto, la descongestin, mayor acceso a la justicia, seguridad jurdica, etc., lo que hace que resulte inconveniente. 4. La Corporacin apoya la idea de eliminar las funciones electorales de la Jurisdiccin Contenciosa Administrativa, pero observa con gran preocupacin la forma como se asumen dichas competencias por las otras ramas del Poder Pblico, lo cual podra generar una concentracin y un desequilibrio de poderes....... ver
    2015-04-20 NIEGAN TRASLADO DE BASE MILITAR DE ITUANGO El Consejo de Estado revoc una decisin del Tribunal Administrativo de Antioquia y neg la solicitud de traslado de la Brigada Mvil N 18 que se encuentra en la zona urbana del Municipio de Ituango (Antioquia) y que fue solicitada por algunos habitantes de la poblacin con el argumento de que su permanencia pona en peligro a la comunidad ante posibles ataques de grupos armados ilegales. La Seccin Primera, con ponencia del magistrado Guillermo Vargas Ayala, neg la proteccin de los derechos colectivos a la seguridad y a la prevencin de desastres previsibles tcnicamente que argumentaban algunas personas eran vulnerados por la existencia de la Brigada frente a una sede del Sena y en medio de varias viviendas. En la decisin, la Sala seal que los ciudadanos tienen el deber de soportar, como carga social, la ubicacin de un puesto de control de la fuerza pblica en su vecindario, como apoyo a la autoridad. Por tal razn, el solo hecho de la instalacin de una base militar en una determinada poblacin no puede suponer por s misma una amenaza o vulneracin al derecho colectivo a la seguridad pblica. Por su parte, el Ejrcito argument que de nada servira que la Fuerza Pblica se estableciera en lugares apartados de las zonas donde hay problemas reales y delicados de orden pblico, pues de requerirse la presencia de la autoridad tardara en llegar al sitio donde se necesite. Con respecto al traslado de las sedes de las dependencias de la Fuerza Pblica, el Alto Tribunal record que dicha determinacin est condicionada a que exista una amenaza grave e inminente para la vida e integridad de la poblacin y a que se demuestre que hay una situacin de debilidad que les impida a los pobladores cumplir con sus deberes constitucionales de apoyo a la autoridad. Aunque la Sala reitera que se puede usar la Accin Popular en estos casos, la sola incertidumbre o el temor al que estn sometidos los habitantes de la poblacin por un posible ataque terrorista no es suficiente para que se ordene el traslado de una estacin de polica, sino que se debe acreditar que existe una amenaza grave e inminente a las personas que viven cerca de la estacin. ver
    2015-04-16 CONDENAN A MUNICIPIOS DE FUNZA Y MOSQUERA El Consejo de Estado conden a los municipios de Mosquera y Funza (Cundinamarca), a pagar ms de 200 millones de pesos a dos familias que debieron demoler sus viviendas debido a que se permiti el relleno de un humedal, lo que ocasion inundaciones que causaron daos irreparables a sus inmuebles. La Seccin Tercera, con ponencia de la magistrada Olga Mlida Valle de De la Hoz, explic que en la Ley 99 de 1993 se consagran como funciones de los municipios controlar y vigilar el medio ambiente y los recursos naturales, y proteger el derecho constitucional a un ambiente sano. Adems, deben velar porque los particulares cumplan con sus deberes en materia ambiental. As mismo, la Sala record que las Corporaciones Autnomas Regionales deben garantizar que los trabajos adelantados en zonas especiales de proteccin ambiental cumplan con los requisitos contenidos en las normas ambientales, para evitar consecuencias negativas en el entorno a causa de labores como el relleno de predios. En el caso concreto, el Alto Tribunal seal que el Municipio de Mosquera no colabor armnicamente con la autoridad ambiental y omiti el cumplimiento de las funciones que como ente territorial le corresponda en la vigilancia de los trabajos que un particular estaba haciendo para elevar el nivel del predio de su propiedad. En el caso del Municipio de Funza, este fue notificado de la generacin del dao causado a los demandantes por su vecino y esta entidad territorial no dispuso de los medios necesarios para la recuperacin de la zona ni contribuy con los estudios y actividades para evitar la inundacin y las consecuencias ambientales ocasionadas. Aunque se argument que el terreno en el que los actores edificaron sus viviendas eran terrenos cercanos a la altura de inundacin del ro Bogot, lo cierto es que no fueron anegados por este ro, sino todo lo contrario, pues qued demostrado que la misma se produjo por los rellenos de predios vecinos y por la falta de control y vigilancia de los entes territoriales y de la CAR sobre esa actividad, la cual ocasion el taponamiento de los canales que servan de drenaje. As, se desvirtu la supuesta responsabilidad de los propietarios de las viviendas afectadas por haber construido a nivel de inundacin. ver
    2015-04-15 CONSEJO DE ESTADO HACE LLAMADO AL MINISTERIO DE SALUD El Consejo de Estado le hizo un llamado al Ministerio de Salud para que se presente al Congreso de la Repblica un proyecto de ley que establezca un sistema que permita asumir los costos de los riesgos que conlleva la atencin hospitalaria, cuando los pacientes adquieren infecciones bacterianas al interior de clnicas u hospitales. El pronunciamiento fue hecho por la Seccin Tercera al confirmar una sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, la cual conden al Hospital Militar Central de Bogot por los daos ocasionados a un hombre que perdi su ojo izquierdo, despus de contraer una bacteria durante una intervencin quirrgica en marzo de 2001. La sentencia, con ponencia del magistrado Danilo Rojas Betancourth, seala que debe estudiarse la posibilidad de crear un fondo especial o seguro contra esta clase de riesgos para que el Estado pueda reparar a las vctimas cuando se demuestre que la infeccin fue adquirida por el paciente dentro de la institucin hospitalaria y que se trata de una bacteria resistente al tratamiento mdico. No resulta constitucionalmente aceptable absolver a la administracin, en razn de que carece de medidas legislativas y de una organizacin administrativa y presupuestal dirigidas a corregir inconsistencias en la distribucin de los gastos asociados a la reparacin del dao. Por ello, si el actual diseo del sistema de salud no cuenta con mecanismos que eviten la concentracin desproporcionada de la carga indemnizatoria en establecimientos directamente intervinientes en el tratamiento del paciente afectado con una infeccin nosocomial, esta circunstancia ha de asumirse como una disfuncionalidad interna del sistema de salud, cuya solucin no puede afectar el derecho del usuario del servicio, indica la sentencia. Segn el fallo, la disfuncionalidad en la organizacin del sistema de salud que impide una distribucin adecuada del riesgo que conlleva la atencin hospitalaria y que, de ninguna manera debe ser asumido por la vctima, alerta sobre la necesidad de crear un marco legal que permita una forma ms racional de asumir la carga indemnizatoria por parte del Estado. La decisin explica que no se puede eximir de responsabilidad a una institucin hospitalaria cuando se alega vulnerabilidad del paciente para contraer cualquier tipo de bacteria, debido a su estado de salud, puesto que es obligacin de las clnicas y hospitales extremar las medidas de prevencin para evitar la adquisicin de infecciones de carcter nosocomial (intrahospitalarias). Finalmente, en la sentencia tambin se hace un llamado a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado para que, haciendo uso de su facultad de presentar iniciativas legislativas, acompae el proyecto del Ministerio de Salud. ver
    2015-04-13 RESPUESTA A VCTIMAS DEL CONFLICTO SOBRE PETICIONES DE REPARACIN El Consejo de Estado aclar que las peticiones de la poblacin vctima del conflicto armado para obtener indemnizaciones por reparacin administrativa deben ser resueltas en un trmino de 60 das, aunque no exista norma que as lo establezca. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado Gerardo Arenas Monsalve, tutel el derecho a una respuesta efectiva a una vctima de desplazamiento, inscrito en el registro nico de poblacin desplazada desde el ao 2010. El Alto Tribunal le orden a la Unidad Administrativa Especial para la Atencin y Reparacin Integral a las Vctimas que resuelva, en un trmino de 60 das, dicha peticin. Aunque no existe norma que establezca el trmino para atender esos requerimientos, la Sala record que es necesario que el juez de tutela analice las circunstancias de cada caso particular para determinar si se presenta o no vulneracin del derecho de peticin. En garanta del derecho de peticin y de la proteccin especial que requieren las vctimas de la violencia, el hecho de que no exista un trmino claramente aplicable a las peticiones de reparacin administrativa como las presentadas por los demandantes, no puede convertirse en un impedimento para la resolucin de fondo de la controversia planteada, y por consiguiente para la garanta de sus derechos fundamentales, seala la providencia. La Sala explic que el trmino de 60 das previsto en el artculo 156 de la Ley 1448 de 2011, para resolver las solicitudes de inclusin en el Registro nico de Vctimas, tambin es aplicable a la resolucin de peticiones de reparacin administrativa, sobre todo frente aquellas que fueron presentadas durante la vigencia del Decreto 1290 de 2008. ver
    2015-04-13 COMUNICADO PRESIDENCIA CONSEJO DE ESTADO El Presidente del Consejo de Estado, Doctor Luis Rafael Vergara Quintero, se permite aclarar a la opinin pblica las informaciones de prensa que dan cuenta de un supuesto rechazo a la posibilidad de que la Corte Constitucional reforme su reglamento interno para apartar de su cargo al Presidente de esa Corporacin, Doctor Jorge Pretelt Chaljub, tal y como lo han informado algunos medios de comunicacin. En primer lugar, el Consejo de Estado respeta la autonoma de las otras Altas Cortes y no interviene en las decisiones que se adopten o puedan adoptar al interior de cada Corporacin. Por lo tanto, no se puede referir a informaciones divulgadas por los medios de comunicacin y mucho menos descalificar acciones que no han ocurrido. En segundo lugar, cuando algunos periodistas entrevistan al Presidente del Consejo de Estado, durante un evento en la Universidad del Rosario, sus afirmaciones sobre el Doctor Jorge Pretelt Chaljub, se refieren a que, como cualquier ciudadano, debe tener las mismas garantas a un debido proceso y a una defensa justa. As que, se falta a la verdad cuando se descontextualizan sus palabras para decir que se estaba refiriendo a las informaciones de prensa que dan cuenta sobre una supuesta propuesta para reformar el reglamento interno de la Corte Constitucional. Bogot, 13 de abril de 2015 LUIS RAFAEL VERGARA QUINTERO Presidente ver
    2015-04-08 COTIZACIN DE TRABAJADORES INDEPENDIENTES A PENSIN El Consejo de Estado neg la solicitud de nulidad de la norma que establece la obligacin de los trabajadores independientes de efectuar sus cotizaciones a pensin y salud. Sin embargo, la Seccin Primera, con ponencia de la magistrada Mara Elizabeth Garca, explic que dicha obligacin debe respetar lo sealado por la Administracin y la Corte Constitucional, en el sentido que los trabajadores independientes que no puedan cotizar para pensin debido a sus ingresos pueden mantener su vinculacin al rgimen contributivo del Sistema de Seguridad Social en Salud o pueden afiliarse al Rgimen Subsidiado con la opcin de cotizar al Sistema General de Pensiones. La otra opcin que tienen quienes no cuentan con los ingresos suficientes para cotizar a pensin es acceder al Sistema de Beneficios Econmicos Peridicos (BEPS), que es un mecanismo que permite ahorrar de manera individual y voluntaria, con el fin de asegurar una proteccin para la vejez de la poblacin ms vulnerable. El Alto Tribunal seal que no se poda declarar la nulidad de la expresin y pensin contenida en el artculo 1 de la Resolucin 0634 de 2006, que seala: Si el tipo de cotizante es independiente, est obligado a aportar a salud y pensin, pues se respaldara que no es obligatorio para todos los trabajadores independientes su afiliacin al Sistema de Pensiones, lo cual ira contra la Constitucin y la Ley, y por lo mismo contra todos los principios que gobiernan la Seguridad Social en Colombia. Para la Sala, la Planilla Integrada de Liquidacin de Aportes se debera adecuar para que el trabajador independiente pueda hacer solamente los pagos que tanto la Ley como la Jurisprudencia exigen. La decisin reiter que los trabajadores independientes que se encuentran en el Rgimen Contributivo de Salud y tienen capacidad de pago, estn obligados a hacerlo de acuerdo con sus ingresos, y es por ello que el Formulario nico o Planilla Integrada de Liquidacin de Aportes, conocido como PILA, adoptado por la Resolucin parcialmente acusada, es una herramienta que permite verificar la veracidad y consistencia de los datos que informa el cotizante. ver
    2015-03-27 ECOPETROL PUEDE SER SUJETO DEL IMPUESTO DE ALUMBRADO PBLICO El Consejo de Estado determin que las empresas que administran oleoductos, como Ecopetrol, pueden ser sujetas del impuesto de alumbrado pblico que establezcan los municipios en los cuales reciban el servicio habitual u ocasionalmente. La Seccin Cuarta del Consejo de Estado, con ponencia del magistrado Hugo Fernando Bastidas Brcenas, neg la nulidad de un Acuerdo expedido por el municipio de Zona Bananera, que fij como sujetos del impuesto de alumbrado pblico a las empresas oficiales, privadas o mixtas que tengan cualquier tipo de infraestructura en la jurisdiccin del Municipio. El fallo explic que adems del Congreso, los concejos municipales tambin pueden fijar los elementos del impuesto territorial cuando la ley que autoriz crear el tributo no fij alguno de los elementos, o lo hizo de manera parcial. En su defensa, Ecopetrol haba sealado que el Acuerdo que fij el impuesto era violatorio de los principios de razonabilidad, proporcionalidad y equidad, teniendo en cuenta que el nico vnculo que tiene Ecopetrol con el Municipio de Zona Bananera es el paso de una tubera en su jurisdiccin, en su mayor parte bajo tierra, lo que no lo hace usuario potencial del servicio de alumbrado pblico, pues la empresa no tiene residencia en ese municipio. Sin embargo, la Sala aclar que aunque el servicio de alumbrado pblico es un derecho colectivo que los municipios tienen el deber de suministrar de manera eficiente y oportuna, la colectividad tiene el deber de contribuir a su financiacin para garantizar su sostenibilidad y expansin. Por tanto, el solo hecho de ser usuario potencial, receptor de este servicio, convierte a la empresa en sujeto del impuesto. ver
    2015-03-26 LLAMADO PARA QUE SE CONTROLE PROCESO DE CHATARRIZACIN El Ministerio de Transporte o la Superintendencia de Puertos y Transporte, segn corresponda, debern ejercer control de las gestiones tendientes a depurar la informacin a nivel nacional sobre los registros de vehculos automotores de carga con obligacin de cumplir con el proceso de chatarrizacin para modernizar el parque automotor de este tipo de vehculos. As lo ratific el Consejo de Estado al confirmar una decisin del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que concedi una accin popular a unos particulares que denunciaron un supuesto detrimento patrimonial a las arcas oficiales por procedimientos ilegales como la chatarrizacin ficticia de vehculos o la expedicin de certificados falsos, encontrndose que un mismo vehculo apareca varias veces chatarrizado. La Seccin Segunda, con ponencia del magistrado Gustavo Gmez Aranguren, revis el fallo de segunda instancia y encontr evidencia de acciones encaminadas a evadir el cumplimiento de las polticas de modernizacin del parque automotor de carga del pas. [Estas acciones ilegales] tendrn implicaciones no solo en el medio ambiente, sino tambin en la seguridad y salubridad pblica razones para encontrar demostrado la amenaza a los derechos colectivos a la existencia del equilibrio ecolgico y el manejo y aprovechamiento racional de los recursos naturales para garantizar su desarrollo sostenible, su conservacin, restauracin o sustitucin. La conservacin de las especies animales y vegetales, la proteccin de reas de especial importancia ecolgica, de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas, as como los dems intereses de la comunidad relacionados con la preservacin y restauracin del medio ambiente; y la seguridad y salubridad pblicas, seala el fallo. La Sala recuerda la obligacin que tienen los servidores pblicos y los particulares que administran recursos del Estado o los que cumplen funciones pblicas, de ejercer la actividad administrativa conforme al ordenamiento jurdico, motivados solo por razones del servicio, la proteccin de los usuarios y la defensa de los intereses estatales. La moralidad administrativa propende por el actuar tico del Estado y sus funcionarios durante el ejercicio de las actividades a l encomendadas, las cuales deben ser adelantadas conforme a lo dispuesto en el ordenamiento jurdico con miras a satisfacer el inters general, indica la sentencia ver
    2015-03-25 ORGANISMOS DE SALUD DEBEN RESPETAR CREENCIAS SOCIALES El Consejo de Estado conden al Instituto de los Seguros Sociales ISS en liquidacin, por las lesiones personales, de carcter psicofsico, que se le causaron a una joven paciente de 28 aos en el municipio de Bello, cuando sufri lesiones durante la prctica de una citologa rutinaria. La paciente y sus progenitores demandaron al ISS por la prdida de la virginidad que sufri la joven paciente, quien una vez finalizado el examen acudi al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, toda vez que present serias complicaciones y dolor permanente. La Seccin Tercera, con ponencia de la Magistrada Olga Mlida Valle de De la Hoz, seal que los jueces no pueden invadir la rbita subjetiva e individual de las mujeres para reprochar sus creencias y valores en torno a su sexualidad, y demostr que el dao sufrido por la joven, representado en una ansiedad fbica, produjo una serie de perjuicios morales y a la salud que tienen que ser indemnizados a la paciente y sus familiares. En el caso concreto, la Sala hizo una serie de consideraciones sobre la responsabilidad del Estado por la prctica de exmenes de laboratorio, as como un estudio profundo sobre la nocin psicolgica de virginidad y las consecuencias que puede acarrear para la mujer la mala prctica de exmenes de laboratorio. El ISS, en su defensa, seal que al asociarse la virginidad con el himen de la mujer se le discrimina y se le pone en una situacin desigual respecto del gnero masculino, por lo cual se debe desligar los mbitos fisiolgico y psicolgico en relacin con el inicio o el despertar sexual de la persona, pues no se puede hablar de un dao. Por su parte, la Seccin Tercera concluy que si bien ha existido un trocamiento en los conceptos de virginidad y de integridad del himen, lo cierto es que la paciente s sufri una lesin a su integridad psicofsica, al grado tal que padeci una ansiedad fbica que produjo introversin y depresin en la vctima directa, razn por la que se le reconoci una indemnizacin a ttulo de perjuicios morales y por concepto de dao a la salud, pues aunque la paciente no perdi su virginidad con la prctica de la citologa ella as lo crey, lo que le produjo un cuadro psicolgico que se encuentra demostrado en el proceso. No es posible descalificar el dao irrogado a la vctima, toda vez que, lejos de tratarse de una lesin bagatelar o irrisoria, la mujer dentro de la rbita de su libertad sexual y reproductiva tiene el derecho a que se le respeten sus creencias religiosas o sociales, relacionadas con su sexualidad y, por lo tanto, es imprescindible que los jueces garanticen la proteccin de la mujer en ese sentido. ver
    2015-03-19 COLEGIOS DEBEN RESPONDER POR SEGURIDAD DE SUS ALUMNOS El Consejo de Estado conden al Municipio de Sonsn (Antioquia) a pagar ms de 200 millones de pesos por la muerte de un joven que se ahog en aguas del ro Sonsn en octubre de 1996, cuando regresaba a su casa despus de prestar el servicio social de Viga de la Salud como requisito para obtener el grado de bachiller. La Seccin Tercera, con ponencia de la magistrada Olga Mlida Valle de De la Hoz, explic que el servicio obligatorio estudiantil, por ser un componente integral del currculo y del proyecto educativo, constituye una actividad acadmica extracurricular que se encuentra dentro de los deberes de vigilancia de las instituciones educativas pblicas, establecidas en el artculo 2347 del Cdigo Civil. Segn la Sala, la institucin educativa, mediante la instructora del programa Vigas de la Salud, deba indicar la ruta de regreso de los estudiantes, teniendo en cuenta que el recorrido inicial fue acompaado por algunos profesores. En lo concerniente al deber de cuidado que pesa sobre las instituciones que prestan el servicio pblico de educacin, vale decir que este imperativo obedece a razones de tipo subordinario y de garanta, en el entendido de que quien asume el proceso educativo adquiere, automticamente, y por va Constitucional y Legal, la obligacin de velar por quienes acuden a ese proceso, teniendo en cuenta que, por regla general, se trata de menores de edad inmersos en la bsqueda del conocimiento, los que por esa sola razn ameritan un grado especial de proteccin, seala la sentencia. El fallo seala que ese deber de vigilancia se extiende incluso a actividades acadmicas que tengan lugar por fuera del establecimiento educativo, como el servicio social educativo obligatorio, pues es un requisito para optar al ttulo de bachiller, tal como lo define la Ley 115 de 1993. La sentencia del Consejo de Estado revoca la decisin del Tribunal Administrativo de Antioquia, que consider que no exista responsabilidad debido a que el joven tom una ruta de regreso diferente y opt por el ro, por lo que consider que la vctima desbord la rbita del colegio y la supervisin directa del cuerpo docente de la institucin. Tal argumento fue rebatido por considerar adems que la subordinacin que existe entre alumnos y docentes genera una posicin de garante, por tanto, el prestador del servicio est obligado a asumir el rol de garante de los derechos de quienes estn bajo su custodia y cuidado ver
    2015-03-18 CONCESIONES MINERAS ESTN PROHIBIDAS EN LOS PRAMOS Desde la expedicin de la Ley 1382 del 2010, qued prohibido otorgar ttulos mineros o celebrar contratos de concesin minera en los pramos. As lo seal la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado al responder una consulta elevada por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. En su concepto, la Sala enfatiz que quienes, antes de la Ley 1382 del 2010 no obtuvieron licencias ambientales para realizar trabajos de explotacin minera en los pramos, no podrn conseguirla, porque la autoridad ambiental debe aplicar la nueva legislacin que establece dicha prohibicin. As mismo, cuando terminen los contratos de concesin minera, las autoridades competentes debern efectuar el acompaamiento necesario para que se asegure la restauracin y reparacin de cualquier dao ambiental causado a los ecosistemas de pramo. Si los contratos celebrados antes de la Ley 1382 del 2010 ponen en riesgo los ecosistemas de pramo, no podrn seguir ejecutndose y deber darse prevalencia al inters general de proteccin del medio ambiente sobre los intereses particulares del concesionario minero. Estos casos deben ser analizados para determinar si son necesarios los acuerdos de compensacin econmica, para evitar reclamaciones judiciales. La providencia explic que los Ministerios de Ambiente, Agricultura y Minas estn obligados a iniciar programas de sustitucin y capacitacin ambiental o de reconversin para las actividades agropecuarias que se desarrollaban en los pramos, antes de la entrada en vigencia de la Ley 1450 del 2011. Sin embargo, si alguna de dichas labores pone en riesgo el ecosistema, el Estado podr expropiar el predio para buscar la restauracin y conservacin ambiental. Por ello se ha indicado que un objetivo central de las normas ambientales es subordinar el inters privado que representa la actividad econmica al inters pblico o social que exige la preservacin del ambiente44. De este modo, frente a una eventual oposicin entre el derecho a un medio ambiente sano y la garanta constitucional de situaciones particulares y concretas, la "primaca del medio ambiente parece difcilmente controvertible", por las razones de inters general que justifican su proteccin, seala el concepto. ver